Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

La profesión de sindicalista o de liberado sindical

La profesión de sindicalista o de liberado sindical

Federico Rivas. Doctor en Derecho

27.10.2015

 

Es preocupante que se lean expresiones como la de que “el kit de trabajo fundamental de un sindicalista liberado español es la bocina. Ahí está plasmada su sofisticada razón y argumento.”

También se ha dicho que “es inútil seguir subvencionando una “profesión” hoy ya sin sentido, como las plañideras, desaparecerá”; que “viven en el siglo XIX.”

Y me preocupa no porque se diga, pues en España existe y disfrutamos de libertad de expresión, sino porque se haya dado pie a que se afirmen con razón cosas como esas.

¿Acaso los sesudos (y algunos barbudos) sindicalistas, los que son intelectuales al mismo tiempo que líderes sindicales (si los hay), no habían llegado a pensar que vivir de la subvención, que mantener unas estructuras que no se sostienen con las cuotas de los miembros del sindicato, los cuales brillan por su ausencia, era una situación que no se podría sostener en el tiempo?

Del mismo modo que no se puede estar gastando más de lo que se ingresa durante largo tiempo, tampoco se puede sostener una carga poco eficiente, que no da contraprestación a la sociedad, gasto inútil, por un tiempo largo, pues a la postre el que paga, el ciudadano, se da cuenta de que es un malgasto.

¿Para qué sostener una estructura que no se renueva y que no tiene utilidad alguna?

Una estructura, digo que no se renueva porque desde hace mucho tiempo las elecciones a representantes de los trabajadores en las empresas, cuando las había, sólo tenían un motivo: dejar claro que el uno, o el otro, sindicato tenían representantes y copaban a nivel nacional, cada uno, el 50 % de las subvenciones que iba a darles el estado.

Ciertamente la organización de los propios sindicatos tiene su dificultad. EREs para reducir el número de empleados que viven de su trabajo allí en los sindicatos, pero que se pagan con dinero de todos, mientras que en algunos momentos empresas con problemas por la crisis se sienten presionadas por la actividad de los mismos que las ponen contra las cuerdas. Críticas a los países que cambian leyes y constituciones para permitir la perpetuación del que manda (mediante permitir una segunda o tercera o más candidatura) y en España desde que se estrenó la democracia parece que siempre vemos las mismas caras en los sindicatos.

Cualquier día se juntarán en una manifestación con la Iglesia para defender que ambas organizaciones hacen cosas para todos, incluso para los no creyentes y para los no empleados ni trabajadores: así que es el Estado el que debe correr con su sostenimiento.

Pero esto no es así. Tanto las organizaciones religiosas como las sindicales (y, por supuesto, también las patronales) deben ser sostenidas por sus miembros, no por todos los ciudadanos. Y el éxito en conseguir miembros que coticen será la mejor evidencia, más que las propias elecciones sindicales o la asistencia a servicios religiosos, de su efectivo y útil papel en la sociedad.

Es evidente que hay que replantearse el papel de los sindicatos en la sociedad, pues en ninguna parte de la Constitución se dice que deban ser a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero yo quería hablar no sólo del sindicalista, sino también del liberado sindical que parece un mal menor en las empresas y organismos del Estado que los sostienen. Personas que cobran como si trabajaran, pero que sólo hacen trabajo sindical atendiendo problemas de los trabajadores o yendo a las sedes de los sindicatos para su formación en ideología y estrategias. Los empleados públicos que lo son, su patrono, el Estado lo consiente (ciertamente, como el servicio o la empresa pública es una empresa de “todos” realmente resulta ser de “nadie” y por tanto no hay preocupación por rendimiento o eficiencia), pero en una empresa privada que tiene que luchar por ganar dinero la carga es grave.

Es necesario replantearse ir a una legislación más moderna que regule los sindicatos, los sindicalistas, sus empleados y los liberados sindicales de empresas públicas o privadas, y como quiera que es un problema a nivel supra estatal, es un tema que debiera debatirse en el UE. O al menos ese es mi punto de vista, que someto a crítica.