Las oenegés, la aventura y la corrupción

Las ONGs, la aventura y la corrupción

20180909

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

El Aquarius que viene, y el Open Arms que se apunta; el trato a los migrantes del primero y el distinto trato a los migrantes del segundo. Y muchos vistiendo un chaleco rojo con un logo, con mascarilla o sin ella. ¡Qué aventura, dar de nosotros mismos en favor de los que sufren y están en riesgo! Gran satisfacción interna de cada uno de los participantes por hacer una gran labor. Los sitios web de uno y de otro. El apelar a la bondad, a la compasión, a la cooperación humanas, en definitiva, a las emociones.

Ya hace tiempo (ejemplo: 2012) que supimos (1ª persona plural del pretérito perfecto del verbo saber) la desagradable noticia de la detención de 14 personas por corrupción. Algunos responsables de ONGs, otros, asesores de éstas y una gran parte funcionarios o personas de confianza del Gobierno Valenciano que otorgaban las subvenciones en connivencia. Dinero que tendría que haber ido a cooperación internacional con países en desarrollo se quedó en el patrimonio personal de desaprensivos, más bien, ladrones. Es el caso Blasco del que hemos tenido cumplida información a lo largo de este tiempo.

Ya hace mucho tiempo que sabemos (1ª persona plural del presente de indicativo) de este tipo de problemas. Ahora con las ONGs “salvavidas” en el Mediterráneo, organizaciones que se constituyen para la actividad concreta de ir a navegar cerca de las costas de salida de las pateras, u otro tipo de embarcaciones, en las que las mafias suben a los que quieren un futuro económico mejor (también a los que huyen de guerras), a cambio de dinero o de deudas que las mafias les obligan a cumplir mediante coacción y fuerza; a las que los mafiosos comunican, o dejan que sepan, haber enviado o avistado la endeble embarcación para que vayan a salvarla. Esto es, absoluta y completa connivencia de los responsables de las ONGs o de los capitanes de los barcos, y de muchos más que, de ese modo, tienen actividad (económica) muy emotiva, con buena prensa entre los que practican el “buenismo”, porque están llevando a cabo bondad amorosa, obras de misericordia, salvando vidas.

Si lo vemos como “buenismo” erramos, pues el gobierno, o los gobiernos, o la UE, son los que tienen la competencia y responsabilidad de acudir y de realizar las acciones para impedir masacres, abusos, delitos, situaciones de riesgo, y lo deben hacer mediante Agencias oficiales. El dejar esas competencias, o parte de ellas, a la iniciativa privada da pie a la actividad económica privada con lucro o sin él, pero a vivir de ella.

¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia del Estado no hayan alertado (si lo han hecho, peor todavía) del abuso que representa la sincronización entre esos que practican el “buenismo ONG” y las mafias que trafican con seres humanos?

Por eso, el que sí que yerra es el Estado, el Gobierno de Sánchez, apuntándose al buenismo, y la Comunidad Autónoma, el Gobierno del bi(tri)-partito, que también quiere estar en el evento, y el Gobierno de las instituciones de Europa; pues son los que tienen responsabilidad por el posible uso incorrecto o fraudulento de fondos por parte de las ONGs y de quienes los asignan, sean públicos o privados, porque la tutela de las Fundaciones y Asociaciones con fines no lucrativos compete al Estado y a las Comunidades Autónomas. A la vista está que son imprescindibles auditorías profesionales bajo este punto de vista para las ONGs, pues hay muchas posibilidades y oportunidades para los corruptos que asignan o administran fondos, de que los usen para generar, simple y llanamente, actividad económica.

Es una lástima, pero, demasiados nos engañan con las ONGs, haciéndonos creer que son altruistas, cuando lo que hacen es aprovecharse para vivir, tener un trabajo, más bien una aventura, pues eso de viajar y quedar como bueno y fotografiarse con niños o mayores en estado de necesidad, desahuciados de la vida, da mucho caché. Demasiados nos engañan también con retribuciones que perciben de las organizaciones sin ánimo de lucro para ellas, pero sí para quienes las dirigen, para quienes trabajan en ellas (porque de algo tienen que vivir), o, incluso, como el caso Blasco, directamente robando fondos.

¿En qué deja a las personas verdaderamente altruistas y a las organizaciones que de verdad se preocupan por mejorar el mundo? En muy mala situación para poder discernir, pues injusta e incorrectamente, los donantes sinceros piensan que son todos iguales.

Otra cosa, ¿quiénes son los que pedían el 0,7 % para ayuda al desarrollo? Afirmo y contesto que eran y son: los que se apuntan al carro de la publicidad del altruismo, los que quieren tener dinero para administrarlo de mejor o peor manera, los que con eso consiguen trabajo retribuido, incapaces de conseguirlo de otro modo, o, incluso, consiguen poder. Y, obviamente, también algunos honestos que se desvelan por otros, a quienes hay que agradecer su buenísima disposición.

Pero dada la situación si alguien me habla del 0,7 % para ayuda al desarrollo, lamentablemente, pensaré que quiere aprovecharse mediante la corrupción, porque las prácticas que he descrito son corrupción. ¿Entonces es que quiero decir que no hay que ayudar a los desfavorecidos? Ciertamente no, sino que hay que hacerlo asegurándonos de que nadie se aproveche incorrectamente. Por eso la ayuda al desarrollo de países extranjeros hay que hacerla de un modo que asegure el buen uso de los fondos: intergubernamentalmente o a través de la ONU. Aun así, esto no es suficiente porque hay gobiernos corruptos o estados fracasados, cuyos ciudadanos precisan ayuda, pero parece que se puede conseguir más control, especialmente destacando a profesionales de Agencias gubernamentales a dichos lugares, en lugar de personas y organizaciones privadas.

Por otra parte, como he dicho, el Estado tiene responsabilidad por el uso fraudulento de fondos por parte de las ONGs. No debe dejar de asumir su responsabilidad. No podemos ser cómplices de las mafias, no podemos generar actividad económica y puestos de trabajo retribuido a causa de la actividad de trata o tráfico de seres humanos y en connivencia con delincuentes.

La corrupción al asignar o administrar fondos a, o en las ONGs, es como la pederastia en las confesiones religiosas. Nos desanima y desmoraliza profundamente. Habrá que hacer un esfuerzo para investigar, controlar y perseguir a los corruptos.

 

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

La ejecución de los presupuestos

LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

20170626

 

 

La importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva, obviamente a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para y reduciendo la deuda soberana.

Creo que hasta aquí todo esto es entendible, pero lo que no lo es para mí es el engaño en el que los gestores económicos de los Gobiernos (del Estado y de las CCAA o de otros entes provinciales o municipales) nos quieren hacer caer: me refiero a la falta de ejecución presupuestaria.

Me admiro que este tema escape a la crítica, que debiera ser furibunda, aunque, en efecto, he leído recientemente en diversos medios de comunicación las quejas de nuestro territorio por la falta de ejecución presupuestaria de parte del Estado. Lo mismo leí hace algo más de tiempo respecto de la Generalitat Valenciana. El asunto es que no se presupuesta con justicia para nuestra Comunitat y, para colmo, lo poco que se presupuesta no se ejecuta en su totalidad.

 

Montoro y Rajoy han usado de engaño, una vez más, con el incumplimiento presupuestario

Esta es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución el presupuesto, o hacerlo tarde, es decir, no licitar diligentemente o no llevar a cabo el gasto que debe servir para la activación económica y del mercado laboral. El gobernante queda bien poniendo partidas en los presupuestos que, luego, nunca se ejecutan. En una palabra, miente.

Siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

  • que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado
  • que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales
  • que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material.

En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres, o haya, en su caso, superávit que después sirve como un aval de buena gestión, cuando, en realidad, es todo lo contrario. Superávits ficticios que mediante el buen trato que el ente da a los medios de comunicación sirven para cualificar de buenos gestores a los políticos que hacen estas trampas.

 

Consentimiento culpable de los órganos supervisores

Estas no prácticas de buenos gestores, sino al contrario, corruptelas que los organismos supervisores permiten, consienten, no atajan, aunque estén más o menos conscientes de ellas (incluyo también a los organismos de la UE). Me atrevería a decir que son prácticas, incluso, corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

 

Lo importante no es el presupuesto sino los datos de su ejecución

¿Dónde estarían las empresas que inventaran (uso ex profeso la palabra inventar) presupuestos voluntariosos de vender mucho, de conseguir costos muy bajos y, con ello, conseguir buenos resultados, pero todo fuera un ejercicio de presuponer que las cosas iban a ser así? Pre (antes de), suponer (imaginación). Eso es un pre-supuesto, un supuesto, una imaginación puesta por escrito.

No, al contrario, las empresas se guían por las Cuentas Anuales, es decir por lo resultados efectivamente conseguidos. Y se felicita y se premia a directivos (y en pocos casos a otros trabajadores) por los buenos resultados, NO por las buenas IMAGINACIONES = presupuestos.

De ahí la extrañeza que no alcance a la opinión pública el debate del cierre de cuentas, que es lo importante.

Por otra parte, ya sabemos que la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente que difícilmente se puede evitar (pensiones, sanidad, educación, intereses de la deuda y algo más), mientras que las partidas que pueden representar un acicate o estímulo económico, una inversión sostenible y rentable, son las menores en los presupuestos. De ahí las quejas de los científicos españoles (y de otros sectores) a los que no se les dedican suficientes esfuerzos en fondos presupuestarios, a pesar de que son (casi siempre) muy rentables para el futuro.

 

Consecuencias de estas estrategias

Estas prácticas conllevan un engaño, en toda regla, al ciudadano. Pero, además, como quiera que la práctica de los analistas (sobre todos políticos, de los diversos partidos) es estudiar, comparar y hacer previsiones de los efectos del presupuesto, pero no conoce la verdadera intención de los que van a ejecutar los presupuestos, pierden completamente su tiempo, pues los estudios que han formulado, en base a datos irreales, dan resultados y efectos que se caen como castillos en el aire. Y además de todo ello están también los vaivenes económicos que se escapan al control de todos.

Debemos presionar a los gestores económicos en todos los ámbitos territoriales para que den cuentas de su gestión en base a la Contabilidad real, no a la presupuestaria. Y que el debate se centre en cómo distribuir entre los territorios de forma justa en el importe y en el tiempo, la parte de los presupuestos que corresponde a inversiones, así como al mismo nivel de servicios.

Si se hiciera así, aquí, en la Comunitat Valenciana estaríamos mucho mejor, tanto a nivel autonómico, como provincial y local.

Los estados fallidos

Los estados fallidos.

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.04.29

Ya sé que no es el momento de hablar de ello. La crisis económica, que todavía perdura, el no tener para uno mismo, hace que uno se olvide de los demás, pero estamos en una época del año en que se habla mucho del amor fraterno, absolutamente necesario para cooperar y tener éxito como humanos.

Sí, nos olvidamos de los demás, y si no, mirad lo del 0,7 % del PIB para Ayuda oficial al desarrollo (AOD). Ni se habla de ello. Los responsables de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, se comprometieron en mayo del 2005 a elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,56% del PIB comunitario en el año 2010 con el objetivo de alcanzar la cifra del 0,7% en el año 2015. Esto hubiese supuesto destinar al desarrollo 20.000 millones de euros más al año a partir de 2010. Sin embargo, el objetivo del 0,7 que fijó la ONU hace 35 años, sólo lo han cumplido en algún momento cuatro países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia.

Por eso, hablar de los Estados fallidos quizá no sea el momento. Pero como consecuencia de las revueltas populares de Túnez, Egipto, Libia, Siria y … las que probablemente podrían llegar a venir, me interesa sacar a colación el tema de los Estados fallidos.

Son Estados fallidos, no hay duda, estados como Somalia, por ejemplo, u otros lugares en donde el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras no está en manos del Estado, sino en las de los señores de la guerra o los grupos paramilitares.

Aunque el término también se emplea para referirse a otro tipo de Estados en donde hay altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política, mercado informal, ineficiencia judicial, interferencia en la política de poderes fácticos con presupuesto y poder político, muy superiores al del Gobierno.

Por otra parte algunos consideran que el concepto no es del todo claro y es manipulable políticamente.

No obstante el centro de estudios estadounidense Fund for Peace emite anualmente el Índice de Estados Fallidos (Failed States Index) que se publica en la revista Foreign Policy. Clasifica a los países basándose en doce factores, como la presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

En el año 2010 fueron incluidos 177 Estados, de estos 37 fueron catalogados como “en alerta”, 92 “en peligro”, 35 como “moderados”, 13 como “sustentable”. Los peores 10 son lo que alisto a continuación:

  1. Somalia
    2. Chad
    3. Sudán
    4. Zimbabue
    5. Rep. Dem. del Congo
    6. Afganistán
    7. Irak
    8. República Centroafricana
    9. Guinea
    10. Pakistán

¿A dónde me lleva esto? A lanzar lo que, incluso para mí, parece una peregrina idea, pues imaginad lo que se podría hacer con los 20,90 millones de parados de la Europa de los 28 estados a finales de 2016, la mayoría de los cuales han tenido algún tipo de prestación contributiva y ahora, quizás, tienen ayudas a cargo de los Presupuestos generales de su Estado.

En lugar de incentivar el venir al primer mundo, habría que incentivar el ir al tercer mundo a ayudar bajo el paraguas de la ONU a organizar el Estado para que dejara de ser fallido, incluyendo fuerzas del orden, funcionarios de todo tipo, pero sobre todo, ayudar a la prestación de los servicios básicos, entre ellos los de sanidad y educación.

No todos valdríamos, lo sé. Pero muchos estarían encantados de hacerlo, de hecho lo están y van altruistamente mediante colaborar o trabajar con alguna ONG.

Pero lo que digo es algo mucho mayor. Lo que sugiero es que hay que enviar Altos dirigentes para organizar y planificar el país, su economía, su vertebración social y territorial; Altos funcionarios para aconsejar a esos Altos dirigentes; Empleados de a pie que hagan el trabajo; y Fuerzas de seguridad que tengan a su cargo el mantenimiento del orden para que los demás trabajen. Algo así como una Administración temporal bajo el paraguas de la ONU. Incorporando, poco a poco, a los autóctonos que hayan aprendido (no a robar sino a gestionar bien la cosa pública) y posteriormente, en un acto trascendente, de legítima satisfacción moral mundial, ceder el control total.

Esto es un sueño, pero dejadme soñar. No parece serio lo que he dicho. Pero ¿por qué no?

Estamos manteniendo a gente que no tiene otra cosa para comer que lo que compran con las ayudas gubernamentales que reciben después de haber agotado la prestación por desempleo. Muchos de esos y otros, especialmente los jóvenes, estarían dispuestos a poderse ganar la vida en un país extraño, durante un tiempo, aprendiendo bien uno o dos idiomas, el inglés como idioma franco y el del propio país, aprovechando el que son JASPs, es decir, jóvenes aunque suficientemente preparados, poniéndose como reto histórico haber contribuido al éxito de un Estado previamente fallido.

 

El futuro de la economía

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

27.09.2015

 

En España, el año 2013 los ingresos medios anuales declarados por los asalariados fueron de 9.012 euros, por los autónomos de 18.787€ y hubo 533.083 contribuyentes que declararon entre 60.000 y 150.000€; por su parte 58.571 contribuyentes declararon entre 150.000 y 600.000 euros anuales y finalmente 4.553 declararon que percibían rentas superiores a 600.000 euros anuales.

 

Efectivamente el IRPF se ha quedado sin ricos, o mejor dicho, sin que los que, siéndolo, ya no se declaran como ricos, debido a que usan ingeniería fiscal que les permite una mejor eficiencia en la disminución de la tributación. A mayor crisis y pobreza, a mayor necesidad de ingresos tributarios, más pocos tributan más. ¿Acaso será que también la crisis les ha afectado? Aunque según los datos parece que es lo contrario, que los ricos cada vez son más ricos y la brecha con los pobres y con la clase media se hace, cada vez, más amplia. Un menor porcentaje de población cada vez posee un mayor porcentaje de la riqueza total.

 

Ciertamente que corrupción, guerras y crisis migratoria no dejan tranquilos a gobernantes y a instituciones tener tiempo para dedicarlo a la resolución de la absolutamente injusta distribución de la riqueza. Pero, ¿creen ustedes que habrá algún momento adecuado para estudiar, debatir y consensuar una política de mejor distribución de la riqueza?

 

Parece que pocos han leído a Piketty y los que lo han hecho se han olvidado de sus propuestas que recordemos que son:

 

Un impuesto sobre los ingresos mucho más progresivo, más tramos altos y con tipos más elevados, especialmente los marginales.

Ello implica más redistribución y más progresividad fiscal, y no es una cuestión técnica sino eminentemente política y filosófica, sin duda, la primera entre todas. El objetivo es repensar la tasa marginal superior del impuesto progresivo sobre los ingresos, de modo que sea más progresivo, tasa o tipo marginal, que según Piketty debería ser superior al 80 % en los países desarrollados, para ser aplicado a las rentas observadas a nivel del 1 % o del 0,5 % de las personas con ingresos más elevados. Es decir, aplicado a niveles de 500.000 dólares o 1 millón de dólares de remuneración anual. Aunque con poca recaudación, cumpliría su objetivo de limitar drásticamente las remuneraciones tan elevadas. También habría que aplicar, según Piketty, tipos del orden del 50 – 60 % en remuneración por encima de 200.000 dólares anuales.

 

Un impuesto progresivo mundial sobre el capital.

Para que la democracia pueda retomar el control del capitalismo financiero globalizado de este nuevo siglo, hace falta inventar una herramienta: ésta. Y aun reconociendo que hoy todavía es una utopía, es bueno tenerla  en mente a fin de evaluar mejor lo que permiten o no otras soluciones alternativas, por lo que es necesario profundizar a nivel mundial en la transparencia financiera, y la transmisión de información es inseparable de la reflexión sobre el impuesto ideal sobre el capital.

Para fijar ideas sobre las que debatir, Piketty sugiere varios baremos:

  • Una tasa del 0% para patrimonios inferiores a 1 millón de euros; 1% entre 1 y 5 millones; y el 2% para patrimonios superiores a 5 millones de euros.
  • O mucho más progresivo, con el 5 o del 10 % para fortunas más allá de 1.000 millones de euros.
  • O se pueden encontrar ventajas de tener una tasa mínima sobre los patrimonios modestos y medios, por ejemplo del 0,1 % por debajo de 200.000 euros y el 0,5 % entre 200.000 y 1.000.000 de euros.

 

La deuda pública.

Algunos países desarrollados tienen deudas públicas muy elevadas, las cuales es conveniente reducir, y no hay modo de hacerlo más allá de implementar políticas que combinen sabiamente la inflación, la austeridad y el impuesto sobre el capital. En efecto un impuesto excepcional sobre el capital junto con la inflación pueden jugar un papel útil; de hecho, ha sido de este último modo como se han reabsorbido la mayor parte de las deudas públicas más importantes. En cambio, una cura prolongada de austeridad es para Piketty, tanto en términos de justicia como de eficacia la peor solución. Entonces, ¿qué hacer para reducir la deuda pública a cero? El impuesto extraordinario sobre el capital privado es la solución más justa y más eficaz, según Piketty. Un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados aportaría casi un año de ingresos nacionales (o PIB) y permitiría el reembolso inmediato de todas las deudas públicas, y el Estado quedaría con todos sus activos pero con una deuda cero. Cada uno contribuye al esfuerzo solicitado y se evitan las quiebras bancarias. Además no es necesario reducir la deuda pública totalmente de golpe, sino en sucesivas ocasiones.

Pero también la inflación podría tener su papel. Una inflación del 5 % anual (en lugar del 2 % de meta actual) en 5 años reduciría el valor de la deuda pública en un 15 % del PIB. Esta es una solución tentadora que ha sido usada a lo largo de la historia. No obstante, la inflación no es más que un sustitutivo muy imperfecto del impuesto progresivo sobre el capital y puede comportar un cierto número de efectos secundarioz poco atractivos, entre ellos, el descontrol de la tasa, es decir que la inflación se “embale”.

 

Es necesario debate supranacional.

No parece que a las instituciones financieras supranacionales les hayan hecho mucho efecto las conclusiones de Piketty, ni han planteado debate alguno sobre ello. Esto de dar la callada por respuesta, no es ni científico, ni profesional, ni transparente. Hace falta debate.

No se ha debatido ni sobre las ideas de Piketty ni sobre las ideas de Jeremy Rifkin con sus estudios sobre la sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas (IdC), el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo tal como lo conocemos. De nuevo hace falta debate. Pero los políticos, probablemente, ni se enteran de las nuevas ideas de la ciencia económica, o no son competentes para debatirlas. No se trata de escoger entre Keynes y Hayek, sino de usar de los medios que las nuevas tecnologías nos permiten con su mercado mundial y con los actuales prosumidores.

 

He usado dos términos procomún y prosumidores que quizás no tengan un uso demasiado extendido, por lo que hace falta aclararlos. Rifkin nos explica que la convergencia del Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía y el Internet de la logística ha dado lugar al Internet de las cosas, el IdC, un espacio en el que la productividad se incrementa hasta tal punto que el coste marginal de producción de muchos bienes y servicios es prácticamente nulo, permitiendo que se puedan ofrecer de manera casi gratuita y que dejen de estar sometidos a las fuerzas del mercado. Esto está dando lugar a una economía híbrida, casi de intercambio, en la que millones de prosumidores producen y consumen conectados a Internet compartiendo su información, su esparcimiento, su energía limpia y sus productos impresos en 3D con un coste marginal casi nulo. Casi todo es para todos a un mínimo coste, como con en el sistema económico de procomún de la antigüedad. Pero tenemos que hablar más de estas cosas.

 

EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

Inmigración e integración

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

31.05.2015

 

 

Aunque como consecuencia de la crisis económica la inmigración a nuestro país ha descendido, ciertamente, a causa de las crisis humanitarias producto de las guerras en oriente medio, la inmigración, el asilo y el salvamento marítimo están en primera línea de actualidad.

Las islas italianas se ven “invadidas” literalmente por miles y miles de inmigrantes. Les toca el corazón a los italianos y también a todo el mundo, especialmente al sur de Europa, pero también toca y afecta a la forma de vida de los receptores, la cual cambia en esos lugares.

Este es un tema grave. Hay que ayudar a las pobres gentes emigrantes. Hay que ayudar a Italia, pero parece que a las instituciones europeas, con mayor peso específico hacia el norte del continente, el problema les parece lejano. Hay que despertar a las instituciones. Hay que hacer políticas más dirigidas a los ciudadanos y sus problemas, tanto como a la economía y su crisis.

Las migraciones son el resultado de problemas pero, a su vez, también los provocan y los que provocan suelen ser más graves cuando se ven desde el punto de vista del país receptor en lugar del país emisor.

La emigración es una solución para la problemática de los países de origen. Estados fallidos, gobiernos incompetentes o corruptos, economías empobrecidas, países subdesarrollados, injusticias inveteradas y políticos que lo único que quieren es asegurarse sus privilegios, conseguir limpiezas étnicas mediante expulsión o genocidios, resuelven sus problemas permitiendo o forzando que sus conciudadanos marchen a otros lugares. De ese modo los gobiernos no tienen que preocuparse de que las políticas sean las adecuadas para generar una economía que permitiendo trabajo para todos, consiga la justa redistribución de la renta y la prestación de los servicios estatales necesarios.

Pero si la inmigración es lo suficiente importante en cantidad, ésta se ve por los habitantes autóctonos del país receptor como una invasión, asalto, conquista o colonización. Los autóctonos tienen miedo de que su país cambie, pues lo que forma el país, en realidad, es la geografía humana. Tienen miedo de que el cambio en el país resulte en pérdida para ellos, pues la economía estaba previamente ajustada, quizás, con éxito; las costumbres eran homogéneas, había una personalidad de país, una cultura, una lengua que identificaba, que daba carta de naturaleza a la pertenencia al mismo.

Y está claro que con una inmigración masiva la economía cambia. Aumenta la fuerza laboral, la oferta de solicitantes de empleo, que si es cubierta llevará a una economía más activa, pues, consiguiendo trabajo los inmigrantes se convertirán, casi de inmediato, en un mercado para todo producto que se produzca en el país. De ahí la pujanza de las economías en crecimiento. Pero al mismo tiempo hay que ajustar la prestación de servicios por parte del Estado. Se disparan las necesidades sanitarias, de educación, transporte así como de seguridad.

Es una obviedad decir que en los países que son o han sido dictaduras comunistas los valores del esfuerzo, la honestidad u honradez difícilmente se han practicado allí como tales. El robar a las empresas del estado, la vagancia en el trabajo es el único estímulo posible. ¿Para qué trabajar más si el que trabaja menos gana lo mismo que yo? La igualación que tenía como meta su ideología se produce hacia abajo, y cuanto más abajo mejor se consigue. Se distribuye la pobreza, eso sí, con mucha justicia.

Muchas de las personas que han crecido y han sido educadas en esas culturas han venido a países como el nuestro. Hay choque, por tanto, de valores, entre mano floja y esfuerzo, entre pagar los impuestos y la economía sumergida o defraudadora, entre cumplir las normas o evadirlas e incumplirlas.

Otros proceden de países con culturas que no han avanzado, en los últimos mil años, desde lo que nosotros conocemos como “edad media”, que les hace muy difícil la adaptación a los países de destino. Los valores de cohesión familiar y social difieren, las vestimentas extrañas, el consumo reducido, las normas de limpieza y la alimentación son diferentes. Es razonable que la solución para ellos, en lugar de mezclarse y adoptar las costumbres, cultura, lengua y formas del grupo humano anfitrión, sean los guetos, juntarse con otros iguales: es la forma de asirse de algo firme.

No hace mucho subimos mi esposa y yo a un taxi en Barcelona y el conductor, muy amable, nos escuchó hablar en “valencià” y, aunque me parecía magrebí (no le veía bien la cara), nos dijo que él sabía “parlar una miqueta en català”. Le pregunté de dónde era y me dijo que era de Pakistán. Se me quejó amargamente de que los gobernantes de su país no consiguen generar un nivel de vida adecuado; que aunque alguna vez va a su tierra, cuando vuelve y oye hablar y ve la tierra de acogida ya se siente como en su casa. Me dijo que su esfuerzo es el integrarse con la sociedad de acogida. Todo lo dijo él, yo sólo escuchaba, aunque sí que le añadí que estaba muy bien lo que decía, pero que, de todos modos, no debería perder u olvidar sus raíces.

Probablemente sería musulmán, no se lo pregunté, pero él, como el apóstol Pablo, se hacía “judío con los judíos y gentil con los gentiles”, es decir se integraba en la sociedad de acogida.

Sí, esa es la solución. Cuantos más idiomas mejor, no hay que perder su propio idioma. Está muy bien volver con la mente a su tierra, a sus raíces. Pero la integración en la sociedad de acogida, con su idioma, sus valores y costumbres es la solución.

Los grupos humanos cambian con el tiempo. Aun sin inmigrantes cambiamos como país y como sociedad. Pero el que los inmigrantes formen guetos no funciona y la multiculturalidad tampoco, pues ambas cosas son falta de integración. Que hay que respetar la diferencia y a otros, no hay duda; pero no hay que incentivar ni apoyar la invasión cultural; dicho desde el punto de vista del ciudadano del país de acogida. Y desde el punto de vista del inmigrante, en lugar de intentar obviar, olvidar o negar la cultura de acogida, lo que hay que hacer es integrarse en ella y esperar a que se vayan asimilando las aportaciones propias, de los inmigrantes, en dicha cultura de acogida.

 

SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XVIII. ¿Cuál será la ratio capital/ingresos en el siglo XXI?

XVIII.- ¿Cuál será la ratio capital/ingresos en el siglo XXI?

29.03.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

En cuanto al reparto del capital y las riquezas nos interesa mucho conocer cuál será la relación entre éste y los ingresos, pues el conocimiento del mismo será como conocer cómo de desigual económicamente será el mundo. ¿Mejorará, no conseguiremos un justo reparto del capital y las riquezas, o empeorará?

Lo primero que tenemos que hacer es recordar que a la ratio (o división) capital/ingresos la denominamos B; es decir, B es el % que representa el capital acumulado sobre los ingresos anuales. Una ayuda para para reflexionar sobre el nivel que podría alcanzar dicha relación, es decir dicha B, es la ley dinámica o segunda ley fundamental del capitalismo B = s/g en donde, recordamos que “s” es el ahorro y “g” el crecimiento; de modo que B es igual al % de ahorro anual dividido entre el % de crecimiento, de modo que si un país ahorra un 12 % de su PIB y crece un 2 % (crecimiento económico y demográfico sumados), B será igual al 600 %.

Piketty explica: la fórmula B = s/g que se lee “B igual a s dividida entre g”. Por otra parte, cuando decimos que B = 600 %, es equivalente a decir que B = 6; lo mismo que s = 12 % es equivalente a decir “s = 0,12”; y que g = 2 % es equivalente a decir g = 0,02.

De nuevo repetimos que cuando en un país se ahorra un 12 % anual, y el crecimiento económico-demográfico del mismo es un 2 % anual, se acumula un capital del 600 %, es decir, 6 veces, los ingresos anuales de dicho país.

Para centrarnos más, también dijimos en artículos anteriores que a = r x B (o lo que es lo mismo, B =  a / r), fórmula que indica que “a” representa la parte correspondiente al capital en los ingresos nacionales, el cual es igual al rendimiento medio del capital, al que denominamos “r”, multiplicado por “B” o capital acumulado que, como venimos de decir, es igual a la relación que hay entre ahorro y crecimiento.

Pero vayamos a lo que íbamos. Y si la tasa de rendimiento medio del capital, denominada “r” alcanza el 5 %, eso quiere decir que (5 % x 600 % = 30 %, es decir r x B = a) la retribución del capital (recordemos, no sólo financiero, sino de los elementos del inmovilizado [locales, tierras, máquinas, viviendas]) alcanzará el 30 % de los ingresos anuales cada año, acumulándose de modo significativo.

Hemos dicho que B = s / g, es decir B, o capital acumulado, es igual a la relación entre ahorro y crecimiento; de modo que si el ahorro es del 12 % anual y el crecimiento (económico y demográfico acumulados) alcanza el 2 % anual, invariablemente B, el capital acumulado alcanzará el 600 % de los ingresos anuales.

Pero también se ha indicado que B = a / r, es decir que el capital acumulado es igual a la parte de los ingresos anuales correspondientes al capital dividido entre la tasa de rendimiento medio. Esto si la tasa de rendimiento medio es el 5 %, de nuevo, invariablemente nos lleva a un capital acumulado del 600 % de los ingresos nacionales anuales y a que la parte que lleva como renta anual, el capital, es el 30 % de dichos ingresos anuales.

Teniendo, pues, presente la ley dinámica B = s / g nos preguntamos cuál será la distribución capital – trabajo, lo que corresponderá a cada uno de los ingresos nacionales en el siglo XXI.

Piketty dice que la relación capital / ingresos a largo plazo depende especialmente de la tasa de ahorro “s” y de la tasa de crecimiento “g”. Estos dos parámetro macro sociales dependen, ellos mismos, de millones de decisiones individuales influenciadas por múltiples consideraciones sociales, económicas, culturales, psicológicas, demográficas, y pueden variar fuertemente en el tiempo y entre un país y otro. Además, son grandemente independientes la una de la otra.

Piketty viene aquí en nuestro auxilio para que podamos pasar del análisis de la relación capital / ingresos al de la participación o distribución de los ingresos nacionales entre el trabajo y el capital. Recuerda que la fórmula a = r x B, bautizada primera ley fundamental del capitalismo, permite pasar de modo transparente de la una a la otra.

En efecto, usando un ejemplo, si el valor del stock de capital es igual a seis años de ingresos nacionales (B = 6) y si la tasa de rendimiento medio del capital es del 5 % por año (r = 5 %), entonces la parte de los ingresos del capital “a” dentro de los ingresos nacionales es igual al 30 %, como párrafos antes hemos explicado, y la correspondiente al trabajo, entonces, es igual al 70 %.

La cuestión central para Piketty es cómo se establece la tasa de rendimiento del capital y para ver de sacar alguna conclusión Piketty comienza por examinar las evoluciones observadas durante un largo período y lo hace mediante las gráficas 6.1 y 6.2 correspondientes a los datos de participación del capital-trabajo del Reino Unido y de Francia, en las que, para el Reino Unido, desde 1970 y hasta 2000 la participación del trabajo baja 10 puntos porcentuales desde el 80 % hasta casi el 70 % con un incremento hasta 2010 de hasta el 74 % aproximadamente. Por el contrario en Francia los ingresos del trabajo no llegan a bajar tanto, quedándose en 2000 en 75 % y en 2010 en el mismo 74 % aproximadamente que en el Reino Unido.

 

2015.03.29 XVIII. Gráficas 6.1 y 6.2

Traducción:

Gráfica 6.1. El reparto capital – trabajo en el Reino Unido, 1770-2010

Cuadro: Ingresos del trabajo, ingresos del capital

Eje vertical: Ingresos del trabajo y del capital (en % de los ingresos nacionales)

Lectura: En el siglo XIX, los ingresos del capital (alquileres, beneficios, dividendos, intereses) representan alrededor del 40 % de los ingresos nacionales, contra el 60 % para los ingresos del trabajo (asalariado o no asalariado)

Traducción:

Gráficas 6.1. El reparto del capital – trabajo en Francia, 1820-2010

Cuadro: Ingresos del trabajo; ingresos del capital

Eje vertical: Ingresos del trabajo y del capital (en % de los ingresos nacionales)

Lectura: En el siglo XXI, los ingresos del capital (alquileres, beneficios, dividendos, intereses) representan alrededor del 30 % de los ingresos nacionales, contra el 70 % para los ingresos del trabajo (asalariado y no asalariado)

Piketty precisa cómo ha calculado estos datos e indica que lo ha hecho adicionando el conjunto de ingresos del capital que se encuentran  reunidos en las cuentas nacionales (independientemente de su título jurídico: alquileres, beneficios, dividendos, intereses, royalties, etc., con la excepción de los intereses de la deuda pública, y todo ello antes de toda forma de imposición fiscal), y posteriormente dividiendo este agregado por los ingresos nacionales (se obtienen entonces, la parte del capital en los ingresos nacionales, que hemos denominado “a”) y por el capital nacional (se obtiene así la tasa de rendimiento medio del capital, con notación “r”). A este rendimiento medio Piketty le deduce el costo del tiempo que el hombre de negocios medio le dedicará para conseguir dicho rendimiento y con ello halla el rendimiento puro del capital.

La principal conclusión que sobresale de las estimaciones de Piketty según él mismo indica es que tanto en Francia como en el Reino Unido, desde el siglo XVIII al XXI, el rendimiento puro del capital ha oscilado entorno de un valor central del orden del 4 % – 5 % por año, o más generalmente, en un intervalo comprendido entre 3 % y 6 % anual. No existe tendencia masiva, a largo plazo, ni al alza ni a la baja. Aunque el rendimiento puro ha sobrepasado claramente el 6 % después de las fuertes destrucciones y de los múltiple choques sufridos por el capital en el curso de las guerras del siglo XX, ha vuelto, no obstante, muy rápidamente hacia los niveles más débiles observados en el pasado.

Adelantándose a las objeciones de algunos lectores que, quizás, encuentren que esta tasa de rendimiento medio del 3 – 4 % en vigor al principio de los años 2010 es, más bien, optimista, por comparación al rendimiento que, desgraciadamente, ellos obtienen para sus pobres economías, Piketty dice que deben ser precisados varios puntos. Aunque dichos datos están libres de impuestos, hay que tener presente, en efecto, muchos puntos, situaciones y conceptos, cosa que haremos en el futuro mediante una reflexión sobre los activos reales o nominales, sobre la capacidad de negociación de las grandes fortunas en comparación con los pequeños importes de ahorros. Entraremos también a tratar la noción de la productividad marginal del capital.

Os esperamos.

 

SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XVII. Ahorro privado y público en los países ricos

XVII.- Ahorro privado y público en los países ricos

22.03.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

 

Para seguir con la idea del retorno del capital privado (la vuelta de la importancia del capital privado en la economía) y entenderla mejor, dijimos que era necesario hacer una distinción entre los componentes del ahorro, especialmente del privado y del público, el primero de los cuales tiene la máxima importancia.

Los datos del ahorro privado son los siguientes:

2015.03.22 Piketty T5.2

Traducción:

Título: Tabla 5.2. El ahorro privado en los países ricos, 1970-2010

Títulos de columnas de izquierda a derecha: Ahorro privado (neto de la depreciación) en % de ingresos nacionales, del cual ahorro neto de los hogares, del cual ahorro neto de las empresas (beneficios reinvertidos netos).

Columna de países: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Australia.

Lectura: Una parte importante (y variable según los países) del ahorro privado proviene de los beneficios no distribuidos de las empresas. Fuentes: Ver Piketty

 

También hay que precisar, según Piketty, que la noción de ahorro a tener en cuenta en la ley dinámica B = s/g es el ahorro neto de la depreciación del capital, es decir, el ahorro verdaderamente nuevo, una vez deducida del ahorro bruto la parte que sirve para compensar la depreciación por el uso o envejecimiento de la inversión (inmuebles o equipos); que en los países desarrollados alcanza cada año alrededor de 10-15% de los ingresos nacionales y absorbe cerca de la mitad del ahorro bruto. La siguiente tabla 5.3 lo explica

2015.03.22 Piketty T5.3

 

Traducción:

Título: Tabla 5.3. Ahorro bruto y neto en los países ricos, 1970-2010

Título de columnas de izquierda a derecha: Ahorro privado bruto (% ingresos nacionales), Menos: Depreciación del capital, Igual: Ahorro privado neto.

Columna de países: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Australia.

Lectura: Una parte importante del ahorro bruto (generalmente entorno a la mitad) corresponde a la depreciación del capital y sirve, pues, simplemente, para reparar o reemplazar el capital usado. Fuentes: Ver Piketty

 

Seguidamente es interesante notar la relación del ahorro público con el ahorro privado, hasta tal grado que el ahorro público negativo, es decir, el déficit, o des-ahorro público y la bajada del patrimonio público que se desprende, representan una parte significativa del incremento de los patrimonios privados (entre un décimo y un cuarto, según el país, de acuerdo con lo que indica Piketty). Todo ello se ve en la siguiente tabla.

2015.03.22 Piketty T5.4

 

 

Traducción:

Título: Tabla 5.4. Ahorro privado y público en los países ricos, 1970-2010

Título de columnas de izquierda a derecha: Ahorro nacional (privado + público) neto de depreciación (en % de ingresos nacionales), del cual: Ahorro privado, del cual Ahorro público.

Columna de países: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Australia.

Lectura: Una parte significativa (y variable según los países) del ahorro privado es absorbida por los déficits públicos, de donde viene un ahorro nacional (privado + público) más débil que el ahorro privado. Fuentes: Ver Piketty

Para tener una idea completa del cuadro macroeconómico hay que tener presente que el crecimiento de los patrimonios privados que según sabemos ha ocurrido en los países del este europeo y especialmente en Rusia, ocurrido entre el fin de los años 1980 y los años 1990-2000, que en ciertos casos individuales ha tomado la forma de enriquecimientos espectacularmente rápidos, no tiene nada que ver, evidentemente, con el ahorro ni con las ley dinámica B= s/g. Se trata llana y simplemente de una transferencia pura y simple de la propiedad del capital de los poderes públicos hacia los individuos privados. Esto es semejante aunque de una forma muy atenuada con los movimientos de privatización del patrimonio nacional observado en los países desarrollados desde los años 1970-1980.

Por otra parte el incremento de la relación capital/ingresos en el curso de los últimos decenios queda, adicionalmente, condicionado por la subida histórica de los precios de los activos. Es por ello que es conveniente tomar en cuenta series de datos de períodos más amplios. En efecto, para Piketty, más allá de los sobresaltos y las evoluciones erráticas a corto plazo, el alza del periodo 1950-2010 parece que, aproximadamente, ha compensado la bajada del período 1910-1950, con lo que parece que el proceso de alcance histórico de los precios de los activos, hoy ha finalizado.

Insiste Piketty sobre el hecho de que el precio del capital, más allá de las burbujas a corto y medio plazo, que le caracterizan siempre, y las divergencias estructurales a largo plazo, es, en realidad, una construcción social y política y refleja la noción de propiedad que prevalece en una sociedad dada, y depende de múltiples políticas e instituciones que regulan las relaciones entre los diferentes grupos sociales interesados –en particular entre aquellos que poseen capital y aquellos que no lo poseen. Y esto se hace evidente, por ejemplo, en el precio de los inmuebles, que dependen de reglamentaciones y leyes que regulan las relaciones en propietarios y arrendatarios, así como la revalorización de los alquileres.

Hemos estado viendo y trabajando con los datos hasta casi el presente, pero nos interesa conocer las previsiones que se dan para el futuro, a qué nivel se situará la relación capital/ingresos anuales, a nivel mundial, en el siglo XXI. De ello va a depender la estructura de nuestras sociedades nacionales y supranacionales, el éxito de los regímenes democráticos liberales, el estado del bienestar y la estabilidad. Intentaremos comentar sobre ello en el próximo artículo.

SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XV. La relación a largo plazo entre capital e ingresos

XV.- La relación a largo plazo entre capital e ingresos

01.03.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

 

En un artículo anterior comentamos la metamorfosis del capital en Europa y América desde el siglo XVIII. En efecto, a través de un largo periodo, la naturaleza de la fortuna se transformó totalmente, pues el capital en suelo (agrícola) fue progresivamente reemplazado por el capital inmobiliario, industrial y financiero.

Pero lo que es más chocante para Piketty es que después de todas esas transformaciones, el valor total del stock de capital, medido en años de ingresos nacionales, relación que mide la importancia global del capital en la economía y la sociedad, no parece que haya cambiado, casi nada, durante un largo período.

De acuerdo con los datos de los que se dispone, especialmente del Reino Unido y de Francia, países de los cuales se tienen las series históricas de datos más completas, el capital nacional, representa entre cinco y seis años de ingresos nacionales a principios de los años 2010, es decir un nivel a penas inferior al observado durante los siglos XVII y XIX y hasta la Primera Guerra mundial (alrededor de seis-siete años de ingresos).

Ciertamente, después de la Segunda Guerra mundial, ha habido una fuerte progresión de recuperación de la relación capital/ingresos, por lo que, dicho esto, Piketty se formula la pregunta de si esta progresión va a conseguir que la relación capital/ingresos no sólo alcance sino sobrepase el nivel de los siglos pasados.

Otro asunto importante que Piketty llama a nuestra atención es la comparación entre Europa y América, especialmente cómo afectaron a ambos continentes los choques armados del período 1914-1945, por supuesto, más fuertemente a Europa. Pero si exceptuamos este largo período de guerras y entre las guerras, la relación capital/ingresos siempre ha sido más elevada en Europa, antes de dicho período, y después de dicho período se ha alcanzado y sobrepasado a Estados Unidos.

La relación capital/ingresos de Europa, que se indica en las gráficas 5.1  y  5.2 ha sido estimada calculando la media de las series disponibles para las cuatro principales economías del continente (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), ponderadas por los ingresos nacionales de cada país. En total, estos cuatro países representan más de tres cuartos del PIB europeo occidental y cerca de dos tercios del PIB europeo. Si se tomara en cuenta otros países, en particular España, conduciría a una progresión, todavía más fuerte, de la relación capital/ingresos en el curso de los últimos decenios.

2015.03.01 Piketty G5.1

La gráfica 5.1 se refiere al “Capital privado y público de Europa y América, 1870-2010”.

Traducción:

En el eje vertical: Valor del capital público y privado (en % de los ingresos nacionales)

En el eje horizontal: Años a los que se refieren los datos.

Globos: Capital privado; Capital público

Cuadro: Estados Unidos; Europa

Lectura: los movimientos del capital nacional en Europa así como en América corresponden, sobre todo, a movimientos de capital privado.

Fuentes y series: ver Piketty

 

2015.03.01 Piketty G5.2

La gráfica 5.2 se refiere a “El capital nacional en Europa y América 1870-2010”.

Traducción:

En el eje vertical: Valor del capital nacional y extranjero (en % de los ingresos nacionales)

En el eje horizontal: Años a los que se refieren los datos.

Globos: Capital nacional; Capital extranjero neto

Cuadro: Estados Unidos; Europa

 

Lectura: el capital nacional (público y privado) vale 6,5 años de ingresos nacionales en Europa en 1910, contra 4,5 años en América.

 

Volvamos a la segunda ley fundamental del capitalismo: B = s/g

Donde B es la relación, o ratio, capital/ingresos %; s es la tasa de ahorro; y g es la tasa de crecimiento de los ingresos nacionales.

Si s = 12% y g= 2%, entonces B = s/g = 600%

Dicho de otro modo, si un país ahorra cada año el 12% de sus ingresos nacionales y la tasa de crecimiento es del 2% anual, entonces a largo plazo, la relación entre capital/ingresos será igual a 600%: es decir, el país en cuestión habrá acumulado el equivalente de seis años de ingresos nacionales en capital.

Esto explica una realidad evidente e importante; que un país que ahorra mucho aunque crezca poco, acumula a largo plazo un enorme stock de capital, lo que puede tener enormes consecuencias sobre la estructura social y el reparto de las riquezas en dicho país.

Piketty, además, lo dice de otro modo: en una sociedad casi en estagnación los patrimonios salidos del pasado toman de modo natural una importancia desmesurada. La vuelta a una relación capital/ingresos anuales a un nivel estructural elevado, próximo al observado durante los siglos XVIII y XIX, se explica de modo natural por un retorno a un régimen de crecimiento débil, de modo que el la bajada de crecimiento, especialmente, del demográfico, la que conduce a un retorno de la importancia del capital.

Y el punto principal es que aunque sean pequeñas, las variaciones en la tasa de crecimiento, pueden tener efectos inexorables, muy importantes, a largo plazo, como quedó dicho.

Esto pone en el tapete las políticas fiscales para evitar que se acumulen las consecuencias que llevan a diferencias desmesuradas. Y relacionada con esto, una idea que no se nos tiene que olvidar es que respecto a una fiscalidad progresiva, es decir, que pague no sólo proporcional sino progresivamente mucho más quien más rico sea o ingresos tenga. A este respecto, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra mundial, van mucho más lejos que Europa, prueba, sin duda, de que su preocupación va más a reducir las desigualdades que a erradicar la propiedad privada.

Una cosa interesante para los de mi generación es ver, con datos, qué ha pasado durante los últimos 45 años, cosa que intentaremos hacer en el próximo episodio de nuestra reflexión sobre el reparto del capital y las riquezas. Como meta intentaremos llegar a comprender las sugerencias que hace Piketty para conjurar el claro peligro de que las riquezas, en mayor cuantía, estén en manos de un % cada vez menor de población, y que un % mayor de población sólo tengan su capacidad de trabajo como riqueza: en definitiva, la extinción de la clase media.