Archivo para la categoría Filosofía Jurídica

El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

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Apellidos y Genealogía genética

Apellidos y genealogía genética

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en Castellón de la Plana, España, en el Periódico Mediterráneo el 2017.08.06

 

En las páginas de este Periódico Mediterráneo se ha hecho referencia con artículos como “L’ordre dels cognoms” y “El apellido continúa queriendo más al papá” a la entrada en vigor de lo que prevé la reforma de la Ley del Registro Civil en relación con el Artículo 109 del Código Civil que indica:

La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.

Artículo 109 redactado por el artículo 1 de la Ley 40/1999, 5 noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos («BOE.» 6 noviembre). Vigencia: 6 febrero 2000

En la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se indica en su Artículo 49. 2 Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos

  1. La filiación determina los apellidos.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente Ley.

El artículo 49.2 entró en vigor el día 30 de junio de 2017, conforme establece la disposición final décima de la presente Ley, en la redacción dada a la misma por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 29 junio).

Y por mi parte me refiero a este tema por la importancia que tiene para la genealogía histórica y genética, mantener una metodología común a lo largo de la historia en la imposición de apellidos en un determinado orden y que siempre sea el mismo.

Como ha quedado dicho el artículo 109 del CC indica que “el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley” que indica que, el primer apellido del recién nacido será el primer apellido del padre, y el segundo del recién nacido el primer apellido de la madre.

Por si esto no fuera poco, en el año 2015 se planteó ante la opinión pública la “grave problemática” de que en caso de no estar de acuerdo los padres[1], dado que tendría que decidir el Juez y este tendría que hacerlo de acuerdo con la ley, en el modo que ha quedado dicho antes…; y puesto que sería una “grave afrenta” a la igualdad de género por la prelación legal del apellido del varón sobre el de la hembra, nuestros sesudos legisladores cambiaron la legislación para evitar cualquier favoritismo al apellido paterno, para imponer al juez que lo haga en atendiendo al interés superior del menor ¿? (¿cuál será ese, respecto de los apellidos, el orden alfabético o incluso, algunos han dicho, lanzando una moneda al aire?).

Lamentablemente los legisladores son responsables de la actual redacción del artículo 109, ignorantes de cómo afectaba a la ciencia, dejando al arbitrio de los padres el desorden (porque en eso se podría convertir) de los apellidos, y actualmente demagogia de algunos políticos que se plantean adormecer el sentido común de los ciudadanos con debates inútiles, extemporáneos, contra la lógica y la ciencia, como intentaré explicar a continuación.

Felizmente la mayoría de las parejas que tiene hijos, a pesar de su libertad, asigna a sus hijos sus apellidos, en el orden tradicional; de modo que el posible desorden se ve corregido por el orden del sentido común. Pero con la entrada en vigor de pedir el acuerdo previo de los padres, ahora vuelven a la carga los que se quieren congraciar con la mitad del electorado, el femenino.

Pero no es una cuestión de igualdad de género el tener que repetir una y otra vez [2]la palabra en cada uno de los dos géneros, por no querer aceptar que uno de ellos, a veces en plural (el género gramatical, que no sexual, masculino) englobe omnímodamente a ambos géneros. Ni tampoco es una cuestión de igualdad, no consentir oportunidad mayor alguna al apellido paterno sobre el materno.

Pero del Derecho vayamos a la Ciencia.

El ser humano (hasta yo tengo miedo de decir el hombre, en sentido omnímodo) se genera como consecuencia de la recombinación del ADN de padre y de madre, de modo que heredamos aleatoriamente (se dice que ocurre por mitades, cosa no exacta) el ADN de ambos progenitores; así que somos una combinación no proporcional de madre y padre. Si esto fuera así respecto de todas las células de nuestro cuerpo, en todas las partes de dichas células, el descubrimiento de la genética no nos podría haber llevado más allá de lo que normalmente entendemos: la herencia de rasgos genéticos, la herencia de defectos genéticos y el estudio para que los genes recesivos no se manifiesten en sucesivas generaciones. Nos parecemos a nuestros padres y heredamos defectos y enfermedades de nuestros padres, feliz y desgraciadamente.

Pero hay dos partes en las células de nuestro cuerpo que no son el resultado de la recombinación aleatoria genética. En el caso de las hembras el ADN mitocondrial (el que se halla en las mitocondrias, las generadoras de la energía dentro de las células) y en el caso de los varones el ADN del cromosoma Y.

Efectivamente todos los varones heredamos (también) en las mitocondrias de nuestras células el ADN de, exclusivamente, las mitocondrias de nuestra madre, es decir matrilinealmente; y heredamos de nuestro padre el cromosoma Y, en el cual se halla el ADN del cromosoma Y de nuestro padre, de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo todos ellos patrilinealmente. El resto de cromosomas se recombina y son el resultado de porciones de padre y madre.

Gracias a esto, se puede, mediante la realización de un test genético, saber a qué Haplogrupo genético uno pertenece, la antigüedad del mismo, y cuál fue el viaje sobre la tierra a través del tiempo desde nuestros ancestros hasta el momento presente [3]. Se puede trazar la línea genealógico – genética patrilinealmente y matrilinealmente para los varones; pero solamente matrilinealmente para las hembras. Esto es así porque lo varones tienen ADN mitocondrial de sus madres y ADN del cromosoma Y de sus padres, del cual carecen las hembras, precisamente por eso, por ser hembras (pues el cromosoma Y es el que hace la diferenciación sexual).

Puestas las cosas encima de la mesa, vuelvo al inicio de la reflexión, un tanto más jurídica.

Si a lo largo de la historia hemos tenido una metodología de imposición de nombres y apellidos, en lógica no parecía oportuno cambiarla ahora, salvo el interés partidista de conseguir votos femeninos de mujeres no informadas, pues perderemos la posibilidad, o se hará muchísimo más dificultoso, el estudio genético histórico. Aquí lo importante no es si el varón está o debe estar privilegiado respecto a la hembra: no. Pero entre varias cosas siempre tiene que haber un orden pues los aleas o el desorden no ayudan; y dado que el orden adoptado desde hace siglos ha sido una tradición, continuemos con ella, sin perjuicio de reconocer que no hay razón más allá de la expuesta de continuidad para la investigación científica.

Eso quiere decir que aquellos países en donde la tradición ha primado la línea matrilineal en la imposición de apellidos, también debería quedarse como está.

Lo que sí es una aberración, es perder datos y medios para la ciencia y la historia, cosa que sucede cuando se pierden los apellidos propios por el matrimonio (como en algunos países ocurre), o cuando a alguien (porque lo permite la ley, sin fuerte razón para ello) cambia como a uno, o a ambos se les antoja el orden de los apellidos.

Si tuviera que hacer una propuesta diría que se debería restringir el cambio de los apellidos y el cambio de su orden a casos muy concretos que actualmente ya están previstos en las leyes. Pero anularía la posibilidad de que la pareja imponga según se le ocurra el orden de los apellidos, y también anularía la posibilidad de que uno mismo, tras su mayoría de edad, pueda cambiar dicho orden. Y si alguien me pidiera que me atreviera a más, diría que de conformidad con los hechos ciertos científicos de cómo estamos constituidos los humanos, deberíamos tener los apellidos del modo siguiente:

  • Los hijos varones deberían heredar y tomar para su primer apellido, el primer apellido de su padre, es decir de su línea paterna; y para su segundo apellido, el primer apellido de su madre [4].
  • Las hijas deberían heredar y tomar para su primer apellido, el apellido matrilineal, (en la primera generación de aplicación del cambio, el segundo apellido de la madre, aunque también este era un apellido de varón en la generación anterior); y para su segundo apellido el primer apellido de su padre.

Si se hiciera así, y a partir de aquí, se conservaría unido cada primer apellido a su correspondiente ADN, en el caso de los varones al ADN del cromosoma Y; y en el caso de las mujeres al ADN mitocondrial. [5]

Estoy seguro de que a ninguno de los legisladores les interesará mi opinión porque las decisiones de los mismos no se basaron ni en formación jurídica ni científica, sino sólo en el interés de obedecer la disciplina partidista de congraciarse, creen, con las mujeres. Sería pedir demasiado. Sería pedir que nuestros políticos y legisladores pensaran como piensan los científicos y lo hicieran en aras de la ciencia, cosa extraordinariamente difícil. Pero por si acaso, comienzo a predicar, aunque sea en el desierto, y por si alguien escucha, insisto en esto.

 

[1] Por no seguir la moda tan “progresista” de la que no se libra ni el legislador, uso la palabra “padres” en plural de acuerdo a lo indicado en el DRAE que dice para padre en su acepción “9. m. pl. El padre y la madre.”

[2] Los vascos cuando hablaban en castellano fueron los primeros en hacerlo, en ponerlo de moda, hablando de vascos y vascas; de ciudadanos y ciudadanas.

[3] Ver http://www.familytreedna.com y https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html

[4] Transcurrida una generación todas las mujeres que heredarían el mismo ADN mitocondrial tendrían el mismo primer apellido, el de sus madres, y en generaciones posteriores también el de sus abuelas, y así sucesivamente.

[5] Salvado, como queda dicho, que a partir de la puesta en vigor de la norma estamos dando un apellido de varón, el del abuelo materno, al ADN mitocondrial.

 

 

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Los españoles somos caraduras

Los españoles somos caraduras

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo el 04.06.2017

Según Javier Elzo, reputado sociólogo, uno de cada cinco españoles es “un caradura de toda la vida”. En su día se señaló que según una encuesta del canal Fox:

  • El 83,1 % miente al decir que están enfermo para saltarse el trabajo.
  • El 67,5 % se ha ido alguna vez de un bar sin pagar.
  • El 26,3 % consume productos en los supermercados sin abonarlos.

Si estos datos son exactos estamos ante una dura realidad. Me avergüenzo de que así sea. Me parece increíble que los españoles tengamos tanta “jeta”.

¿Nos hemos planteado alguna vez la fuerza y el valor de la honestidad; o la maldad y el daño que produce la corrupción? ¿Queremos ser dignos de confianza o ser desleales y mentirosos?

España cayó a su peor clasificación de la historia en el “índice de percepción de la corrupción” que realiza Transparencia Internacional (TI) cuando se colocó en el puesto 41 de 176 países con una nota de 58 puntos sobre 100 posibles (100 sin corrupción, 0 totalmente corruptos), puntos que ya alcanzó en 2015 y repitió en 2016.

Los autores del informe también dijeron que “hemos alcanzado el récord histórico de corrupción comparativamente”, donde España también se hunde en la comparación con el resto de países que componen la UE. “Estamos entrando en un pelotón de países que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica muy recientemente, como Georgia o la República Checa”, apostillaron, advirtiendo que “es el momento de reaccionar”.

Pero no es ese el caso, pues de entre una lista de 176 países estudiados, en 2004 estuvimos en el puesto 23, posteriormente España en 2008 estuvo en el puesto 28 y ha pasado por cada año posterior hasta 2016 rebajando su posición en el ránking. Estuvo en el 32 en 2009, 30 en 2010, 31 en 2011, 30 en 2012, 40 en 2013, 37 en 2014, 36 en 2015 y 41 en 2016.

En cambio, Nueva Zelanda está en el puesto nº 1 casi desde tiempo inmemorial, aunque el puesto más abajo que ha estado ha sido en el 4º.

Verdaderamente no nos podemos comparar con los “buenos”, estamos demasiado abajo, pero ciertamente a algún tonto, a mí no, le quedará el consuelo de que no somos el pelotón de los “torpes” malísimos, que le parecerá estupendo.

Yo, por mi parte, veo que la única reacción que hemos tenido ha sido la de nuestro asombro más y más desanimador cuando semana tras semana observamos nuevas noticias de corrupción, de engaños, de trampas, de defraudación de personas y organizaciones que debieran ser nuestro modelo y dechado, nuestra reserva moral. Organizaciones quasi “criminales” que se excusan unas a otras (en una sesión del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, de donde ha salido un vídeo editado por el PP) indicando y lanzando contra el contrario la lista de cuántos de sus políticos han sido condenados por unos u otros delitos.

No estoy tratando de moralizar, ni de hablar de las bondades de la religión. Lo que digo es que en nuestra cultura judeo-cristiana el valor de la verdad, la honestidad y el esfuerzo ha llevado a occidente al estado del bienestar, a un lugar elevado de desarrollo y de justicia. Otras culturas que priman la trampa, el engaño, el regateo, el timo, ya veis dónde están.

No quiero decir que aquí no haya tramposos como el Lazarillo de Tormes.

Lo que digo es que aquí está mal visto: uno no debe mentir, cometer delitos, ni engañar ni estafar, pues si lo haces y te descubren has perdido toda la credibilidad, además de la sanción, penal en su caso, o de retirarte la amistad y el extrañamiento (nadie quiere estar, ni hacer negocios con un tramposo), nadie quiere jugar el juego de la vida con los deshonestos.

Y lo que digo también, es que, allá: la mentira, el engaño, la trampa y la estafa, les parece un signo que identifica al despierto, al listo; de modo que se valora.

¿Queremos ser un país tercermundista? ¡Pues evitémoslo! y quitemos todas las manzanas podridas de nuestras organizaciones, aunque nos quedemos sin manzanas ni organizaciones que siempre podremos sustituir por nuevas y compuestas por mejores personas, porque peor será que el “allá” se convierta en “aquí” y también nos parezca que es de listos, engañar, mentir, estafar y toda clase de abusos contra otros.

De modo que apliquemos el ejemplo y tengamos en alta estima los valores de la honestidad, la veracidad, el esfuerzo; e inculquémoslos en nuestros hijos y nietos. Con ello nos iremos elevando, como nación, en la lista de Transparencia Internacional mundial.

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La cultura occidental y la racionalidad práctica de los principios del judeocristianismo

La cultura occidental y la racionalidad práctica de los principios del judeocristianismo

Federico Rivas García. Doctor en Derecho.

Artículo publicado en el Diario LEVANTE EMV

08.11.2015

A las puertas de unas elecciones generales en España, cuando unos u otros, incluso nuevos partidos, todavía no parlamentarios, plantean el debate de sacar de las aulas la religión; cuando la crisis de los refugiados pone delante de nosotros un crudo panorama de guerra y destrucción de vida y haciendas, que hace que los sufrientes se esfuercen, a costa si es necesario de perder su propia vida durante el viaje, en llegar a lugares donde puedan seguir viviendo (sólo eso, vivir)… Digo que cuando eso sucede, hoy, nuestra conciencia se ve sacudida: temores que imprudentemente salen a la luz, como los del Arzobispo Cañizares, o dudas respecto de si con la llegada masiva de refugiados Europa va a dejar de ser lo que es (por no decir, cristiana), nos asustan. Unos reaccionan, como la derecha alemana o húngara; otros nos quedamos pensativos y preocupados (pensamos que los gobiernos de Europa no tienen claro qué quieren); pero menos mal que otros más, la Cruz Roja, las ONGs actúan y nos despiertan.

Aunque unos sean musulmanes y otros seamos cristianos, somos humanos, hermanos en la lucha por la supervivencia que no tiene que ser contra nosotros, sino con todos conjuntamente contra los elementos tales como el hambre, la enfermedad y el odio homicida de las guerras y del terrorismo. Por eso una reflexión sobre lo que somos, pues como seres sociales somos cultura, nos vendrá bien para poner las cosas en su sitio y permitirnos actuar con justicia.

Si somos creyentes, deberíamos entender la justicia como las Sagradas Escrituras la presentan, como la conformidad de nuestro comportamiento a las normas y juicios de Dios; y eso debería afectar a nuestra forma de vivir la vida, a nuestro comportamiento cotidiano, porque no es sincero relegar a la vida interna, al pensamiento, a la conciencia, las cuestiones religiosas o espirituales, excusándose con que son muy íntimas y personales. La alternativa está entre creer en su realidad, es decir, que las normas de Dios son la expresión de su voluntad, hechos reales, o bien que son suposiciones o creencias.

Pero lo cierto es que, en la calle, no se practica ni se ve la justicia del modo que acabamos de expresar, ni siquiera por parte de los creyentes en “el libro”, católicos, protestantes o judíos. Y no se ve así porque no se está seguro (es una forma suave de decirlo) de que, en efecto, haya habido verdaderamente una revelación, y que, en su caso, detrás de ella esté Dios, algo así como Dios interviniendo en la historia; o, más bien, que todo sea una creación cultural humana, como se esboza por otros.

Pero lo que es completamente cierto es que nos movemos en un entorno cultural que ha tenido y tiene en cuenta los principios, las costumbres, las normas y la cultura que se deriva de las Sagradas Escrituras y de la tradición sobre las mismas.

Actualmente, pensamos como lo hacemos, porque hemos nacido en Europa o América, y nos hemos embebido de la cultura judeocristiana occidental. Creencias basadas en suposiciones erróneas (para los creyentes son hechos reales) han programado nuestro pensamiento a través de las costumbres, aunque estas se hayan secularizado. No tenemos más remedio que admitir que la costumbre bíblica es lo que es justicia para nosotros o, dicho más exactamente, algunas de las costumbres y normas bíblicas han conformado nuestra actual forma de ver la justicia.

Pero nos ha ido bien. La cultura occidental ha triunfado sobre otras culturas; nuestros países, por las armas, por los genes o por los gérmenes han invadido, conquistado y dominado a otros países[1]. ¿Es eso justo? ¿Qué justicia superior podría consentir una historia humana en la que sólo el poder, la dominación y la fuerza han tenido acción directa sobre la historia? Todo ello a costa de la muerte de millones y millones de otros seres, los dominados. Pero esos dominados, algunos, tuvieron tiempo de reproducirse y puede llegar la venganza como alguien señala[2] mediante el choque de culturas y civilizaciones[3] aunque Zapatero haya inventado, digo yo, la alianza de civilizaciones.

 

A nivel individual la sabiduría que destilan las Sagradas Escrituras nos beneficia, especialmente, cuando ponemos en vigor en la práctica las normas y las costumbres que se derivan de ellas. Las leyes y los códigos rezuman conceptos, normas e instituciones bíblicas. Una de las 600 normas de La Ley (la Torá) dice “y tendrán que vivir por ellas”[4] como en efecto así sucede cuando se ponen en práctica, porque parece que hacerlo da buenos resultados para el individuo, para su propio éxito individual así como para la vida familiar y para las relaciones con otros. Las normas de justicia, bondad y misericordia retribuyen: Aunque quizás alguien señale que habrá que tener presente la idea de Maimónides que expresó al traducir “que si el hombre los practica vivirá por ellos”, el versículo citado, en su Epístola sobre la conversión forzosa, en el sentido de que deben ser una ayuda para la vida, no la causa que haga que uno muera, lo que permite el renegar de la creencia para salvar la vida.

 

Pero, por otra parte, si no fuera cierto que el concepto de justicia es algo dado desde arriba ¿por qué estamos interesados en mantener la religión?, ¿por qué, por interés o sin él, la religión organizada perdura? Porque la religión es cultura. La religión ha sido el almacén de la cultura y de las costumbres y, además, la práctica de los principios religiosos está de acuerdo a los últimos descubrimientos de la ciencia.

De una profunda investigación (Véase “La génesis de la justicia: entre la naturaleza y la cultura”  Federico M. Rivas García, Editorial Tirant Lo Blanch, 2009) se deduce que la cooperación retribuye; que el buen comportamiento produce resultados; que el altruismo nos ayuda a tener éxito; que el compartir nuestros bienes nos proporciona un seguro para cuando no tengamos; que la reciprocidad nos mantiene en el grupo; de modo que la costumbre y la moral de los pueblos puede ser derivada de todo ello, el concepto de justicia se materializa en hacer, dar y comportarse de acuerdo con lo acostumbrado.

Los que vivimos actualmente y nos hemos reproducido tenemos claro que hemos tenido éxito evolutivo, pues aquí estamos, pero ¿cuál ha sido el factor clave? La cultura, que comenzó con las costumbres que practicamos basadas en los principios del judeocristianismo, cuya racionalidad práctica está fuera de toda duda.

Atendiendo pues a esos principios, deberíamos enfrentarnos a los retos que tenemos delante (envejecimiento de la población por la baja tasa de natalidad; inmigración casi descontrolada que entra en Europa por necesidad; terrorismo que somete y destruye culturas con su historia, así como conciencias, vida y haciendas individuales) con la convicción de que gracias a nuestra cultura occidental asimilaremos y saldremos con éxito de este problemático período[5].

Sintámonos contentos, seguros y orgullosos, pues somos los que constituimos la vieja Europa, la que ha dado a luz la cultura que más éxito ha tenido.

[1] Diamond, J. Armas, gérmenes y acero. Primera edición, Debate, Madrid 1998.; Cavalli-Sforza, L. L. Genes, pueblos y lenguas. Crítica, Barcelona, 1997.

[2] Huntington, Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, primera edición, Paidós, Barcelona, 1997.

[3] Cosa que hoy después de un 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. y un 11 de marzo de 2004 en Madrid, o de lo ocurrido en Londres en 7 de junio de 2005, todavía parece más probable que cuando Huntington escribió su obra, no hace mucho tiempo.

[4] Levítico 18:5.

 

[5] “La génesis de la justicia: entre la naturaleza y la cultura”  Federico M. Rivas García, Editorial Tirant Lo Blanch, 2009

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EL DERECHO DE ASISTENCIA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA

El derecho de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

23.08.2015

 

Argumentaba recientemente que la Seguridad Social funciona porque se nutre de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera y porque también el asegurador, en este caso, el Estado, paga los siniestros.

Entre los siniestros, hoy vamos a ocuparnos de la asistencia hospitalaria, médica y farmacéutica; y uso esta terminología para que nos entendamos, porque alguien ha hecho estrategia desglosando de la cobertura “sanitaria” a la “farmacéutica”, como si no estuviera incluida, cosa que creo errónea, pero es la que utilizan políticos y periodistas.

La asistencia hospitalaria es un área muy concreta en la que difícilmente el enfermo incide con su voluntad de posible abuso; si acaso en los servicios de Urgencias, de los que hablaremos enseguida. La vocación de los involucrados, la buena gestión y el control, lo hacen todo para evitar hurtos, abusos o mala utilización de medios y material, al objeto de conseguir la eficiencia en el gasto. Por otra parte, hoy, nadie duda de la necesidad de que el Estado facilite el acceso a dicha asistencia hospitalaria (gestionada de una manera u otra, de la que se puede probar su mejor eficiencia) y no hago referencia a total o parcial, porque, aquí en España, damos por asumido el estado del bienestar y, por tanto, se exige total. La responsabilidad está totalmente en una gestión adecuada del centro hospitalario, por lo tanto en los gestores y nada, o casi nada, recae en el ámbito del paciente.

Respecto de la asistencia médica, es decir, los actos médicos de consulta al paciente, de primeras pruebas (auscultación, revisión etc.) y evaluación, hay que decir cosas tanto de los pacientes como de los profesionales médicos y sanitarios. Ciertamente el médico de cabecera es el consejero tranquilizador y el que puede parar, con la primera actuación médica, la pérdida de tiempo, en su caso, de una actuación especialista u hospitalaria, que son mucho más gravosas económicamente; también es el que añade calidad profesional y humana en el acto médico, pues conoce al paciente de mucho tiempo y, por tanto, tiene una visión de conjunto, del mismo. Hay que traer a colación el hecho de que las mujeres van mucho más al médico que los hombres, habrá por tanto que animar a evitar los excesos, en su caso, de las mujeres y también el defecto de no ir al médico de los hombres, pues retrasar la atención médica es hacer que la enfermedad progrese y sea de más difícil, o no exista ya, solución. Creo, por tanto, que también aquí la responsabilidad principal para evitar el abuso y ser eficientes en el gasto, está en el médico de cabecera.

Con relación a los servicios de Urgencias hay varios problemas totalmente distintos: acudir a Urgencias porque no hay servicios de cabecera; acudir porque se precisen de servicios especializados y pruebas de las que no se pueden disponer con urgencia en el centro de salud de cabecera; o acudir porque haya una urgencia vital. La detección de usos inadecuados del servicio que hacen los pacientes, es responsabilidad de los profesionales médicos y otros profesionales sanitarios. El dar solución para tener servicios adecuados de diversos tipos a fin de evitar que se usen los que no corresponden, es responsabilidad de los gestores de la Sanidad pública. Verdaderamente hay asegurados y pacientes que abusan: habrá que evitarlo no prestándoles el servicio que no es necesario y que puede esperar; con eso se correrá la voz y se corregirá el abuso. Como queda dicho, salvo una concienciación como pacientes de que no tenemos que abusar, la responsabilidad principal está, en este caso de los servicios de Urgencias, en los profesionales médicos que atienden el servicio y en los gestores y responsables del mismo.

Hablemos de la asistencia farmacéutica. Los pacientes, especialmente los mayores, por falta de conocimiento, de formación o por la propia pérdida de criterio a causa de la edad, piensan que lo caro es lo mejor, que (tener) más es mejor, que “es mejor que sobre que falte” y tienen la tendencia a abusar. Pero ahí están los médicos, especialmente de cabecera, que debieran evitarlo preguntando al paciente cuántas cajas tiene en casa, pensando que lo que se prescribe de más (tanto en el hecho de prescribir lo no necesario, como en la cantidad prescrita) lo pagamos todos y no le sacamos utilidad; debemos desechar el pensamiento de que “lo que es de todos (la Sanidad, el Estado) no es de nadie” para cuidar de evitar el abuso en la asistencia farmacéutica. De modo que más allá de la formación a la ciudadanía y de su concienciación respecto que no se puede malgastar en medicamentos que después se tiran a la basura o que, en exceso son dañinos, la responsabilidad está en la clase médica, de nuevo.

Quizás a los médicos no les parezcan adecuadas estas conclusiones, pero son las que se sacan desde el punto de vista de la gestión eficiente y de los pacientes, que reconocemos que precisamos se nos vaya, no sólo informando sino también formando. Sobre todo los gestores de la Sanidad, pública y privada (estos últimos lo saben bien porque afecta directamente a los resultados de su compañía) deben estar muy al tanto de la eficiencia en el gasto, de la corrección de excesos y de la calidad del servicio.

Dicho esto, queda claro que la responsabilidad es de los gestores de la Sanidad como controladores de los profesionales sanitarios y de la gestión eficiente con calidad; de los Protocolos de funcionamiento de los Centros Hospitalarios o Médicos, y de los Directores Médicos y de Gestión que los gobiernan, los cuales deberían ser cambiados si no tienen éxito.

¿Es la corrección de abusos, la evitación de excesos, el perseguir la meta de la eficiencia en el gasto, un recorte de derechos? No.

Con el enfoque del que inicialmente venimos, si los gestores de la Sanidad no consiguen pagar los costos con las primas que se pagan por el seguro, hay necesidad de tomar dinero de otras partes: del capital de las compañías privadas (eso son las pérdidas en el caso de la Sanidad privada), abocándolas a la quiebra, o de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de la Sanidad pública) para compensar el déficit que se produzca.

 

Continúa quedando pendiente de reflexión el enfoque de Estado Asistencial por la idea de que si la Seguridad Social la sostiene el Estado es una forma de redistribución de la renta. También tratar la prestación por desempleo, las subvenciones fraudulentas en temas de empleo, y la defraudación que cometen los que hacen chapuzas en la economía sumergida al mismo tiempo que cobrar la prestación.

Pero, estamos viendo hasta ahora que, en todo caso, son los gestores los que deben ser diligentes para evitar abusos que comprometen el sistema. Son los gestores lo que pueden probar otros sistemas de gestión (por ejemplo, el privado que aunque denostado por algunos partidos de izquierdas, es obvio que los servicio públicos no funcionan tan eficientemente en cuanto a gasto como las empresas privadas, en términos generales) para evitar los problemas de gestión en los que estamos inmersos, aunque en alguna parte también dependa, como hemos dicho, de los asegurados y pacientes.

 

De nuevo me pregunto si racionalizar el sistema, evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Lo que es un derecho de todos es que el gasto sea eficiente, que los gestores respondan ante la ciudadanía evitando el abuso.

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EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

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DE LA INMIGRACIÓN A LA FILOSOFÍA

De la inmigración a la filosofía

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

21.06.2015

 

Un lector de “Mi punto de vista” me ha planteado dudas respecto a mi artículo reciente sobre “Inmigración e integración” en forma de preguntas, con la petición de que ayude a resolverlas:

Me dicen:

  • ¿no puede haber principios “superiores”, ínsitos en el hombre, no creados por él, que informen constantemente esa justicia humana impidiendo que se desvíe del fin último?
  • ¿no es contradictorio exigir la adaptación del extranjero a lo local (principio cada vez más extendido y aceptado socialmente), cuando esa pretensión puede suponer un principio de no aceptación del otro, del diferente, lo que a su vez tampoco está aceptado por nuestra justicia actual?”

Pues me encanta aceptar el reto de responder, de modo que me pongo a ello.

Negando la mayor, en forma de pregunta prudente y respetuosa se me habla de…

Principios superiores, ínsitos en el hombre, no creados por él.

A esta primera cuestión digo que poder haber unos principios ‘superiores’, ínsitos en el hombre, efectivamente, los puede haber. Porque no es contrario a la lógica que los hubiera. Pero de lo que se trata no es de fantasear, de imaginar todas las posibilidades que no repugnen a nuestra lógica o razón, pues se pudieran imaginar muchas más y nos perderíamos en la dialéctica.

Lo que se trata es ver si hay algún hecho, alguna prueba, o algún elemento, que nos induzca, al menos, a pensar, finalmente a creer que los hay. Eso sólo sería una creencia, como efectivamente profesan miles de millones de personas, pero a las creencias (y todos tenemos, y nos las formamos; yo también) no llegamos a través del método científico.

Pero de la psicología evolutiva, de la neurociencia, del conocimiento actual del hombre, no se deduce que haya nada intraconstruido en el propio hombre proveniente de “arriba” (supongo que por eso los llama superiores), hablando claro, proveniente de Dios, que informe constantemente la justicia humana y que impida que ésta se desvíe del fin último. Fin último (en el sentido, supongo, de cumplimiento del designio de Dios) que también rechazo. El fin último y único fin del hombre, científicamente hablando, es mantener la vida, sobrevivir y dejar descendientes aptos que también tengan éxito en sobrevivir y en dejar, a su vez, descendientes aptos, y así sucesivamente. Y esto se puede conseguir con la bondad, con el altruismo, con la cooperación y no con la confrontación (véase mi libro La génesis de la Justicia: Entre la naturaleza y la cultura, Tirant Lo Blanc. Valencia 2009).

 

Ahora ya más directamente, se aduce contradicción cuando se pide..

La adaptación del extranjero a lo local, podría suponer un principio de no aceptación del otro, del diferente.

 No. Si la justicia, como sostengo en mi tesis, es la adaptación con justeza, con exactitud a las costumbres del grupo en el que estoy y el no hacerlo no es justicia, y por lo tanto comporta estar contra las normas del grupo, está claro que es justo no aceptar las costumbre del otro que viene a nuestro grupo, que chirríen y sean causa de fricciones dentro del grupo.

Por el contrario es injusto que el que viene no se adapte, tan injusto como si uno de nosotros dentro del grupo nos apartamos de la costumbre, de la moral y no practicamos lo que justamente se espera de nosotros.

Si como se me pregunta eso podría suponer un principio de no aceptación del otro, digo que no es tanto del otro, como de todos, incluidos los del grupo que se apartan de la recta senda.

 

Y cuál es la recta senda: nuestras costumbres (nuestra cultura occidental, judeo cristiana), que han funcionado, que nos han permitido sobrevivir y tener éxito en dejar descendientes aptos, que forman un grupo que tiene éxito, y que se convierten en costumbres inveteradas por el tiempo transcurrido, y la costumbre es la moral, y de ambas el derecho y la justicia.

 

 

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