Un gobierno formado por los mejores

UN GOBIERNO FORMADO POR LOS MEJORES

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

20180716

“Sólo la sabiduría radicada en la comprensión de nosotros mismos, y no la piedad, nos salvará. No habrá ninguna redención ni tampoco se nos concederá una segunda oportunidad. Este es el único planeta que tenemos para vivir; y éste el único enigma que debemos descifrar.”

Así de taxativo se expresa Edward O. Wilson en su libro “El sentido de la existencia humana” y ese sentido es al que alude como único enigma a resolver.

Las especies eusociales, dice, aparecieron en una etapa muy tardía de la historia de la vida, en cambio, han tenido un gran éxito ecológico, aunque hayan sido pocas las especies que han llegado a la eusociabilidad y especialmente la humana ha sobresalido por su capacidad cerebral, mental, que ha llevado al grandísimo avance de las capacidades sociales.

De hecho, la gente, estamos muy interesados en el comportamiento de los demás, somos cotillas desde el nacimiento y con el tiempo esa capacidad se desarrolla; eso nos hace humanos, nos permite identificarnos con un grupo u otro y construimos nuestra identidad personal como integrantes de ese grupo. Además, somos una especie muy esclarecida; la ciencia y las humanidades nos han hecho llegar muy lejos, y todavía llegaremos más. Pero el orgullo podría hacernos pensar que somos los reyes de la “creación”, como las religiones nos han tratado de hacer pensar, a la imagen de dios, de un dios que, más bien, ha sido una entelequia creada por los humanos a la imagen de nosotros mismos, como nos indicó Yuval Harari en “Homo Deus”.

“Por eso es un disparate pensar que este planeta podría ser una estación de paso hacia un mundo mejor” afirma Wilson, porque en realidad somos parte de la flora y fauna de la tierra, a la que estamos sujetos por nuestra emoción, nuestra psicología y nuestra historia.

Wilson señala que “no estamos predestinados a nada, y la vida no es un misterio indescifrable” y no es cierto que dioses y demonios luchen por nuestra lealtad, sino que somos artífices de nuestro propio éxito o fracaso, aunque hay que reconocer que somos una especie frágil y estamos solos para comprendernos a nosotros mismos. Nuestra supervivencia a largo plazo radica en ello y en que logremos una independencia de pensamiento más significativa de la que se tolera hoy en día, incluso, en las sociedades democráticas más avanzadas.

Si todo lo anterior es cierto y los científicos dicen que lo es, parece que estamos solos y, además, estamos perdiendo el tiempo. Es perentorio que hagamos de nuestro planeta un lugar en donde todos vivamos con todas nuestras necesidades cubiertas y todos podamos desarrollar nuestras capacidades; que cuidemos el entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

Somos eusociales y a pesar del éxito que representa haber llegado a esta capacidad, nuestras sociedades actuales no están dirigidas por los mejores individuos, sino por algunos que están pensando en sí mismos en lugar de pensar en el grupo, en la sociedad, en la especie humana; que, además, son incompetentes, algunos disléxicos a pesar de ser presidentes. Llegan al poder haciendo trampas y se perpetúan lo máximo posible en él haciendo también trampas. No me refiero sólo a los casos de España, que… también (partidos que se financian ilegalmente; miembros, la casi mayoría, que entran y se mantienen en la política para “forrarse” o para vivir de ella), sino a casos tan conspicuos como el de la presidencia de los EEUU o de las potencias que sueñan y trabajan para hacer sombra a EEUU. Países y gobiernos en donde se niega el cambio climático, científicamente demostrado (da risa, pero eso hace la administración Trump); o simplemente se ignora el daño que hacen, pensando que, si otros han contaminado, ellos también tienen derecho a hacerlo hasta que hayan alcanzado un desarrollo muchísimo mayor (China y otros grandes contaminadores).

Tenemos que repensar el funcionamiento de la actividad política y de la gobernanza de las naciones. Los humanos no somos malvados por naturaleza; somos lo suficientemente inteligentes, generosos y bondadosos para hacer de la Tierra y de la biosfera que nos dio a luz un lugar semejante a un paraíso. El problema es que el homo sapiens es un producto, es una especie disfuncional, a la que se llegó después de adaptaciones genéticas producidas durante millones de años para producir una especie cazadora recolectora, como máximo aldeana; adaptaciones que cada vez estorban más en una sociedad organizada globalmente, mayormente urbana y claramente técnica y científica, que es incapaz de estabilizar las políticas económicas y cualquier forma de gobernación que esté por encima del nivel de una aldea. Eso dice Wilson.

La idea que traigo en la mente para proponer es la de que a la docencia y a la política tienen que ir los mejores. Que la retribución que deben recibir debe ser suficientemente alta como para que no tengan necesidad de corromperse o de salirse de la actividad.

¿Tendrán nuestros legisladores la valentía de afrontar con sinceridad el problema de la financiación de los partidos políticos y de la retribución de los que ocupan cargos públicos? ¿Tendrán la sensatez de plantearse el control estricto, como en el caso de una empresa privada, del uso de fondos y la asignación de estos de modo no clientelar o corrupto?

Además, en el caso de la política, deberían estar aquellos que han demostrado sus capacidades de gestión, sus conocimientos y que nadie va a poder corromperlos ya, por haber alcanzado reconocimiento social entre sus pares, por haber conseguido estabilidad económica, y tener experiencia vital por su madurez y por haber alcanzado tres cuartas partes de la esperanza promedio de vida.

Sí, estoy sugiriendo que a la política tienen que ir personas que tengan más de 50 años de edad. No es bueno para nuestras sociedades que individuos que lo único que han hecho durante años es ser coristas del “sí” en el partido, por suerte, nepotismo, artimañas, o por llegarles el turno, vayan escalando posiciones para después llegar a gestionar lo público, incapaces de haber gestionado lo privado por falta de capacidad, o por el débil esfuerzo que ponen en su profesión o en su trabajo en la empresa privada.

Es disfuncional que en los partidos no haya democracia interna y que se prime el seguidismo. Es disfuncional que los votantes no puedan elegir sus representantes de entre listas abiertas. Es disfuncional que los votos no valgan lo mismo en todas las circunscripciones y que minorías bloqueen o sean la clave para tomar decisiones (salvando la necesaria utilidad de la inclusión de las indicadas minorías, para que tengan la capacidad de hacer oír su voz y defender sus propios intereses). También es disfuncional que la solidaridad interterritorial no tenga más límites que la voluntad de los gobernantes, que la usan para generar voto cautivo, que es una trampa, un populismo, una compra, para llegar al poder, y que produce injusticias que descohesionan la población y los territorios. Se nos puede llenar la boca de pronunciar la sacrosanta palabra de la “unidad” de España, pero se hace poco para mantenerla.

Es perentorio que hagamos algo, que cambiemos las cosas presentes, que no tengamos miedo de tomar decisiones, pues si no lo hacemos perderemos la oportunidad de hacer de nuestro planeta, de nuestra querida España, de nuestra queridas Comunidades Autónomas, en nuestro caso Comunitat Valenciana, un lugar en donde vivamos con necesidades cubiertas y podamos desarrollar nuestras capacidades en beneficio de la “res pública”; y de cuidar del entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones adecuadas, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

¿Haréis algo, formularéis propuestas? Si no lo hacéis, no obstante, yo no me cansaré de denunciarlo.

EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

El Estado del Bienestar y los recortes de derechos. La Seguridad Social

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS RECORTES DE DERECHOS

LA SEGURIDAD SOCIAL

Federico Rivas García. Doctor en Derecho.

22.04.12

 

 

Cada viernes, es decir cada semana (si no, cada día) vienen informaciones de decisiones del gobierno en torno a la reestructuración fiscal y financiera como consecuencia de la crisis económica, así como reformas que se postulan para hacer sostenible el Estado del Bienestar.

Unos se quejan amargamente y se preparan para combatir todo recorte de derechos (así lo creen) conseguidos con la lucha (¿de clases?) de los últimos 50 años, que consideran inalienables.

Otros consideran que hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades y, algunos, malgastando en sostener un Estado complejo, caro y, sobre todo, que ni sabe gastar eficientemente ni exige productividad a sus empleados; también que los ciudadanos que se beneficiaban de servicios públicos, en algunos casos, abusan por el mero hecho de nos costarles nada el servicio (medicinas, servicios de urgencias); y lo más sensato es apretarnos el cinturón, adelgazar el gasto, repensar lo que verdaderamente es necesario, para poder hacer sostenible un Estado que preste unos servicios públicos adecuados.

Ciertamente da una sensación de humanismo y beatitud pensar que gracias a nuestro Estado del Bienestar, muchos, muchísimos inmigrantes, con o sin papeles, han podido ser atendidos de sus enfermedades e intervenidos, mejorando su salud o, incluso, salvándoles la vida. No tanto humanismo destila el pensamiento de que muchísimos europeos han estado haciendo turismo sanitario y conozco el caso de venir a dar a luz a España con dos ventajas: la atención sanitaria y la inscripción en el Registro Civil del nacido.

Es evidente que la consecución de una situación de amparo para todos los ciudadanos de un país es un logro grandioso. Recuerdo respecto de mis padres el antiguo SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Pero eso, Seguro Obligatorio, es decir, era un “seguro”. Y un seguro, por mucho que pretenda cuidar del desamparo futuro, se basa en repartir el riesgo (matemática, estadística y actuarialmente) entre los que pagan el seguro y, además, conseguir beneficios para el asegurador. Y cuando la indemnización por los siniestros tiende a alcanzar el importe de las primas el asegurador está condenado a la quiebra. El éxito depende de unos cálculos bien hechos, basados en buenas estadísticas, y de un comportamiento sostenido en el tiempo por el asegurado (de manera que no incremente el riesgo), así como de un comportamiento honesto, no abusivo ni tramposo del mismo.

Lo que fue el SOVI se convirtió a través del tiempo y de varios cambios legislativos en la actual Seguridad Social, que funciona, nutriéndose de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera, y también de que el asegurador, en este caso, el Estado, pague los siniestros. Efectivamente así es, pero si no los consigue pagar con las primas que se acumulan, tiene necesidad de tomar dinero de los Presupuestos Generales del Estado para compensar el déficit que se produzca. Es lo que se llama ser el Estado Asistencial, porque todas las pensiones o servicios que se pudieran pagar con las contribuciones o primas satisfechas por los trabajadores y empresarios, serían prestaciones contributivas, es decir que se había contribuido por ellas, mientras que cuando esas prestaciones superan las primas cobradas, el Estado Asegurador, Asistencial, se convierte en una compañía de seguros que tiene pérdidas anuales y si estas se mantienen, puede quebrar.

Aquí cabe la reflexión al decir que ya está en la propia idea de la Seguridad Social que el Estado la sostenga, que es una forma de redistribución de la renta. De acuerdo, pero el asegurador, el Estado en este caso, debe ser diligente en cuanto a los abusos, debe ser profesional en cuanto a la gestión, consiguiendo la máxima eficiencia y productividad del gasto. De otro modo se va a la quiebra del sistema.

No quiero basar mis argumentos en los EREs falsos, en los trapicheos de los que cobran la prestación por desempleo y hacen chapuzas en la economía sumergida, ni en el abuso o, mejor, en el exceso de medicación consumida por los jubilados. Pero los gestores deben ser diligentes para evitar abusos como estos que comprometen el sistema.

 

Después de todo esto me pregunto si racionalizar el sistema (bueno, verdaderamente racionalizar), evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Es un tema al que le dedicaré otra reflexión.

 

Una solución muy esperada a la crisis europea

Parece que, finalmente, si Alemania y Francia se ponen de acuerdo (los demás países de la zona euro sólo somos meros comparsas [por culpa nuestra]) en un pacto fiscal, es decir, en una fiscalidad común y en una autoridad fiscal europea en modo Ministro de Economía europeo o Súper Comisario con poderes para intervenir en los presupuestos antes y después de su aprobación por los parlamentos nacionales, para sancionar a los infractores de su ejecución presupuestaria, de los límites de déficit y deuda, incluso para llevarlos al Tribunal de la UE; digo que si se ponen de acuerdo en esto, parece que la solución a la crisis europea de la deuda soberana incardinada en una crisis mundial, así como la crisis del euro, se encuentran en vías de solución.

Dados los supuestos anteriores se permitiría que el BCE pudiera actuar con plenos poderes en el mercado de la deuda y se convertiría en una FED europea: que tiene como objetivos no sólo la estabilidad monetaria, sino también el estímulo y control del crecimiento económico.

Así se podría poner en marcha la máquina de imprimir billetes y de dar barra libre al crédito para iniciar la senda de la recuperación y el crecimiento. Así los alemanes ya no temerían la inflación, la terrible súper inflación que los dejó marcados en el periodo entre guerras. Miedo que según un premio Nobel no deberían tener, pues la ampliación de la masa monetaria en un periodo de crisis no desvaloriza la moneda, como ya indiqué en un artículo anterior; pero que por sus fantasmas, no tan ancestrales, la ven como la madre de todos los males.

Pero ¿cómo puede ser malo algo que se utiliza para crecer? Estoy de acuerdo que una inflación descontrolada y galopante es como un caballo desbocado. Pero el libre mercado, en el que putativamente creemos, utiliza la inflación como método de llevar a cabo el estímulo necesario para ajustar los desequilibrios entre oferta y demanda. Subir los precios es inflacionario (pues con el mismo dinero compramos menos) pero es estimulador para poner a empresarios a trabajar para poder fabricar más y ampliar la demanda que hará bajar precios (lo que es deflacionario).

Ciertamente que casi siempre y casi todos los países han jugado con el déficit presupuestario, que es inflacionario, para estimular el crecimiento. Y más cierto es que no se puede vivir durante largo tiempo por encima de las posibilidades. Así que se deberían suceder periodos de déficit con periodos de superávit, salvo que queramos adelantar el disfrute de lo que no podemos tener, elevando así artificialmente nuestro nivel de vida, mediante poner una carga (el importe de la deuda y su sostenimiento, los intereses) que deben soportar los que nos sucedan a costa de rebajar su propio nivel de vida.

Por lo tanto algunos se tendrían que preguntar si es progresista o de izquierdas el reducir el nivel de vida de nuestros hijos y nietos.

Ya escucho que alguien dirá que esto es lo mismo que comprar máquinas invirtiendo en la fábrica a costa de endeudarnos, pero que nos permitirá fabricar más y a mejor costo, lo que sin duda permitirá mejorar los resultados de la empresa. Tenéis razón. En este caso eso es cierto. Pero no lo es en una grandísima parte del gasto del Estado, sea gasto corriente en funcionarios o inversiones cuyo retorno no se puede cuantificar ni en cantidad ni en el tiempo. Esas inversiones se deben hacer cuando el nivel de vida ya es suficientemente alto, no cuando empezamos nuestra carrera para elevarlo. Nos hemos creído que éramos ricos, nuevos ricos.

La deconstrucción del estado descentralizado o la corresponsabilidad fiscal de las administraciones autonómica, provincial y local

He finalizado la lectura de “El desmoronamiento de España. El informe Recarte 2. La salida de la crisis y la política de reformas” de Alberto Recarte.

Aunque hace dos días que se habla en España del adelgazamiento del Estado de las Autonomías, no obstante ninguna de las dos partes (partidos socialista o popular) dice nada de la sugerencia de Recarte de ir al Estado Federal pleno como solución de corresponsabilidad fiscal. Pues no se trata de que haya menos de 17 Autonomías o de que estas sean más reducidas en cuanto a las transferencias y el gasto que (mal) administran, el problema es que mientras sea el Estado central el que recaude (y disguste con ello, por la carga fiscal, al ciudadano) y otra administración la que gaste, no se gastará con eficiencia, no habrá austeridad.

El problema también es que mientras la administración local no tenga suficiente con sus impuestos y tasas (que nunca lo ha tenido) y, al contrario, trate de emular al Estado con políticas sociales, educativas y con actividades que no son de su competencia, pero el dinero le venga del Estado, se gastará y se continuará gastando sin eficiencia. Y esto es válido para Ayuntamientos y Comunidades autónomas gobernadas por ambos partidos mayoritarios.

No sé si se tomarán algunas de las iniciativas (la corresponsabilidad fiscal de las administraciones autonómica y local, es decir el federalismo pleno , por ejemplo) que Recarte indica. No estaría de más que tanto el Gobierno de España como la oposición, en todos los ámbitos de la administración pública, hicieran un esfuerzo para realizar una lectura crítica del libro y un debate de ideas en cuanto a ir en la dirección de un Estado Federal. Y hay un país que es ejemplo en muchas cosas, en el trabajo de sus ciudadanos, en el ahorro, en la seriedad y también en la organización del Estado: Alemania, a la que tenemos mucho que agradecer y de la que tenemos mucho que copiar, pues allí, les funciona.

Francesc Colomer, Alcalde de Benicásim (Castelló, España) en su conferencia “El Castelló que jo veig” usó las políticas y el gasto local de su Ayuntamiento como un ejemplo de “savoir faire”, cuando lo cierto es que él, como todos, cautivan votos tratando de resolver localmente las deficiencias del Estado central o la Administración Autonómica.

Mientras uno no sepa el esfuerzo y los equilibrios que hay que hacer para conseguir dinero (impuestos, políticas de gasto, prioridades, austeridad y eficiencia; pues todo ello se conjuga), pues gaste lo que otro consigue, en lugar de ser su propia responsabilidad conseguirlo, los equipos de gobierno en todas las administraciones no aprenderán a saber gastar bien en la cosa pública.

Este debería ser un tema de seria reflexión.