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Llega la hora de la decisión política

Llega la hora de la decisión política

20190422

Federico Rivas. Doctor en Derecho.

 

Hay alguno que ha dicho “hoy he querido estar junto a nuestros policías y guardias civiles defendiendo lo que es de justicia: que no cobren menos que mossos y ertzainas. Ha sido una manifestación histórica. La gran mayoría de españoles estamos con ellos. Muchas gracias por vuestro ejemplo”.

Otros, o los mismos, también están apoyando la manifestación de “La España vaciada”. Y no hablo de otras para no ser prolijo, pero reflexiono y me pregunto ¿quién no quiere más y mejor? ¿es, por tanto, correcto, que a un estado democrático de derecho lo convirtamos en un estado de pancarta y manifestación? ¿para qué están las urnas? ¿para qué están los programas electorales? Pero a los que verdaderamente critico son, precisamente, a los líderes y partidos que se apuntan a las mismas, para la foto, perjudicando a los manifestantes respecto de la seriedad y credibilidad del problema que están sacando a la luz con sus legítimas manifestaciones.

Y sobre todo, peor es hacerlo con los que se envuelven en la bandera de nuestra querida patria España; me refiero, claramente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que incluyen también las autonómicas.

Los manifestantes que se manifiesten, pero los políticos que hablen en el congreso y en el senado de los problemas que sacan a la luz las manifestaciones, y que legislen o dicten las correspondientes disposiciones legales para su resolución. Y si algún político quiere ir a una manifestación (no estoy por quitarles ese derecho) que lo haga a título absolutamente personal, escondido, como uno más, en la multitud y, si posible le es, que se camufle en lo posible.

Por otra parte, leemos de “El fin del derecho penal (réquiem por él)” respecto de la recentísima reforma del Código Penal en cuanto al régimen de la imprudencia en los delitos de lesiones y homicidios con independencia de que se hayan producido o no con motivo de accidentes de circulación, que según el respetado y admirado catedrático de derecho penal de la Universitat de València, Dr. D. Javier Boix, revienta el artículo 9-3 de nuestra Constitución, al desaparecer cualquier seguridad jurídica por vulneración del principio de legalidad, por una ausencia total de vacatio legis y por una remisión en bloque al derecho administrativo para determinar lo que sea imprudencia menos grave. Ello permite, según mi criterio, que por disposiciones administrativas el gobierno de turno decida, en cualquier momento, qué es y qué no es punible penalmente. Como dice el profesor no debería ser “que haya conductas amenazadas con penas que los ciudadanos desconozcan”. Me remito a su reflexión.

Estamos en campaña electoral, ahora es cuando deberían sernos dados a conocer los programas electorales, mejor por escrito, y peor “petando” auditorios que se escogen según los asistentes esperados, especialmente teniendo en cuenta los que siempre se desplazan en autobuses de una parte a otra de España, aunque lo que se diga en dichos actos y en los debates en televisión también puede servir para hacernos una idea de lo que pretende hacer el postulante.

Pero cosas como que la depuradora de Castellón huele a mierda y ese olor lo sentimos en la garganta casi sólido, quizás no lo diga nadie ni ahora ni para las elecciones municipales, y mucho menos cómo arreglarlo (obviamente exigiendo el cumplimiento a quien la gestiona). Y que un 25 % de los mayores de 30 años aún vive con sus padres tampoco. Menos hablarán de la endogamia en la universidad y cómo evitarla para que los talentos no se marchen afuera y hagan docencia e investigación aquí, que es dónde (entre ellos, sus padres y el estado) se ha pagado su excelente formación.

Y qué decir de la reforma constitucional, no por causa de la crisis del estado con Catalunya, sino por las muchas cosas que quedan pendientes de desarrollar. No es aceptable que después de 40 años haya tantas y tantas cosas en la Constitución que siendo mandamientos que impone dicha norma fundamental, no se hayan convertido en realidades y continúen siendo formulaciones de deseos. De los deseos no se vive.

Y ¿quién es responsable? Son responsables los sucesivos parlamentos constituidos desde su promulgación. Los políticos que los formaban y especialmente, por aquello de que los que se mueven no salen en la foto ni en las nuevas listas electorales (a causa de la falta de democracia interna de los partidos), los partidos que no han incluido en sus programas electorales, ni han intentado con coaliciones, acuerdos o ganas de mejorar el estado, su desarrollo.

Otra cosa. No está mal llegar a ser rico, pero el que el 1 % de los españoles más ricos posea el 25 % de la riqueza del país, habla mal de la redistribución de la riqueza que se hace vía sistema fiscal, prestación de servicios o inversiones. ¿Alguien hablará de ello? Me contestaréis que lo hará la izquierda, pero lo tendrían que hacer todos los partidos para dar credibilidad al problema y no permitir que sólo unos pocos alcen esa bandera reivindicativa. Se precisa una reforma fiscal que incentive la empresa, es decir al emprendedor, y que el tipo medio real aplicable en el Impuesto sobre Sociedades sea para todos igual. Digo el tipo medio real. También una ley que obligue al gobierno a financiar o realizar en todas las Comunidades autónomas los servicios y las inversiones en la misma proporción. Como algunos dicen ya está bien de “ofrendar nuevas glorias a España”. La solidaridad interterritorial debe tener un límite fija por ley para que ningún partido o gobierno la use para sacar provecho partidista y mantenerse en el poder usando la idea de que todos quieren más, pero se los doy a quienes me interesan.

En los partidos ha habido cambio de personas, nuevos equipos, pero el lastre del descrédito político por los múltiples y continuos casos de corrupción va a ser muy difícil de dejarlo. Los partidos nuevos que no han gobernado, falta saber qué harán sus miembros cuando gobiernen.

Lo que sí es cierto es que hay poca vocación de servicio a la comunidad y mucho egoísmo para ocupar puestos en la política personas sin experiencia, sin iniciativa, sin suficiente inteligencia, aunque ahora ya formados (incluso universitariamente), que no pueden convertirse en políticos que sean líderes genuinos de los que, los ciudadanos de la nación y el estado se enamoren y vayan tras el proyecto de éxito llamado España, con sus amadas naciones que también son Españas, en busca de un pasado y presente asumido, y un futuro mejor como miembros de la Unión Europea que nos apasiona.

Reflexionemos si nos interesa votar a los lejanos o a los cercanos, a los que tienen proyecto de estado o a los que tienen proyecto de Comunidad Autónoma, a la izquierda, a los que se dicen (demasiados) de centro o a la derecha, o incluso a los que se escapan del plano por ambas bandas.

Mucha suerte y que sean escogidos los mejores: los honestos, los más inteligentes, los menos egoístas, los más trabajadores. Esos pueden hacer mejores a nuestras Españas.

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Las finazas de los partidos políticos

Las finanzas de los partidos políticos

03.03.2019

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho

 

Ante la próxima campaña electoral en España los partidos tienen mucho que hacer: seminarios, congresos, primarias (algunos), cursos, mesas redondas… todo para chupar cámara y llenar titulares y páginas en los medios de comunicación. Todo eso conlleva muchos gastos. Ahora es el momento de la recaudación, ahora es el momento en que se precisa toda la ayuda económica posible. ¿Cómo la van a conseguir?

Allá por 2006 dije y está recogida en mi blog bajo el título ‘La financiación de los partidos políticos’ una frase larga y suficiente descriptiva. “¡Qué miedo tratarlo! nadie dice nada, y mientras tanto cada uno de los partidos se la monta como puede y, al cabo de los años, antes de prescribir, se descubren sus delitos y trampas, no sólo para financiar ilegalmente partidos sino porque algunos de los administradores del dinero de los mismos han “untado” también su personal y particular tostada.”

Ciertamente dichas palabras continúan siendo actuales. Los casos que en estos momentos están en los tribunales nos dan mucho en qué pensar, y es necesario que nos planteemos las alternativas a una correcta financiación de los partidos políticos, en lugar de aprovechar la ocasión (que no digo que no haya que hacerlo) sólo para lanzar dardos envenenados al contrincante político, aunque todos tengan, ciertamente, mucho que callar.

Veremos cómo sigue la cosa, y si, como siempre, el intercambio de acusaciones entre los partidos, sean el PP y el PSOE, Ciudadanos o Vox, Podemos o los soberanistas, será algo así como: ‘eso lo serás tú’, o ‘tú más que yo’, y ‘en tu partido pasó aquello’ y ‘en el tuyo lo otro’; o ‘quién esté libre de culpa que tire la primera piedra’; o ‘además de la civil o penal hay que exigir responsabilidades políticas’.

Aunque la mayor parte de los políticos actuales son personas que se han integrado en el “aparato” desde jóvenes, no han trabajado en la economía real y no han tenido responsabilidades salvo la de conseguir desde el partido un puesto en el “pesebre” en tanto en cuanto hacen de “clac” y corean a sus líderes difícilmente elegidos democráticamente en el partido, ciertamente NO puedo pensar que todos sean deshonestos, pero no comprendo cómo ningún partido entra a fondo en el meollo del problema: la financiación de los partidos políticos. No lo hacen el PP ni el PSOE, pero tampoco Ciudadanos, IU, Podemos ni los nacionalistas en sus diversas sensibilidades de izquierda o derecha. Todos quieren que las cosas continúen como hasta ahora, no quieren, creo, hacer nada porque, quizás los ciudadanos corrientes nos enteraríamos de cosas que, desde siempre del advenimiento de la democracia, les parece que son sólo para iniciados, por el escándalo moral que sería su pleno conocimiento por la ciudadanía. Oscurantismo, falta de transparencia que lleva a falta de honestidad, incluso a delincuencia. Pero son ellos los que lo quieren así, porque no se atreven a abrir la “caja de Pandora” que representa promulgar una legislación clara y transparente.

Si se cambiara la legislación y se permitiera la financiación casi libre de los partidos, me digo a mí mismo: ¿y qué si las empresas, algunas, o individuos poderosamente ricos, financiaran a los partidos?, ¿acaso no financia el Estado también a los mismos, y a los sindicatos, y a la Iglesia Católica? El problema no es la financiación, el problema es la falta de transparencia en cuanto al origen, o al importe de las aportaciones; el problema es no conocer quién les apoya, para poder estar ojo avizor para evitar el abuso, porque si el ejercicio que hacen los “grupos de presión” o “lobbies” en muchos países está perfectamente aceptado y es parte del funcionamiento de la democracia, el ejercicio de apoyar económicamente en las campañas electorales y en otro momento a los partidos también. Y está claro que tiene que ser así porque no hay institución de participación ciudadana que se financie con las cuotas de sus asociados; ni sindicatos, ni partidos políticos, ni asociaciones patronales, ni mucho menos la Iglesia Católica.

La cuestión es cómo ejercer el control financiero de esas aportaciones que debieran ser todas ellas transparentes, como sugiero. Una vía sencilla es la de permitir la deducción como gasto del importe donado en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otorgar algún tipo de desgravación, como cuando se aporta a Fundaciones. Sería una forma de controlar los ingresos de los partidos, y el incentivo de considerarlo gasto y además base de una desgravación, es tan poderoso que, probablemente, todos lo declararían. Pero, por si acaso, algún partido todavía aceptara donaciones no transparentes, legislar que cuando se probara que el mismo lo había hecho, el partido debería quedar suspendido o incluso disuelto, además de la inhabilitación, las penas o responsabilidades civiles, penales o fiscales, tanto para el propio partido como para los individuos que formaban la cúpula directiva del mismo. Con esto se arreglaría para siempre y de raíz el problema.

Esto también evitaría que pasara lo que ha estado pasando hasta ahora, que los importes que se entregan a los partidos los recojan personas, que, a menudo, recaudan para sí mismas total o parcialmente, en lugar de hacerlo para el partido que representan.

Claro está que, esto evitaría el enriquecimiento de los arribistas, que saben poco de la cosa pública, pero saben mucho de beneficiarse de militar en un partido, por las prebendas y oportunidades que les ofrece. Evitaría también que personas sin escrúpulos se dediquen a la política porque no tienen otra cosa mejor a la que dedicarse, puesto que en ella no se precisan dura ‘oposición técnica’, test de inteligencia, capacitación, experiencia ni ninguna otra cualidad de eficiencia, sino simplemente obediencia, para esperar con paciencia el momento de cada una de aprovechar las circunstancias para beneficiarse personalmente, legal o ilegalmente.

Si no se entra de lleno a legislar en este sentido, nos vemos abocados, probablemente, a una plena desafección del ciudadano respecto de la clase política que, desembocará, por necesidad, en una gran crisis que produzca una catarsis o limpieza de la clase política: ni incompetentes, ni sólo obedientes, sino personas de probada experiencia, capacitación y reconocido prestigio, serían el material del que se deberían nutrir los partidos y, en ese caso, sus retribuciones deberían estar a la altura adecuada, pero no más; como dicen los empresarios ‘a precio de mercado’.

Esa catarsis debiera venir también por el cambio de una nueva legislación electoral de modo que sean los ciudadanos los que elijan a las personas, militen o no en partidos. Que cualquier ciudadano pueda postularse como candidato, dentro o fuera de partidos, en cada circunscripción. Esas personas elegidas en cada circunscripción deberían ser las que debieran responder ante sus electores y no ante sus partidos. Es decir, listas abiertas. Lo que no quita la aplicación de algún tipo de ponderación para añadir estabilidad y evitar disgregación que impidiera la gobernanza, pero sin dejar de atender a las minorías.

Esa catarsis debería venir también por un cambio legislativo para que el Senado fuera un lugar excelente y mejorado, para tratar de que los territorios resulten verdaderamente representados, que sean personas y no siglas de un partido las que primen, y permitir aquí, en el Senado, el acceso de minorías por medio de rebajar techo electoral de porcentaje de voto. Un lugar útil en donde para evitar el “espectáculo” se pondere la representatividad de sus integrantes en la participación en los debates y en la decisión de aprobación o rechazo como “Cámara de segunda lectura”, mediante el estudio meditado, pero fácilmente copiado si se quiere de países de nuestro entorno, de en lo que resultaría el voto de minorías mayoritarias.

Pero me parece que todas estas cuestiones NO son de interés de los políticos, pues a la mayor parte de ellos les va mejor el “pitufeo”, la financiación irregular y llegar a ser un “corista” para decir sí a un líder cuya elección democrática deja mucho que desear.

Una ministra ha dicho la valentía que se tiene que tener para presentarse a gestionar la “res” pública. Tiene razón: valentía para los competentes, expertos, curtidos y suficientemente entrados en años que se atreven por vocación de servicio; pero de esos hay pocos, porque pocos tienen las circunstancias y se les ofrece la oportunidad. Pero muchos hay que desean entrar en la “carrera política” para vivir de ella y la mayor parte de esos ya sabemos, por estos 40 años de experiencia democrática, cómo son.

 

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Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

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Lenguas, banderas y capital

Lenguas, banderas y capital

Los artículos 2 al 5 de la Constitución

20181118

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Siguiendo nuestro comentario de la Constitución leemos en su

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y finalmente el artículo 5: La capital del Estado es la villa de Madrid.

De modo que “la indisoluble unidad de la Nación española” del artículo 2 depende de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español” del artículo 1, pero “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, de modo que las nacionalidades y regiones tienen derecho a ser autónomas. Pero ¿cómo pueden ser autónomas si no son autosuficientes financieramente? Sí estoy hablando del “tracte just” que la Comunitat Valenciana reclama. Y la solidaridad ¿tiene que ir hasta el último extremo, durante todos estos 40 años? ¿no debe, más bien, ser limitada a un porcentaje del PIB o de la recaudación de cada una, para ponerlo en común y de un modo organizado, por ley, distribuirlo entre las menos ricas como una estrategia para el desarrollo, no para un mantenimiento o sostenimiento de unos niveles de percepción social de riqueza? ¿no es más justo estimular el crecimiento, en lugar de sostener económicamente a las regiones deprimidas? Como dice el consejo “da un pescado al pobre y hoy no tendrá hambre, enséñale a pescar y no tendrá hambre nunca” o algo así.

En efecto, sostengo que la solidaridad entre las regiones y nacionalidades debe tener un techo, que debiera fijarse en un porcentaje de la recaudación impositiva, con un límite temporal; no puede ser indefinido. No es sostenible un estado “benefactor”, cuando a duras penas se sostiene un estado del bienestar. La distribución de la solidaridad no puede dejarse al gobierno de turno; y por el hecho de que así se ha hecho, así nos va.

El artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, de la Nación española, de las nacionalidades y de las regiones, que todo son España. Lengua que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Me pregunto si a los extranjeros que se les otorga la nacionalidad española se les hace un examen de castellano y si acaso, de cuál, del castellano dialectal que enseñan en las escuelas de Andalucía, de Extremadura, del Archipiélago canario y de algún otro sitio más, o del castellano estándar. Y lo digo porque a mí, que empiezo a ser duro de oído, me cuesta mucho entender a los que se comen las s finales o las sustituyen por el sonido de j, cambian las r por l. Me parece, que todos los que van a la escuela, en toda España, en todo el Estado, deberían salir sabiendo pronunciar adecuadamente el castellano estándar como el de Ana Blanco del Telediario de TVE La 1, pero ¿cómo lo van a aprender si sus maestros no lo saben pronunciar bien? No estoy hablando del acento, el acento se nota en las vocales, más o menos vocales, más o menos abiertas o cerradas. Estoy hablando de casi otro lenguaje que se come consonantes, estoy hablando de nuevos dialectos que se comen a la lengua estándar. No hay más que atender cómo han hablado o hablan muchos líderes políticos. Parece pues que ese deber de conocer la lengua castellana no se cumple, al menos, completamente, y no es el caso, precisamente, en los lugares que tienen lengua propia.

No tengo ninguna duda del derecho que asiste a todo español de hablar en castellano y de ser atendido en castellano, en toda España, aunque, como dice a continuación el artículo 3.2 “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas” y si cada uno de nosotros, como españoles, nos creemos, sabemos, cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas… será objeto de especial respeto y protección”, lo que quiere decir que también debemos saber, conocer, entender y hacernos entender en la lengua de la Comunidad Autónoma en la que residimos, porque de otro modo ni hay respeto, ni protección. A una lengua se la respeta usándola y usándola bien.

En el preámbulo vimos que es voluntad proclamada de la Constitución “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo y repito, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

En el artículo 4 se define la bandera de España y el derecho a que los Estatutos de autonomía reconozcan banderas o enseñas propias a utilizar junto a la bandera de España. Cuando comencé a salir al extranjero, especialmente a USA y a los países nórdicos, me sorprendió el aprecio que tienen hacia su bandera, pues en las casas privadas, no en los balcones a modo de manifestantes, sino en un sitio exprofeso, especial, honroso, ondean la enseña de su patria. Me emociona. Pero lo cierto es que en la Constitución española no se habla de ella más que en este artículo (dos veces bandera, una, banderas [de las Comunidades Autónomas] y en el 149 ‘abanderamiento’ en la Marina Mercante. ¿Por qué será que no hablaron más? Quizás los padres de la Constitución se daban cuenta de que habrá que pasar mucho tiempo (mucho más que estos 40 años) antes de que la bandera, apropiada por la dictadura y por los partidos de derecha de corte centralista, llegue a sentirse como algo entrañable también por todos los demás.

Finalmente comentemos el artículo 5 que indica cuál es la capital del Estado: Madrid. Tampoco dicen nada más aquí, pero todos nos damos cuenta del plus económico en favor de la villa y corte que le da dicha capitalidad. Otros países han radicado en diferentes capitales por todo el Estado organismos como podrían ser el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos más. Pero aquí en España, después de 40 años, nadie se atreve. Pues bien, si se quiere integrar la vida de los que formamos todas las nacionalidades y regiones en el Estado, en la Nación española, en España, habrá que hacerlo.

De nuevo me pregunto, como en ocasiones anteriores, ¿soy negativo? No. Pienso que el egoísmo partidista ha tenido un mal papel. Los partidos se han aprovechado de lo que no está suficientemente claro, lo que no se ha desarrollado en leyes, de la Constitución, para mantener su statu quo, cada uno tirando hacia su propio lado, y, tal como están las cosas, no creo que haya nadie o surja en breve alguien que regenere la vida política, cambiando los partidos desde dentro, con prácticas democráticas, listas abiertas, cambiar la ley electoral y otras muchas cosas necesarias, por el terror que tienen a perder el sillón y el pesebre, cariñosamente dicho desde mi atalaya de la edad. Otra vez digo que los que no hemos hecho nuestro papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, no hemos escogido en cada momento a los mejores o a los que podían, actuando conforme a los principios de la Constitución, ilusionar a toda la ciudadanía de las diversas nacionalidades y regiones y a la siguiente generación.

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El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

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Bondad y corrupción humanas

BONDAD Y CORRUPCIÓN HUMANAS

20180817

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

Me refiero a la vida pública, y en cuanto a ella, algunos, si no muchos, nos sentimos desanimados de ver las mentiras, las estrategias dialécticas verbales de unos contra otros, la corrupción, el egoísmo, el oportunismo, el abuso del momento mediático, el uso y el abuso de la justicia con intención de sustituir a la política, el que se entienda o se cacaree que unas mayorías no tienen legitimidad por ser unión de varios partidos o ideologías y un sinfín de cosas más que sería prolijo enumerar.

Estoy harto de ver la falta de colaboración de unos con otros, cada uno arrimando el ascua a su sardina. Criticando destempladamente lo que hacen otros o lo que hicieron, cuando los que ahora critican, han estado haciendo, o lo hacen, igual o casi igual de mal, o de bien.

La política no debería ser una riña constante de palabras. Y digo riña de palabras, porque casi siempre sólo se usan argumentos, pocos datos, menos ciencia y nada de espíritu de colaboración. Y eso ¿por qué? En realidad, sois servidores públicos o al menos, tenéis ese nombre, pero, probablemente, demasiados pensáis como aquel, que dijo que estaba en la política para forrarse. ¿Es esa la razón? ¡Qué desgracia si estoy en lo cierto!

El momento es desaforado. Se necesita espíritu de concordia, espíritu de, poner a disposición de los demás nuestras capacidades y talentos para que las cosas, en la política, se hagan de la mejor manera posible. Y sí, voy a recuperar la palabra, se necesita espíritu de consenso.

¿Acaso alguno cree que los demás son mucho peor que nosotros? En realidad, son poco más o menos igual de malos; y lo he enfocado por lo negativo, porque no quería preguntar si alguien se cree superior a nosotros, porque todos somos buenos y malos, altruistas y egoístas, colaboradores y antagonistas.

Y todo esto es así porque, de acuerdo con las pruebas científicas obtenidas los últimos treinta años, somos fundamentalmente buenos, pero estamos sujetos a la corrupción de las fuerzas del mal, o lo que es lo mismo, somos esencialmente malos, pecadores, pero susceptibles de ser redimidos por las fuerzas del bien. Estamos hechos para dar la vida en favor de un grupo o al contrario, anteponernos a nosotros y a nuestras familias por encima de todo. Y de nuevo, esto es así porque la selección multinivel, en este caso la conducta social hereditaria, mejora la capacidad competitiva, no sólo de los individuos dentro del grupo, sino además de los grupos en su conjunto.

Un rasgo que nos identifica a los humanos es que somos obsesivamente curiosos, queremos saber lo que hacen otros. Somos genios o nos lo creemos a la hora de interpretar las acciones de los otros, y así, evaluamos, difundimos, intimamos, cooperamos, cotilleamos y controlamos, en lo posible a los demás. Y de ahí los comportamientos de los que me he quejado en párrafos anteriores.

Otro rasgo, es el abrumador deseo instintivo de pertenecer a un grupo, que define nuestra identidad y que nos concede a todos un complejo de superioridad (no solo a los criticados por ser nacionalistas).

Es un hecho probado científicamente que deseamos y preferimos, estar con gente de aspecto parecido al nuestro, que hable el mismo idioma o incluso, el mismo dialecto; con quien compartamos creencias (no me refiero a religiosas sólo). Y la amplificación de esta tendencia, desemboca fácilmente en racismo o en intolerancia religiosa: es decir, los buenos, pueden actuar con maldad.

Y además, está el problema del conflicto dentro del grupo. Los egoístas, los tramposos, si no se les pilla y excluye, se imponen a los altruistas, a los colaboradores y a los que reciprocan. Pero los grupos formados por altruistas se imponen a los compuestos por egoístas; dicho de otro modo, la selección individual fomenta el pecado, la selección grupal fomenta la virtud. Es el eterno conflicto, que no es una prueba de Dios ni una maquinación de Satanás, sino que es así como se resolvieron las cosas en nuestra evolución como especie. De modo que pudiera ser, lo mismo que es en la ciencia, que el conflicto sea la única manera a través de la cual pueda evolucionar la organización y la inteligencia humana. Tendremos que vivir con este caos congénito que, en realidad, como dice Wilson es la principal fuente de nuestra creatividad.

Entonces ¿por qué me quejo?, porque no estoy seguro de que estemos aprovechando bien a nivel de grupo la cooperación, la reciprocidad, el altruismo; mientras que sí estoy seguro de que, a nivel de individuos, muchos, casi todos ellos políticos, están aprovechando muy bien su egoísmo contra el grupo, sus trampas y sus mentiras. Por eso es necesario expulsarlos de la vida pública, extrañarlos, que se ganen la vida trabajando, no en la política.

Es necesario que las instituciones docentes estén más allá de la política y por encima de ella. La universidad no debería estar tan politizada, no deberían crearse universidades, como se ha hecho, para compensar la politización de otras; la docencia, y no me refiero sólo a la reglada, debería ser la tutora de las nuevas generaciones hacia el interés civil por la polis, por la política; debería ser el germen de las preguntas, del conflicto, de las ofertas de diálogo, de las tesis contrapuestas, de las síntesis a las que se llegara, quedándose este debate, de momento, en el ámbito estudiantil y docente universitario para que, posteriormente, trascendiendo más allá de este ámbito, las ideas se asienten en la sociedad civil, que es la que debería estar más politizada.

Y mi discurso ¿para qué sirve? Para poner en valor la importancia de nuestras decisiones a nivel individual y grupal. Hay que aprovechar el conflicto para cambiar las cosas: los políticos, los partidos, la universidad, la política. Se acercan momentos en los que disfrutaremos de derechos que permitirán conformar tanto el marco de decisiones grupales como las propias políticas comunitarias, estatales, autonómicas o locales. ¿Tenemos claros los conflictos de intereses? ¿Tenemos claros los pasos para resolverlos? El marco en el que debatir ideas y aclarar esos pasos, esas propuestas, debería empezar ya, entre la sociedad civil, y debería estar también más allá de las instituciones y partidos, en la propia calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora todos tenemos la oportunidad de hacernos oír, no es necesario otros 15 Ms; el debate debería empezar ya. Eso de “no nos representan”, no es para decirlo, sino para evitarlo; echémosles fuera, quitémosles la oportunidad.

No permitamos que los viajes para dejarse fotografiar, los seminarios de fin de semana, los congresos de los partidos, en los que se pontifican sus propuestas e ideologías para salir en los medios de comunicación, donde no hay ni debate ni ciencia, sustituyan a la sociedad civil. No consintamos nuestro servilismo.

No hay superioridad moral de nadie sobre otros. Todos somos, o debemos ser, igualmente actores de nuestro presente para mejorar nuestro futuro y el de nuestro grupo y de las nuevas generaciones, que no debe consistir en una lucha de todos contra todos, sino de todos para favorecer el grupo o grupos concéntricos en los que convivimos: local, y hacia arriba, autonómico, estatal y europeo.

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Un gobierno formado por los mejores

UN GOBIERNO FORMADO POR LOS MEJORES

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

20180716

“Sólo la sabiduría radicada en la comprensión de nosotros mismos, y no la piedad, nos salvará. No habrá ninguna redención ni tampoco se nos concederá una segunda oportunidad. Este es el único planeta que tenemos para vivir; y éste el único enigma que debemos descifrar.”

Así de taxativo se expresa Edward O. Wilson en su libro “El sentido de la existencia humana” y ese sentido es al que alude como único enigma a resolver.

Las especies eusociales, dice, aparecieron en una etapa muy tardía de la historia de la vida, en cambio, han tenido un gran éxito ecológico, aunque hayan sido pocas las especies que han llegado a la eusociabilidad y especialmente la humana ha sobresalido por su capacidad cerebral, mental, que ha llevado al grandísimo avance de las capacidades sociales.

De hecho, la gente, estamos muy interesados en el comportamiento de los demás, somos cotillas desde el nacimiento y con el tiempo esa capacidad se desarrolla; eso nos hace humanos, nos permite identificarnos con un grupo u otro y construimos nuestra identidad personal como integrantes de ese grupo. Además, somos una especie muy esclarecida; la ciencia y las humanidades nos han hecho llegar muy lejos, y todavía llegaremos más. Pero el orgullo podría hacernos pensar que somos los reyes de la “creación”, como las religiones nos han tratado de hacer pensar, a la imagen de dios, de un dios que, más bien, ha sido una entelequia creada por los humanos a la imagen de nosotros mismos, como nos indicó Yuval Harari en “Homo Deus”.

“Por eso es un disparate pensar que este planeta podría ser una estación de paso hacia un mundo mejor” afirma Wilson, porque en realidad somos parte de la flora y fauna de la tierra, a la que estamos sujetos por nuestra emoción, nuestra psicología y nuestra historia.

Wilson señala que “no estamos predestinados a nada, y la vida no es un misterio indescifrable” y no es cierto que dioses y demonios luchen por nuestra lealtad, sino que somos artífices de nuestro propio éxito o fracaso, aunque hay que reconocer que somos una especie frágil y estamos solos para comprendernos a nosotros mismos. Nuestra supervivencia a largo plazo radica en ello y en que logremos una independencia de pensamiento más significativa de la que se tolera hoy en día, incluso, en las sociedades democráticas más avanzadas.

Si todo lo anterior es cierto y los científicos dicen que lo es, parece que estamos solos y, además, estamos perdiendo el tiempo. Es perentorio que hagamos de nuestro planeta un lugar en donde todos vivamos con todas nuestras necesidades cubiertas y todos podamos desarrollar nuestras capacidades; que cuidemos el entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

Somos eusociales y a pesar del éxito que representa haber llegado a esta capacidad, nuestras sociedades actuales no están dirigidas por los mejores individuos, sino por algunos que están pensando en sí mismos en lugar de pensar en el grupo, en la sociedad, en la especie humana; que, además, son incompetentes, algunos disléxicos a pesar de ser presidentes. Llegan al poder haciendo trampas y se perpetúan lo máximo posible en él haciendo también trampas. No me refiero sólo a los casos de España, que… también (partidos que se financian ilegalmente; miembros, la casi mayoría, que entran y se mantienen en la política para “forrarse” o para vivir de ella), sino a casos tan conspicuos como el de la presidencia de los EEUU o de las potencias que sueñan y trabajan para hacer sombra a EEUU. Países y gobiernos en donde se niega el cambio climático, científicamente demostrado (da risa, pero eso hace la administración Trump); o simplemente se ignora el daño que hacen, pensando que, si otros han contaminado, ellos también tienen derecho a hacerlo hasta que hayan alcanzado un desarrollo muchísimo mayor (China y otros grandes contaminadores).

Tenemos que repensar el funcionamiento de la actividad política y de la gobernanza de las naciones. Los humanos no somos malvados por naturaleza; somos lo suficientemente inteligentes, generosos y bondadosos para hacer de la Tierra y de la biosfera que nos dio a luz un lugar semejante a un paraíso. El problema es que el homo sapiens es un producto, es una especie disfuncional, a la que se llegó después de adaptaciones genéticas producidas durante millones de años para producir una especie cazadora recolectora, como máximo aldeana; adaptaciones que cada vez estorban más en una sociedad organizada globalmente, mayormente urbana y claramente técnica y científica, que es incapaz de estabilizar las políticas económicas y cualquier forma de gobernación que esté por encima del nivel de una aldea. Eso dice Wilson.

La idea que traigo en la mente para proponer es la de que a la docencia y a la política tienen que ir los mejores. Que la retribución que deben recibir debe ser suficientemente alta como para que no tengan necesidad de corromperse o de salirse de la actividad.

¿Tendrán nuestros legisladores la valentía de afrontar con sinceridad el problema de la financiación de los partidos políticos y de la retribución de los que ocupan cargos públicos? ¿Tendrán la sensatez de plantearse el control estricto, como en el caso de una empresa privada, del uso de fondos y la asignación de estos de modo no clientelar o corrupto?

Además, en el caso de la política, deberían estar aquellos que han demostrado sus capacidades de gestión, sus conocimientos y que nadie va a poder corromperlos ya, por haber alcanzado reconocimiento social entre sus pares, por haber conseguido estabilidad económica, y tener experiencia vital por su madurez y por haber alcanzado tres cuartas partes de la esperanza promedio de vida.

Sí, estoy sugiriendo que a la política tienen que ir personas que tengan más de 50 años de edad. No es bueno para nuestras sociedades que individuos que lo único que han hecho durante años es ser coristas del “sí” en el partido, por suerte, nepotismo, artimañas, o por llegarles el turno, vayan escalando posiciones para después llegar a gestionar lo público, incapaces de haber gestionado lo privado por falta de capacidad, o por el débil esfuerzo que ponen en su profesión o en su trabajo en la empresa privada.

Es disfuncional que en los partidos no haya democracia interna y que se prime el seguidismo. Es disfuncional que los votantes no puedan elegir sus representantes de entre listas abiertas. Es disfuncional que los votos no valgan lo mismo en todas las circunscripciones y que minorías bloqueen o sean la clave para tomar decisiones (salvando la necesaria utilidad de la inclusión de las indicadas minorías, para que tengan la capacidad de hacer oír su voz y defender sus propios intereses). También es disfuncional que la solidaridad interterritorial no tenga más límites que la voluntad de los gobernantes, que la usan para generar voto cautivo, que es una trampa, un populismo, una compra, para llegar al poder, y que produce injusticias que descohesionan la población y los territorios. Se nos puede llenar la boca de pronunciar la sacrosanta palabra de la “unidad” de España, pero se hace poco para mantenerla.

Es perentorio que hagamos algo, que cambiemos las cosas presentes, que no tengamos miedo de tomar decisiones, pues si no lo hacemos perderemos la oportunidad de hacer de nuestro planeta, de nuestra querida España, de nuestra queridas Comunidades Autónomas, en nuestro caso Comunitat Valenciana, un lugar en donde vivamos con necesidades cubiertas y podamos desarrollar nuestras capacidades en beneficio de la “res pública”; y de cuidar del entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones adecuadas, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

¿Haréis algo, formularéis propuestas? Si no lo hacéis, no obstante, yo no me cansaré de denunciarlo.

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