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El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

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La ejecución de los presupuestos

LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

20170626

 

 

La importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva, obviamente a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para y reduciendo la deuda soberana.

Creo que hasta aquí todo esto es entendible, pero lo que no lo es para mí es el engaño en el que los gestores económicos de los Gobiernos (del Estado y de las CCAA o de otros entes provinciales o municipales) nos quieren hacer caer: me refiero a la falta de ejecución presupuestaria.

Me admiro que este tema escape a la crítica, que debiera ser furibunda, aunque, en efecto, he leído recientemente en diversos medios de comunicación las quejas de nuestro territorio por la falta de ejecución presupuestaria de parte del Estado. Lo mismo leí hace algo más de tiempo respecto de la Generalitat Valenciana. El asunto es que no se presupuesta con justicia para nuestra Comunitat y, para colmo, lo poco que se presupuesta no se ejecuta en su totalidad.

 

Montoro y Rajoy han usado de engaño, una vez más, con el incumplimiento presupuestario

Esta es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución el presupuesto, o hacerlo tarde, es decir, no licitar diligentemente o no llevar a cabo el gasto que debe servir para la activación económica y del mercado laboral. El gobernante queda bien poniendo partidas en los presupuestos que, luego, nunca se ejecutan. En una palabra, miente.

Siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

  • que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado
  • que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales
  • que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material.

En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres, o haya, en su caso, superávit que después sirve como un aval de buena gestión, cuando, en realidad, es todo lo contrario. Superávits ficticios que mediante el buen trato que el ente da a los medios de comunicación sirven para cualificar de buenos gestores a los políticos que hacen estas trampas.

 

Consentimiento culpable de los órganos supervisores

Estas no prácticas de buenos gestores, sino al contrario, corruptelas que los organismos supervisores permiten, consienten, no atajan, aunque estén más o menos conscientes de ellas (incluyo también a los organismos de la UE). Me atrevería a decir que son prácticas, incluso, corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

 

Lo importante no es el presupuesto sino los datos de su ejecución

¿Dónde estarían las empresas que inventaran (uso ex profeso la palabra inventar) presupuestos voluntariosos de vender mucho, de conseguir costos muy bajos y, con ello, conseguir buenos resultados, pero todo fuera un ejercicio de presuponer que las cosas iban a ser así? Pre (antes de), suponer (imaginación). Eso es un pre-supuesto, un supuesto, una imaginación puesta por escrito.

No, al contrario, las empresas se guían por las Cuentas Anuales, es decir por lo resultados efectivamente conseguidos. Y se felicita y se premia a directivos (y en pocos casos a otros trabajadores) por los buenos resultados, NO por las buenas IMAGINACIONES = presupuestos.

De ahí la extrañeza que no alcance a la opinión pública el debate del cierre de cuentas, que es lo importante.

Por otra parte, ya sabemos que la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente que difícilmente se puede evitar (pensiones, sanidad, educación, intereses de la deuda y algo más), mientras que las partidas que pueden representar un acicate o estímulo económico, una inversión sostenible y rentable, son las menores en los presupuestos. De ahí las quejas de los científicos españoles (y de otros sectores) a los que no se les dedican suficientes esfuerzos en fondos presupuestarios, a pesar de que son (casi siempre) muy rentables para el futuro.

 

Consecuencias de estas estrategias

Estas prácticas conllevan un engaño, en toda regla, al ciudadano. Pero, además, como quiera que la práctica de los analistas (sobre todos políticos, de los diversos partidos) es estudiar, comparar y hacer previsiones de los efectos del presupuesto, pero no conoce la verdadera intención de los que van a ejecutar los presupuestos, pierden completamente su tiempo, pues los estudios que han formulado, en base a datos irreales, dan resultados y efectos que se caen como castillos en el aire. Y además de todo ello están también los vaivenes económicos que se escapan al control de todos.

Debemos presionar a los gestores económicos en todos los ámbitos territoriales para que den cuentas de su gestión en base a la Contabilidad real, no a la presupuestaria. Y que el debate se centre en cómo distribuir entre los territorios de forma justa en el importe y en el tiempo, la parte de los presupuestos que corresponde a inversiones, así como al mismo nivel de servicios.

Si se hiciera así, aquí, en la Comunitat Valenciana estaríamos mucho mejor, tanto a nivel autonómico, como provincial y local.

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Los estados fallidos

Los estados fallidos.

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.04.29

Ya sé que no es el momento de hablar de ello. La crisis económica, que todavía perdura, el no tener para uno mismo, hace que uno se olvide de los demás, pero estamos en una época del año en que se habla mucho del amor fraterno, absolutamente necesario para cooperar y tener éxito como humanos.

Sí, nos olvidamos de los demás, y si no, mirad lo del 0,7 % del PIB para Ayuda oficial al desarrollo (AOD). Ni se habla de ello. Los responsables de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, se comprometieron en mayo del 2005 a elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,56% del PIB comunitario en el año 2010 con el objetivo de alcanzar la cifra del 0,7% en el año 2015. Esto hubiese supuesto destinar al desarrollo 20.000 millones de euros más al año a partir de 2010. Sin embargo, el objetivo del 0,7 que fijó la ONU hace 35 años, sólo lo han cumplido en algún momento cuatro países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia.

Por eso, hablar de los Estados fallidos quizá no sea el momento. Pero como consecuencia de las revueltas populares de Túnez, Egipto, Libia, Siria y … las que probablemente podrían llegar a venir, me interesa sacar a colación el tema de los Estados fallidos.

Son Estados fallidos, no hay duda, estados como Somalia, por ejemplo, u otros lugares en donde el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras no está en manos del Estado, sino en las de los señores de la guerra o los grupos paramilitares.

Aunque el término también se emplea para referirse a otro tipo de Estados en donde hay altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política, mercado informal, ineficiencia judicial, interferencia en la política de poderes fácticos con presupuesto y poder político, muy superiores al del Gobierno.

Por otra parte algunos consideran que el concepto no es del todo claro y es manipulable políticamente.

No obstante el centro de estudios estadounidense Fund for Peace emite anualmente el Índice de Estados Fallidos (Failed States Index) que se publica en la revista Foreign Policy. Clasifica a los países basándose en doce factores, como la presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

En el año 2010 fueron incluidos 177 Estados, de estos 37 fueron catalogados como “en alerta”, 92 “en peligro”, 35 como “moderados”, 13 como “sustentable”. Los peores 10 son lo que alisto a continuación:

  1. Somalia
    2. Chad
    3. Sudán
    4. Zimbabue
    5. Rep. Dem. del Congo
    6. Afganistán
    7. Irak
    8. República Centroafricana
    9. Guinea
    10. Pakistán

¿A dónde me lleva esto? A lanzar lo que, incluso para mí, parece una peregrina idea, pues imaginad lo que se podría hacer con los 20,90 millones de parados de la Europa de los 28 estados a finales de 2016, la mayoría de los cuales han tenido algún tipo de prestación contributiva y ahora, quizás, tienen ayudas a cargo de los Presupuestos generales de su Estado.

En lugar de incentivar el venir al primer mundo, habría que incentivar el ir al tercer mundo a ayudar bajo el paraguas de la ONU a organizar el Estado para que dejara de ser fallido, incluyendo fuerzas del orden, funcionarios de todo tipo, pero sobre todo, ayudar a la prestación de los servicios básicos, entre ellos los de sanidad y educación.

No todos valdríamos, lo sé. Pero muchos estarían encantados de hacerlo, de hecho lo están y van altruistamente mediante colaborar o trabajar con alguna ONG.

Pero lo que digo es algo mucho mayor. Lo que sugiero es que hay que enviar Altos dirigentes para organizar y planificar el país, su economía, su vertebración social y territorial; Altos funcionarios para aconsejar a esos Altos dirigentes; Empleados de a pie que hagan el trabajo; y Fuerzas de seguridad que tengan a su cargo el mantenimiento del orden para que los demás trabajen. Algo así como una Administración temporal bajo el paraguas de la ONU. Incorporando, poco a poco, a los autóctonos que hayan aprendido (no a robar sino a gestionar bien la cosa pública) y posteriormente, en un acto trascendente, de legítima satisfacción moral mundial, ceder el control total.

Esto es un sueño, pero dejadme soñar. No parece serio lo que he dicho. Pero ¿por qué no?

Estamos manteniendo a gente que no tiene otra cosa para comer que lo que compran con las ayudas gubernamentales que reciben después de haber agotado la prestación por desempleo. Muchos de esos y otros, especialmente los jóvenes, estarían dispuestos a poderse ganar la vida en un país extraño, durante un tiempo, aprendiendo bien uno o dos idiomas, el inglés como idioma franco y el del propio país, aprovechando el que son JASPs, es decir, jóvenes aunque suficientemente preparados, poniéndose como reto histórico haber contribuido al éxito de un Estado previamente fallido.

 

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El futuro de la economía

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

27.09.2015

 

En España, el año 2013 los ingresos medios anuales declarados por los asalariados fueron de 9.012 euros, por los autónomos de 18.787€ y hubo 533.083 contribuyentes que declararon entre 60.000 y 150.000€; por su parte 58.571 contribuyentes declararon entre 150.000 y 600.000 euros anuales y finalmente 4.553 declararon que percibían rentas superiores a 600.000 euros anuales.

 

Efectivamente el IRPF se ha quedado sin ricos, o mejor dicho, sin que los que, siéndolo, ya no se declaran como ricos, debido a que usan ingeniería fiscal que les permite una mejor eficiencia en la disminución de la tributación. A mayor crisis y pobreza, a mayor necesidad de ingresos tributarios, más pocos tributan más. ¿Acaso será que también la crisis les ha afectado? Aunque según los datos parece que es lo contrario, que los ricos cada vez son más ricos y la brecha con los pobres y con la clase media se hace, cada vez, más amplia. Un menor porcentaje de población cada vez posee un mayor porcentaje de la riqueza total.

 

Ciertamente que corrupción, guerras y crisis migratoria no dejan tranquilos a gobernantes y a instituciones tener tiempo para dedicarlo a la resolución de la absolutamente injusta distribución de la riqueza. Pero, ¿creen ustedes que habrá algún momento adecuado para estudiar, debatir y consensuar una política de mejor distribución de la riqueza?

 

Parece que pocos han leído a Piketty y los que lo han hecho se han olvidado de sus propuestas que recordemos que son:

 

Un impuesto sobre los ingresos mucho más progresivo, más tramos altos y con tipos más elevados, especialmente los marginales.

Ello implica más redistribución y más progresividad fiscal, y no es una cuestión técnica sino eminentemente política y filosófica, sin duda, la primera entre todas. El objetivo es repensar la tasa marginal superior del impuesto progresivo sobre los ingresos, de modo que sea más progresivo, tasa o tipo marginal, que según Piketty debería ser superior al 80 % en los países desarrollados, para ser aplicado a las rentas observadas a nivel del 1 % o del 0,5 % de las personas con ingresos más elevados. Es decir, aplicado a niveles de 500.000 dólares o 1 millón de dólares de remuneración anual. Aunque con poca recaudación, cumpliría su objetivo de limitar drásticamente las remuneraciones tan elevadas. También habría que aplicar, según Piketty, tipos del orden del 50 – 60 % en remuneración por encima de 200.000 dólares anuales.

 

Un impuesto progresivo mundial sobre el capital.

Para que la democracia pueda retomar el control del capitalismo financiero globalizado de este nuevo siglo, hace falta inventar una herramienta: ésta. Y aun reconociendo que hoy todavía es una utopía, es bueno tenerla  en mente a fin de evaluar mejor lo que permiten o no otras soluciones alternativas, por lo que es necesario profundizar a nivel mundial en la transparencia financiera, y la transmisión de información es inseparable de la reflexión sobre el impuesto ideal sobre el capital.

Para fijar ideas sobre las que debatir, Piketty sugiere varios baremos:

  • Una tasa del 0% para patrimonios inferiores a 1 millón de euros; 1% entre 1 y 5 millones; y el 2% para patrimonios superiores a 5 millones de euros.
  • O mucho más progresivo, con el 5 o del 10 % para fortunas más allá de 1.000 millones de euros.
  • O se pueden encontrar ventajas de tener una tasa mínima sobre los patrimonios modestos y medios, por ejemplo del 0,1 % por debajo de 200.000 euros y el 0,5 % entre 200.000 y 1.000.000 de euros.

 

La deuda pública.

Algunos países desarrollados tienen deudas públicas muy elevadas, las cuales es conveniente reducir, y no hay modo de hacerlo más allá de implementar políticas que combinen sabiamente la inflación, la austeridad y el impuesto sobre el capital. En efecto un impuesto excepcional sobre el capital junto con la inflación pueden jugar un papel útil; de hecho, ha sido de este último modo como se han reabsorbido la mayor parte de las deudas públicas más importantes. En cambio, una cura prolongada de austeridad es para Piketty, tanto en términos de justicia como de eficacia la peor solución. Entonces, ¿qué hacer para reducir la deuda pública a cero? El impuesto extraordinario sobre el capital privado es la solución más justa y más eficaz, según Piketty. Un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados aportaría casi un año de ingresos nacionales (o PIB) y permitiría el reembolso inmediato de todas las deudas públicas, y el Estado quedaría con todos sus activos pero con una deuda cero. Cada uno contribuye al esfuerzo solicitado y se evitan las quiebras bancarias. Además no es necesario reducir la deuda pública totalmente de golpe, sino en sucesivas ocasiones.

Pero también la inflación podría tener su papel. Una inflación del 5 % anual (en lugar del 2 % de meta actual) en 5 años reduciría el valor de la deuda pública en un 15 % del PIB. Esta es una solución tentadora que ha sido usada a lo largo de la historia. No obstante, la inflación no es más que un sustitutivo muy imperfecto del impuesto progresivo sobre el capital y puede comportar un cierto número de efectos secundarioz poco atractivos, entre ellos, el descontrol de la tasa, es decir que la inflación se “embale”.

 

Es necesario debate supranacional.

No parece que a las instituciones financieras supranacionales les hayan hecho mucho efecto las conclusiones de Piketty, ni han planteado debate alguno sobre ello. Esto de dar la callada por respuesta, no es ni científico, ni profesional, ni transparente. Hace falta debate.

No se ha debatido ni sobre las ideas de Piketty ni sobre las ideas de Jeremy Rifkin con sus estudios sobre la sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas (IdC), el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo tal como lo conocemos. De nuevo hace falta debate. Pero los políticos, probablemente, ni se enteran de las nuevas ideas de la ciencia económica, o no son competentes para debatirlas. No se trata de escoger entre Keynes y Hayek, sino de usar de los medios que las nuevas tecnologías nos permiten con su mercado mundial y con los actuales prosumidores.

 

He usado dos términos procomún y prosumidores que quizás no tengan un uso demasiado extendido, por lo que hace falta aclararlos. Rifkin nos explica que la convergencia del Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía y el Internet de la logística ha dado lugar al Internet de las cosas, el IdC, un espacio en el que la productividad se incrementa hasta tal punto que el coste marginal de producción de muchos bienes y servicios es prácticamente nulo, permitiendo que se puedan ofrecer de manera casi gratuita y que dejen de estar sometidos a las fuerzas del mercado. Esto está dando lugar a una economía híbrida, casi de intercambio, en la que millones de prosumidores producen y consumen conectados a Internet compartiendo su información, su esparcimiento, su energía limpia y sus productos impresos en 3D con un coste marginal casi nulo. Casi todo es para todos a un mínimo coste, como con en el sistema económico de procomún de la antigüedad. Pero tenemos que hablar más de estas cosas.

 

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EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

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SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XXV. Las desigualdades mundiales en el siglo XXI

XXV.- Las desigualdades mundiales en el siglo XXI

17.05.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

¿Hay alguien en las instituciones europeas o americanas que hable de ellas, de las desigualdades? Si los hay, su voz no se oye suficientemente fuerte porque se ahoga entre otros murmullos militares, políticos o económicos. Sólo en las Universidades se oyen algunas voces.

Desigualdades en los rendimientos del capital a causa de la mejor colocación en términos de tipos de rendimiento de las grandes fortunas (del orden del 6 – 7 % anual) frente a los capitales de los pequeños ahorradores (del orden del 4 % anual y hoy, mucho menos). No obstante en tanto que el crecimiento económico (que envuelve tanto el crecimiento del PIB como de la población) sea elevado, la desigualdad r > g (tipo de rendimiento mayor que crecimiento) se verá controlada y el crecimiento de los grandes patrimonios permanecerá relativamente moderado en términos relativos.

Desde los años 1980 los patrimonios a nivel mundial han progresado de media un poco más rápido que los ingresos y los patrimonios más elevados han progresado mucho más rápido que la media de los patrimonios como se ve en la tabla siguiente 12.1. En efecto los patrimonios de los más ricos han progresado del 6 al 7 % anual, contra el 2,1 % anual para el patrimonio medio mundial y el 1,4 % anual para los ingresos medios mundiales (datos netos de inflación calculada al 2,3 % anual de 1987 a 2013).

2015.05.17 Piketty T12.1

 

Traducción:

Tabla 12.1. La tasa de crecimiento de los patrimonios mundiales más elevados, 1987-2013

Tasa de crecimiento real medio anual (después de la deducción de la inflación). Período 1987-2013

Los cien millonésimos más ricos (alrededor de 30 personas adultas sobre 3 millardos en los años 1980, 45 personas sobre 4,5 millardos en los años 2010)

Los veinte millonésimos más ricos (alrededor de 150 personas adultas sobre 3 millardos en los años 1980, 225 personas sobre 4,5 millardos en los años 2010)

Patrimonio medio mundial por habitante adulto

Ingresos medios mundiales por habitante adulto

Población adulta mundial

PIB mundial

 

Nada hay que discutir del argumento en favor de una sociedad de emprendedores con sus innovaciones e invenciones que hacen fortuna. El problema es que la desigualdad r > g incrementada con la desigualdad de los rendimientos en función de la talla del capital inicial y las economías de escala, conduce a menudo a una concentración excesiva y perenne del patrimonio: aunque las fortunas estén justificadas al inicio, se multiplican y se perpetúan, quizás, más allá de todo límite y de toda justificación racional posible en términos de utilidad social y puede conducir, potencialmente, a una dinámica mundial de acumulación y reparto de los patrimonios hacia trayectorias explosivas y espirales desigualitarias fuera de todo control.

Y de esto hablamos en relación al rendimiento de los fondos soberanos en los que se mezcla el capital y la política, que nos hacen formularnos la pregunta si acaso los fondos del petróleo, o los fondos soberanos como el de la China, van a llegar a poseer el mundo. Piketty afirma que la renta petrolera puede, efectivamente, en cierta medida, permitir comprar el resto del planeta y vivir seguidamente de las rentas del capital correspondiente; lo mismo que si la China continúa su tasa de ahorro del 20 % de sus ingresos nacionales hasta 2100 mientras que Europa y América sólo ahorran el 10 %, una parte importante del Viejo Continente y del Nuevo mundo será poseída por los fondos chinos.

Las desigualdades sobre las que estamos reflexionando quedan, en parte, suavizadas por el Estado social o el Estado del Bienestar. La crisis de 2008 cuya causa, en parte, está en la desregulación, en la falta de Estado, está siendo controlada gracias a políticas pragmáticas que, no obstante, no proveen una respuesta duradera a los problemas estructurales que la han causado.

El retorno del Estado que se predica es proceder a la modernización y evitar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. La redistribución moderna no consiste, según Piketty, en transferir riquezas de los ricos hacia los pobres o, al menos, no hacerlo de modo tan explícito; más bien consiste en financiar los servicios públicos y conseguir fuentes de ingresos más o menos iguales para todos, especialmente en las áreas de la educación, la sanidad y las pensiones de jubilación. En este último caso, el principio de igualdad se expresa por una casi proporcionalidad al salario obtenido durante la vida activa. En los otros casos se expresa en un verdadero igualitario acceso.

De modo que Piketty señala que hay que modernizar el Estado social, y no desmantelarlo. Si el acceso a las instituciones educativas, por el costo para los padres, es dificultoso, no se permite la movilidad social. De hecho la correlación intergeneracional de los diplomas y de los ingresos del trabajo no va a la baja, sino que se mantiene. La desigualdad de acceso también parece que se repite con relación a la cumbre de la jerarquía económica, especialmente en Estados Unidos y con respecto de las afamadas universidades privadas.

En cuanto al futuro de las pensiones de jubilación hay que tener presente que actualmente se basan sobre el principio de reparto: las cotizaciones sobre los salarios son inmediatamente utilizadas para pagar las pensiones de los jubilados. Ninguna suma es invertida, sino que todo es inmediatamente utilizado, a diferencia de los sistemas de capitalización. En estos sistemas de reparto que se fundan sobre el principio de solidaridad entre las generaciones la tasa de rendimiento es, por definición, igual a la tasa de crecimiento de la economía. Así todas las generaciones están atadas las unas a las otras, la presente a la próxima.

Cuando se pensó en este sistema, las circunstancias eran las ideales, crecimiento demográfico, crecimiento económico, pero la reducción de la tasa de crecimiento en torno al 1,5 % nos hace pensar que este sistema debe ser reemplazado lo más rápidamente posible por sistemas fundados sobre el principio de capitalización, de modo que las cotizaciones deben invertirse y no revertirse hasta la jubilación del que las ha originado.

Pero ¿cómo hacer el cambio? ¿Cómo financiar entre tanto las necesidades sociales que son la razón de ser del Estado?

Finalizaremos esta serie de artículos económicos con el próximo en el que vamos a dejar que Piketty plantee sus propuestas sobre el impuesto progresivo sobre los ingresos repensando el tipo marginal superior así como sobre un impuesto mundial sobre el capital y una posible solución al exagerado nivel de la deuda pública.

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SOBRE EL REPARTO DEL CAPITAL Y LAS RIQUEZAS. XX. El capital humano y Marx con su apocalipsis

XX.- El capital humano y Marx con su apocalipsis

12.04.2015

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Según una visión relativamente extendida, el proceso de desarrollo y crecimiento económico se caracterizaría por el hecho de que las cualificaciones, el know-how y el trabajo humano, llegarían a ser cada vez más importantes en el curso del tiempo en el seno del proceso de producción. Y aunque esta hipótesis no sea totalmente exacta, una explicación razonable de ella es que la tecnología se ha transformado de tal modo que el factor trabajo cada vez juega un papel más importante.

De hecho, con esta hipótesis se puede interpretar la disminución de la parte del capital según el cuadro:

 

Factores de producción Años 1800-1810 Años 2000-2010
Parte del capital               35-40 %            25-30%
Parte del trabajo               60-65 %            70-75 %

 

La parte del trabajo ha aumentado porque el trabajo ha llegado a ser más importante en el proceso de producción y ha sido el aumento del trabajo lo que ha permitido reducir la parte del capital rústico, inmobiliario y financiero.

Si la interpretación es correcta, es un cambio verdaderamente significativo. No obstante esto ha sucedido con idas y venidas y sin estar seguros de lo que nos deparará el futuro. Piketty indica que la enseñanza más importante, en estos momentos, es que la tecnología moderna utiliza siempre mucho capital y dado que la elasticidad de sustitución capital-trabajo parece ser superior a uno a largo plazo, no existe razón natural alguna para que la parte del capital disminuya a muy largo plazo, incluso si la tecnología se transforma en un sentido más favorable al trabajo. Ha aumentado los niveles de cualificación, pero el stock de capital inmobiliario, industrial y financiero ha progresado igualmente, y no parece que de una civilización fundamentada en el capital, la herencia y la filiación, vayamos a pasar a otra fundada sobre el capital humano y el mérito.

Para Marx los capitalistas acumulan cantidades de capital cada vez más importantes, lo que finalmente conduce a una baja inexorable y tendencial de la tasa de rendimiento del capital. Pero Marx, se lo imagina. No utiliza ningún modelo matemático, por lo que no sabemos, salvo la interpretación de cada uno, lo que quería decir. A este respecto Piketty señala que una forma lógica y coherente de interpretar el propósito de las palabras de Marx, es considerar la ley dinámica B = s/g, (es decir, B = ahorro / crecimiento, en término de % de los ingresos nacionales), y considerar que él quería decir que la tasa de crecimiento llegaría a ser = 0 o próxima a cero. Pues bien, si la tasa de crecimiento es cero o próxima a cero, la relación capital/ingresos tiende a infinito y si esto es así, el rendimiento del capital “r” debe necesariamente reducirse, cada vez más, de modo que el rendimiento del capital “r” debe acercarse próxima e infinitamente a cero, de lo contrario la parte del capital a = r x B acabaría con devorar la totalidad de los ingresos nacionales.

La contradicción dinámica señalada por Marx corresponde a una verdadera dificultad, de la que la única salida lógica es la del crecimiento estructural,  la cual permite equilibrar hasta cierto grado el proceso de acumulación del capital. En efecto, es el crecimiento permanente de la productividad y de la población lo que permite equilibrar la adición permanente de nuevas unidades de capital, como lo expresa la ley B = s/g, de lo contrario los capitalistas están cavando su propia tumba.

Parece, pues, que Marx tenía estas ideas, pero el problema es que Marx sólo se basaba en lo que leía de los informes parlamentarios británicos de los años 1820-1860 y algunas estadísticas que mostraban el muy rápido crecimiento de los beneficios industriales en el Reino Unido y a pesar de todas sus importantes intuiciones, Marx no usa y sólo se aproxima, relativa y poco sistemáticamente, a las estadísticas disponibles; Marx pasa totalmente de la contabilidad nacional, no profundiza en datos más contrastados o más fiables que su intuición, que en realidad fue una imaginación interpretativa de los hechos que veía en su época, que explicaba, a su manera, pero que no llegó a estudiar profundamente ni científicamente.

Dada la situación actual parece que vamos directos al retorno del capital en régimen de crecimiento débil. Así es, puesto que el retorno a un régimen histórico de crecimiento débil, y en particular de crecimiento demográfico nulo, conduce lógicamente al retorno del capital. Esta tendencia hacia la reconstitución de stocks de capital muy elevados en las sociedades de crecimiento débil está expresada por la ley B = s/g y se puede resumir así: en las sociedades estancadas, los patrimonios que vienen del pasado toman naturalmente una importancia considerable.

Si la tasa de ahorro se mantiene en torno al 10% y si la tasa de crecimiento se estabiliza en torno al 1,5% a muy largo plazo, en ese caso el stock mundial de capital alcanzará lógicamente el equivalente de seis-siete años de ingresos. Y si el crecimiento se reduce a 1%, entonces el stock de capital podría alcanzar el equivalente a diez años de ingresos.

Todo esto nos hace pensar en que la marcha adelante, hacia la racionalidad económica y tecnológica, no implica, necesariamente, una marcha adelante hacia la racionalidad democrática y meritocrática. La razón es pura y simplemente que: la tecnología, lo mismo que el mercado, no conoce ni límite ni moral. Ciertamente la evolución tecnológica ha envuelto necesidades cada vez más importantes en cualificaciones y competencias humanas (de trabajo humano), pero también ha aumentado las necesidades de edificios, viviendas, oficinas, equipos de todo tipo, patentes –todo lo cual es capital no humano- que ha progresado casi tan rápido como la producción y los ingresos nacionales. Además la masa de ingresos que remunera estas diferentes formas de capital ha progresado casi tan rápido como la masa de los ingresos del trabajo.

El crecimiento moderno, resume Piketty, que se ha fundado sobre el crecimiento de la productividad y la difusión de los conocimientos ha permitido evitar el apocalipsis marxista y equilibrar el proceso de acumulación de capital. Pero este crecimiento no ha modificado, en modo alguno, las estructuras profundas del capital y, todavía menos, no ha podido reducir su importancia macroeconómica comparada relativamente con el trabajo.

Hace falta ahora estudiar si respecto de las desigualdades en el reparto de los ingresos y de los patrimonios ocurrirá de igual modo. Es decir, ¿en qué medida las estructuras de las desigualdades respecto del trabajo y del capital se han transformado verdaderamente desde el siglo XIX?

Es cosa que veremos en próximos artículos.

 

 

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