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El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

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El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

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