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Examen de conciencia

Examen de conciencia

20190523

Federico Rivas. Doctor en Derecho

 

Después de los resultados de las elecciones generales no sé si alguien habrá dudado del por qué de los resultados en cuanto al partido principal derrotado, como tampoco sé si dudó del por qué respecto del principal partido derrotado en las últimas elecciones andaluzas. Por si acaso, me atrevo a decir, que la gente estamos hartos de que gobiernen partidos que han hecho de la falta de escrúpulos, la corrupción, el enchufismo, las puertas giratorias, el amiguismo o nepotismo, la financiación ilegal, el uso irregular o fraudulento de caudales públicos, el enriquecimiento de algunos de los capitostes, los sobres y la falta de ética, cuando no la expresa comisión de delitos, su forma de comportamiento.

Pero, aunque lo dicho se refiere a los políticos y a los partidos, es necesario tener presente que nuestra propia forma de vida como ciudadanos y de conseguir el sustento también debe estar bajo el escrutinio cuidadoso de la conciencia y ética de todos los ciudadanos. Aunque los que se dedican a la actividad política deberían ser dechados, ejemplos de honestidad y de servicio a la comunidad, no se puede esperar que los políticos no reflejen lo que la propia sociedad es, deficiente.

Me refiero a las muchas cosas en las que como ciudadanos tenemos que mejorar: la honestidad en la declaración y pago de nuestros impuestos, el trabajo sincero y el buen rendimiento que le debemos a quien nos contrata y paga, el conseguir nuestros ingresos mediante el trabajo duro y no el engaño y la trampa.

Y todo esto lo digo por lo que se ha dicho en los medios de comunicación del gran negocio que era para algunos el difundir el secesionismo. Aunque yo añado el gran negocio que ha sido para otros el difundir lo contrario. Unos y otros creando estado de opinión con informaciones sesgadas, exageradas, manipuladas y faltas de veracidad. Algún día estas prácticas podrían llegar a los tribunales. Son gastos necesarios sólo para quienes defienden la idea de quienes los pagan con dinero público.

También lo digo por el hecho de que he conocido por los datos del CIS que los valencianos somos los que mejor aguantamos, aceptamos o digerimos la corrupción, pues señalamos los casos de fraude o corrupción con un índice de los más bajos de España (Navarra 44,9 %, Comunidad Valenciana 28,7%).

Esta idea que desarrollo de la imperiosa necesidad de mejorar y acertar que tenemos, se manifiesta incluso en las más altas instancias, porque según Tom Burns, Isabel II nunca habría abroncado a los escoceses como el Rey a los independentistas. Burns es algo pesimista respecto a la realidad actual española.

Por otra parte, también da que pensar y acaso ¿no es de vergüenza la brecha salarial entre los mejor y los peor pagados? Según datos de los últimos años que manejo es de 10 veces, es decir un 1000 % en la Comunidad Valenciana, es un síntoma el que los ricos valencianos se hayan disparado un 30 % mientras los pobres han aumentado un 11,6 %.

Después del examen de conciencia debería venir la purificación, es decir, la catarsis. Pero ¿se ha hecho lo uno y lo otro, o al menos lo primero? Mis lectores pueden responderse.

Ese mismo examen de conciencia lo debe hacer la parte más débil de la sociedad, la que casi sólo cuenta con su trabajo, porque no es adecuado que vuelvan a dispararse las incapacidades temporales (IT) por enfermedad. La reducción de las mismas durante el tiempo duro de crisis manifestó que, hasta cierto grado, determinadas IT lo eran para conseguir mayor comodidad y se estuvo dispuesto a no tenerla a fin de evitar que las empresas no contaran con los trabajadores con los que ya no podían contar por su IT. Vuelve a darse la práctica de entrar a trabajar para a los pocos días darse de baja por IT. Eso daña a la colectividad entera de trabajadores, a los diligentes y a los negligentes y vagos, a los competentes y los no tan competentes.

Veremos si ahora después de la drástica reducción de ingresos legales que tendrá algún partido por los resultados electorales o de los gastos excesivos que pudieran haber tenido (ilegalmente) algunos partidos sin alcanzar la meta esperada de escaños en el Congreso que los cubriese llegan a alguna quiebra técnica como en el 2011 terminaron 17 partidos tras las elecciones. Y ni que decir tiene la importancia de que las entidades financieras que no están dando, o no está llegando, financiación suficiente para la economía real tengan que dotar deteriorando créditos, en su caso, que difícilmente van a cobrar. Y todo ello por la falta de iniciativa de todos los partidos de llegar a legislar una adecuada financiación para los mismos, como en otra ocasión me he extendido en explicar.

Sí, por todo esto y por mucho más que no cabe aquí, es preciso hacer un examen, un escrutinio cuidadoso que nos anime a detectar los fallos, las corruptelas, la corrupción y los delitos, para conseguir mejorar mediante una catarsis, en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. He dicho catarsis política porque vivimos en la ‘polis’, en la ciudad, en sociedad.

Que los nuevos legisladores revisen sus metas y se dediquen en cuerpo y alma a tomar iniciativas que deben someter a los más sabios en cada rama, de la sociedad, para que, finalmente, las conclusiones se debatan y se legisle más sabiamente. No se debe gobernar por Decreto ni plantear iniciativas legislativas con urgencia. La legislación se debe, previamente, someter a escrutinio público, no sólo del parlamento; dando tiempo suficiente para aportaciones, ideas, mejores redacciones pues un país con leyes sencillas y claras mejora su capacidad de desarrollo y crecimiento consiguiendo mayor competitividad en el mundo actual globalizado.

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Las finazas de los partidos políticos

Las finanzas de los partidos políticos

03.03.2019

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho

 

Ante la próxima campaña electoral en España los partidos tienen mucho que hacer: seminarios, congresos, primarias (algunos), cursos, mesas redondas… todo para chupar cámara y llenar titulares y páginas en los medios de comunicación. Todo eso conlleva muchos gastos. Ahora es el momento de la recaudación, ahora es el momento en que se precisa toda la ayuda económica posible. ¿Cómo la van a conseguir?

Allá por 2006 dije y está recogida en mi blog bajo el título ‘La financiación de los partidos políticos’ una frase larga y suficiente descriptiva. “¡Qué miedo tratarlo! nadie dice nada, y mientras tanto cada uno de los partidos se la monta como puede y, al cabo de los años, antes de prescribir, se descubren sus delitos y trampas, no sólo para financiar ilegalmente partidos sino porque algunos de los administradores del dinero de los mismos han “untado” también su personal y particular tostada.”

Ciertamente dichas palabras continúan siendo actuales. Los casos que en estos momentos están en los tribunales nos dan mucho en qué pensar, y es necesario que nos planteemos las alternativas a una correcta financiación de los partidos políticos, en lugar de aprovechar la ocasión (que no digo que no haya que hacerlo) sólo para lanzar dardos envenenados al contrincante político, aunque todos tengan, ciertamente, mucho que callar.

Veremos cómo sigue la cosa, y si, como siempre, el intercambio de acusaciones entre los partidos, sean el PP y el PSOE, Ciudadanos o Vox, Podemos o los soberanistas, será algo así como: ‘eso lo serás tú’, o ‘tú más que yo’, y ‘en tu partido pasó aquello’ y ‘en el tuyo lo otro’; o ‘quién esté libre de culpa que tire la primera piedra’; o ‘además de la civil o penal hay que exigir responsabilidades políticas’.

Aunque la mayor parte de los políticos actuales son personas que se han integrado en el “aparato” desde jóvenes, no han trabajado en la economía real y no han tenido responsabilidades salvo la de conseguir desde el partido un puesto en el “pesebre” en tanto en cuanto hacen de “clac” y corean a sus líderes difícilmente elegidos democráticamente en el partido, ciertamente NO puedo pensar que todos sean deshonestos, pero no comprendo cómo ningún partido entra a fondo en el meollo del problema: la financiación de los partidos políticos. No lo hacen el PP ni el PSOE, pero tampoco Ciudadanos, IU, Podemos ni los nacionalistas en sus diversas sensibilidades de izquierda o derecha. Todos quieren que las cosas continúen como hasta ahora, no quieren, creo, hacer nada porque, quizás los ciudadanos corrientes nos enteraríamos de cosas que, desde siempre del advenimiento de la democracia, les parece que son sólo para iniciados, por el escándalo moral que sería su pleno conocimiento por la ciudadanía. Oscurantismo, falta de transparencia que lleva a falta de honestidad, incluso a delincuencia. Pero son ellos los que lo quieren así, porque no se atreven a abrir la “caja de Pandora” que representa promulgar una legislación clara y transparente.

Si se cambiara la legislación y se permitiera la financiación casi libre de los partidos, me digo a mí mismo: ¿y qué si las empresas, algunas, o individuos poderosamente ricos, financiaran a los partidos?, ¿acaso no financia el Estado también a los mismos, y a los sindicatos, y a la Iglesia Católica? El problema no es la financiación, el problema es la falta de transparencia en cuanto al origen, o al importe de las aportaciones; el problema es no conocer quién les apoya, para poder estar ojo avizor para evitar el abuso, porque si el ejercicio que hacen los “grupos de presión” o “lobbies” en muchos países está perfectamente aceptado y es parte del funcionamiento de la democracia, el ejercicio de apoyar económicamente en las campañas electorales y en otro momento a los partidos también. Y está claro que tiene que ser así porque no hay institución de participación ciudadana que se financie con las cuotas de sus asociados; ni sindicatos, ni partidos políticos, ni asociaciones patronales, ni mucho menos la Iglesia Católica.

La cuestión es cómo ejercer el control financiero de esas aportaciones que debieran ser todas ellas transparentes, como sugiero. Una vía sencilla es la de permitir la deducción como gasto del importe donado en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otorgar algún tipo de desgravación, como cuando se aporta a Fundaciones. Sería una forma de controlar los ingresos de los partidos, y el incentivo de considerarlo gasto y además base de una desgravación, es tan poderoso que, probablemente, todos lo declararían. Pero, por si acaso, algún partido todavía aceptara donaciones no transparentes, legislar que cuando se probara que el mismo lo había hecho, el partido debería quedar suspendido o incluso disuelto, además de la inhabilitación, las penas o responsabilidades civiles, penales o fiscales, tanto para el propio partido como para los individuos que formaban la cúpula directiva del mismo. Con esto se arreglaría para siempre y de raíz el problema.

Esto también evitaría que pasara lo que ha estado pasando hasta ahora, que los importes que se entregan a los partidos los recojan personas, que, a menudo, recaudan para sí mismas total o parcialmente, en lugar de hacerlo para el partido que representan.

Claro está que, esto evitaría el enriquecimiento de los arribistas, que saben poco de la cosa pública, pero saben mucho de beneficiarse de militar en un partido, por las prebendas y oportunidades que les ofrece. Evitaría también que personas sin escrúpulos se dediquen a la política porque no tienen otra cosa mejor a la que dedicarse, puesto que en ella no se precisan dura ‘oposición técnica’, test de inteligencia, capacitación, experiencia ni ninguna otra cualidad de eficiencia, sino simplemente obediencia, para esperar con paciencia el momento de cada una de aprovechar las circunstancias para beneficiarse personalmente, legal o ilegalmente.

Si no se entra de lleno a legislar en este sentido, nos vemos abocados, probablemente, a una plena desafección del ciudadano respecto de la clase política que, desembocará, por necesidad, en una gran crisis que produzca una catarsis o limpieza de la clase política: ni incompetentes, ni sólo obedientes, sino personas de probada experiencia, capacitación y reconocido prestigio, serían el material del que se deberían nutrir los partidos y, en ese caso, sus retribuciones deberían estar a la altura adecuada, pero no más; como dicen los empresarios ‘a precio de mercado’.

Esa catarsis debiera venir también por el cambio de una nueva legislación electoral de modo que sean los ciudadanos los que elijan a las personas, militen o no en partidos. Que cualquier ciudadano pueda postularse como candidato, dentro o fuera de partidos, en cada circunscripción. Esas personas elegidas en cada circunscripción deberían ser las que debieran responder ante sus electores y no ante sus partidos. Es decir, listas abiertas. Lo que no quita la aplicación de algún tipo de ponderación para añadir estabilidad y evitar disgregación que impidiera la gobernanza, pero sin dejar de atender a las minorías.

Esa catarsis debería venir también por un cambio legislativo para que el Senado fuera un lugar excelente y mejorado, para tratar de que los territorios resulten verdaderamente representados, que sean personas y no siglas de un partido las que primen, y permitir aquí, en el Senado, el acceso de minorías por medio de rebajar techo electoral de porcentaje de voto. Un lugar útil en donde para evitar el “espectáculo” se pondere la representatividad de sus integrantes en la participación en los debates y en la decisión de aprobación o rechazo como “Cámara de segunda lectura”, mediante el estudio meditado, pero fácilmente copiado si se quiere de países de nuestro entorno, de en lo que resultaría el voto de minorías mayoritarias.

Pero me parece que todas estas cuestiones NO son de interés de los políticos, pues a la mayor parte de ellos les va mejor el “pitufeo”, la financiación irregular y llegar a ser un “corista” para decir sí a un líder cuya elección democrática deja mucho que desear.

Una ministra ha dicho la valentía que se tiene que tener para presentarse a gestionar la “res” pública. Tiene razón: valentía para los competentes, expertos, curtidos y suficientemente entrados en años que se atreven por vocación de servicio; pero de esos hay pocos, porque pocos tienen las circunstancias y se les ofrece la oportunidad. Pero muchos hay que desean entrar en la “carrera política” para vivir de ella y la mayor parte de esos ya sabemos, por estos 40 años de experiencia democrática, cómo son.

 

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Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

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Lenguas, banderas y capital

Lenguas, banderas y capital

Los artículos 2 al 5 de la Constitución

20181118

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Siguiendo nuestro comentario de la Constitución leemos en su

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y finalmente el artículo 5: La capital del Estado es la villa de Madrid.

De modo que “la indisoluble unidad de la Nación española” del artículo 2 depende de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español” del artículo 1, pero “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, de modo que las nacionalidades y regiones tienen derecho a ser autónomas. Pero ¿cómo pueden ser autónomas si no son autosuficientes financieramente? Sí estoy hablando del “tracte just” que la Comunitat Valenciana reclama. Y la solidaridad ¿tiene que ir hasta el último extremo, durante todos estos 40 años? ¿no debe, más bien, ser limitada a un porcentaje del PIB o de la recaudación de cada una, para ponerlo en común y de un modo organizado, por ley, distribuirlo entre las menos ricas como una estrategia para el desarrollo, no para un mantenimiento o sostenimiento de unos niveles de percepción social de riqueza? ¿no es más justo estimular el crecimiento, en lugar de sostener económicamente a las regiones deprimidas? Como dice el consejo “da un pescado al pobre y hoy no tendrá hambre, enséñale a pescar y no tendrá hambre nunca” o algo así.

En efecto, sostengo que la solidaridad entre las regiones y nacionalidades debe tener un techo, que debiera fijarse en un porcentaje de la recaudación impositiva, con un límite temporal; no puede ser indefinido. No es sostenible un estado “benefactor”, cuando a duras penas se sostiene un estado del bienestar. La distribución de la solidaridad no puede dejarse al gobierno de turno; y por el hecho de que así se ha hecho, así nos va.

El artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, de la Nación española, de las nacionalidades y de las regiones, que todo son España. Lengua que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Me pregunto si a los extranjeros que se les otorga la nacionalidad española se les hace un examen de castellano y si acaso, de cuál, del castellano dialectal que enseñan en las escuelas de Andalucía, de Extremadura, del Archipiélago canario y de algún otro sitio más, o del castellano estándar. Y lo digo porque a mí, que empiezo a ser duro de oído, me cuesta mucho entender a los que se comen las s finales o las sustituyen por el sonido de j, cambian las r por l. Me parece, que todos los que van a la escuela, en toda España, en todo el Estado, deberían salir sabiendo pronunciar adecuadamente el castellano estándar como el de Ana Blanco del Telediario de TVE La 1, pero ¿cómo lo van a aprender si sus maestros no lo saben pronunciar bien? No estoy hablando del acento, el acento se nota en las vocales, más o menos vocales, más o menos abiertas o cerradas. Estoy hablando de casi otro lenguaje que se come consonantes, estoy hablando de nuevos dialectos que se comen a la lengua estándar. No hay más que atender cómo han hablado o hablan muchos líderes políticos. Parece pues que ese deber de conocer la lengua castellana no se cumple, al menos, completamente, y no es el caso, precisamente, en los lugares que tienen lengua propia.

No tengo ninguna duda del derecho que asiste a todo español de hablar en castellano y de ser atendido en castellano, en toda España, aunque, como dice a continuación el artículo 3.2 “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas” y si cada uno de nosotros, como españoles, nos creemos, sabemos, cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas… será objeto de especial respeto y protección”, lo que quiere decir que también debemos saber, conocer, entender y hacernos entender en la lengua de la Comunidad Autónoma en la que residimos, porque de otro modo ni hay respeto, ni protección. A una lengua se la respeta usándola y usándola bien.

En el preámbulo vimos que es voluntad proclamada de la Constitución “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo y repito, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

En el artículo 4 se define la bandera de España y el derecho a que los Estatutos de autonomía reconozcan banderas o enseñas propias a utilizar junto a la bandera de España. Cuando comencé a salir al extranjero, especialmente a USA y a los países nórdicos, me sorprendió el aprecio que tienen hacia su bandera, pues en las casas privadas, no en los balcones a modo de manifestantes, sino en un sitio exprofeso, especial, honroso, ondean la enseña de su patria. Me emociona. Pero lo cierto es que en la Constitución española no se habla de ella más que en este artículo (dos veces bandera, una, banderas [de las Comunidades Autónomas] y en el 149 ‘abanderamiento’ en la Marina Mercante. ¿Por qué será que no hablaron más? Quizás los padres de la Constitución se daban cuenta de que habrá que pasar mucho tiempo (mucho más que estos 40 años) antes de que la bandera, apropiada por la dictadura y por los partidos de derecha de corte centralista, llegue a sentirse como algo entrañable también por todos los demás.

Finalmente comentemos el artículo 5 que indica cuál es la capital del Estado: Madrid. Tampoco dicen nada más aquí, pero todos nos damos cuenta del plus económico en favor de la villa y corte que le da dicha capitalidad. Otros países han radicado en diferentes capitales por todo el Estado organismos como podrían ser el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos más. Pero aquí en España, después de 40 años, nadie se atreve. Pues bien, si se quiere integrar la vida de los que formamos todas las nacionalidades y regiones en el Estado, en la Nación española, en España, habrá que hacerlo.

De nuevo me pregunto, como en ocasiones anteriores, ¿soy negativo? No. Pienso que el egoísmo partidista ha tenido un mal papel. Los partidos se han aprovechado de lo que no está suficientemente claro, lo que no se ha desarrollado en leyes, de la Constitución, para mantener su statu quo, cada uno tirando hacia su propio lado, y, tal como están las cosas, no creo que haya nadie o surja en breve alguien que regenere la vida política, cambiando los partidos desde dentro, con prácticas democráticas, listas abiertas, cambiar la ley electoral y otras muchas cosas necesarias, por el terror que tienen a perder el sillón y el pesebre, cariñosamente dicho desde mi atalaya de la edad. Otra vez digo que los que no hemos hecho nuestro papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, no hemos escogido en cada momento a los mejores o a los que podían, actuando conforme a los principios de la Constitución, ilusionar a toda la ciudadanía de las diversas nacionalidades y regiones y a la siguiente generación.

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El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

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Bondad y corrupción humanas

BONDAD Y CORRUPCIÓN HUMANAS

20180817

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

Me refiero a la vida pública, y en cuanto a ella, algunos, si no muchos, nos sentimos desanimados de ver las mentiras, las estrategias dialécticas verbales de unos contra otros, la corrupción, el egoísmo, el oportunismo, el abuso del momento mediático, el uso y el abuso de la justicia con intención de sustituir a la política, el que se entienda o se cacaree que unas mayorías no tienen legitimidad por ser unión de varios partidos o ideologías y un sinfín de cosas más que sería prolijo enumerar.

Estoy harto de ver la falta de colaboración de unos con otros, cada uno arrimando el ascua a su sardina. Criticando destempladamente lo que hacen otros o lo que hicieron, cuando los que ahora critican, han estado haciendo, o lo hacen, igual o casi igual de mal, o de bien.

La política no debería ser una riña constante de palabras. Y digo riña de palabras, porque casi siempre sólo se usan argumentos, pocos datos, menos ciencia y nada de espíritu de colaboración. Y eso ¿por qué? En realidad, sois servidores públicos o al menos, tenéis ese nombre, pero, probablemente, demasiados pensáis como aquel, que dijo que estaba en la política para forrarse. ¿Es esa la razón? ¡Qué desgracia si estoy en lo cierto!

El momento es desaforado. Se necesita espíritu de concordia, espíritu de, poner a disposición de los demás nuestras capacidades y talentos para que las cosas, en la política, se hagan de la mejor manera posible. Y sí, voy a recuperar la palabra, se necesita espíritu de consenso.

¿Acaso alguno cree que los demás son mucho peor que nosotros? En realidad, son poco más o menos igual de malos; y lo he enfocado por lo negativo, porque no quería preguntar si alguien se cree superior a nosotros, porque todos somos buenos y malos, altruistas y egoístas, colaboradores y antagonistas.

Y todo esto es así porque, de acuerdo con las pruebas científicas obtenidas los últimos treinta años, somos fundamentalmente buenos, pero estamos sujetos a la corrupción de las fuerzas del mal, o lo que es lo mismo, somos esencialmente malos, pecadores, pero susceptibles de ser redimidos por las fuerzas del bien. Estamos hechos para dar la vida en favor de un grupo o al contrario, anteponernos a nosotros y a nuestras familias por encima de todo. Y de nuevo, esto es así porque la selección multinivel, en este caso la conducta social hereditaria, mejora la capacidad competitiva, no sólo de los individuos dentro del grupo, sino además de los grupos en su conjunto.

Un rasgo que nos identifica a los humanos es que somos obsesivamente curiosos, queremos saber lo que hacen otros. Somos genios o nos lo creemos a la hora de interpretar las acciones de los otros, y así, evaluamos, difundimos, intimamos, cooperamos, cotilleamos y controlamos, en lo posible a los demás. Y de ahí los comportamientos de los que me he quejado en párrafos anteriores.

Otro rasgo, es el abrumador deseo instintivo de pertenecer a un grupo, que define nuestra identidad y que nos concede a todos un complejo de superioridad (no solo a los criticados por ser nacionalistas).

Es un hecho probado científicamente que deseamos y preferimos, estar con gente de aspecto parecido al nuestro, que hable el mismo idioma o incluso, el mismo dialecto; con quien compartamos creencias (no me refiero a religiosas sólo). Y la amplificación de esta tendencia, desemboca fácilmente en racismo o en intolerancia religiosa: es decir, los buenos, pueden actuar con maldad.

Y además, está el problema del conflicto dentro del grupo. Los egoístas, los tramposos, si no se les pilla y excluye, se imponen a los altruistas, a los colaboradores y a los que reciprocan. Pero los grupos formados por altruistas se imponen a los compuestos por egoístas; dicho de otro modo, la selección individual fomenta el pecado, la selección grupal fomenta la virtud. Es el eterno conflicto, que no es una prueba de Dios ni una maquinación de Satanás, sino que es así como se resolvieron las cosas en nuestra evolución como especie. De modo que pudiera ser, lo mismo que es en la ciencia, que el conflicto sea la única manera a través de la cual pueda evolucionar la organización y la inteligencia humana. Tendremos que vivir con este caos congénito que, en realidad, como dice Wilson es la principal fuente de nuestra creatividad.

Entonces ¿por qué me quejo?, porque no estoy seguro de que estemos aprovechando bien a nivel de grupo la cooperación, la reciprocidad, el altruismo; mientras que sí estoy seguro de que, a nivel de individuos, muchos, casi todos ellos políticos, están aprovechando muy bien su egoísmo contra el grupo, sus trampas y sus mentiras. Por eso es necesario expulsarlos de la vida pública, extrañarlos, que se ganen la vida trabajando, no en la política.

Es necesario que las instituciones docentes estén más allá de la política y por encima de ella. La universidad no debería estar tan politizada, no deberían crearse universidades, como se ha hecho, para compensar la politización de otras; la docencia, y no me refiero sólo a la reglada, debería ser la tutora de las nuevas generaciones hacia el interés civil por la polis, por la política; debería ser el germen de las preguntas, del conflicto, de las ofertas de diálogo, de las tesis contrapuestas, de las síntesis a las que se llegara, quedándose este debate, de momento, en el ámbito estudiantil y docente universitario para que, posteriormente, trascendiendo más allá de este ámbito, las ideas se asienten en la sociedad civil, que es la que debería estar más politizada.

Y mi discurso ¿para qué sirve? Para poner en valor la importancia de nuestras decisiones a nivel individual y grupal. Hay que aprovechar el conflicto para cambiar las cosas: los políticos, los partidos, la universidad, la política. Se acercan momentos en los que disfrutaremos de derechos que permitirán conformar tanto el marco de decisiones grupales como las propias políticas comunitarias, estatales, autonómicas o locales. ¿Tenemos claros los conflictos de intereses? ¿Tenemos claros los pasos para resolverlos? El marco en el que debatir ideas y aclarar esos pasos, esas propuestas, debería empezar ya, entre la sociedad civil, y debería estar también más allá de las instituciones y partidos, en la propia calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora todos tenemos la oportunidad de hacernos oír, no es necesario otros 15 Ms; el debate debería empezar ya. Eso de “no nos representan”, no es para decirlo, sino para evitarlo; echémosles fuera, quitémosles la oportunidad.

No permitamos que los viajes para dejarse fotografiar, los seminarios de fin de semana, los congresos de los partidos, en los que se pontifican sus propuestas e ideologías para salir en los medios de comunicación, donde no hay ni debate ni ciencia, sustituyan a la sociedad civil. No consintamos nuestro servilismo.

No hay superioridad moral de nadie sobre otros. Todos somos, o debemos ser, igualmente actores de nuestro presente para mejorar nuestro futuro y el de nuestro grupo y de las nuevas generaciones, que no debe consistir en una lucha de todos contra todos, sino de todos para favorecer el grupo o grupos concéntricos en los que convivimos: local, y hacia arriba, autonómico, estatal y europeo.

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El empecinamiento ha dañado la “res publica”

EL EMPECINAMIENTO HA DAÑADO LA “RES PUBLICA”

04.11.2016

Federico M. Rivas Garcia – Doctor en Derecho

 

Referido a España, tiempo después del 20D, como ciudadano, me “mojé” y dije en las redes sociales que la única solución viable era la de un gobierno del PP en minoría.

A pesar de lo que dije y habiendo vivido lo que ha ocurrido, tengo que confesar que no creía yo que el entonces Presidente del Gobierno en funciones fuera tan empecinado. Tampoco creía que lo fuera también el entonces Secretario General del PSOE. Pero lo cierto es que o por uno o por el otro, o mejor, en plural, por unos o por otros, hemos visto que se ha perdido casi UN AÑO, tiempo que no volverá, poniéndonos los ciudadanos nerviosos y produciéndose un daño, veremos cuándo es reparable, a nuestra estimación de la actividad política, de los partidos y a nuestra valoración de las personas que se dedican a ella.

Si no había otra solución que aceptar que uno u otro cediera, para cualquier acuerdo de gobernanza, ¿dónde está el patriotismo de los que se les llena la boca cuando lo pronuncian? O ¿dónde está el poner por encima de todo el bien de los ciudadanos de los otros? O ¿dónde está la humildad, el deseo de trabajar en el gobierno o en la oposición para mejorar la patria, nuestra querida tierra?

Ciertamente los ciudadanos estamos muy dolidos. El curar estas heridas morales va a dilatarse en el tiempo. La “res publica” ha sufrido.

Sólo si, como consecuencia de ese gobierno en minoría, todos, el PP (cuyo presidente no quiso apartarse a un lado), el PSOE (cuyo Secretario General ha tenido que ser apartado), los aprendices de políticos (que no se conforman con que las cosas se queden como están y dicen que “pueden” cambiarlas saliendo a la calle) y los partidos más cercanos, en los territorios con algún sentimiento identitario, se ponen a trabajar y a colaborar, tomando decisiones sobre asuntos que previamente han sido debidamente estudiados por expertos (no por aprendices no competentes [que es lo que son la mayoría de los diputados]), debatidos en profundidad y consensuados, transformando en disposiciones legales ese trabajo, podremos perdonar tamaña vergüenza que hemos tenido que pasar.

Si son nuestros servidores ¿por qué no han servido al país y a sus ciudadanos? Más bien, se han servido a sí mismos en beneficio de los partidos que representan, o a sus propias personas, pensando en su poltrona o en las ventajas que dentro de su partido o en el gobierno de España podrían llegar a obtener.

Si sabemos en esta época de luces que nunca nadie tiene la verdad objetiva y que sólo existen aproximaciones a la verdad, a la expresión de la realidad. ¿Por qué todos han actuado “ex catedra” arrogándose infalibilidad? Por egoísmo. Porque pensaban que para sus intereses partidistas o personales les iba mejor.

¿A estos tenemos que dejar la gobernanza pública?

El privilegio de gobernar un país se debe dejar para los mejores y porque uno tenga las iniciales MRB no asegura que lo haga ni Muy, ni Requetebién, ni Bien.

Y los mejores no son los que “la” ven venir y esperan a que “escampe”, o a que se “pudra”, o a que se cure por sí sola la herida. Los mejores tampoco son los que no quieren pactar con los que más votos han obtenido, porque con ello han permitido una situación insostenible que iba a peor. Ni tampoco son los mejores los que “cuanto peor mejor “, porque así habrá excusa para la revolución de la nueva política y vendrá el cambio; habrá excusa para incitar a salir a la calle a hacer democracia de pancarta y manifestación, tratando hacer ver un poder que las urnas no les confirieron.

Después de la investidura todos debemos estar atentos a cómo se desarrollan las cosas pues la oposición, toda la oposición, tiene el deber de hacerla de modo responsable y razonable.

La solución a los problemas de España no tiene 17, ni 50 o 52 alternativas, sino pocas, pues vivimos en la UE con normas y Directivas que cumplir, en un mundo de libre mercado, con acento social, y para gobernarlo debemos preocuparnos por la economía del bien común y no por la que acentúa las diferencias. Evitando los grandes errores que todos conocemos y que llevan a una desigual distribución de la riqueza y que se resuelven con una acertada política fiscal que la redistribuye, la cual se tiene que desarrollar a nivel de la UE para que sea efectiva, al resto de cosas, de problemas, estoy seguro que todos darán una solución semejante.

Así que lo que hace falta es que no se enzarcen en discusiones peregrinas y se pongan a trabajar como si estuviéramos en una emergencia, colaborando todos, aportando ideas todos, respetando todos, las ideas de los demás. El tiempo perdido se tiene que recuperar. Se tiene que estimular el crecimiento mediante el consumo por medio de poner a disposición financiación adecuada y suficiente.

Hace falta tener confianza en el futuro. Si la hay también hay actividad, hay puestos de trabajo; si hay trabajo la recaudación fiscal crece y se puede dedicar mucha parte del presupuesto a otras cosas necesarias que no sean las prestaciones o ayudas por desempleo. Aunque el gasto público siempre tiene que ser eficiente. Los que lo deciden no pueden ser derrochadores manirrotos como lo han sido unos y otros.

Todos debemos ponernos las pilas, confiar en un cambio de actitud, en que tanto los sinvergüenzas, como los estafermos, así como los egoístas que piensan en su propio partido y sillón; los que mienten al pueblo ofreciendo cosas irrealizables (muchos son), los populistas, y todo el pueblo, nos vamos a poner a trabajar duro confiando en el futuro.

Sólo si los políticos hacen trabajo bien hecho, podremos perdonarles el daño que han hecho a la cosa pública.

Somos buenos, tenemos iniciativa, estamos preparados, somos trabajadores y hemos aprendido la lección y no vamos a consentir que la clase política eche a perder nuestro futuro. Nosotros pondremos todo nuestro corazón en ello, pero si fuera necesario, para eso están una moción de censura, los votos o los tribunales.

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