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El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

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El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

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No debemos hacer de la actividad económica un engaño

No debemos hacer de la actividad económica un engaño

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en el Periódico Mediterráneo del 12.11.2017

Por no seguir con el mono tema, Cataluña, que, siendo importantísimo, pero fuera de nuestra capacidad de acción, nos agota, nos pone de mal humor e, incluso, nos enferma, al ver los abusos que se han estado y están cometiendo, voy a hablar de la economía real, de la cercana a los consumidores.

Un enfoque adecuado para la actividad económica y empresarial es prestar los servicios que el público demanda, hacerlo con calidad y buen precio; es decir, competir. Siguiendo en ese mismo camino, la actividad de dar a conocer al gran público las ventajas de los bienes y servicios que ofreces y hacerlo de modo que consigas marca y satisfacción para el cliente es lo óptimo; es decir, con buenas campañas de comunicación y publicidad. Y todavía, si me apuras, tratar de crear en el gran público la necesidad de obtener o disfrutar de tu producto o servicio, también es un enfoque adecuado; es decir, saber crear la necesidad. Evidentemente todo ello sin engaños ni abusos.

Los que han colaborado conmigo durante lustros saben que siempre me he quejado que algunas actividades económicas que nos prestaban servicios o vendían bienes, parecía que estaban montadas sobre la base del engaño, es decir, que los posibles beneficios venían, no de tener un costo menor que el precio que se hacía pagar al cliente, sino de que al cliente se le hurtara parte de la prestación comprometida.

Este era el caso de la compra y mantenimiento posterior de las fotocopiadoras. Comprabas al contado o con pago aplazado una fotocopiadora que tenía unas determinadas características técnicas que permitían que pudiera prestar el servicio que precisabas tanto en cuanto a calidad, velocidad como número de unidades (copias) que ibas a hacer, por ejemplo, al mes. Al mismo tiempo firmabas un contrato de mantenimiento por un largo periodo de tiempo (en general 5 años) que te aseguraba que por un pago comprometido, que se iba actualizando, tenías asegurado el pleno servicio de la máquina, incluyendo en dicho precio la sustitución de los elementos que iban a ir envejeciendo, con un tiempo de respuesta establecido. En unos casos se incluía la tinta o tóner, en otros no, pero sí todos los elementos que se consumían por el uso: tambor y otras piezas de la máquina. ¿Cuál era el problema? Que durante un tiempo inicial la máquina iba perfectamente, pero pasado dicho tiempo, habiendo razonablemente sido usada, se precisaba que el servicio técnico estuviera presente, el cual cumplía su cometido casi siempre; en otros momentos tardaba un poco más de lo comprometido, pero ese no era el problema sino el hecho de que no se sustituían las piezas usadas que fallaban porque aquí es dónde radicaba el negocio: en no cumplir el compromiso de estar siempre la máquina como casi nueva. Las piezas caras no se sustituían (ese era el beneficio adicional que conseguía el incumplidor) y la máquina fallaba y fallaba, más y más. El contrato de mantenimiento, que era algo así como un periodo de garantía pagado, no se cumplía en sus propios términos hasta el grado que, no interesando demandar el incumplimiento, te hartabas y comprabas otra máquina, de otra marca, para ver si esta marca y el nuevo servicio técnico sí cumplía.

Algo semejante ocurría con las compañías de seguros. El negocio consistía no en disponer de buenos estudios actuariales, estadísticos, mantenidos al día, por ramas de actividades humanas, por rangos de edades, buenos productos, contratos entre compañías que comportaran la redistribución del riesgo, es decir, el reaseguro, sino, sencillamente, en dos cosas: la letra pequeña, casi ilegible, al menos para el gran público, que excluía situaciones conexas obvias de riesgo; y tener un buen departamento jurídico, propio o externo contratado. El negocio consiste en que dada la ocurrencia del siniestro este no se incluya entre lo asegurado o pueda ser fácilmente discutida su inclusión, así como también discutir el valor de reposición. La mayor parte de la gente común si le dicen que no se incluye desiste de demandar: negocio para la compañía; o si le dicen que el importe de la indemnización es menor de lo esperado, pensando en el costo de una demanda y la inseguridad de conseguir los objetivos de indemnización, claudica en un acuerdo de un importe mucho menor. Ese es el negocio, ese es el engaño, la letra pequeña y el no cumplir de inicio, en todo o en parte, con la obligación de indemnizar.

Estoy seguro que al lector se le ocurrirán más actividades engañadoras o engañosas, o incluso estafatorias, semejantes a las indicadas.

No exactamente igual pero parecido es el caso de la actividad financiera o bancaria. ¿Preciso dar explicaciones? Probablemente no, pues el engaño es el que ha llevado a la crisis financiera y económica de 2008 de la que todavía no hemos salido del todo. Tipos de interés exagerados para prestatarios que no podían pagar, pero cuya hipoteca se podía empaquetar mediante instrumentos fuera de control administrativo y jurídico para engañar a un inversor que, engañado por las agencias de rating creía que eran crédito con triple A, y eso era lo que le contaban las entidades financieras que comerciaban con estos instrumentos de nombres rimbombantes (estructurados, derivados, preferentes, subordinadas) engañosos si no clara e intencionalmente delictivos.

El que me lee quizás crea que con lo que digo me estoy refiriendo a las entidades financieras de Estados Unidos y del Reino Unido. Efectivamente es así, aunque no podemos olvidar que aquí en España también vendieron esos o semejantes productos. No obstante, aquí en España hemos visto pedir hasta perdón público por las actividades llevadas a cabo para con los pequeños ahorradores a los que de modo engañoso se les hurtaba información no señalándoles el hecho de no tener liquidez el producto que se les vendía, llámese preferentes o subordinadas. También aquí hemos visto cambiar de oficina bancaria a centenares y centenares de empleados para que no tuvieran que hacer frente mirando a los ojos de los miles y miles de ahorradores que ahora se sientes estafados, aunque dichos empleados sólo estuvieran haciendo lo que les indicaban sus superiores. Pero ¿acaso el empleado que pesa en una balanza trucada y lo sabe, es menos culpable que el empresario que la ha trucado?

Dicho todo esto y mirando al futuro en positivo digo que habría que hacer una reflexión en cuanto a productividad, a rendimiento, a trabajo duro para conseguir que las empresas obtengan beneficios: eso, en la mayor parte de las veces depende de los empleados. Pero parece que, en algunas actividades económicas, en su propio DNA, está el engaño, porque de otro modo, no son rentables. Para esas actividades o empresas tanto los legisladores como los directivos deberían ponerse manos a la obra y no permitir que cosas como esas sucedan. Ya basta.

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El poder de la contabilidad

EL PODER DE LA CONTABILIDAD

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.08.13

Publicado en el Periódico Mediterráneo de hoy

Con motivo del desencuentro del Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, relacionado con el uso de los dineros públicos para la preparación y celebración del referéndum catalán del 1 de octubre, los catedráticos de derecho administrativo, profesores Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner han llamado a nuestra atención el poder que tiene la contabilidad y concretamente la legislación que sobre ella tenemos vigente en España.

Hacen referencia tanto a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en su artículo 38.1 como a la propia Constitución en su artículo 136 que han sido las bases jurídicas, parece, que han usado Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes en su demanda mediante denuncia ante el Tribunal de Cuentas, después de la cual la Fiscalía de dicho Tribunal ha iniciado una investigación que podría llevar a responsabilidad económica de quienes se considere responsables de la ilegalidad consistente en el uso de dinero público para llevar a cabo algo contrario al mandato del Tribunal Constitucional.

Dichos artículos dicen:

Artículo 38 de la Ley Orgánica 271982 del Tribunal de Cuentas

  1. El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
  2. La responsabilidad podrá ser directa o subsidiaria.
  3. La responsabilidad directa será siempre solidaria y comprenderá todos los perjuicios causados.
  4. Respecto a los responsables subsidiarios, la cuantía de su responsabilidad se limitará a los perjuicios que sean consecuencia de sus actos y podrá moderarse en forma prudencial y equitativa.
  5. Las responsabilidades, tanto directas como subsidiarias, se transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma.

Artículo 136 de la Constitución Española de 1978

  1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

  1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

  1. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
  2. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

 

Notando especialmente lo que dice el artículo 136.1, en su primer párrafo se señala que esta legislación aplica a ‘todo’ el sector público, y es sector público tanto el estatal, el de las comunidades autónomas, el provincial como el municipal. Y se incluye en ese ‘sector’ a funcionarios y a políticos que toman decisiones a nivel personal o colegiados en los órganos decisorios, así como a los que firman resoluciones.

Lo que me lleva a reflexionar y a acercarme más, en mis pensamientos, a nuestra tierra, por la falta de respeto que de forma inveterada han manifestado muchos equipos de gobierno municipal a los informes de la Intervención, de la Secretaría o de otros Departamentos, y a que ello da pie a que a alguien se le ocurra usar esta vía del artículo 136.1, directa o analógicamene, para accionar contra las decisiones que aquellos han adoptado, pues dichas decisiones siempre involucran gastos, de sí mismas o pagando a abogados que defiendan las decisiones de dichos equipos de gobierno en los tribunales por las reclamaciones que plantean los administrados; por lo tanto son disposiciones de caudales públicos que quedan menoscabados si las decisiones de los tribunales son contrarias y, de cualquier modo también, aun con decisiones favorables, cuando se hubiese podido resolver la controversia sin el gasto innecesario, por otros medios, entre ellos, el acuerdo o convenio.

Y lo mismo aplicaría a los funcionarios que adoptan decisiones con sus informes jurídicos o a los que lo hacen con sus informes técnicos que llevan, en base a todos ellos, a tomar otras decisiones por otros órganos, unipersonales o colegiados, técnicos o políticos, que posteriormente son recurridas y ganadas por los administrados. Procesos cuyos gastos e indemnizaciones menoscaban los caudales públicos y la propia credibilidad de los firmantes y de las instituciones que los acogen.

Si los munícipes no están conscientes de los riesgos personales económicos, incluso para sus causahabientes, que corren, toman decisiones que no están debidamente sopesadas y llevados por sus ideologías, ideales, ideas o rencores, actúan con falta de inteligencia.

Es verdad que los pasos para conseguir que los responsables, finalmente, paguen los perjuicios que han producido a los caudales o efectos públicos pudieran no ser rápidos, pero, obviamente, aquel que actúa incumpliendo convenios firmados, acuerdos adoptados y plantea, apoya o decide con sus votos situaciones anti jurídicas o de inseguridad jurídica, tiene las mayores probabilidades de quedar seriamente dañado en su patrimonio y en el de los que llevó junto con él a tomar su decisión.

No estoy diciendo que “viene el lobo” ni animando a la judicialización de las decisiones que resultan contenciosas, sino que estoy invitando a asegurar con un estudio concienzudo previo, que la decisión que adopta el munícipe no es arriesgada, y a que cuando surja una controversia en lugar de la vía de la imposición (poder que tiene la administración), la vía de la negociación, la concordia, el acuerdo o el convenio es la más segura y provechosa para todas las partes.

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La ejecución de los presupuestos

LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

20170626

 

 

La importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva, obviamente a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para y reduciendo la deuda soberana.

Creo que hasta aquí todo esto es entendible, pero lo que no lo es para mí es el engaño en el que los gestores económicos de los Gobiernos (del Estado y de las CCAA o de otros entes provinciales o municipales) nos quieren hacer caer: me refiero a la falta de ejecución presupuestaria.

Me admiro que este tema escape a la crítica, que debiera ser furibunda, aunque, en efecto, he leído recientemente en diversos medios de comunicación las quejas de nuestro territorio por la falta de ejecución presupuestaria de parte del Estado. Lo mismo leí hace algo más de tiempo respecto de la Generalitat Valenciana. El asunto es que no se presupuesta con justicia para nuestra Comunitat y, para colmo, lo poco que se presupuesta no se ejecuta en su totalidad.

 

Montoro y Rajoy han usado de engaño, una vez más, con el incumplimiento presupuestario

Esta es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución el presupuesto, o hacerlo tarde, es decir, no licitar diligentemente o no llevar a cabo el gasto que debe servir para la activación económica y del mercado laboral. El gobernante queda bien poniendo partidas en los presupuestos que, luego, nunca se ejecutan. En una palabra, miente.

Siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

  • que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado
  • que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales
  • que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material.

En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres, o haya, en su caso, superávit que después sirve como un aval de buena gestión, cuando, en realidad, es todo lo contrario. Superávits ficticios que mediante el buen trato que el ente da a los medios de comunicación sirven para cualificar de buenos gestores a los políticos que hacen estas trampas.

 

Consentimiento culpable de los órganos supervisores

Estas no prácticas de buenos gestores, sino al contrario, corruptelas que los organismos supervisores permiten, consienten, no atajan, aunque estén más o menos conscientes de ellas (incluyo también a los organismos de la UE). Me atrevería a decir que son prácticas, incluso, corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

 

Lo importante no es el presupuesto sino los datos de su ejecución

¿Dónde estarían las empresas que inventaran (uso ex profeso la palabra inventar) presupuestos voluntariosos de vender mucho, de conseguir costos muy bajos y, con ello, conseguir buenos resultados, pero todo fuera un ejercicio de presuponer que las cosas iban a ser así? Pre (antes de), suponer (imaginación). Eso es un pre-supuesto, un supuesto, una imaginación puesta por escrito.

No, al contrario, las empresas se guían por las Cuentas Anuales, es decir por lo resultados efectivamente conseguidos. Y se felicita y se premia a directivos (y en pocos casos a otros trabajadores) por los buenos resultados, NO por las buenas IMAGINACIONES = presupuestos.

De ahí la extrañeza que no alcance a la opinión pública el debate del cierre de cuentas, que es lo importante.

Por otra parte, ya sabemos que la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente que difícilmente se puede evitar (pensiones, sanidad, educación, intereses de la deuda y algo más), mientras que las partidas que pueden representar un acicate o estímulo económico, una inversión sostenible y rentable, son las menores en los presupuestos. De ahí las quejas de los científicos españoles (y de otros sectores) a los que no se les dedican suficientes esfuerzos en fondos presupuestarios, a pesar de que son (casi siempre) muy rentables para el futuro.

 

Consecuencias de estas estrategias

Estas prácticas conllevan un engaño, en toda regla, al ciudadano. Pero, además, como quiera que la práctica de los analistas (sobre todos políticos, de los diversos partidos) es estudiar, comparar y hacer previsiones de los efectos del presupuesto, pero no conoce la verdadera intención de los que van a ejecutar los presupuestos, pierden completamente su tiempo, pues los estudios que han formulado, en base a datos irreales, dan resultados y efectos que se caen como castillos en el aire. Y además de todo ello están también los vaivenes económicos que se escapan al control de todos.

Debemos presionar a los gestores económicos en todos los ámbitos territoriales para que den cuentas de su gestión en base a la Contabilidad real, no a la presupuestaria. Y que el debate se centre en cómo distribuir entre los territorios de forma justa en el importe y en el tiempo, la parte de los presupuestos que corresponde a inversiones, así como al mismo nivel de servicios.

Si se hiciera así, aquí, en la Comunitat Valenciana estaríamos mucho mejor, tanto a nivel autonómico, como provincial y local.

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Los estados fallidos

Los estados fallidos.

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.04.29

Ya sé que no es el momento de hablar de ello. La crisis económica, que todavía perdura, el no tener para uno mismo, hace que uno se olvide de los demás, pero estamos en una época del año en que se habla mucho del amor fraterno, absolutamente necesario para cooperar y tener éxito como humanos.

Sí, nos olvidamos de los demás, y si no, mirad lo del 0,7 % del PIB para Ayuda oficial al desarrollo (AOD). Ni se habla de ello. Los responsables de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, se comprometieron en mayo del 2005 a elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,56% del PIB comunitario en el año 2010 con el objetivo de alcanzar la cifra del 0,7% en el año 2015. Esto hubiese supuesto destinar al desarrollo 20.000 millones de euros más al año a partir de 2010. Sin embargo, el objetivo del 0,7 que fijó la ONU hace 35 años, sólo lo han cumplido en algún momento cuatro países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia.

Por eso, hablar de los Estados fallidos quizá no sea el momento. Pero como consecuencia de las revueltas populares de Túnez, Egipto, Libia, Siria y … las que probablemente podrían llegar a venir, me interesa sacar a colación el tema de los Estados fallidos.

Son Estados fallidos, no hay duda, estados como Somalia, por ejemplo, u otros lugares en donde el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras no está en manos del Estado, sino en las de los señores de la guerra o los grupos paramilitares.

Aunque el término también se emplea para referirse a otro tipo de Estados en donde hay altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política, mercado informal, ineficiencia judicial, interferencia en la política de poderes fácticos con presupuesto y poder político, muy superiores al del Gobierno.

Por otra parte algunos consideran que el concepto no es del todo claro y es manipulable políticamente.

No obstante el centro de estudios estadounidense Fund for Peace emite anualmente el Índice de Estados Fallidos (Failed States Index) que se publica en la revista Foreign Policy. Clasifica a los países basándose en doce factores, como la presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

En el año 2010 fueron incluidos 177 Estados, de estos 37 fueron catalogados como “en alerta”, 92 “en peligro”, 35 como “moderados”, 13 como “sustentable”. Los peores 10 son lo que alisto a continuación:

  1. Somalia
    2. Chad
    3. Sudán
    4. Zimbabue
    5. Rep. Dem. del Congo
    6. Afganistán
    7. Irak
    8. República Centroafricana
    9. Guinea
    10. Pakistán

¿A dónde me lleva esto? A lanzar lo que, incluso para mí, parece una peregrina idea, pues imaginad lo que se podría hacer con los 20,90 millones de parados de la Europa de los 28 estados a finales de 2016, la mayoría de los cuales han tenido algún tipo de prestación contributiva y ahora, quizás, tienen ayudas a cargo de los Presupuestos generales de su Estado.

En lugar de incentivar el venir al primer mundo, habría que incentivar el ir al tercer mundo a ayudar bajo el paraguas de la ONU a organizar el Estado para que dejara de ser fallido, incluyendo fuerzas del orden, funcionarios de todo tipo, pero sobre todo, ayudar a la prestación de los servicios básicos, entre ellos los de sanidad y educación.

No todos valdríamos, lo sé. Pero muchos estarían encantados de hacerlo, de hecho lo están y van altruistamente mediante colaborar o trabajar con alguna ONG.

Pero lo que digo es algo mucho mayor. Lo que sugiero es que hay que enviar Altos dirigentes para organizar y planificar el país, su economía, su vertebración social y territorial; Altos funcionarios para aconsejar a esos Altos dirigentes; Empleados de a pie que hagan el trabajo; y Fuerzas de seguridad que tengan a su cargo el mantenimiento del orden para que los demás trabajen. Algo así como una Administración temporal bajo el paraguas de la ONU. Incorporando, poco a poco, a los autóctonos que hayan aprendido (no a robar sino a gestionar bien la cosa pública) y posteriormente, en un acto trascendente, de legítima satisfacción moral mundial, ceder el control total.

Esto es un sueño, pero dejadme soñar. No parece serio lo que he dicho. Pero ¿por qué no?

Estamos manteniendo a gente que no tiene otra cosa para comer que lo que compran con las ayudas gubernamentales que reciben después de haber agotado la prestación por desempleo. Muchos de esos y otros, especialmente los jóvenes, estarían dispuestos a poderse ganar la vida en un país extraño, durante un tiempo, aprendiendo bien uno o dos idiomas, el inglés como idioma franco y el del propio país, aprovechando el que son JASPs, es decir, jóvenes aunque suficientemente preparados, poniéndose como reto histórico haber contribuido al éxito de un Estado previamente fallido.

 

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Gobernando Europa

GOBERNANDO EUROPA

2017.02.02

Publicado en el Periódico Mediterráneo

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

Alemania no estaba ni está por la labor de apoyar la creación de eurobonos porque la financiación de su controlado déficit se elevaría, pues en lugar de que todos los países consiguieran financiarse al tipo de Alemania, lo que ocurriría sería un aumento promediado o ponderado del tipo mínimo que es el que le aplican los inversores a ella.

Por otra parte, la “locomotora” no está dispuesta a que los Fondos estructurales sirvan para financiar los déficits de países que no equilibran sus presupuestos y no hacen políticas económicas, financieras y fiscales ordenadas.

Cuando estalló la crisis USA se apresuró con una política monetarista a poner dinero en circulación. Allí estuvo Keynes. Pero aquí estuvo Hayek; aunque sí pero no, pues el BCE no iba a financiar los déficits de los estados, pero sí; no iba a comprar deuda pública en las subastas del mercado primario, pero sí que lo hizo en el mercado secundario, así que los bancos de los estados deficitarios quedaban bien con el gobierno de turno comprando la deuda emitida (dejando de financiar a la economía real, a la empresarial) y poco después se desembarazaban de ella en el mercado secundario, en donde la compraba el BCE.

Y bien, aunque no se iba a monetizar la deuda pública en Europa, lo cierto es que no sólo se ha monetizado (en la parte necesaria) la deuda pública sino también se compran por el BCE títulos de deuda de empresas.

Así que en Europa todo es un sí, pero no. Un sí con un sistema democrático con el Parlamento Europeo, pero un no, por los poderes mermados del mismo y el sistema oligárquico del Consejo como de la Comisión. Es un quiero y no puedo.

Y ahora, los ciudadanos de algunos países (de casi todos) están desencantados. Una Europa que está a expensas de los referéndums de turno, sea en el UK o en Italia, o de las dificultades en el equilibrio de los gobiernos.

Para adelantar en mayor Unión Europea será preciso aceptar, no solo un sistema de financiación común sino muchas otras cosas más. Por ejemplo, para la gobernanza económica y fiscal de Europa es preciso que los países de la zona euro tengan políticas fiscales coordinadas.

Pero esto último es tanto casi como ignorar la realidad. Los países de la Unión Europea son diferentes, unidos pero diversos.

Algunos somos periféricos y tenemos más sol, más calor y costumbres que tardaremos tiempo en estandarizar con la UE, al menos hasta la tercera generación, lo que quiere decir otros 30 años, al menos. Tenemos actividades y áreas económicas que tradicionalmente tienen un peso específico mayor en un lugar que en otro e, incluso, en algún país no existen. El sector primario (la agricultura y la ganadería), el secundario (la industria) y el terciario (los servicios) están mas desarrollados en un país que en otro.

Es razonable preguntarse cómo se pueden coordinar políticas fiscales, si éstas dependen de la economía, tanto los tipos impositivos como los propios impuestos y la importancia de los mismos dentro de la cesta impositiva. Salvo que se quiera uniformizar, cosa que no creo.

¿Acaso la gobernanza económica que se pretende es poner seriedad en las políticas económicas, financieras y fiscales, que falta hace? O pudiera ser que se pretenda que los políticos no vendan la piel del oso a los votantes porque ni son cazadores los que la venden, ni hay oso, ni tiene interés alguno para los posibles compradores y, más bien, hay muchos problemas si se usan como abrigo.

Traducido, que no se puede tener un estado del bienestar que atrae y deja entrar a los sufrientes ciudadanos de países con estado fracasado o en guerra, o con gobiernos que se preocupan de perpetuarse en el poder como clase política en lugar de hacer algo por su pueblo. Y no se puede tener porque no se puede soportar, porque no hay suficientes trabajadores en la economía real para generar la riqueza que sostenga a los que viven de los impuestos, los funcionarios; a los inmigrantes con plenos derechos en asistencia sanitaria y educación; a los turistas de la salud que vienen a ser intervenidos quirúrgicamente y a que les implanten prótesis; porque tienen la posibilidad de tomar “café” porque algunos creyeron que había para todos.

Y mientras tanto, en un país o en otro, y en un momento presente o cercano, están las perspectivas de nuevas elecciones y, claro, hay que ser más contundente y decir lo contrario de lo que se hace, para poder ganar votos, aunque después se siga con lo de siempre. O prometer no elevar los impuestos, incluso bajarlos, o cuando después se tienen que subir, como ya sabían los que formulaban las falsas promesas. Aunque siempre se tiene la manida excusa de la falta de, o inexacta información, o de que las circunstancias son otras.

¿Parece que estoy un poco desmoralizado? Es lo que estamos todos, pero quizá la cuestión estriba en que hay que trabajar duro y más, ahorrar, invertir en la economía real para producir más, en lugar de vivir del Estado, del cuento, de la especulación, de aspirar a ser funcionario y de la falta de moralidad en la declaración, liquidación y pago de los impuestos. Y si quienes gestionan las finanzas públicas no lo hacen bien, cambiémoslos. El voto es el poder de los ciudadanos.

Pero como no estoy seguro, esperemos acontecimientos que nos lo aclaren.

 

 

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