El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

Las oenegés, la aventura y la corrupción

Las ONGs, la aventura y la corrupción

20180909

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

El Aquarius que viene, y el Open Arms que se apunta; el trato a los migrantes del primero y el distinto trato a los migrantes del segundo. Y muchos vistiendo un chaleco rojo con un logo, con mascarilla o sin ella. ¡Qué aventura, dar de nosotros mismos en favor de los que sufren y están en riesgo! Gran satisfacción interna de cada uno de los participantes por hacer una gran labor. Los sitios web de uno y de otro. El apelar a la bondad, a la compasión, a la cooperación humanas, en definitiva, a las emociones.

Ya hace tiempo (ejemplo: 2012) que supimos (1ª persona plural del pretérito perfecto del verbo saber) la desagradable noticia de la detención de 14 personas por corrupción. Algunos responsables de ONGs, otros, asesores de éstas y una gran parte funcionarios o personas de confianza del Gobierno Valenciano que otorgaban las subvenciones en connivencia. Dinero que tendría que haber ido a cooperación internacional con países en desarrollo se quedó en el patrimonio personal de desaprensivos, más bien, ladrones. Es el caso Blasco del que hemos tenido cumplida información a lo largo de este tiempo.

Ya hace mucho tiempo que sabemos (1ª persona plural del presente de indicativo) de este tipo de problemas. Ahora con las ONGs “salvavidas” en el Mediterráneo, organizaciones que se constituyen para la actividad concreta de ir a navegar cerca de las costas de salida de las pateras, u otro tipo de embarcaciones, en las que las mafias suben a los que quieren un futuro económico mejor (también a los que huyen de guerras), a cambio de dinero o de deudas que las mafias les obligan a cumplir mediante coacción y fuerza; a las que los mafiosos comunican, o dejan que sepan, haber enviado o avistado la endeble embarcación para que vayan a salvarla. Esto es, absoluta y completa connivencia de los responsables de las ONGs o de los capitanes de los barcos, y de muchos más que, de ese modo, tienen actividad (económica) muy emotiva, con buena prensa entre los que practican el “buenismo”, porque están llevando a cabo bondad amorosa, obras de misericordia, salvando vidas.

Si lo vemos como “buenismo” erramos, pues el gobierno, o los gobiernos, o la UE, son los que tienen la competencia y responsabilidad de acudir y de realizar las acciones para impedir masacres, abusos, delitos, situaciones de riesgo, y lo deben hacer mediante Agencias oficiales. El dejar esas competencias, o parte de ellas, a la iniciativa privada da pie a la actividad económica privada con lucro o sin él, pero a vivir de ella.

¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia del Estado no hayan alertado (si lo han hecho, peor todavía) del abuso que representa la sincronización entre esos que practican el “buenismo ONG” y las mafias que trafican con seres humanos?

Por eso, el que sí que yerra es el Estado, el Gobierno de Sánchez, apuntándose al buenismo, y la Comunidad Autónoma, el Gobierno del bi(tri)-partito, que también quiere estar en el evento, y el Gobierno de las instituciones de Europa; pues son los que tienen responsabilidad por el posible uso incorrecto o fraudulento de fondos por parte de las ONGs y de quienes los asignan, sean públicos o privados, porque la tutela de las Fundaciones y Asociaciones con fines no lucrativos compete al Estado y a las Comunidades Autónomas. A la vista está que son imprescindibles auditorías profesionales bajo este punto de vista para las ONGs, pues hay muchas posibilidades y oportunidades para los corruptos que asignan o administran fondos, de que los usen para generar, simple y llanamente, actividad económica.

Es una lástima, pero, demasiados nos engañan con las ONGs, haciéndonos creer que son altruistas, cuando lo que hacen es aprovecharse para vivir, tener un trabajo, más bien una aventura, pues eso de viajar y quedar como bueno y fotografiarse con niños o mayores en estado de necesidad, desahuciados de la vida, da mucho caché. Demasiados nos engañan también con retribuciones que perciben de las organizaciones sin ánimo de lucro para ellas, pero sí para quienes las dirigen, para quienes trabajan en ellas (porque de algo tienen que vivir), o, incluso, como el caso Blasco, directamente robando fondos.

¿En qué deja a las personas verdaderamente altruistas y a las organizaciones que de verdad se preocupan por mejorar el mundo? En muy mala situación para poder discernir, pues injusta e incorrectamente, los donantes sinceros piensan que son todos iguales.

Otra cosa, ¿quiénes son los que pedían el 0,7 % para ayuda al desarrollo? Afirmo y contesto que eran y son: los que se apuntan al carro de la publicidad del altruismo, los que quieren tener dinero para administrarlo de mejor o peor manera, los que con eso consiguen trabajo retribuido, incapaces de conseguirlo de otro modo, o, incluso, consiguen poder. Y, obviamente, también algunos honestos que se desvelan por otros, a quienes hay que agradecer su buenísima disposición.

Pero dada la situación si alguien me habla del 0,7 % para ayuda al desarrollo, lamentablemente, pensaré que quiere aprovecharse mediante la corrupción, porque las prácticas que he descrito son corrupción. ¿Entonces es que quiero decir que no hay que ayudar a los desfavorecidos? Ciertamente no, sino que hay que hacerlo asegurándonos de que nadie se aproveche incorrectamente. Por eso la ayuda al desarrollo de países extranjeros hay que hacerla de un modo que asegure el buen uso de los fondos: intergubernamentalmente o a través de la ONU. Aun así, esto no es suficiente porque hay gobiernos corruptos o estados fracasados, cuyos ciudadanos precisan ayuda, pero parece que se puede conseguir más control, especialmente destacando a profesionales de Agencias gubernamentales a dichos lugares, en lugar de personas y organizaciones privadas.

Por otra parte, como he dicho, el Estado tiene responsabilidad por el uso fraudulento de fondos por parte de las ONGs. No debe dejar de asumir su responsabilidad. No podemos ser cómplices de las mafias, no podemos generar actividad económica y puestos de trabajo retribuido a causa de la actividad de trata o tráfico de seres humanos y en connivencia con delincuentes.

La corrupción al asignar o administrar fondos a, o en las ONGs, es como la pederastia en las confesiones religiosas. Nos desanima y desmoraliza profundamente. Habrá que hacer un esfuerzo para investigar, controlar y perseguir a los corruptos.

 

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

Pensamientos entorno al 1 de octubre catalán

 

PENSAMIENTOS ENTORNO AL 1 DE OCTUBRE CATALÁN

10092017

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo del 10/09/2017

 

Los sufridos ciudadanos que nos sentimos lo que somos por nuestro origen o adopción y, además, españoles, tenemos el corazón en un puño. ¿De qué hablo? Del 1 de octubre próximo en Cataluña.

Catedráticos de Derecho Constitucional o Administrativo comentan en los medios sobre las alternativas y la complejidad de aplicación de diversas medidas basadas en:

  • Constitución. Aplicación del artículo 155 aprobada por la mayoría del Senado con la que cuenta el PP, aunque no parece lo más adecuado salvo que se cuente con la cooperación de otros partidos que amplíen claramente dicha mayoría.
  • Constitución. Declaración de estado de excepción, sitio o alarma, que podría aprobar el Congreso de los Diputados.
  • Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Medidas administrativas que corrijan de inmediato las decisiones contra ley. Todos los servidores públicos, funcionarios y demás, están sujetos directa o indirectamente a llevar a cabo o impedir actividades concretas, con la sanción, en su caso, previo apercibimiento, de apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa y compulsión sobre las personas.
  • Código Penal. Delitos de rebelión, sedición, prevaricación, usurpación de atribuciones, que los pueden cometer los funcionarios contra lo establecido en las leyes y en la Constitución; o de resistencia a la autoridad, desobediencia a resoluciones judiciales.
  • Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual, actualmente, cuenta con la posibilidad de ordenar: hacer efectivas sus decisiones, con sanciones coercitivas económicas en forma de multas; suspender cautelarmente a autoridades de incumplan sus decisiones; requerir al Gobierno de España la ejecución sustitutoria de sus resoluciones.
  • Alguien también ha hablado de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (36/2015) por la que todas las autoridades y los particulares quedan sujetos a las medidas que puedan adoptarse por el Presidente del Gobierno mediante declaración previa de situación de interés para la seguridad nacional, con lo que puede tener el control completo y directo en cualquier situación que se catalogue de crisis, sin necesidad de hacer intervenir a otros órganos o llevar a cabo declaraciones de estados excepcionales.

Pero, además de lo dicho, generales de la reserva, publican artículos que advierten de graves consecuencias; las redes sociales se llenan de vídeos históricos de tiempos pasados de los que casi nadie queda para poderlos recordar en primera persona; o vídeos burlones tanto contra los que quieren llevar a cabo un referéndum como contra los que, especialmente el Presidente del Gobierno de España, dejan pudrir el problema y, de momento, no llevan a cabo acciones proactivas algunas para su resolución.

Ciertamente, después de haber dejado pasar el tiempo, ahora, esto, tiene difícil solución. Pero quien gobierna y quienes han sido elegidos para tener un papel en Las Cortes españolas, tienen la obligación de actuar y de explicar lo que se va a hacer. Ya basta de jugar al escondite: si lo hacen los gobernantes de Cataluña, que no lo hagan los gobernantes de España. Queremos saber cómo se va a arreglar el problema. No queremos ni que se piense que vaya a haber enfrentamientos violentos, de los que algunos catastrofistas nos advierten.

No quiero enfatizar, pero sí recordar, lo que ya he dicho otras veces: que la solidaridad debe tener un límite; que la unidad no está reñida con la diversidad y no tiene que ver con la uniformidad; que los sentimientos a veces no se pueden controlar con la razón; que la cooperación tiene recompensa; que uno no puede jugar el juego de la vida (en este caso, los territorios no pueden jugar ese juego) con los que siempre quieren ganar de un modo u otro (véase mi artículo acerca de la solidaridad entre los territorios de una nación en https://federicorivas.wordpress.com/2016/09/07/la-solidaridad-entre-los-territorios-de-una-nacion/) ; que reciprocando todos tenemos más; que siendo egoístas y estando solos todos tenemos menos porque el pastel a repartir es menor.

Por lo tanto, no abusemos unos de otros.

Y una cosa hay que decirla clara: queremos que nuestros hermanos catalanes queden dentro de una España amplia, respetuosa de las diferencias y acogedora para con sus hijos.

Creo que un mensaje de ilusión hacia España, desde esta orilla del mar y pidiendo amor por la diferencia en la que estamos algunos, nos tranquilizará. Son las palabras del poema Iberia de Joan Maragall, que dicen:

 

Sola, sola enmig dels camps,
terra endins, ampla és Castella.
I està trista, que sols ella
no pot veure els mars llunyans.
Parleu-li del mar, germans!

El mar és gran i es mou i brilla i canta,
dessota els vents bramant en fort combat,
és una immensa lluita ressonanta,
és un etern deler de llibertat.

Guaitant al mar els ulls més llum demanen,
bevent sos vents els pits se tornen braus;
anant al mar els homes s’agermanen,
venint del mar mai més seran esclaus.

Terra entre mars, Ibèria, mare aimada,
tots els teus fills te fem la gran cançó.
En cada platja fa son cant l’onada,
mes terra endins se sent un sol ressò,
que de l’un cap a l’altre a amor convida
i es va tornant un cant de germanor;


Ibèria! Ibèria! et ve dels mars la vida,
Ibèria! Ibèria! dóna als mars l’amor.

Los estados fallidos

Los estados fallidos.

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.04.29

Ya sé que no es el momento de hablar de ello. La crisis económica, que todavía perdura, el no tener para uno mismo, hace que uno se olvide de los demás, pero estamos en una época del año en que se habla mucho del amor fraterno, absolutamente necesario para cooperar y tener éxito como humanos.

Sí, nos olvidamos de los demás, y si no, mirad lo del 0,7 % del PIB para Ayuda oficial al desarrollo (AOD). Ni se habla de ello. Los responsables de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, se comprometieron en mayo del 2005 a elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,56% del PIB comunitario en el año 2010 con el objetivo de alcanzar la cifra del 0,7% en el año 2015. Esto hubiese supuesto destinar al desarrollo 20.000 millones de euros más al año a partir de 2010. Sin embargo, el objetivo del 0,7 que fijó la ONU hace 35 años, sólo lo han cumplido en algún momento cuatro países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia.

Por eso, hablar de los Estados fallidos quizá no sea el momento. Pero como consecuencia de las revueltas populares de Túnez, Egipto, Libia, Siria y … las que probablemente podrían llegar a venir, me interesa sacar a colación el tema de los Estados fallidos.

Son Estados fallidos, no hay duda, estados como Somalia, por ejemplo, u otros lugares en donde el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras no está en manos del Estado, sino en las de los señores de la guerra o los grupos paramilitares.

Aunque el término también se emplea para referirse a otro tipo de Estados en donde hay altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política, mercado informal, ineficiencia judicial, interferencia en la política de poderes fácticos con presupuesto y poder político, muy superiores al del Gobierno.

Por otra parte algunos consideran que el concepto no es del todo claro y es manipulable políticamente.

No obstante el centro de estudios estadounidense Fund for Peace emite anualmente el Índice de Estados Fallidos (Failed States Index) que se publica en la revista Foreign Policy. Clasifica a los países basándose en doce factores, como la presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

En el año 2010 fueron incluidos 177 Estados, de estos 37 fueron catalogados como “en alerta”, 92 “en peligro”, 35 como “moderados”, 13 como “sustentable”. Los peores 10 son lo que alisto a continuación:

  1. Somalia
    2. Chad
    3. Sudán
    4. Zimbabue
    5. Rep. Dem. del Congo
    6. Afganistán
    7. Irak
    8. República Centroafricana
    9. Guinea
    10. Pakistán

¿A dónde me lleva esto? A lanzar lo que, incluso para mí, parece una peregrina idea, pues imaginad lo que se podría hacer con los 20,90 millones de parados de la Europa de los 28 estados a finales de 2016, la mayoría de los cuales han tenido algún tipo de prestación contributiva y ahora, quizás, tienen ayudas a cargo de los Presupuestos generales de su Estado.

En lugar de incentivar el venir al primer mundo, habría que incentivar el ir al tercer mundo a ayudar bajo el paraguas de la ONU a organizar el Estado para que dejara de ser fallido, incluyendo fuerzas del orden, funcionarios de todo tipo, pero sobre todo, ayudar a la prestación de los servicios básicos, entre ellos los de sanidad y educación.

No todos valdríamos, lo sé. Pero muchos estarían encantados de hacerlo, de hecho lo están y van altruistamente mediante colaborar o trabajar con alguna ONG.

Pero lo que digo es algo mucho mayor. Lo que sugiero es que hay que enviar Altos dirigentes para organizar y planificar el país, su economía, su vertebración social y territorial; Altos funcionarios para aconsejar a esos Altos dirigentes; Empleados de a pie que hagan el trabajo; y Fuerzas de seguridad que tengan a su cargo el mantenimiento del orden para que los demás trabajen. Algo así como una Administración temporal bajo el paraguas de la ONU. Incorporando, poco a poco, a los autóctonos que hayan aprendido (no a robar sino a gestionar bien la cosa pública) y posteriormente, en un acto trascendente, de legítima satisfacción moral mundial, ceder el control total.

Esto es un sueño, pero dejadme soñar. No parece serio lo que he dicho. Pero ¿por qué no?

Estamos manteniendo a gente que no tiene otra cosa para comer que lo que compran con las ayudas gubernamentales que reciben después de haber agotado la prestación por desempleo. Muchos de esos y otros, especialmente los jóvenes, estarían dispuestos a poderse ganar la vida en un país extraño, durante un tiempo, aprendiendo bien uno o dos idiomas, el inglés como idioma franco y el del propio país, aprovechando el que son JASPs, es decir, jóvenes aunque suficientemente preparados, poniéndose como reto histórico haber contribuido al éxito de un Estado previamente fallido.

 

La solidaridad entre los territorios de una nación

LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS TERRITORIOS DE UNA NACIÓN

Frederic M. Rivas Garcia – Doctor en Derecho

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo del 05.09.2016

 

Desde nuestro más lejano pasado hemos precisado de la cooperación y de la reciprocidad como comenté en mi artículo anterior y estoy seguro de que todos podríamos estar de acuerdo en que la solidaridad es buena y necesaria para tener éxito no sólo individualmente sino como pueblo.

Del mismo modo que nuestros antepasados aprendieron a cazar en partidas para poder cobrar piezas grandes (de otro modo, en solitario, sólo lo podían hacer con piezas pequeñas) que distribuían entre los que participaban, lo que contribuyó a desarrollar procedimientos de reparto, dando paso a la justicia (dar a cada uno lo suyo), en tiempos modernos usamos el crédito y la solidaridad como medios para conseguir llevar a cabo proyectos que de no ser por ellos se retrasarían mucho en el tiempo o, incluso sería imposible su realización.

Con el crédito podemos comprar cosas de un precio elevado sin esperar a tener acumulado el importe del mismo. Ciertamente ese poder disfrutar ahora de lo que compras sin tener dinero para ello, te cuesta el tipo de interés pactado, justa retribución para el prestamista por el tiempo de uso de su dinero y el riesgo que asume de que no se le pueda devolver.

Con la solidaridad (ahora aplicada a los territorios, es decir a las personas organizadas en entidades políticas que pueblan dichos territorios; aunque también se podría aplicar a las personas individualmente, si hubiera tal bondad) se ayuda lo mismo que con el crédito, pero gratuitamente, sin pagar tipo de interés, aunque también haya uso de dinero durante un tiempo y riesgo de no compensación.

Y eso es lo que ha pasado a lo largo de unos tres siglos, tantos como desde que el territorio de España fue gobernado, financieramente hablando, de forma centralizada, decidiendo desde un sólo lugar, la Corte, o la Villa y Corte, el destino de los dineros. Y me refiero al destino de los dineros que iban y han ido a las inversiones en infraestructuras y servicios en los territorios.

Algunos territorios han estado aportando a la Hacienda común mucho más dinero que el que el Gobierno ha estado destinando a dichos territorios. Y esos territorios lo han consentido por solidaridad o, peor, porque no tenían otro remedio, salvo la violencia como se dio en las guerras carlistas, origen del cupo vasco y el concierto  navarro.

Territorios como la Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares han estado aguantando que (aún negándoseles la información de las balanzas fiscales para que ellas mismas no lo supieran, hasta hace bien poco), se dispusiera de su aportación a la Hacienda común en beneficio de territorios menos desarrollados.

Ojo, no me olvido de Madrid que también lo ha hecho, aunque la compensación le ha venido por las muchas inversiones y posibilidades que da ser la capital de España.

Aunque la solidaridad intrínsecamente sea buena, no obstante, usar los dineros para favorecer los graneros andaluz y castellano de votos y hacerlo una vez tras otra, es, si no más, completamente injusto, discriminatorio y expropiatorio.

Es cierto, como he dicho al principio, que la solidaridad es necesaria para avanzar más rápidamente, pero la solidaridad no debe provocar falta de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad de aquellos que perciben la ayuda. Y además debe tener un límite porcentual. No debe ser que unos vivan, o mejor dicho, que tengan cosas a costa de otros. Y no hablo de Andalucía o las dos Castillas y Galicia, sino también de la Europa del Sur respecto de la del Norte y Centro.

Del mismo modo que la solidaridad de la Unión Europea con España, Irlanda o Portugal se ha acabado o casi, así debe acabarse la ínter territorial en España, al menos, al nivel que la hemos venido teniendo los últimos 300 años.

Los territorios deben tener inversiones y sostener sus servicios en proporción al peso de su economía, ponderada por su población. Los territorios deben aportar como saldo de la balanza fiscal territorial un importe semejante en porcentaje a como lo hace el cupo vasco (6,25%) o el concierto navarro; o más, si a ellos también se les sube (lo contrario es discriminatorio), y ese importe debe dar para sostener las competencias no transferidas a los territorios (defensa, casa real, representación exterior, servicios comunes como congreso y senado, ministerios e infraestructuras tales como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, AVE, etcétera)..

Si en algún momento en el futuro cercano se replantea la modificación de la Constitución habrá que estudiar cambiarla también en el sentido de poner un límite al abuso de los partidos gobernantes en el porcentaje de solidaridad para no condenar a territorios como el de la Comunidad Valenciana a una situación de expolio fiscal en aras a una solidaridad entre territorios, mientras se niegan las inversiones y la adecuada financiación a otros.

Una interesante reflexión sobre la infrafinanciación histórica de la Comunidad Valenciana se halla en el blog del historiador valenciano Vicent Baydal Sala, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, ventdcabylia.com .

 

 

El futuro de la economía

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

27.09.2015

 

En España, el año 2013 los ingresos medios anuales declarados por los asalariados fueron de 9.012 euros, por los autónomos de 18.787€ y hubo 533.083 contribuyentes que declararon entre 60.000 y 150.000€; por su parte 58.571 contribuyentes declararon entre 150.000 y 600.000 euros anuales y finalmente 4.553 declararon que percibían rentas superiores a 600.000 euros anuales.

 

Efectivamente el IRPF se ha quedado sin ricos, o mejor dicho, sin que los que, siéndolo, ya no se declaran como ricos, debido a que usan ingeniería fiscal que les permite una mejor eficiencia en la disminución de la tributación. A mayor crisis y pobreza, a mayor necesidad de ingresos tributarios, más pocos tributan más. ¿Acaso será que también la crisis les ha afectado? Aunque según los datos parece que es lo contrario, que los ricos cada vez son más ricos y la brecha con los pobres y con la clase media se hace, cada vez, más amplia. Un menor porcentaje de población cada vez posee un mayor porcentaje de la riqueza total.

 

Ciertamente que corrupción, guerras y crisis migratoria no dejan tranquilos a gobernantes y a instituciones tener tiempo para dedicarlo a la resolución de la absolutamente injusta distribución de la riqueza. Pero, ¿creen ustedes que habrá algún momento adecuado para estudiar, debatir y consensuar una política de mejor distribución de la riqueza?

 

Parece que pocos han leído a Piketty y los que lo han hecho se han olvidado de sus propuestas que recordemos que son:

 

Un impuesto sobre los ingresos mucho más progresivo, más tramos altos y con tipos más elevados, especialmente los marginales.

Ello implica más redistribución y más progresividad fiscal, y no es una cuestión técnica sino eminentemente política y filosófica, sin duda, la primera entre todas. El objetivo es repensar la tasa marginal superior del impuesto progresivo sobre los ingresos, de modo que sea más progresivo, tasa o tipo marginal, que según Piketty debería ser superior al 80 % en los países desarrollados, para ser aplicado a las rentas observadas a nivel del 1 % o del 0,5 % de las personas con ingresos más elevados. Es decir, aplicado a niveles de 500.000 dólares o 1 millón de dólares de remuneración anual. Aunque con poca recaudación, cumpliría su objetivo de limitar drásticamente las remuneraciones tan elevadas. También habría que aplicar, según Piketty, tipos del orden del 50 – 60 % en remuneración por encima de 200.000 dólares anuales.

 

Un impuesto progresivo mundial sobre el capital.

Para que la democracia pueda retomar el control del capitalismo financiero globalizado de este nuevo siglo, hace falta inventar una herramienta: ésta. Y aun reconociendo que hoy todavía es una utopía, es bueno tenerla  en mente a fin de evaluar mejor lo que permiten o no otras soluciones alternativas, por lo que es necesario profundizar a nivel mundial en la transparencia financiera, y la transmisión de información es inseparable de la reflexión sobre el impuesto ideal sobre el capital.

Para fijar ideas sobre las que debatir, Piketty sugiere varios baremos:

  • Una tasa del 0% para patrimonios inferiores a 1 millón de euros; 1% entre 1 y 5 millones; y el 2% para patrimonios superiores a 5 millones de euros.
  • O mucho más progresivo, con el 5 o del 10 % para fortunas más allá de 1.000 millones de euros.
  • O se pueden encontrar ventajas de tener una tasa mínima sobre los patrimonios modestos y medios, por ejemplo del 0,1 % por debajo de 200.000 euros y el 0,5 % entre 200.000 y 1.000.000 de euros.

 

La deuda pública.

Algunos países desarrollados tienen deudas públicas muy elevadas, las cuales es conveniente reducir, y no hay modo de hacerlo más allá de implementar políticas que combinen sabiamente la inflación, la austeridad y el impuesto sobre el capital. En efecto un impuesto excepcional sobre el capital junto con la inflación pueden jugar un papel útil; de hecho, ha sido de este último modo como se han reabsorbido la mayor parte de las deudas públicas más importantes. En cambio, una cura prolongada de austeridad es para Piketty, tanto en términos de justicia como de eficacia la peor solución. Entonces, ¿qué hacer para reducir la deuda pública a cero? El impuesto extraordinario sobre el capital privado es la solución más justa y más eficaz, según Piketty. Un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados aportaría casi un año de ingresos nacionales (o PIB) y permitiría el reembolso inmediato de todas las deudas públicas, y el Estado quedaría con todos sus activos pero con una deuda cero. Cada uno contribuye al esfuerzo solicitado y se evitan las quiebras bancarias. Además no es necesario reducir la deuda pública totalmente de golpe, sino en sucesivas ocasiones.

Pero también la inflación podría tener su papel. Una inflación del 5 % anual (en lugar del 2 % de meta actual) en 5 años reduciría el valor de la deuda pública en un 15 % del PIB. Esta es una solución tentadora que ha sido usada a lo largo de la historia. No obstante, la inflación no es más que un sustitutivo muy imperfecto del impuesto progresivo sobre el capital y puede comportar un cierto número de efectos secundarioz poco atractivos, entre ellos, el descontrol de la tasa, es decir que la inflación se “embale”.

 

Es necesario debate supranacional.

No parece que a las instituciones financieras supranacionales les hayan hecho mucho efecto las conclusiones de Piketty, ni han planteado debate alguno sobre ello. Esto de dar la callada por respuesta, no es ni científico, ni profesional, ni transparente. Hace falta debate.

No se ha debatido ni sobre las ideas de Piketty ni sobre las ideas de Jeremy Rifkin con sus estudios sobre la sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas (IdC), el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo tal como lo conocemos. De nuevo hace falta debate. Pero los políticos, probablemente, ni se enteran de las nuevas ideas de la ciencia económica, o no son competentes para debatirlas. No se trata de escoger entre Keynes y Hayek, sino de usar de los medios que las nuevas tecnologías nos permiten con su mercado mundial y con los actuales prosumidores.

 

He usado dos términos procomún y prosumidores que quizás no tengan un uso demasiado extendido, por lo que hace falta aclararlos. Rifkin nos explica que la convergencia del Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía y el Internet de la logística ha dado lugar al Internet de las cosas, el IdC, un espacio en el que la productividad se incrementa hasta tal punto que el coste marginal de producción de muchos bienes y servicios es prácticamente nulo, permitiendo que se puedan ofrecer de manera casi gratuita y que dejen de estar sometidos a las fuerzas del mercado. Esto está dando lugar a una economía híbrida, casi de intercambio, en la que millones de prosumidores producen y consumen conectados a Internet compartiendo su información, su esparcimiento, su energía limpia y sus productos impresos en 3D con un coste marginal casi nulo. Casi todo es para todos a un mínimo coste, como con en el sistema económico de procomún de la antigüedad. Pero tenemos que hablar más de estas cosas.

 

EL DERECHO DE ASISTENCIA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA

El derecho de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

23.08.2015

 

Argumentaba recientemente que la Seguridad Social funciona porque se nutre de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera y porque también el asegurador, en este caso, el Estado, paga los siniestros.

Entre los siniestros, hoy vamos a ocuparnos de la asistencia hospitalaria, médica y farmacéutica; y uso esta terminología para que nos entendamos, porque alguien ha hecho estrategia desglosando de la cobertura “sanitaria” a la “farmacéutica”, como si no estuviera incluida, cosa que creo errónea, pero es la que utilizan políticos y periodistas.

La asistencia hospitalaria es un área muy concreta en la que difícilmente el enfermo incide con su voluntad de posible abuso; si acaso en los servicios de Urgencias, de los que hablaremos enseguida. La vocación de los involucrados, la buena gestión y el control, lo hacen todo para evitar hurtos, abusos o mala utilización de medios y material, al objeto de conseguir la eficiencia en el gasto. Por otra parte, hoy, nadie duda de la necesidad de que el Estado facilite el acceso a dicha asistencia hospitalaria (gestionada de una manera u otra, de la que se puede probar su mejor eficiencia) y no hago referencia a total o parcial, porque, aquí en España, damos por asumido el estado del bienestar y, por tanto, se exige total. La responsabilidad está totalmente en una gestión adecuada del centro hospitalario, por lo tanto en los gestores y nada, o casi nada, recae en el ámbito del paciente.

Respecto de la asistencia médica, es decir, los actos médicos de consulta al paciente, de primeras pruebas (auscultación, revisión etc.) y evaluación, hay que decir cosas tanto de los pacientes como de los profesionales médicos y sanitarios. Ciertamente el médico de cabecera es el consejero tranquilizador y el que puede parar, con la primera actuación médica, la pérdida de tiempo, en su caso, de una actuación especialista u hospitalaria, que son mucho más gravosas económicamente; también es el que añade calidad profesional y humana en el acto médico, pues conoce al paciente de mucho tiempo y, por tanto, tiene una visión de conjunto, del mismo. Hay que traer a colación el hecho de que las mujeres van mucho más al médico que los hombres, habrá por tanto que animar a evitar los excesos, en su caso, de las mujeres y también el defecto de no ir al médico de los hombres, pues retrasar la atención médica es hacer que la enfermedad progrese y sea de más difícil, o no exista ya, solución. Creo, por tanto, que también aquí la responsabilidad principal para evitar el abuso y ser eficientes en el gasto, está en el médico de cabecera.

Con relación a los servicios de Urgencias hay varios problemas totalmente distintos: acudir a Urgencias porque no hay servicios de cabecera; acudir porque se precisen de servicios especializados y pruebas de las que no se pueden disponer con urgencia en el centro de salud de cabecera; o acudir porque haya una urgencia vital. La detección de usos inadecuados del servicio que hacen los pacientes, es responsabilidad de los profesionales médicos y otros profesionales sanitarios. El dar solución para tener servicios adecuados de diversos tipos a fin de evitar que se usen los que no corresponden, es responsabilidad de los gestores de la Sanidad pública. Verdaderamente hay asegurados y pacientes que abusan: habrá que evitarlo no prestándoles el servicio que no es necesario y que puede esperar; con eso se correrá la voz y se corregirá el abuso. Como queda dicho, salvo una concienciación como pacientes de que no tenemos que abusar, la responsabilidad principal está, en este caso de los servicios de Urgencias, en los profesionales médicos que atienden el servicio y en los gestores y responsables del mismo.

Hablemos de la asistencia farmacéutica. Los pacientes, especialmente los mayores, por falta de conocimiento, de formación o por la propia pérdida de criterio a causa de la edad, piensan que lo caro es lo mejor, que (tener) más es mejor, que “es mejor que sobre que falte” y tienen la tendencia a abusar. Pero ahí están los médicos, especialmente de cabecera, que debieran evitarlo preguntando al paciente cuántas cajas tiene en casa, pensando que lo que se prescribe de más (tanto en el hecho de prescribir lo no necesario, como en la cantidad prescrita) lo pagamos todos y no le sacamos utilidad; debemos desechar el pensamiento de que “lo que es de todos (la Sanidad, el Estado) no es de nadie” para cuidar de evitar el abuso en la asistencia farmacéutica. De modo que más allá de la formación a la ciudadanía y de su concienciación respecto que no se puede malgastar en medicamentos que después se tiran a la basura o que, en exceso son dañinos, la responsabilidad está en la clase médica, de nuevo.

Quizás a los médicos no les parezcan adecuadas estas conclusiones, pero son las que se sacan desde el punto de vista de la gestión eficiente y de los pacientes, que reconocemos que precisamos se nos vaya, no sólo informando sino también formando. Sobre todo los gestores de la Sanidad, pública y privada (estos últimos lo saben bien porque afecta directamente a los resultados de su compañía) deben estar muy al tanto de la eficiencia en el gasto, de la corrección de excesos y de la calidad del servicio.

Dicho esto, queda claro que la responsabilidad es de los gestores de la Sanidad como controladores de los profesionales sanitarios y de la gestión eficiente con calidad; de los Protocolos de funcionamiento de los Centros Hospitalarios o Médicos, y de los Directores Médicos y de Gestión que los gobiernan, los cuales deberían ser cambiados si no tienen éxito.

¿Es la corrección de abusos, la evitación de excesos, el perseguir la meta de la eficiencia en el gasto, un recorte de derechos? No.

Con el enfoque del que inicialmente venimos, si los gestores de la Sanidad no consiguen pagar los costos con las primas que se pagan por el seguro, hay necesidad de tomar dinero de otras partes: del capital de las compañías privadas (eso son las pérdidas en el caso de la Sanidad privada), abocándolas a la quiebra, o de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de la Sanidad pública) para compensar el déficit que se produzca.

 

Continúa quedando pendiente de reflexión el enfoque de Estado Asistencial por la idea de que si la Seguridad Social la sostiene el Estado es una forma de redistribución de la renta. También tratar la prestación por desempleo, las subvenciones fraudulentas en temas de empleo, y la defraudación que cometen los que hacen chapuzas en la economía sumergida al mismo tiempo que cobrar la prestación.

Pero, estamos viendo hasta ahora que, en todo caso, son los gestores los que deben ser diligentes para evitar abusos que comprometen el sistema. Son los gestores lo que pueden probar otros sistemas de gestión (por ejemplo, el privado que aunque denostado por algunos partidos de izquierdas, es obvio que los servicio públicos no funcionan tan eficientemente en cuanto a gasto como las empresas privadas, en términos generales) para evitar los problemas de gestión en los que estamos inmersos, aunque en alguna parte también dependa, como hemos dicho, de los asegurados y pacientes.

 

De nuevo me pregunto si racionalizar el sistema, evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Lo que es un derecho de todos es que el gasto sea eficiente, que los gestores respondan ante la ciudadanía evitando el abuso.

EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XXV. Las desigualdades mundiales en el siglo XXI

XXV.- Las desigualdades mundiales en el siglo XXI

17.05.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

¿Hay alguien en las instituciones europeas o americanas que hable de ellas, de las desigualdades? Si los hay, su voz no se oye suficientemente fuerte porque se ahoga entre otros murmullos militares, políticos o económicos. Sólo en las Universidades se oyen algunas voces.

Desigualdades en los rendimientos del capital a causa de la mejor colocación en términos de tipos de rendimiento de las grandes fortunas (del orden del 6 – 7 % anual) frente a los capitales de los pequeños ahorradores (del orden del 4 % anual y hoy, mucho menos). No obstante en tanto que el crecimiento económico (que envuelve tanto el crecimiento del PIB como de la población) sea elevado, la desigualdad r > g (tipo de rendimiento mayor que crecimiento) se verá controlada y el crecimiento de los grandes patrimonios permanecerá relativamente moderado en términos relativos.

Desde los años 1980 los patrimonios a nivel mundial han progresado de media un poco más rápido que los ingresos y los patrimonios más elevados han progresado mucho más rápido que la media de los patrimonios como se ve en la tabla siguiente 12.1. En efecto los patrimonios de los más ricos han progresado del 6 al 7 % anual, contra el 2,1 % anual para el patrimonio medio mundial y el 1,4 % anual para los ingresos medios mundiales (datos netos de inflación calculada al 2,3 % anual de 1987 a 2013).

2015.05.17 Piketty T12.1

 

Traducción:

Tabla 12.1. La tasa de crecimiento de los patrimonios mundiales más elevados, 1987-2013

Tasa de crecimiento real medio anual (después de la deducción de la inflación). Período 1987-2013

Los cien millonésimos más ricos (alrededor de 30 personas adultas sobre 3 millardos en los años 1980, 45 personas sobre 4,5 millardos en los años 2010)

Los veinte millonésimos más ricos (alrededor de 150 personas adultas sobre 3 millardos en los años 1980, 225 personas sobre 4,5 millardos en los años 2010)

Patrimonio medio mundial por habitante adulto

Ingresos medios mundiales por habitante adulto

Población adulta mundial

PIB mundial

 

Nada hay que discutir del argumento en favor de una sociedad de emprendedores con sus innovaciones e invenciones que hacen fortuna. El problema es que la desigualdad r > g incrementada con la desigualdad de los rendimientos en función de la talla del capital inicial y las economías de escala, conduce a menudo a una concentración excesiva y perenne del patrimonio: aunque las fortunas estén justificadas al inicio, se multiplican y se perpetúan, quizás, más allá de todo límite y de toda justificación racional posible en términos de utilidad social y puede conducir, potencialmente, a una dinámica mundial de acumulación y reparto de los patrimonios hacia trayectorias explosivas y espirales desigualitarias fuera de todo control.

Y de esto hablamos en relación al rendimiento de los fondos soberanos en los que se mezcla el capital y la política, que nos hacen formularnos la pregunta si acaso los fondos del petróleo, o los fondos soberanos como el de la China, van a llegar a poseer el mundo. Piketty afirma que la renta petrolera puede, efectivamente, en cierta medida, permitir comprar el resto del planeta y vivir seguidamente de las rentas del capital correspondiente; lo mismo que si la China continúa su tasa de ahorro del 20 % de sus ingresos nacionales hasta 2100 mientras que Europa y América sólo ahorran el 10 %, una parte importante del Viejo Continente y del Nuevo mundo será poseída por los fondos chinos.

Las desigualdades sobre las que estamos reflexionando quedan, en parte, suavizadas por el Estado social o el Estado del Bienestar. La crisis de 2008 cuya causa, en parte, está en la desregulación, en la falta de Estado, está siendo controlada gracias a políticas pragmáticas que, no obstante, no proveen una respuesta duradera a los problemas estructurales que la han causado.

El retorno del Estado que se predica es proceder a la modernización y evitar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. La redistribución moderna no consiste, según Piketty, en transferir riquezas de los ricos hacia los pobres o, al menos, no hacerlo de modo tan explícito; más bien consiste en financiar los servicios públicos y conseguir fuentes de ingresos más o menos iguales para todos, especialmente en las áreas de la educación, la sanidad y las pensiones de jubilación. En este último caso, el principio de igualdad se expresa por una casi proporcionalidad al salario obtenido durante la vida activa. En los otros casos se expresa en un verdadero igualitario acceso.

De modo que Piketty señala que hay que modernizar el Estado social, y no desmantelarlo. Si el acceso a las instituciones educativas, por el costo para los padres, es dificultoso, no se permite la movilidad social. De hecho la correlación intergeneracional de los diplomas y de los ingresos del trabajo no va a la baja, sino que se mantiene. La desigualdad de acceso también parece que se repite con relación a la cumbre de la jerarquía económica, especialmente en Estados Unidos y con respecto de las afamadas universidades privadas.

En cuanto al futuro de las pensiones de jubilación hay que tener presente que actualmente se basan sobre el principio de reparto: las cotizaciones sobre los salarios son inmediatamente utilizadas para pagar las pensiones de los jubilados. Ninguna suma es invertida, sino que todo es inmediatamente utilizado, a diferencia de los sistemas de capitalización. En estos sistemas de reparto que se fundan sobre el principio de solidaridad entre las generaciones la tasa de rendimiento es, por definición, igual a la tasa de crecimiento de la economía. Así todas las generaciones están atadas las unas a las otras, la presente a la próxima.

Cuando se pensó en este sistema, las circunstancias eran las ideales, crecimiento demográfico, crecimiento económico, pero la reducción de la tasa de crecimiento en torno al 1,5 % nos hace pensar que este sistema debe ser reemplazado lo más rápidamente posible por sistemas fundados sobre el principio de capitalización, de modo que las cotizaciones deben invertirse y no revertirse hasta la jubilación del que las ha originado.

Pero ¿cómo hacer el cambio? ¿Cómo financiar entre tanto las necesidades sociales que son la razón de ser del Estado?

Finalizaremos esta serie de artículos económicos con el próximo en el que vamos a dejar que Piketty plantee sus propuestas sobre el impuesto progresivo sobre los ingresos repensando el tipo marginal superior así como sobre un impuesto mundial sobre el capital y una posible solución al exagerado nivel de la deuda pública.