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No debemos hacer de la actividad económica un engaño

No debemos hacer de la actividad económica un engaño

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en el Periódico Mediterráneo del 12.11.2017

Por no seguir con el mono tema, Cataluña, que, siendo importantísimo, pero fuera de nuestra capacidad de acción, nos agota, nos pone de mal humor e, incluso, nos enferma, al ver los abusos que se han estado y están cometiendo, voy a hablar de la economía real, de la cercana a los consumidores.

Un enfoque adecuado para la actividad económica y empresarial es prestar los servicios que el público demanda, hacerlo con calidad y buen precio; es decir, competir. Siguiendo en ese mismo camino, la actividad de dar a conocer al gran público las ventajas de los bienes y servicios que ofreces y hacerlo de modo que consigas marca y satisfacción para el cliente es lo óptimo; es decir, con buenas campañas de comunicación y publicidad. Y todavía, si me apuras, tratar de crear en el gran público la necesidad de obtener o disfrutar de tu producto o servicio, también es un enfoque adecuado; es decir, saber crear la necesidad. Evidentemente todo ello sin engaños ni abusos.

Los que han colaborado conmigo durante lustros saben que siempre me he quejado que algunas actividades económicas que nos prestaban servicios o vendían bienes, parecía que estaban montadas sobre la base del engaño, es decir, que los posibles beneficios venían, no de tener un costo menor que el precio que se hacía pagar al cliente, sino de que al cliente se le hurtara parte de la prestación comprometida.

Este era el caso de la compra y mantenimiento posterior de las fotocopiadoras. Comprabas al contado o con pago aplazado una fotocopiadora que tenía unas determinadas características técnicas que permitían que pudiera prestar el servicio que precisabas tanto en cuanto a calidad, velocidad como número de unidades (copias) que ibas a hacer, por ejemplo, al mes. Al mismo tiempo firmabas un contrato de mantenimiento por un largo periodo de tiempo (en general 5 años) que te aseguraba que por un pago comprometido, que se iba actualizando, tenías asegurado el pleno servicio de la máquina, incluyendo en dicho precio la sustitución de los elementos que iban a ir envejeciendo, con un tiempo de respuesta establecido. En unos casos se incluía la tinta o tóner, en otros no, pero sí todos los elementos que se consumían por el uso: tambor y otras piezas de la máquina. ¿Cuál era el problema? Que durante un tiempo inicial la máquina iba perfectamente, pero pasado dicho tiempo, habiendo razonablemente sido usada, se precisaba que el servicio técnico estuviera presente, el cual cumplía su cometido casi siempre; en otros momentos tardaba un poco más de lo comprometido, pero ese no era el problema sino el hecho de que no se sustituían las piezas usadas que fallaban porque aquí es dónde radicaba el negocio: en no cumplir el compromiso de estar siempre la máquina como casi nueva. Las piezas caras no se sustituían (ese era el beneficio adicional que conseguía el incumplidor) y la máquina fallaba y fallaba, más y más. El contrato de mantenimiento, que era algo así como un periodo de garantía pagado, no se cumplía en sus propios términos hasta el grado que, no interesando demandar el incumplimiento, te hartabas y comprabas otra máquina, de otra marca, para ver si esta marca y el nuevo servicio técnico sí cumplía.

Algo semejante ocurría con las compañías de seguros. El negocio consistía no en disponer de buenos estudios actuariales, estadísticos, mantenidos al día, por ramas de actividades humanas, por rangos de edades, buenos productos, contratos entre compañías que comportaran la redistribución del riesgo, es decir, el reaseguro, sino, sencillamente, en dos cosas: la letra pequeña, casi ilegible, al menos para el gran público, que excluía situaciones conexas obvias de riesgo; y tener un buen departamento jurídico, propio o externo contratado. El negocio consiste en que dada la ocurrencia del siniestro este no se incluya entre lo asegurado o pueda ser fácilmente discutida su inclusión, así como también discutir el valor de reposición. La mayor parte de la gente común si le dicen que no se incluye desiste de demandar: negocio para la compañía; o si le dicen que el importe de la indemnización es menor de lo esperado, pensando en el costo de una demanda y la inseguridad de conseguir los objetivos de indemnización, claudica en un acuerdo de un importe mucho menor. Ese es el negocio, ese es el engaño, la letra pequeña y el no cumplir de inicio, en todo o en parte, con la obligación de indemnizar.

Estoy seguro que al lector se le ocurrirán más actividades engañadoras o engañosas, o incluso estafatorias, semejantes a las indicadas.

No exactamente igual pero parecido es el caso de la actividad financiera o bancaria. ¿Preciso dar explicaciones? Probablemente no, pues el engaño es el que ha llevado a la crisis financiera y económica de 2008 de la que todavía no hemos salido del todo. Tipos de interés exagerados para prestatarios que no podían pagar, pero cuya hipoteca se podía empaquetar mediante instrumentos fuera de control administrativo y jurídico para engañar a un inversor que, engañado por las agencias de rating creía que eran crédito con triple A, y eso era lo que le contaban las entidades financieras que comerciaban con estos instrumentos de nombres rimbombantes (estructurados, derivados, preferentes, subordinadas) engañosos si no clara e intencionalmente delictivos.

El que me lee quizás crea que con lo que digo me estoy refiriendo a las entidades financieras de Estados Unidos y del Reino Unido. Efectivamente es así, aunque no podemos olvidar que aquí en España también vendieron esos o semejantes productos. No obstante, aquí en España hemos visto pedir hasta perdón público por las actividades llevadas a cabo para con los pequeños ahorradores a los que de modo engañoso se les hurtaba información no señalándoles el hecho de no tener liquidez el producto que se les vendía, llámese preferentes o subordinadas. También aquí hemos visto cambiar de oficina bancaria a centenares y centenares de empleados para que no tuvieran que hacer frente mirando a los ojos de los miles y miles de ahorradores que ahora se sientes estafados, aunque dichos empleados sólo estuvieran haciendo lo que les indicaban sus superiores. Pero ¿acaso el empleado que pesa en una balanza trucada y lo sabe, es menos culpable que el empresario que la ha trucado?

Dicho todo esto y mirando al futuro en positivo digo que habría que hacer una reflexión en cuanto a productividad, a rendimiento, a trabajo duro para conseguir que las empresas obtengan beneficios: eso, en la mayor parte de las veces depende de los empleados. Pero parece que, en algunas actividades económicas, en su propio DNA, está el engaño, porque de otro modo, no son rentables. Para esas actividades o empresas tanto los legisladores como los directivos deberían ponerse manos a la obra y no permitir que cosas como esas sucedan. Ya basta.

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El futuro de la economía

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

27.09.2015

 

En España, el año 2013 los ingresos medios anuales declarados por los asalariados fueron de 9.012 euros, por los autónomos de 18.787€ y hubo 533.083 contribuyentes que declararon entre 60.000 y 150.000€; por su parte 58.571 contribuyentes declararon entre 150.000 y 600.000 euros anuales y finalmente 4.553 declararon que percibían rentas superiores a 600.000 euros anuales.

 

Efectivamente el IRPF se ha quedado sin ricos, o mejor dicho, sin que los que, siéndolo, ya no se declaran como ricos, debido a que usan ingeniería fiscal que les permite una mejor eficiencia en la disminución de la tributación. A mayor crisis y pobreza, a mayor necesidad de ingresos tributarios, más pocos tributan más. ¿Acaso será que también la crisis les ha afectado? Aunque según los datos parece que es lo contrario, que los ricos cada vez son más ricos y la brecha con los pobres y con la clase media se hace, cada vez, más amplia. Un menor porcentaje de población cada vez posee un mayor porcentaje de la riqueza total.

 

Ciertamente que corrupción, guerras y crisis migratoria no dejan tranquilos a gobernantes y a instituciones tener tiempo para dedicarlo a la resolución de la absolutamente injusta distribución de la riqueza. Pero, ¿creen ustedes que habrá algún momento adecuado para estudiar, debatir y consensuar una política de mejor distribución de la riqueza?

 

Parece que pocos han leído a Piketty y los que lo han hecho se han olvidado de sus propuestas que recordemos que son:

 

Un impuesto sobre los ingresos mucho más progresivo, más tramos altos y con tipos más elevados, especialmente los marginales.

Ello implica más redistribución y más progresividad fiscal, y no es una cuestión técnica sino eminentemente política y filosófica, sin duda, la primera entre todas. El objetivo es repensar la tasa marginal superior del impuesto progresivo sobre los ingresos, de modo que sea más progresivo, tasa o tipo marginal, que según Piketty debería ser superior al 80 % en los países desarrollados, para ser aplicado a las rentas observadas a nivel del 1 % o del 0,5 % de las personas con ingresos más elevados. Es decir, aplicado a niveles de 500.000 dólares o 1 millón de dólares de remuneración anual. Aunque con poca recaudación, cumpliría su objetivo de limitar drásticamente las remuneraciones tan elevadas. También habría que aplicar, según Piketty, tipos del orden del 50 – 60 % en remuneración por encima de 200.000 dólares anuales.

 

Un impuesto progresivo mundial sobre el capital.

Para que la democracia pueda retomar el control del capitalismo financiero globalizado de este nuevo siglo, hace falta inventar una herramienta: ésta. Y aun reconociendo que hoy todavía es una utopía, es bueno tenerla  en mente a fin de evaluar mejor lo que permiten o no otras soluciones alternativas, por lo que es necesario profundizar a nivel mundial en la transparencia financiera, y la transmisión de información es inseparable de la reflexión sobre el impuesto ideal sobre el capital.

Para fijar ideas sobre las que debatir, Piketty sugiere varios baremos:

  • Una tasa del 0% para patrimonios inferiores a 1 millón de euros; 1% entre 1 y 5 millones; y el 2% para patrimonios superiores a 5 millones de euros.
  • O mucho más progresivo, con el 5 o del 10 % para fortunas más allá de 1.000 millones de euros.
  • O se pueden encontrar ventajas de tener una tasa mínima sobre los patrimonios modestos y medios, por ejemplo del 0,1 % por debajo de 200.000 euros y el 0,5 % entre 200.000 y 1.000.000 de euros.

 

La deuda pública.

Algunos países desarrollados tienen deudas públicas muy elevadas, las cuales es conveniente reducir, y no hay modo de hacerlo más allá de implementar políticas que combinen sabiamente la inflación, la austeridad y el impuesto sobre el capital. En efecto un impuesto excepcional sobre el capital junto con la inflación pueden jugar un papel útil; de hecho, ha sido de este último modo como se han reabsorbido la mayor parte de las deudas públicas más importantes. En cambio, una cura prolongada de austeridad es para Piketty, tanto en términos de justicia como de eficacia la peor solución. Entonces, ¿qué hacer para reducir la deuda pública a cero? El impuesto extraordinario sobre el capital privado es la solución más justa y más eficaz, según Piketty. Un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados aportaría casi un año de ingresos nacionales (o PIB) y permitiría el reembolso inmediato de todas las deudas públicas, y el Estado quedaría con todos sus activos pero con una deuda cero. Cada uno contribuye al esfuerzo solicitado y se evitan las quiebras bancarias. Además no es necesario reducir la deuda pública totalmente de golpe, sino en sucesivas ocasiones.

Pero también la inflación podría tener su papel. Una inflación del 5 % anual (en lugar del 2 % de meta actual) en 5 años reduciría el valor de la deuda pública en un 15 % del PIB. Esta es una solución tentadora que ha sido usada a lo largo de la historia. No obstante, la inflación no es más que un sustitutivo muy imperfecto del impuesto progresivo sobre el capital y puede comportar un cierto número de efectos secundarioz poco atractivos, entre ellos, el descontrol de la tasa, es decir que la inflación se “embale”.

 

Es necesario debate supranacional.

No parece que a las instituciones financieras supranacionales les hayan hecho mucho efecto las conclusiones de Piketty, ni han planteado debate alguno sobre ello. Esto de dar la callada por respuesta, no es ni científico, ni profesional, ni transparente. Hace falta debate.

No se ha debatido ni sobre las ideas de Piketty ni sobre las ideas de Jeremy Rifkin con sus estudios sobre la sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas (IdC), el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo tal como lo conocemos. De nuevo hace falta debate. Pero los políticos, probablemente, ni se enteran de las nuevas ideas de la ciencia económica, o no son competentes para debatirlas. No se trata de escoger entre Keynes y Hayek, sino de usar de los medios que las nuevas tecnologías nos permiten con su mercado mundial y con los actuales prosumidores.

 

He usado dos términos procomún y prosumidores que quizás no tengan un uso demasiado extendido, por lo que hace falta aclararlos. Rifkin nos explica que la convergencia del Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía y el Internet de la logística ha dado lugar al Internet de las cosas, el IdC, un espacio en el que la productividad se incrementa hasta tal punto que el coste marginal de producción de muchos bienes y servicios es prácticamente nulo, permitiendo que se puedan ofrecer de manera casi gratuita y que dejen de estar sometidos a las fuerzas del mercado. Esto está dando lugar a una economía híbrida, casi de intercambio, en la que millones de prosumidores producen y consumen conectados a Internet compartiendo su información, su esparcimiento, su energía limpia y sus productos impresos en 3D con un coste marginal casi nulo. Casi todo es para todos a un mínimo coste, como con en el sistema económico de procomún de la antigüedad. Pero tenemos que hablar más de estas cosas.

 

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POLÍTICOS ENCHUFADOS

POLÍTICOS “ENCHUFADOS”

2015.07.12

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

En España nuevos políticos han entrado en gobiernos autonómicos y municipales, a los cuales hay que recordar que en el pasado se ha hablado mucho de “puertas giratorias” o de colocar de asesores a amigos y parientes, o en organismos públicos, nacionales o internacionales, y en grandes empresas a políticos que después de unas elecciones han quedado descolgados (no elegidos), dado que no hay sitio para ellos en el “aparato” o son molestos en puestos de primera línea y se les coloca en sitios tales como compañías eléctricas que dependen de las decisiones políticas, o como sucedía algunos años atrás en la Cajas de Ahorros, a las cuales llevaron a sus más altas cotas de eficiencia y de buenos resultados; lo digo por la confianza que han generado en que se las rescatara a todas ellas.

Eran personas que jamás han trabajado en la economía real ni financiera y, no obstante decidían dónde invertir los dineros de los millones de pequeños ahorradores, a los cuáles así les fue, y ahora se encuentran unos y otros en los tribunales: unos por sus pingües indemnizaciones que recibieron y otros porque no han podido disponer de sus ahorros.

Es comprensible que un Miquel Roca Junyent, abogado con un bufete de prestigio; que un Pedro Solbes, excelente economista; y otros muchos que tiene oficio, lo repito, oficio, no título, y que lo han ejercido antes y después de pasar por la política, puedan aportar su experiencia, sus conocimientos y su buen criterio a las compañías que los contratan.

Pero cosas distintas son, que sean los partidos los que pidan directa o indirectamente su “aparcamiento” en un consejo de administración, para tenerlos en el “pesebre”, contentos y callados, evitando los problemas de liderazgo internos de partido; y también cosa distinta es que, con mucha o poca complicidad partidista se “coloque” a gente no suficientemente competente, profesionalmente hablando, que no han ejercido oficio alguno distinto del militar en un partido (si a eso se le puede llamar oficio). En ambos casos, parece que las empresas están dispuestas, y muy a gusto, a pagar dicho “impuesto revolucionario”, a pesar de que sus “colocados” saben hacer poco más que hablar de sus experiencias políticas que los “negros” escriben como memorias para ellos.

Estas no son, en ningún caso, claramente, prácticas apropiadas de gobernanza de las compañías, y, quizás, en alguno de los casos, sí sean prácticas corruptas perseguibles penalmente. Habría que verlo.

Pero lo que sí es cierto es que al ciudadano común le repugnan estas prácticas y esa es una más, además de otras muchas, de las razones del desencanto respecto de la “casta” o “clase política”. Y esto tiene que cambiar.

Por otra parte también, los partidos políticos suelen “colocar” a sus “ex” en sus propias fundaciones, no financiadas de forma suficientemente transparente (otra ‘chinita’ más), pero que tienen como objeto debatir internamente sobre ideas, filosofía y praxis política. Estas instituciones y los que allí trabajan son los que debieran plantear un cambio radical para una regeneración política. Si no se hace rápida y diligentemente nos vamos a encontrar que el desencanto que arraiga más y más en la juventud lleve a ésta a posiciones anti sistema, revolucionarias, asamblearias, ácratas e incluso anarquistas. Nos lo jugamos todo. ¡Ya, ya está bien! señores. Si el cambio no viene ordenadamente, quizás venga desordenadamente para perjuicio de todos.

Y digo todo esto, porque ahora, después de las elecciones municipales y autonómicas y en el futuro casi inmediato de fin de año, con las elecciones generales que, probablemente, también cambiarán bastante las cosas, muchos que no han ido en las listas o no irán, o han quedado sin cargos políticos y otros que probablemente quedarán, se están afanando para que les “arreglen” lo suyo, lo de su ‘puchero’.

La solución se sugirió en el artículo publicado el 7 de junio ppdo. en este mismo medio titulado “El oficio de político” y a lo allí indicado, añado ahora la idea de que los políticos, todos los que no tienen oficio, o habiéndolo estudiado no lo han ejercido, deberían resolverse, como en el caso de la formación continua de los profesionales, a actualizarse y a hacer prácticas en las correspondientes escuelas o universidades para, que llegado el caso, que llegará, puedan ganarse la vida decentemente, no como asesores de lo que desconocen, o personal de confianza que para lo único que sirven es para hacer de “clac”, y no a costa de “impuestos revolucionaros” o “aparcamientos” que tienen muchos visos de convertirse en objeto de revisión por los tribunales.

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EN LA PRIMA DE RIESGO SE ESCONDEN ABUSOS

En la prima de riesgo se esconden abusos

Federico M. Rivas García

Doctor en Derecho

28.06.2015

 

“La prima de riesgo se relaja”, “la prima de riesgo sube por el efecto contagio” de Grecia, son titulares afirmaciones  de actualidad. Ciertamente, de unos años a esta parte ¿a quién no le interesa o, incluso, le preocupa la prima de riesgo?, pero ¿por qué preocupa, qué es, por qué es tan importante?

 

Hay que saber que el mercado de deuda primario consiste en las subastas de bonos o instrumentos de deuda soberana por parte de los Estados, por unos importes nominales y a unos vencimientos o plazos de devolución. A estas subastas acuden entidades y particulares a comprar dichos instrumentos pujando por subir los tipos de interés mientras que el Estado se esfuerza por no subirlos mediante no querer vender más instrumentos, es decir, no cubrir el importe previsto o hacerlo a menor ritmo, puesto que cuanta más demanda de dinero por parte del Estado mayor precio (interés) pedirá el prestamista.

Hay que aclarar, adicionalmente, que el mercado secundario es el mercado en el que entidades y particulares se desprenden de los bonos anticipadamente a su vencimiento, por cualquier razón estratégica, financiera o económica que tengan. El mercado secundario es muy importante porque permite tener la posibilidad de tener  liquidez al tenedor de los títulos. Sin dicha posibilidad los títulos serían más difíciles de colocar en las subastas, puesto que las circunstancias de las entidades y personas inversoras cambian con el paso del tiempo y puede llegar el caso de que no puedan esperar al vencimiento para recobrar la liquidez del dinero en efectivo.

 

Iniciemos este tema diciendo que la prima de riesgo es la diferencia de tipo de interés que se exige en el mercado secundario a los bonos o instrumentos de deuda de un país, en este caso de la zona euro, respecto del país que menos interés se le exige. Pero, claro, si el bono ya ha sido emitido a un tipo nominal el cual no va a cambiar, la forma de conseguir un tipo de interés adicional, una prima, es mediante comprar con descuento respecto del nominal. Hechos los cálculos, esto nos lleva a la prima de riesgo.

 

Lo segundo que hay que decir es que incluso en el mismo país se exige un prima por recomprar los instrumentos de deuda antes de su vencimiento, porque ¿qué beneficio tiene el que da liquidez mediante la compra de deuda cuyo tenedor es otro, si lo hace por el mismo precio (de lo que resulta el mismo tipo de interés)?, le sería menos complejo comprar directamente deuda en el mercado primario, es decir, directamente al Estado que la emite, salvo que el plazo para el vencimiento no se le acomode y el interés no esté al mayor tipo posible.

 

La idea de un índice que mostrara el diferencial entre los Estados, en sí, es buena, pero el problema de la prima de riesgo es que se convierte en un índice de referencia y, al igual que otros índices, su ponderación no es adecuada.

 

¿Qué quiero decir con ponderación?, muy sencillo. Supongamos que una entidad se deshace por necesidad imperiosa de Letras del Tesoro que vencen de aquí a un año, reduciendo 2 puntos porcentuales el nominal, lo que llevará a que el comprador tenga como retribución el tipo de interés, pongamos el 5 % anual, más los 2 puntos indicados, en total un 7 %; mientras que para los números del vendedor tendrá que restar los 2 puntos indicados de descuento y repartirlos entre la duración de la vida de la inversión. Digo que no es lo mismo que el importe total de dichas Letras del Tesoro sea 100 millones de euros que si fueran 5.000 o 15.000 millones de euros. Pues bien, esta ponderación, no se efectúa adecuadamente; el efecto que tiene aun siendo el mismo diferencial de 2 puntos porcentuales, no es el mismo como se ve a continuación:

Importe                                   Prima adicional pagada         Liquidez obtenida

2 puntos porcentuales

100.000.000                                    2.000.000                         98.000.000

5.000.000.000                                100.000.000                     4.900.000.000

15.000.000.000                                300.000.000                   14.700.000.000

Aquí, como se ha visto, entra el volumen de deuda que ha cambiado de manos y no puede ser que un pequeño movimiento relativo, de deuda, afecte tanto las nuevas operaciones a cruzar como, incluso, el listón o meta para las subastas en el primer mercado.

 

Bloomberg planteó un índice que podría ser utilizado mediante la manipulación por volumen para cambiar el precio de los capitales, es decir los intereses que tenían que pagar, de las deudas soberanas. Aun dando por supuesto que no exista dicha manipulación por volumen, la situación de prevalencia de las agencias de rating, de las agencias de información económica y de las propias entidades financieras permite especular sobre información insuficiente y no fiable contra las deudas soberanas, contra inversores y contra terceros.

 

¿Acaso es digno de confianza un índice de un, M día o una semana en particular, el de la prima de riesgo española, que se basa en un volumen diario de operaciones de unos 300 millones de euros? Evidentemente NO, y ello teniendo presente que la deuda total española en circulación es de más de 800.000 millones de euros, y la posibilidad, ganas o deseos de cruce de operaciones semanales está entre 10.000 y 15.000 millones.

 

A pesar de la falta de exactitud y de ciencia tanto en el cálculo como en el enfoque del índice de la prima de riesgo, que nos ocupa, el mercado financiero en el que incluyo las agencias de rating, las de información económica (medios de comunicación) y las entidades financieras actúan insensatamente fuera de ecuanimidad porque tienen intereses creados y tratan, en todo momento, de perjudicar los intereses de terceros (incluidos los Estados) manipulando el mercado.

 

Los intereses creados de los Fondos soberanos de países de la zona euro y de otras zonas monetarias impiden que se haya iniciado tanto un movimiento claro de solución para el problema de las agencias de rating como para la financiación de las deudas soberanas teniendo en cuenta los parámetros fundamentales de los países y no los ataques especulativos basados en datos, sesgados, manipulados y difundidos por quienes ganan con hacerlo.

 

Habría que ir pensando en cambiar las cosas. Esto no debe seguir así. Es abusivo. No es de recibo que la actividad financiera, fundamentalmente, sea una actividad estafatoria, sin ofender, quiero decir de engaño.

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SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XIV. Nuestras experiencias afectan la visión de la deuda pública

XIV.- Nuestras experiencias afectan la visión de la deuda pública

22.02.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

El largo y tumultuoso período de la historia de la deuda pública, de apacibles rentistas de los siglos XVIII y XIX, a la expropiación por la inflación en el siglo XX, ha marcado profundamente las memorias y las representaciones colectivas, hasta tal grado que las teorías económicas son dependientes de las experiencias históricas vividas por sus formuladores. Todos tenemos en mente el rechazo actual del pueblo alemán y de sus dirigentes a políticas que no controlen de modo férreo la inflación, por la marca que dejó en ellos la inflación desbocada que vivieron hace un siglo.

En efecto, David Ricardo formuló en 1817 la hipótesis conocida hoy bajo el nombre de “equivalencia ricardiana”, según la cual se sugiere que el déficit fiscal no afecta a la demanda agregada. La argumentación en que se basa la teoría es que, en su caso, el gobierno puede financiar su gasto mediante los impuestos cobrados a los contribuyentes hoy, o lo puede hacer mediante la emisión de deuda pública. Si elige la segunda opción, llegará un momento en el futuro en el que tendrá que pagar la deuda subiendo los impuestos por encima de lo que estos se ubicarían en ese futuro. La elección, por lo tanto, es entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana. La Wikipedia pone un ejemplo en el que el gobierno decide financiar un gasto adicional a través de déficit, esto es, mediante cobrar impuestos mañana. Pues bien, para este caso, Ricardo argumentaba que aunque los ciudadanos tienen más dinero hoy, ellos se darían cuenta que tendrían que pagar impuestos mayores en el futuro y, por lo tanto, ahorrarán un dinero adicional para poder pagar los impuestos futuros. Este mayor ahorro por parte de los consumidores compensaría exactamente el gasto adicional del gobierno, de modo tal que la demanda agregada permanecerá sin modificar. Según mi opinión esto es pura imaginación: las decisiones de la mayoría de los individuos dependen mucho más de la situación real actual que de sus propias formulaciones y presupuestos para el futuro.

En el momento en el que Ricardo escribía, la deuda pública británica se acercaba al 200 % del PIB, aunque esto no parece que hubiera disminuido la inversión privada ni la acumulación de capital, el fenómeno de crowding out (o desplazamiento) no se había producido y el incremento del endeudamiento público parece que fue financiado por un aumento del ahorro privado. Piketty dice que esto no significa que esta sea una ley universal que se cumpla en todo tiempo y en todo lugar, pues todo depende de la prosperidad del grupo social del que se trate (en este caso de una minoría de británicos que tenían suficientes medios para generar el ahorro suplementario requerido).

Por otra parte, cuando Keynes escribía en 1936 respecto de la “eutanasia de los rentistas” estaba, él mismo, profundamente marcado por lo que observaba a su alrededor (la crisis de 1929 y sus consecuencias): el mundo de los rentistas de antes de la Primera Guerra mundial estaba a punto de hundirse y no existía ninguna otra solución políticamente aceptable que permitiera superar la crisis económica y presupuestaria en curso. Keynes sabía bien que la inflación, que el Reino Unido no aceptó sino a contra corriente, era la manera más simple de reducir el peso del endeudamiento público y de los patrimonios que venían del pasado, aunque no fuera la más justa. Era, en realidad, una redistribución de la riqueza, tanto como lo es una reforma agraria o una revolución.

Pero el capitalismo no ha sido ni lo es en todas partes igual. Por ejemplo, en Francia, por su historia, se aceptado durante la mitad del siglo pasado el capitalismo, pero sin capitalistas, élites económicas sobre las que pesaban sospechas fundadas de colaboracionismo con los ocupantes alemanes. Durante los Treinta Gloriosos (años después de la Segunda Guerra mundial) de crecimiento, Francia vivió un capitalismo de Estado en el cual los propietarios privados cesaron de controlar las empresas más grandes, pero a partir de los años 1980-1990 de nuevo la propiedad pública cae a niveles mucho más débiles, hasta tal grado que al principio de los años 2010, la propiedad privada está cerca de los seis años de ingresos nacionales, es decir, veinte veces más que el patrimonio público.

Y en Francia, como en, casi, todo el mundo, el movimiento de privatización, desregulación y liberalización de la economía y de los mercados financieros con sus flujos de capitales, comienza después de las revoluciones conservadoras en los Estados Unidos y en el Reino Unido a partir de los años 1980, que casi coinciden con la caída de los modelos estatistas soviético y chino, cada vez más evidente, lo que lleva a estos gigantes a poner en marcha a principio de los 1980 una liberalización gradual de su sistema económico, con la introducción de nuevas formas de propiedad privada de las empresas.

De modo que, finalmente, el patrimonio público neto ha caído a niveles muy bajos. Tanto es así que la mayor parte de los países, han transformado en el siglo XX, en dos ocasiones, en direcciones opuestas, sin haber comprendido muy bien por qué, la estructura de su patrimonio nacional.

Aunque el capital ha sido más estable en Estados Unidos que en Europa, lo dicho ha sido cierto, tanto de nuestra vieja Europa como del Nuevo Mundo, con algunas particularidades en este último, por el capital negrero (esclavos). De modo que queda volver sobre nuestros pasos para entender mejor la relación capital/ingresos, y su estructura, en el largo plazo, cosa que haremos en sucesivos escritos.

 

 

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SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XIII. Sobre la deuda pública

XIII.- Sobre la deuda pública

15.02.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Supongamos un gobierno que acumula déficits del orden del 5 % de PIB cada año, durante 20 años, por ejemplo, para pagar una masa salarial importante en las fuerzas armadas o para invertir en armamento para las mismas: al cabo de 20 años la deuda pública suplementaria así acumulada será igual al 100 % de PIB.

Si suponemos que el gobierno no busca devolver el principal y se contenta con pagar cada año los intereses, entonces, si el tipo de interés es del 5 %, necesitará cada año pagar el 5% del PIB a los poseedores de la deuda pública suplementaria, y esto, hasta la noche de los tiempos, según plantea Piketty.

Y una cosa semejante es lo que le pasó al Reino Unido en el siglo XIX, pues durante un siglo, de 1815 a 1914, el presupuesto británico estaba sistemáticamente en superávit primario muy importante, es decir, que los impuestos recaudados sobrepasaban sistemáticamente los gastos, con un superávit de varios puntos del PIB, superior, por ejemplo, a todos los gastos de educación, a lo largo de este período. Pero este excedente permitía solamente financiar los intereses pagados a los poseedores de deuda pública, pero sin repagar el principal: la deuda pública británica nominal quedó estable alrededor de mil millones de libras esterlinas durante todo este período.

Fue, final y únicamente, el crecimiento de la producción interior y de los ingresos nacionales británicos (cerca del 2,5 % por año entre 1815 y 1914) lo que permitió, al fin de un siglo de penitencia, reducir fuertemente el endeudamiento público, expresado en un porcentaje de los ingresos nacionales.

¿A quién beneficia, entonces, la deuda pública?

Para Piketty esta experiencia histórica es fundamental por varias razones. En principio permite comprender por qué los socialistas del siglo XIX, comenzando por Marx, desconfiaban de la deuda pública, y la veían como un instrumento al servicio de la acumulación de capital privado.

Además, en esta época, la deuda pública pagaba un alto precio no sólo en el Reino Unido sino en todos los demás países, incluida, particularmente, Francia. El endeudamiento público en Francia aumenta fuertemente desde 1815-1816 para financiar el pago de los ejércitos de ocupación, de nuevo en 1825 para financiar los famosos “mil millones de los emigrados” pagado a los aristócratas exilados durante la Revolución francesa, para compensarles por las redistribuciones de tierras realizadas en su ausencia. El total de la deuda equivale ya en esos momentos al 30 % de los ingresos anuales nacionales. Después de la guerra franco-prusiana en 1870-1871 el estado francés se tiene que endeudar de nuevo para pagar una transferencia a Alemania equivalente aproximadamente al 30 % de sus ingresos anuales nacionales. Al final, en 1914 la deuda pública se encuentra a un nivel más elevado en Francia que en el Reino Unido: entorno al 70 – 80 % de los ingresos nacionales, de modo que el Estado distribuye cada año en intereses el equivalente al 2 – 3% de los ingresos nacionales (o sea, más que el presupuesto de Educación nacional de la época) y estos intereses permiten vivir a un grupo social muy sustancial.

Pero en el siglo XX se desarrolla una visión totalmente diferente de la deuda pública, fundada sobre la convicción de que el endeudamiento podría, al contrario, ser un instrumento al servicio de una política de gasto pública y de redistribución de la riqueza en favor de las clases sociales más modestas.

La diferencia entre las dos visiones es muy simple, dice Piketty: en el siglo XIX la deuda se pagaba a un precio muy alto, lo que era una ventaja para los prestamistas y actuaba en refuerzo de los patrimonio privados; por el contrario en el siglo XX, la deuda se diluía en la inflación y se amortizaba o devolvía en moneda “falsa” (en el sentido de que tenía mucho menor poder adquisitivo).

Hay que hacer notar, según Piketty, que esta redistribución por medio de la inflación ha sido mucho más fuerte en Francia que en el Reino Unido, pues en Francia, entre 1913 y 1950 la tasa de inflación media ha sido de más de un 13 % anual, es decir, una multiplicación de los precios por 100. La consecuencia para el Estado francés es que, a pesar de una fuerte deuda pública inicial (cerca del 80 % de los ingresos nacionales en 1913) y de déficits muy elevados durante el período 1913-1950, en particular durante los años de guerra, la deuda pública francesa se encuentra en 1950 a un nivel relativamente bajo (cerca del 30 % de los ingresos nacionales), casi igual que en 1815. En particular, los enormes déficits de la Liberación fueron casi inmediatamente anulados por una inflación superior al 50 % anual durante los cuatro años de 1945-1948. Así que se saldan las cuentas del pasado, y se comienza a reconstruir el país con una deuda pública pequeña.

En el Reino Unido las cosas se hicieron, según Piketty, de forma diferente, mucho más lentamente y con menos ardor. Entre 1913 y 1950, la tasa de inflación media sobrepasa apenas el 3 % anual, es decir una multiplicación por tres (más de treinta veces menos que en Francia), y aunque esto representa un expoliación no despreciable para los rentistas británicos, inimaginable en el siglo XIX hasta la Primera Guerra mundial, no obstante es claramente insuficiente para impedir la enorme acumulación de déficits públicos durante los dos conflictos mundiales, pues el Reino Unido, se movilizó al completo para financiar el esfuerzo de guerra, incluso rehusando el recurso a imprimir billetes, hasta tal grado que el país se encuentra en 1950 con una deuda pública colosal, superior al 200 % del PIB, mucho más elevada que en 1815.

Hará falta esperar a la inflación de los años 1950-1960 (más del 4 % anual) y sobre todo a la de los años 1970 (cerca del 15 % anual) para que la deuda británica caiga a un nivel del orden del 50 % del PIB.

Expuestos por Piketty, los hechos, con relación al Reino Unido y a Francia, de estos dos últimos siglos XIX y XX, hay que reconocer que este mecanismo de redistribución por medio de la inflación es extremadamente poderoso y ha jugado un papel histórico esencial en los dos países, especialmente durante el siglo XX, pero este mecanismo no puede funcionar de modo sostenido, pues desde el momento en que la inflación deviene permanente, los prestamistas exigen una tasa de interés nominal más elevada, y el alza de los precios no tiene los efectos indicados. Y ello, sin contar que una inflación elevada tiende a acelerarse por sí misma sin cesar (una vez el proceso está lanzado, es difícil de pararlo) y puede producir efectos difíciles de controlar (unos grupos sociales ven sus ingresos grandemente revalorizados, y otros mucho menos). Recordemos los años 1970, un decenio marcado en los países ricos por una mezcla de inflación elevada, de incremento del desempleo y de una relativa estancación económica (la “estanflación”), a partir de los cuales, se desarrolló entre los economistas un nuevo consenso en favor de una inflación débil.

De modo que, de nuevo, preguntamos: ¿a quién beneficia, la deuda pública? Intentaremos llegar a una respuesta entendible en una próxima ocasión.

 

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Las donaciones no transparentes a los partidos políticos

Las donaciones no transparentes a los partidos políticos

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho

26.05.2013

 

Alguien ha adelantado hoy que el Juez Bermúdez de la Audiencia Nacional manifiesta en el programa “Salvados” de Jordi Évole que la financiación ilegal de los partidos políticos no es delito sino falta administrativa. Es una continuación de lo que ha sido el tema más tratado por los medios de comunicación, el caso de los papeles de Bárcenas con los “sobresueldos”, o sueldos en sobres, para los dirigentes del Partido Popular. Pero curiosamente nadie habla del dinero fuera del circuito económico (dinero en B, en “negro”) que tienen que generar las compañías para pagar a los “Bárcenas” que parten y reparten y se quedan con la mejor parte.

Aplicando el caso a todos los partidos, porque la financiación de los partidos políticos es un problema para todos ellos, cosa que traté en mi artículo intitulado “Cómo deberían financiarse los partidos políticos” en este mismo Blog, ciertamente me sorprende, porque es evidente, que además de un comportamiento nada transparente, poco ético y, probablemente, en algún caso hasta defraudatorio por parte de los partidos, no se hable del claramente delictivo (por los importes que se manejan) por parte de las compañías que aportan el dinero, las donaciones, “las comisiones” o, claramente, “los sobornos” en lo que respecta a la generación del dinero para ser usado en estos menesteres, más allá del tanto de culpa por la corrupción o prevaricación que podría comportar.

En efecto para poder “donar” o entregar un dinero, haciéndolo fuera del circuito económico para que no tenga transparencia fiscal, hay que conseguirlo. Para ello, de todos es conocido que se podrían utilizar varias maneras, entre compañías mercantiles:

  • Por la vía de los ingresos, vender por más precio del declarado fiscalmente y cobrar esa diferencia en efectivo. Esto comporta que el comprador haya generado dinero “negro” previamente para poder pagar dicha diferencia de manera no transparente, dinero “negro” que se transfiere al vendedor.
  • Por la vía de los gastos o compras, comprar o gastar por mayor precio del que, en realidad, se tiene que pagar. Esto comporta que se inflen los precios de las facturas recibidas, no pagando realmente ese diferencial aunque a los efectos de la contraparte se debe dar por pagado el importe total, con lo que contablemente gana más esa parte (el prestador de los servicios o vendedor), por el mayor precio, pero no cobra la diferencia y mantiene en contabilidad pendiente, en caja o en la cuenta del cliente, el importe a cobrar hasta que se da por no cobrable y se pasa a pérdidas, aunque durante dicho lapso de tiempo las contabilidades de las dos compañías no coinciden; o, más bien, se pasa directamente a pérdidas, cosa que puede ser perfectamente rastreada por parte de auditores internos, externos y por la inspección de Hacienda. Aunque también podría ser cancelado el importe pendiente de cobro por un ingreso de dinero procedente de la caja B que tendrá que tener generado previamente la propia compañía que factura. En este caso el dinero “negro” se transfiere al comprador.
  • En ambos casos se trata de pasar de una compañía a otra, dinero “negro” que está fuera del circuito. Y también se trata de hacer asientos contables sin soporte documental o de veracidad.

En todos los casos mediáticos, actuales y de tiempos pasados, por los importes que se barajan y por los impuestos que gravan las transacciones en la base de las operaciones, se daría el delito fiscal tanto por IVA como por IS.

Pero habría otro medio de conseguir dinero que sin ser fuera del circuito, sin ser negro, puede ser donado, aunque con los límites de la legislación, a los partidos políticos, que sería la vía de la donación como consumo de renta propia por parte de los particulares:

  • El donante se incrementa o le incrementan su retribución en la parte correspondiente para que, después de pagados sus impuestos, quede neto el importe que pretende donar, y eso pueden hacerlo las compañías a personas (directivos y empleados) de su confianza que vayan, en efecto, a hacer esas donaciones. Se trata de aumentar su renta disponible, la cual habrá pagado impuestos y que será consumida, en parte, en el importe de la donación a los partidos, de modo dirigido por las compañías.

Y finalmente por la vía de los préstamos o créditos otorgados por Bancos y Cajas de Ahorros, que pasado el plazo de vencimiento y los años, no pueden ser devueltos, que se condonan y se regulariza su importe pasándolo a pérdidas, cosa que no se haría con cualquier otra entidad deudora, sino que se la perseguiría hasta sus últimas consecuencias. Esta ha sido la vía utilizada por los Bancos y Cajas. Banqueros y cajeros han tenido presos a los partidos con estas donaciones encubiertas.

Algunos partidos políticos solicitan de sus miembros que donen al partido importes no sólo en forma de cuotas, sino también de parte de sus retribuciones. Alguien tendría que explicar la práctica del partido en cuanto a cómo se hacen por parte de los parlamentarios y de todos los que cobrando de los Presupuestos Generales del Estado en su calidad de cargos políticos electos o cargos de designación, las declaraciones de las donaciones de una parte de sus retribuciones al partido político que los sostiene, así como las declaraciones del propio partido.

 

Me sorprende que cosas tan obvias no las saquen a colación, no las investiguen ni periodistas, ni fiscales ni jueces instructores, ni el Tribunal de Cuentas en cuanto a los partidos.

Me sorprende que ante tamaño engaño ningún partido político tome la iniciativa para que se cambie la legislación a fin de que todas las donaciones a partidos se hagan con luz y taquígrafos y libremente por quien quiera. Con ello se evitaría la defraudación al fisco, se evitaría que el dinero se quedara en manos de personas en lugar de partidos y se conocería el costo real que conlleva sostener a los partidos políticos y sus presupuestos de forma veraz; así como las retribuciones de los que cobran de los partidos.

Demasiados intereses creados, clientelismo, incompetencia y poder acceder al pesebre, quizás, lo impidan.

 

 

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