Llega la hora de la decisión política

Llega la hora de la decisión política

20190422

Federico Rivas. Doctor en Derecho.

 

Hay alguno que ha dicho “hoy he querido estar junto a nuestros policías y guardias civiles defendiendo lo que es de justicia: que no cobren menos que mossos y ertzainas. Ha sido una manifestación histórica. La gran mayoría de españoles estamos con ellos. Muchas gracias por vuestro ejemplo”.

Otros, o los mismos, también están apoyando la manifestación de “La España vaciada”. Y no hablo de otras para no ser prolijo, pero reflexiono y me pregunto ¿quién no quiere más y mejor? ¿es, por tanto, correcto, que a un estado democrático de derecho lo convirtamos en un estado de pancarta y manifestación? ¿para qué están las urnas? ¿para qué están los programas electorales? Pero a los que verdaderamente critico son, precisamente, a los líderes y partidos que se apuntan a las mismas, para la foto, perjudicando a los manifestantes respecto de la seriedad y credibilidad del problema que están sacando a la luz con sus legítimas manifestaciones.

Y sobre todo, peor es hacerlo con los que se envuelven en la bandera de nuestra querida patria España; me refiero, claramente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que incluyen también las autonómicas.

Los manifestantes que se manifiesten, pero los políticos que hablen en el congreso y en el senado de los problemas que sacan a la luz las manifestaciones, y que legislen o dicten las correspondientes disposiciones legales para su resolución. Y si algún político quiere ir a una manifestación (no estoy por quitarles ese derecho) que lo haga a título absolutamente personal, escondido, como uno más, en la multitud y, si posible le es, que se camufle en lo posible.

Por otra parte, leemos de “El fin del derecho penal (réquiem por él)” respecto de la recentísima reforma del Código Penal en cuanto al régimen de la imprudencia en los delitos de lesiones y homicidios con independencia de que se hayan producido o no con motivo de accidentes de circulación, que según el respetado y admirado catedrático de derecho penal de la Universitat de València, Dr. D. Javier Boix, revienta el artículo 9-3 de nuestra Constitución, al desaparecer cualquier seguridad jurídica por vulneración del principio de legalidad, por una ausencia total de vacatio legis y por una remisión en bloque al derecho administrativo para determinar lo que sea imprudencia menos grave. Ello permite, según mi criterio, que por disposiciones administrativas el gobierno de turno decida, en cualquier momento, qué es y qué no es punible penalmente. Como dice el profesor no debería ser “que haya conductas amenazadas con penas que los ciudadanos desconozcan”. Me remito a su reflexión.

Estamos en campaña electoral, ahora es cuando deberían sernos dados a conocer los programas electorales, mejor por escrito, y peor “petando” auditorios que se escogen según los asistentes esperados, especialmente teniendo en cuenta los que siempre se desplazan en autobuses de una parte a otra de España, aunque lo que se diga en dichos actos y en los debates en televisión también puede servir para hacernos una idea de lo que pretende hacer el postulante.

Pero cosas como que la depuradora de Castellón huele a mierda y ese olor lo sentimos en la garganta casi sólido, quizás no lo diga nadie ni ahora ni para las elecciones municipales, y mucho menos cómo arreglarlo (obviamente exigiendo el cumplimiento a quien la gestiona). Y que un 25 % de los mayores de 30 años aún vive con sus padres tampoco. Menos hablarán de la endogamia en la universidad y cómo evitarla para que los talentos no se marchen afuera y hagan docencia e investigación aquí, que es dónde (entre ellos, sus padres y el estado) se ha pagado su excelente formación.

Y qué decir de la reforma constitucional, no por causa de la crisis del estado con Catalunya, sino por las muchas cosas que quedan pendientes de desarrollar. No es aceptable que después de 40 años haya tantas y tantas cosas en la Constitución que siendo mandamientos que impone dicha norma fundamental, no se hayan convertido en realidades y continúen siendo formulaciones de deseos. De los deseos no se vive.

Y ¿quién es responsable? Son responsables los sucesivos parlamentos constituidos desde su promulgación. Los políticos que los formaban y especialmente, por aquello de que los que se mueven no salen en la foto ni en las nuevas listas electorales (a causa de la falta de democracia interna de los partidos), los partidos que no han incluido en sus programas electorales, ni han intentado con coaliciones, acuerdos o ganas de mejorar el estado, su desarrollo.

Otra cosa. No está mal llegar a ser rico, pero el que el 1 % de los españoles más ricos posea el 25 % de la riqueza del país, habla mal de la redistribución de la riqueza que se hace vía sistema fiscal, prestación de servicios o inversiones. ¿Alguien hablará de ello? Me contestaréis que lo hará la izquierda, pero lo tendrían que hacer todos los partidos para dar credibilidad al problema y no permitir que sólo unos pocos alcen esa bandera reivindicativa. Se precisa una reforma fiscal que incentive la empresa, es decir al emprendedor, y que el tipo medio real aplicable en el Impuesto sobre Sociedades sea para todos igual. Digo el tipo medio real. También una ley que obligue al gobierno a financiar o realizar en todas las Comunidades autónomas los servicios y las inversiones en la misma proporción. Como algunos dicen ya está bien de “ofrendar nuevas glorias a España”. La solidaridad interterritorial debe tener un límite fija por ley para que ningún partido o gobierno la use para sacar provecho partidista y mantenerse en el poder usando la idea de que todos quieren más, pero se los doy a quienes me interesan.

En los partidos ha habido cambio de personas, nuevos equipos, pero el lastre del descrédito político por los múltiples y continuos casos de corrupción va a ser muy difícil de dejarlo. Los partidos nuevos que no han gobernado, falta saber qué harán sus miembros cuando gobiernen.

Lo que sí es cierto es que hay poca vocación de servicio a la comunidad y mucho egoísmo para ocupar puestos en la política personas sin experiencia, sin iniciativa, sin suficiente inteligencia, aunque ahora ya formados (incluso universitariamente), que no pueden convertirse en políticos que sean líderes genuinos de los que, los ciudadanos de la nación y el estado se enamoren y vayan tras el proyecto de éxito llamado España, con sus amadas naciones que también son Españas, en busca de un pasado y presente asumido, y un futuro mejor como miembros de la Unión Europea que nos apasiona.

Reflexionemos si nos interesa votar a los lejanos o a los cercanos, a los que tienen proyecto de estado o a los que tienen proyecto de Comunidad Autónoma, a la izquierda, a los que se dicen (demasiados) de centro o a la derecha, o incluso a los que se escapan del plano por ambas bandas.

Mucha suerte y que sean escogidos los mejores: los honestos, los más inteligentes, los menos egoístas, los más trabajadores. Esos pueden hacer mejores a nuestras Españas.

El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

Las oenegés, la aventura y la corrupción

Las ONGs, la aventura y la corrupción

20180909

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

El Aquarius que viene, y el Open Arms que se apunta; el trato a los migrantes del primero y el distinto trato a los migrantes del segundo. Y muchos vistiendo un chaleco rojo con un logo, con mascarilla o sin ella. ¡Qué aventura, dar de nosotros mismos en favor de los que sufren y están en riesgo! Gran satisfacción interna de cada uno de los participantes por hacer una gran labor. Los sitios web de uno y de otro. El apelar a la bondad, a la compasión, a la cooperación humanas, en definitiva, a las emociones.

Ya hace tiempo (ejemplo: 2012) que supimos (1ª persona plural del pretérito perfecto del verbo saber) la desagradable noticia de la detención de 14 personas por corrupción. Algunos responsables de ONGs, otros, asesores de éstas y una gran parte funcionarios o personas de confianza del Gobierno Valenciano que otorgaban las subvenciones en connivencia. Dinero que tendría que haber ido a cooperación internacional con países en desarrollo se quedó en el patrimonio personal de desaprensivos, más bien, ladrones. Es el caso Blasco del que hemos tenido cumplida información a lo largo de este tiempo.

Ya hace mucho tiempo que sabemos (1ª persona plural del presente de indicativo) de este tipo de problemas. Ahora con las ONGs “salvavidas” en el Mediterráneo, organizaciones que se constituyen para la actividad concreta de ir a navegar cerca de las costas de salida de las pateras, u otro tipo de embarcaciones, en las que las mafias suben a los que quieren un futuro económico mejor (también a los que huyen de guerras), a cambio de dinero o de deudas que las mafias les obligan a cumplir mediante coacción y fuerza; a las que los mafiosos comunican, o dejan que sepan, haber enviado o avistado la endeble embarcación para que vayan a salvarla. Esto es, absoluta y completa connivencia de los responsables de las ONGs o de los capitanes de los barcos, y de muchos más que, de ese modo, tienen actividad (económica) muy emotiva, con buena prensa entre los que practican el “buenismo”, porque están llevando a cabo bondad amorosa, obras de misericordia, salvando vidas.

Si lo vemos como “buenismo” erramos, pues el gobierno, o los gobiernos, o la UE, son los que tienen la competencia y responsabilidad de acudir y de realizar las acciones para impedir masacres, abusos, delitos, situaciones de riesgo, y lo deben hacer mediante Agencias oficiales. El dejar esas competencias, o parte de ellas, a la iniciativa privada da pie a la actividad económica privada con lucro o sin él, pero a vivir de ella.

¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia del Estado no hayan alertado (si lo han hecho, peor todavía) del abuso que representa la sincronización entre esos que practican el “buenismo ONG” y las mafias que trafican con seres humanos?

Por eso, el que sí que yerra es el Estado, el Gobierno de Sánchez, apuntándose al buenismo, y la Comunidad Autónoma, el Gobierno del bi(tri)-partito, que también quiere estar en el evento, y el Gobierno de las instituciones de Europa; pues son los que tienen responsabilidad por el posible uso incorrecto o fraudulento de fondos por parte de las ONGs y de quienes los asignan, sean públicos o privados, porque la tutela de las Fundaciones y Asociaciones con fines no lucrativos compete al Estado y a las Comunidades Autónomas. A la vista está que son imprescindibles auditorías profesionales bajo este punto de vista para las ONGs, pues hay muchas posibilidades y oportunidades para los corruptos que asignan o administran fondos, de que los usen para generar, simple y llanamente, actividad económica.

Es una lástima, pero, demasiados nos engañan con las ONGs, haciéndonos creer que son altruistas, cuando lo que hacen es aprovecharse para vivir, tener un trabajo, más bien una aventura, pues eso de viajar y quedar como bueno y fotografiarse con niños o mayores en estado de necesidad, desahuciados de la vida, da mucho caché. Demasiados nos engañan también con retribuciones que perciben de las organizaciones sin ánimo de lucro para ellas, pero sí para quienes las dirigen, para quienes trabajan en ellas (porque de algo tienen que vivir), o, incluso, como el caso Blasco, directamente robando fondos.

¿En qué deja a las personas verdaderamente altruistas y a las organizaciones que de verdad se preocupan por mejorar el mundo? En muy mala situación para poder discernir, pues injusta e incorrectamente, los donantes sinceros piensan que son todos iguales.

Otra cosa, ¿quiénes son los que pedían el 0,7 % para ayuda al desarrollo? Afirmo y contesto que eran y son: los que se apuntan al carro de la publicidad del altruismo, los que quieren tener dinero para administrarlo de mejor o peor manera, los que con eso consiguen trabajo retribuido, incapaces de conseguirlo de otro modo, o, incluso, consiguen poder. Y, obviamente, también algunos honestos que se desvelan por otros, a quienes hay que agradecer su buenísima disposición.

Pero dada la situación si alguien me habla del 0,7 % para ayuda al desarrollo, lamentablemente, pensaré que quiere aprovecharse mediante la corrupción, porque las prácticas que he descrito son corrupción. ¿Entonces es que quiero decir que no hay que ayudar a los desfavorecidos? Ciertamente no, sino que hay que hacerlo asegurándonos de que nadie se aproveche incorrectamente. Por eso la ayuda al desarrollo de países extranjeros hay que hacerla de un modo que asegure el buen uso de los fondos: intergubernamentalmente o a través de la ONU. Aun así, esto no es suficiente porque hay gobiernos corruptos o estados fracasados, cuyos ciudadanos precisan ayuda, pero parece que se puede conseguir más control, especialmente destacando a profesionales de Agencias gubernamentales a dichos lugares, en lugar de personas y organizaciones privadas.

Por otra parte, como he dicho, el Estado tiene responsabilidad por el uso fraudulento de fondos por parte de las ONGs. No debe dejar de asumir su responsabilidad. No podemos ser cómplices de las mafias, no podemos generar actividad económica y puestos de trabajo retribuido a causa de la actividad de trata o tráfico de seres humanos y en connivencia con delincuentes.

La corrupción al asignar o administrar fondos a, o en las ONGs, es como la pederastia en las confesiones religiosas. Nos desanima y desmoraliza profundamente. Habrá que hacer un esfuerzo para investigar, controlar y perseguir a los corruptos.

 

Un gobierno formado por los mejores

UN GOBIERNO FORMADO POR LOS MEJORES

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

20180716

“Sólo la sabiduría radicada en la comprensión de nosotros mismos, y no la piedad, nos salvará. No habrá ninguna redención ni tampoco se nos concederá una segunda oportunidad. Este es el único planeta que tenemos para vivir; y éste el único enigma que debemos descifrar.”

Así de taxativo se expresa Edward O. Wilson en su libro “El sentido de la existencia humana” y ese sentido es al que alude como único enigma a resolver.

Las especies eusociales, dice, aparecieron en una etapa muy tardía de la historia de la vida, en cambio, han tenido un gran éxito ecológico, aunque hayan sido pocas las especies que han llegado a la eusociabilidad y especialmente la humana ha sobresalido por su capacidad cerebral, mental, que ha llevado al grandísimo avance de las capacidades sociales.

De hecho, la gente, estamos muy interesados en el comportamiento de los demás, somos cotillas desde el nacimiento y con el tiempo esa capacidad se desarrolla; eso nos hace humanos, nos permite identificarnos con un grupo u otro y construimos nuestra identidad personal como integrantes de ese grupo. Además, somos una especie muy esclarecida; la ciencia y las humanidades nos han hecho llegar muy lejos, y todavía llegaremos más. Pero el orgullo podría hacernos pensar que somos los reyes de la “creación”, como las religiones nos han tratado de hacer pensar, a la imagen de dios, de un dios que, más bien, ha sido una entelequia creada por los humanos a la imagen de nosotros mismos, como nos indicó Yuval Harari en “Homo Deus”.

“Por eso es un disparate pensar que este planeta podría ser una estación de paso hacia un mundo mejor” afirma Wilson, porque en realidad somos parte de la flora y fauna de la tierra, a la que estamos sujetos por nuestra emoción, nuestra psicología y nuestra historia.

Wilson señala que “no estamos predestinados a nada, y la vida no es un misterio indescifrable” y no es cierto que dioses y demonios luchen por nuestra lealtad, sino que somos artífices de nuestro propio éxito o fracaso, aunque hay que reconocer que somos una especie frágil y estamos solos para comprendernos a nosotros mismos. Nuestra supervivencia a largo plazo radica en ello y en que logremos una independencia de pensamiento más significativa de la que se tolera hoy en día, incluso, en las sociedades democráticas más avanzadas.

Si todo lo anterior es cierto y los científicos dicen que lo es, parece que estamos solos y, además, estamos perdiendo el tiempo. Es perentorio que hagamos de nuestro planeta un lugar en donde todos vivamos con todas nuestras necesidades cubiertas y todos podamos desarrollar nuestras capacidades; que cuidemos el entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

Somos eusociales y a pesar del éxito que representa haber llegado a esta capacidad, nuestras sociedades actuales no están dirigidas por los mejores individuos, sino por algunos que están pensando en sí mismos en lugar de pensar en el grupo, en la sociedad, en la especie humana; que, además, son incompetentes, algunos disléxicos a pesar de ser presidentes. Llegan al poder haciendo trampas y se perpetúan lo máximo posible en él haciendo también trampas. No me refiero sólo a los casos de España, que… también (partidos que se financian ilegalmente; miembros, la casi mayoría, que entran y se mantienen en la política para “forrarse” o para vivir de ella), sino a casos tan conspicuos como el de la presidencia de los EEUU o de las potencias que sueñan y trabajan para hacer sombra a EEUU. Países y gobiernos en donde se niega el cambio climático, científicamente demostrado (da risa, pero eso hace la administración Trump); o simplemente se ignora el daño que hacen, pensando que, si otros han contaminado, ellos también tienen derecho a hacerlo hasta que hayan alcanzado un desarrollo muchísimo mayor (China y otros grandes contaminadores).

Tenemos que repensar el funcionamiento de la actividad política y de la gobernanza de las naciones. Los humanos no somos malvados por naturaleza; somos lo suficientemente inteligentes, generosos y bondadosos para hacer de la Tierra y de la biosfera que nos dio a luz un lugar semejante a un paraíso. El problema es que el homo sapiens es un producto, es una especie disfuncional, a la que se llegó después de adaptaciones genéticas producidas durante millones de años para producir una especie cazadora recolectora, como máximo aldeana; adaptaciones que cada vez estorban más en una sociedad organizada globalmente, mayormente urbana y claramente técnica y científica, que es incapaz de estabilizar las políticas económicas y cualquier forma de gobernación que esté por encima del nivel de una aldea. Eso dice Wilson.

La idea que traigo en la mente para proponer es la de que a la docencia y a la política tienen que ir los mejores. Que la retribución que deben recibir debe ser suficientemente alta como para que no tengan necesidad de corromperse o de salirse de la actividad.

¿Tendrán nuestros legisladores la valentía de afrontar con sinceridad el problema de la financiación de los partidos políticos y de la retribución de los que ocupan cargos públicos? ¿Tendrán la sensatez de plantearse el control estricto, como en el caso de una empresa privada, del uso de fondos y la asignación de estos de modo no clientelar o corrupto?

Además, en el caso de la política, deberían estar aquellos que han demostrado sus capacidades de gestión, sus conocimientos y que nadie va a poder corromperlos ya, por haber alcanzado reconocimiento social entre sus pares, por haber conseguido estabilidad económica, y tener experiencia vital por su madurez y por haber alcanzado tres cuartas partes de la esperanza promedio de vida.

Sí, estoy sugiriendo que a la política tienen que ir personas que tengan más de 50 años de edad. No es bueno para nuestras sociedades que individuos que lo único que han hecho durante años es ser coristas del “sí” en el partido, por suerte, nepotismo, artimañas, o por llegarles el turno, vayan escalando posiciones para después llegar a gestionar lo público, incapaces de haber gestionado lo privado por falta de capacidad, o por el débil esfuerzo que ponen en su profesión o en su trabajo en la empresa privada.

Es disfuncional que en los partidos no haya democracia interna y que se prime el seguidismo. Es disfuncional que los votantes no puedan elegir sus representantes de entre listas abiertas. Es disfuncional que los votos no valgan lo mismo en todas las circunscripciones y que minorías bloqueen o sean la clave para tomar decisiones (salvando la necesaria utilidad de la inclusión de las indicadas minorías, para que tengan la capacidad de hacer oír su voz y defender sus propios intereses). También es disfuncional que la solidaridad interterritorial no tenga más límites que la voluntad de los gobernantes, que la usan para generar voto cautivo, que es una trampa, un populismo, una compra, para llegar al poder, y que produce injusticias que descohesionan la población y los territorios. Se nos puede llenar la boca de pronunciar la sacrosanta palabra de la “unidad” de España, pero se hace poco para mantenerla.

Es perentorio que hagamos algo, que cambiemos las cosas presentes, que no tengamos miedo de tomar decisiones, pues si no lo hacemos perderemos la oportunidad de hacer de nuestro planeta, de nuestra querida España, de nuestra queridas Comunidades Autónomas, en nuestro caso Comunitat Valenciana, un lugar en donde vivamos con necesidades cubiertas y podamos desarrollar nuestras capacidades en beneficio de la “res pública”; y de cuidar del entorno en el que vivimos con la intención de legarlo a nuestros descendientes en condiciones adecuadas, para que ellos, a su vez, también puedan vivir una vida plena.

¿Haréis algo, formularéis propuestas? Si no lo hacéis, no obstante, yo no me cansaré de denunciarlo.

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

El trabajo en el futuro y el trasfondo económico de los derechos

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 20171217

Cuando hablamos del Estado del Bienestar, en general, nos referimos a una serie de derechos que permiten a los ciudadanos obtener algún tipo de educación gratuita, de atención médica sanitaria y del disfrute de unos suministros adecuados de agua potable, energía y comunicaciones, así como de redes de transporte de personas y mercancías, seguridad personal y jurídica, etc. Para ello los gobiernos han tenido que invertir en las infraestructuras básicas que permiten todas estas cosas.

Por su parte los activistas y partidos políticos, sindicatos y pensadores, conceptualizan ideológicamente dichos derechos como consecuciones históricas a las que no se puede renunciar. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, las circunstancias, los hechos van a forzar cambios que ni siquiera imaginamos.

Sea por el envejecimiento de la población, el crecimiento vegetativo (más bien negativo), la inmigración o por la sexta revolución industrial tecnológica digital, el trabajo y los servicios (derechos) económicos incluidos en el Estado del Bienestar van a tener que cambiar, pues este “estado” no se puede continuar sosteniendo.

Alguien recordará lo que se dice de que la Economía es la ciencia de la gestión de los bienes escasos. Bienes que en algún momento se consideraban abundantes (agua, aire, incluso suelo) llega el momento en que, por su acaparamiento, contaminación o consunción ya no abundan: por lo tanto, se regulan derechos entorno a ellos, como un modo de evitar confrontaciones y una justa distribución.

Por otra parte, inicialmente podemos confundirnos pensando que los “derechos” son una cuestión de principios, de filosofía de vida en común, que no tienen nada que ver con la economía; pero rápidamente nos damos cuenta de nuestro error.

Aunque efectivamente los mismos se fueran estableciendo, a lo largo de la historia, mediante el reconocimiento por parte del grupo (tribu, sociedad), como unas costumbres que permitían el éxito como grupos y como individuos, especialmente en cuanto a continuar con vida y dejar descendientes aptos para la vida, no hay duda de que algo costaba a ese grupo, su mantenimiento y el conseguir que se respetaran.

Ciertamente los sistemas de imposición de la voluntad colectiva frente a la singular, minoritaria o privada, cuestan un esfuerzo a la sociedad: bien sea a través de la institución de tribunales o de la fuerza coercitiva exclusiva en manos del Estado; ambas instituciones precisan de personas que temporal o completamente dediquen sus servicios para que no se impida a ningún individuo el ejercicio de sus derechos. Lo fue también así en el principio, bien cuando los tribunales de ancianos se sentaban en las puertas de las ciudades para dictar justicia, o cuando el líder del grupo decidía respecto de las controversias entre los miembros del mismo, imponiendo su autoridad basada en su mayor fortaleza y edad (recuérdese que los ancianos, en los primeros tiempos, eran personas que estaban en su apogeo físico, alrededor de los 30 años, pues vivían poco más, dado que la esperanza de vida era de unos 35 años).

¿Podemos decir, entonces, que las cuestiones respecto de los derechos se pueden tratar completamente separadas de su coste económico?

Puedo aceptar que la conceptualización de los derechos se ha llevado a cabo no teniendo presente el trasfondo económico de la misma. Pero quiero indicar que los derechos se han venido conceptualizando, aceptando, instituyendo y poniendo los medios para su respecto, a medida que las sociedades han tenido los medios económicos para ello.

Cuando el hombre se planteó la distribución o reparto de la caza de piezas grandes, que no podía consumir él solo sin que antes se corrompiera la carne, comenzó la carrera para conseguir mayor éxito en dejar descendientes y permitir el pasaje evolutivo de la especie y de los grupos. La carne que le sobraba al cazador se repartía a la hembra o hembras a las que podía mantener (también a otros miembros del grupo con la consiguiente deuda del favor), las cuales, a su vez, contribuían con la recolección de frutos y raíces, haciendo la dieta más exitosa y, sobre todo, con el cuidado de los hijos, a los que les tenían que dedicar mucho tiempo hasta tanto eran autosuficientes.

La justicia respecto de la distribución, de por sí, tiene un único y exclusivo componente económico: el reparto de bienes económicos, inicialmente de alimento.

El conseguir que lo distribuido se mantenga en poder de los receptores (hembras e hijos), comporta mantener un sistema de control de las conductas de terceros para evitar que roben a la hembra, menos fuerte y muy ocupada con los hijos. Es una cuestión de propiedad: la justicia respecto de la propiedad es absolutamente económica.

Los derechos se comenzaron a poner por escrito en códigos, más o menos mitológicos o religiosos, cuando la sociedad tuvo los medios de mantener a individuos que inventaron la escritura y a escribas que la conocían, en lugar de que éstos tuvieran que conseguirse por sí mismos los medios para la subsistencia.

Aunque los conceptos fueran, poco a poco, surgiendo en las mentes y consciencias, esto no se pudo haber iniciado antes de la distribución del alimento, obtenido mayormente con la caza. Llegó el momento de la eclosión de esta conceptualización con la revolución de la agricultura. El superávit de alimentos, el almacenamiento y el sedentarismo fueron los motores. En ese momento comienza una revolución cultural.

No es el momento, aquí, para hablar de los Derechos Humanos, pero ha sido en siglos recientes cuando las sociedades culturalmente maduras (no todas ellas lo están todavía), se han planteado poner por escrito un Código o listado de derechos que se consideran consustanciales con denominarse los individuos para quienes se postulan, humanos. Otras sociedades están reacias a aceptarlos porque consideran que se han redactado desde un punto de vista judeo cristiano y occidental que no tiene en cuenta sus componentes culturales; no obstante culturas orientales no tienen ningún problema en identificarse con ellos.

Hay que decir también que, aunque haya derechos respecto de los cuales no aparece fácilmente el trasfondo económico (derecho a la vida, por ejemplo), sólo es cuestión de ponerse a pensar un poco más profundamente para detectar que sí hubo y hay un trasfondo económico en todos los derechos, incluido ese (costo del sostenimiento de ancianos que no se pueden valer, etc.).

Pero en el título de este artículo he indicado que hablaría del trabajo en el futuro que, en efecto, está íntimamente unido a los derechos, como hemos visto. El trabajo es actividad económica que nos permite subsistir o, incluso, ahorrar. Pues bien, ese trabajo, el modo de hacer las cosas, está hoy siendo completamente transformado por la tecnología digital, alterando las formas de hacer, quién las hace y cuánto se obtiene por hacerlas.

El trabajo actualmente es menos regular, menos seguro, los trabajadores se ven obligados a aprender, a continuar desarrollando nuevas habilidades y mantenerse al día con los progresos del desarrollo profesional; cada 3 o 4 años el panorama profesional ha cambiado radicalmente. Cada vez habrá menos cosas que hacer dado que las harán las máquinas, los robots que previa la inversión, son mucho más exactos, eficaces, rápidos y con costos infinitamente menores que los humanos. Parece que grandes cantidades de humanos quedarán desplazados del mercado laboral o tendrán que aceptar salarios ínfimos (en competencia con las máquinas) que nos los van a permitir sostenerse económicamente. Si esto es así habrá que replantearse lo que debe ser una economía y a este respecto aconsejo la lectura de “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” de Ryan Avent.

Habrá que pensar seriamente que la grandísima brecha en la distribución de la riqueza debe ser reducida mediante la redistribución de la renta y de la riqueza, a través de políticas de rentas, no sólo inclusivas, sino básicas completas, que permitan la vida con suficiente comodidad de los que queriendo trabajar no pueden porque la nueva economía, que no precisa tanta mano de obra, no lo permite.

Las empresas que ganan desorbitadas cantidades porque han tenido la suerte (sí la suerte, no el conocimiento, que es una cosa social, compartida por todo el equipo de empleados y trabajadores) de tomar la iniciativa descubriendo nuevas formas de hacer cosas, que tienen éxito en la economía de la globalización, y los individuos que tienen el control de las mismas, deberán estar dispuestas a sostener mediante la redistribución de las rentas (a través de políticas fiscales de proporciones actualmente desconocidas) a esa masa de ciudadanos y todo, porque no habrá trabajo para todos y el derecho primordial de poder vivir con dignidad debemos forzar, si es el caso, que esté disponible para todos.

No debemos hacer de la actividad económica un engaño

No debemos hacer de la actividad económica un engaño

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en el Periódico Mediterráneo del 12.11.2017

Por no seguir con el mono tema, Cataluña, que, siendo importantísimo, pero fuera de nuestra capacidad de acción, nos agota, nos pone de mal humor e, incluso, nos enferma, al ver los abusos que se han estado y están cometiendo, voy a hablar de la economía real, de la cercana a los consumidores.

Un enfoque adecuado para la actividad económica y empresarial es prestar los servicios que el público demanda, hacerlo con calidad y buen precio; es decir, competir. Siguiendo en ese mismo camino, la actividad de dar a conocer al gran público las ventajas de los bienes y servicios que ofreces y hacerlo de modo que consigas marca y satisfacción para el cliente es lo óptimo; es decir, con buenas campañas de comunicación y publicidad. Y todavía, si me apuras, tratar de crear en el gran público la necesidad de obtener o disfrutar de tu producto o servicio, también es un enfoque adecuado; es decir, saber crear la necesidad. Evidentemente todo ello sin engaños ni abusos.

Los que han colaborado conmigo durante lustros saben que siempre me he quejado que algunas actividades económicas que nos prestaban servicios o vendían bienes, parecía que estaban montadas sobre la base del engaño, es decir, que los posibles beneficios venían, no de tener un costo menor que el precio que se hacía pagar al cliente, sino de que al cliente se le hurtara parte de la prestación comprometida.

Este era el caso de la compra y mantenimiento posterior de las fotocopiadoras. Comprabas al contado o con pago aplazado una fotocopiadora que tenía unas determinadas características técnicas que permitían que pudiera prestar el servicio que precisabas tanto en cuanto a calidad, velocidad como número de unidades (copias) que ibas a hacer, por ejemplo, al mes. Al mismo tiempo firmabas un contrato de mantenimiento por un largo periodo de tiempo (en general 5 años) que te aseguraba que por un pago comprometido, que se iba actualizando, tenías asegurado el pleno servicio de la máquina, incluyendo en dicho precio la sustitución de los elementos que iban a ir envejeciendo, con un tiempo de respuesta establecido. En unos casos se incluía la tinta o tóner, en otros no, pero sí todos los elementos que se consumían por el uso: tambor y otras piezas de la máquina. ¿Cuál era el problema? Que durante un tiempo inicial la máquina iba perfectamente, pero pasado dicho tiempo, habiendo razonablemente sido usada, se precisaba que el servicio técnico estuviera presente, el cual cumplía su cometido casi siempre; en otros momentos tardaba un poco más de lo comprometido, pero ese no era el problema sino el hecho de que no se sustituían las piezas usadas que fallaban porque aquí es dónde radicaba el negocio: en no cumplir el compromiso de estar siempre la máquina como casi nueva. Las piezas caras no se sustituían (ese era el beneficio adicional que conseguía el incumplidor) y la máquina fallaba y fallaba, más y más. El contrato de mantenimiento, que era algo así como un periodo de garantía pagado, no se cumplía en sus propios términos hasta el grado que, no interesando demandar el incumplimiento, te hartabas y comprabas otra máquina, de otra marca, para ver si esta marca y el nuevo servicio técnico sí cumplía.

Algo semejante ocurría con las compañías de seguros. El negocio consistía no en disponer de buenos estudios actuariales, estadísticos, mantenidos al día, por ramas de actividades humanas, por rangos de edades, buenos productos, contratos entre compañías que comportaran la redistribución del riesgo, es decir, el reaseguro, sino, sencillamente, en dos cosas: la letra pequeña, casi ilegible, al menos para el gran público, que excluía situaciones conexas obvias de riesgo; y tener un buen departamento jurídico, propio o externo contratado. El negocio consiste en que dada la ocurrencia del siniestro este no se incluya entre lo asegurado o pueda ser fácilmente discutida su inclusión, así como también discutir el valor de reposición. La mayor parte de la gente común si le dicen que no se incluye desiste de demandar: negocio para la compañía; o si le dicen que el importe de la indemnización es menor de lo esperado, pensando en el costo de una demanda y la inseguridad de conseguir los objetivos de indemnización, claudica en un acuerdo de un importe mucho menor. Ese es el negocio, ese es el engaño, la letra pequeña y el no cumplir de inicio, en todo o en parte, con la obligación de indemnizar.

Estoy seguro que al lector se le ocurrirán más actividades engañadoras o engañosas, o incluso estafatorias, semejantes a las indicadas.

No exactamente igual pero parecido es el caso de la actividad financiera o bancaria. ¿Preciso dar explicaciones? Probablemente no, pues el engaño es el que ha llevado a la crisis financiera y económica de 2008 de la que todavía no hemos salido del todo. Tipos de interés exagerados para prestatarios que no podían pagar, pero cuya hipoteca se podía empaquetar mediante instrumentos fuera de control administrativo y jurídico para engañar a un inversor que, engañado por las agencias de rating creía que eran crédito con triple A, y eso era lo que le contaban las entidades financieras que comerciaban con estos instrumentos de nombres rimbombantes (estructurados, derivados, preferentes, subordinadas) engañosos si no clara e intencionalmente delictivos.

El que me lee quizás crea que con lo que digo me estoy refiriendo a las entidades financieras de Estados Unidos y del Reino Unido. Efectivamente es así, aunque no podemos olvidar que aquí en España también vendieron esos o semejantes productos. No obstante, aquí en España hemos visto pedir hasta perdón público por las actividades llevadas a cabo para con los pequeños ahorradores a los que de modo engañoso se les hurtaba información no señalándoles el hecho de no tener liquidez el producto que se les vendía, llámese preferentes o subordinadas. También aquí hemos visto cambiar de oficina bancaria a centenares y centenares de empleados para que no tuvieran que hacer frente mirando a los ojos de los miles y miles de ahorradores que ahora se sientes estafados, aunque dichos empleados sólo estuvieran haciendo lo que les indicaban sus superiores. Pero ¿acaso el empleado que pesa en una balanza trucada y lo sabe, es menos culpable que el empresario que la ha trucado?

Dicho todo esto y mirando al futuro en positivo digo que habría que hacer una reflexión en cuanto a productividad, a rendimiento, a trabajo duro para conseguir que las empresas obtengan beneficios: eso, en la mayor parte de las veces depende de los empleados. Pero parece que, en algunas actividades económicas, en su propio DNA, está el engaño, porque de otro modo, no son rentables. Para esas actividades o empresas tanto los legisladores como los directivos deberían ponerse manos a la obra y no permitir que cosas como esas sucedan. Ya basta.

Pensamientos entorno al 1 de octubre catalán

 

PENSAMIENTOS ENTORNO AL 1 DE OCTUBRE CATALÁN

10092017

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo del 10/09/2017

 

Los sufridos ciudadanos que nos sentimos lo que somos por nuestro origen o adopción y, además, españoles, tenemos el corazón en un puño. ¿De qué hablo? Del 1 de octubre próximo en Cataluña.

Catedráticos de Derecho Constitucional o Administrativo comentan en los medios sobre las alternativas y la complejidad de aplicación de diversas medidas basadas en:

  • Constitución. Aplicación del artículo 155 aprobada por la mayoría del Senado con la que cuenta el PP, aunque no parece lo más adecuado salvo que se cuente con la cooperación de otros partidos que amplíen claramente dicha mayoría.
  • Constitución. Declaración de estado de excepción, sitio o alarma, que podría aprobar el Congreso de los Diputados.
  • Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Medidas administrativas que corrijan de inmediato las decisiones contra ley. Todos los servidores públicos, funcionarios y demás, están sujetos directa o indirectamente a llevar a cabo o impedir actividades concretas, con la sanción, en su caso, previo apercibimiento, de apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa y compulsión sobre las personas.
  • Código Penal. Delitos de rebelión, sedición, prevaricación, usurpación de atribuciones, que los pueden cometer los funcionarios contra lo establecido en las leyes y en la Constitución; o de resistencia a la autoridad, desobediencia a resoluciones judiciales.
  • Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual, actualmente, cuenta con la posibilidad de ordenar: hacer efectivas sus decisiones, con sanciones coercitivas económicas en forma de multas; suspender cautelarmente a autoridades de incumplan sus decisiones; requerir al Gobierno de España la ejecución sustitutoria de sus resoluciones.
  • Alguien también ha hablado de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (36/2015) por la que todas las autoridades y los particulares quedan sujetos a las medidas que puedan adoptarse por el Presidente del Gobierno mediante declaración previa de situación de interés para la seguridad nacional, con lo que puede tener el control completo y directo en cualquier situación que se catalogue de crisis, sin necesidad de hacer intervenir a otros órganos o llevar a cabo declaraciones de estados excepcionales.

Pero, además de lo dicho, generales de la reserva, publican artículos que advierten de graves consecuencias; las redes sociales se llenan de vídeos históricos de tiempos pasados de los que casi nadie queda para poderlos recordar en primera persona; o vídeos burlones tanto contra los que quieren llevar a cabo un referéndum como contra los que, especialmente el Presidente del Gobierno de España, dejan pudrir el problema y, de momento, no llevan a cabo acciones proactivas algunas para su resolución.

Ciertamente, después de haber dejado pasar el tiempo, ahora, esto, tiene difícil solución. Pero quien gobierna y quienes han sido elegidos para tener un papel en Las Cortes españolas, tienen la obligación de actuar y de explicar lo que se va a hacer. Ya basta de jugar al escondite: si lo hacen los gobernantes de Cataluña, que no lo hagan los gobernantes de España. Queremos saber cómo se va a arreglar el problema. No queremos ni que se piense que vaya a haber enfrentamientos violentos, de los que algunos catastrofistas nos advierten.

No quiero enfatizar, pero sí recordar, lo que ya he dicho otras veces: que la solidaridad debe tener un límite; que la unidad no está reñida con la diversidad y no tiene que ver con la uniformidad; que los sentimientos a veces no se pueden controlar con la razón; que la cooperación tiene recompensa; que uno no puede jugar el juego de la vida (en este caso, los territorios no pueden jugar ese juego) con los que siempre quieren ganar de un modo u otro (véase mi artículo acerca de la solidaridad entre los territorios de una nación en https://federicorivas.wordpress.com/2016/09/07/la-solidaridad-entre-los-territorios-de-una-nacion/) ; que reciprocando todos tenemos más; que siendo egoístas y estando solos todos tenemos menos porque el pastel a repartir es menor.

Por lo tanto, no abusemos unos de otros.

Y una cosa hay que decirla clara: queremos que nuestros hermanos catalanes queden dentro de una España amplia, respetuosa de las diferencias y acogedora para con sus hijos.

Creo que un mensaje de ilusión hacia España, desde esta orilla del mar y pidiendo amor por la diferencia en la que estamos algunos, nos tranquilizará. Son las palabras del poema Iberia de Joan Maragall, que dicen:

 

Sola, sola enmig dels camps,
terra endins, ampla és Castella.
I està trista, que sols ella
no pot veure els mars llunyans.
Parleu-li del mar, germans!

El mar és gran i es mou i brilla i canta,
dessota els vents bramant en fort combat,
és una immensa lluita ressonanta,
és un etern deler de llibertat.

Guaitant al mar els ulls més llum demanen,
bevent sos vents els pits se tornen braus;
anant al mar els homes s’agermanen,
venint del mar mai més seran esclaus.

Terra entre mars, Ibèria, mare aimada,
tots els teus fills te fem la gran cançó.
En cada platja fa son cant l’onada,
mes terra endins se sent un sol ressò,
que de l’un cap a l’altre a amor convida
i es va tornant un cant de germanor;


Ibèria! Ibèria! et ve dels mars la vida,
Ibèria! Ibèria! dóna als mars l’amor.

Caminando por la calle

CAMINANDO POR LA CALLE

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

11.10.2016

(Publicado en el Periódico Mediterráneo)

Con el deseo de mantenerme en forma a pesar de la edad, cada vez camino más por la calle; obviamente por las aceras de las calles. Y recuerdo eso que me enseñaron de pequeño en la escuela en la cartilla de “urbanidad” de: llevar a las señoras y a los mayores por el interior, es decir más cerca de las casas; ir siempre por la acera de la derecha según la dirección en la cual yo voy; y si acaso voy un tramo por la acera de la izquierda en el sentido de mi marcha, hacerlo por mi mano derecha, que siempre es la parte de la acera más cercana a la calzada, cuando voy por donde no debo (por la acera de la izquierda).

Y observo que todo ello no se practica. Incluso, haciendo eso, es decir, yendo tú por la acera de la derecha en el sentido de tu marcha, y por la parte de la derecha de la acera, es decir la parte más interior de la misma, más cerca de las casas, te desafían mirándote a la cara, los que vienen por delante, que van por la acera de su izquierda, y, además, por la parte izquierda de la misma, según su marcha, que es por donde tú vas a pasar, que es tu derecha: y… ¿a ver quién se aparta?

No sé si es mala educación, grosería, ganas de fastidiar o desconocimiento de las normas de circulación de peatones en la ciudad.

Bueno, pero, ¿qué hago, me aparto yo y dejo que gane el grosero, o insisto en caminar según las normas? Es necesario ser equilibrado incluso en estas cosas, pues depende de quién venga por delante, y así actúo. Hay que ceder, a veces, tu derecho para poder convivir mejor, haciendo lo bueno para con otros, haciéndoles más cómoda la vida, en lo que de ti dependa. ¿Quién sabe si se acordarán de mi cortesía y cuando yo precise de su ayuda me la darán? Eso no quiere decir que yo no deba caminar por donde toca.

Pero por hacer un poco de docencia y por si el que lee esto no lo sabe, así como también para evitar que esto que digo se confunda con una opinión mía, personal, copio a continuación las normas que aplican a la circulación peatonal por las ciudades y las aceras, extraídas del Reglamento de Circulación, texto consolidado del BOE que incluye la última modificación de 18 de julio de 2015 actualmente en vigor.

Artículo 121. Circulación por zonas peatonales.

Excepciones.

  1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en este capítulo (artículo 49.1 del texto articulado).
  2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es transitable, por la calzada: a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás peatones. b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo. c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso humano.
  3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
  4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.
  5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales.

Resumiendo:

  • El peatón debe circular por la acera de la derecha en el sentido de su marcha y si temporalmente no lo hace, debe ceder el paso a los que lleven su mano derecha.
  • No hay que pararse en las aceras hablando, sin tener en cuenta que se impide el paso y que se hace bajar de la acera.
  • Los que van en monopatines, patines o aparatos similares, como no deben ir por la calzada, pueden circular por las aceras, pero a paso de persona.
  • Las bicicletas no deben circular por las aceras, pues es un vehículo, y la circulación de vehículos por ellas está prohibida.
  • Si llevo bultos o, empujo o arrastro un vehículo de reducidas dimensiones que, si voy por la acera constituye un estorbo importante para los otros peatones, puedo y ‘debo’ ir por la calzada, con las debidas precauciones.
  • Cuando vamos caminando un grupo dirigido por una persona (ejemplo un grupo de turistas conducido por un guía), que también suele molestar al resto de peatones, también pueden ir por la calzada, en lugar de por la acera.
  • Y también un impedido que vaya en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso humano, también puede ir por la calzada.

Espero no ver bicicletas por la acera, que nadie me desafíe a que me aparte cuando voy por mi derecha, no tener que bajar de la acera porque haya un grupo hablando en ella e impidiendo el paso, o porque haya un grupo de turismo sénior o júnior, o porque alguien lleve grandes bultos o arrastre alguna bicicleta o similar.

Si es así, me continuará encantando caminar por las aceras de la ciudad, para mi salud y satisfacción.

 

EL DERECHO DE ASISTENCIA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA

El derecho de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

23.08.2015

 

Argumentaba recientemente que la Seguridad Social funciona porque se nutre de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera y porque también el asegurador, en este caso, el Estado, paga los siniestros.

Entre los siniestros, hoy vamos a ocuparnos de la asistencia hospitalaria, médica y farmacéutica; y uso esta terminología para que nos entendamos, porque alguien ha hecho estrategia desglosando de la cobertura “sanitaria” a la “farmacéutica”, como si no estuviera incluida, cosa que creo errónea, pero es la que utilizan políticos y periodistas.

La asistencia hospitalaria es un área muy concreta en la que difícilmente el enfermo incide con su voluntad de posible abuso; si acaso en los servicios de Urgencias, de los que hablaremos enseguida. La vocación de los involucrados, la buena gestión y el control, lo hacen todo para evitar hurtos, abusos o mala utilización de medios y material, al objeto de conseguir la eficiencia en el gasto. Por otra parte, hoy, nadie duda de la necesidad de que el Estado facilite el acceso a dicha asistencia hospitalaria (gestionada de una manera u otra, de la que se puede probar su mejor eficiencia) y no hago referencia a total o parcial, porque, aquí en España, damos por asumido el estado del bienestar y, por tanto, se exige total. La responsabilidad está totalmente en una gestión adecuada del centro hospitalario, por lo tanto en los gestores y nada, o casi nada, recae en el ámbito del paciente.

Respecto de la asistencia médica, es decir, los actos médicos de consulta al paciente, de primeras pruebas (auscultación, revisión etc.) y evaluación, hay que decir cosas tanto de los pacientes como de los profesionales médicos y sanitarios. Ciertamente el médico de cabecera es el consejero tranquilizador y el que puede parar, con la primera actuación médica, la pérdida de tiempo, en su caso, de una actuación especialista u hospitalaria, que son mucho más gravosas económicamente; también es el que añade calidad profesional y humana en el acto médico, pues conoce al paciente de mucho tiempo y, por tanto, tiene una visión de conjunto, del mismo. Hay que traer a colación el hecho de que las mujeres van mucho más al médico que los hombres, habrá por tanto que animar a evitar los excesos, en su caso, de las mujeres y también el defecto de no ir al médico de los hombres, pues retrasar la atención médica es hacer que la enfermedad progrese y sea de más difícil, o no exista ya, solución. Creo, por tanto, que también aquí la responsabilidad principal para evitar el abuso y ser eficientes en el gasto, está en el médico de cabecera.

Con relación a los servicios de Urgencias hay varios problemas totalmente distintos: acudir a Urgencias porque no hay servicios de cabecera; acudir porque se precisen de servicios especializados y pruebas de las que no se pueden disponer con urgencia en el centro de salud de cabecera; o acudir porque haya una urgencia vital. La detección de usos inadecuados del servicio que hacen los pacientes, es responsabilidad de los profesionales médicos y otros profesionales sanitarios. El dar solución para tener servicios adecuados de diversos tipos a fin de evitar que se usen los que no corresponden, es responsabilidad de los gestores de la Sanidad pública. Verdaderamente hay asegurados y pacientes que abusan: habrá que evitarlo no prestándoles el servicio que no es necesario y que puede esperar; con eso se correrá la voz y se corregirá el abuso. Como queda dicho, salvo una concienciación como pacientes de que no tenemos que abusar, la responsabilidad principal está, en este caso de los servicios de Urgencias, en los profesionales médicos que atienden el servicio y en los gestores y responsables del mismo.

Hablemos de la asistencia farmacéutica. Los pacientes, especialmente los mayores, por falta de conocimiento, de formación o por la propia pérdida de criterio a causa de la edad, piensan que lo caro es lo mejor, que (tener) más es mejor, que “es mejor que sobre que falte” y tienen la tendencia a abusar. Pero ahí están los médicos, especialmente de cabecera, que debieran evitarlo preguntando al paciente cuántas cajas tiene en casa, pensando que lo que se prescribe de más (tanto en el hecho de prescribir lo no necesario, como en la cantidad prescrita) lo pagamos todos y no le sacamos utilidad; debemos desechar el pensamiento de que “lo que es de todos (la Sanidad, el Estado) no es de nadie” para cuidar de evitar el abuso en la asistencia farmacéutica. De modo que más allá de la formación a la ciudadanía y de su concienciación respecto que no se puede malgastar en medicamentos que después se tiran a la basura o que, en exceso son dañinos, la responsabilidad está en la clase médica, de nuevo.

Quizás a los médicos no les parezcan adecuadas estas conclusiones, pero son las que se sacan desde el punto de vista de la gestión eficiente y de los pacientes, que reconocemos que precisamos se nos vaya, no sólo informando sino también formando. Sobre todo los gestores de la Sanidad, pública y privada (estos últimos lo saben bien porque afecta directamente a los resultados de su compañía) deben estar muy al tanto de la eficiencia en el gasto, de la corrección de excesos y de la calidad del servicio.

Dicho esto, queda claro que la responsabilidad es de los gestores de la Sanidad como controladores de los profesionales sanitarios y de la gestión eficiente con calidad; de los Protocolos de funcionamiento de los Centros Hospitalarios o Médicos, y de los Directores Médicos y de Gestión que los gobiernan, los cuales deberían ser cambiados si no tienen éxito.

¿Es la corrección de abusos, la evitación de excesos, el perseguir la meta de la eficiencia en el gasto, un recorte de derechos? No.

Con el enfoque del que inicialmente venimos, si los gestores de la Sanidad no consiguen pagar los costos con las primas que se pagan por el seguro, hay necesidad de tomar dinero de otras partes: del capital de las compañías privadas (eso son las pérdidas en el caso de la Sanidad privada), abocándolas a la quiebra, o de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de la Sanidad pública) para compensar el déficit que se produzca.

 

Continúa quedando pendiente de reflexión el enfoque de Estado Asistencial por la idea de que si la Seguridad Social la sostiene el Estado es una forma de redistribución de la renta. También tratar la prestación por desempleo, las subvenciones fraudulentas en temas de empleo, y la defraudación que cometen los que hacen chapuzas en la economía sumergida al mismo tiempo que cobrar la prestación.

Pero, estamos viendo hasta ahora que, en todo caso, son los gestores los que deben ser diligentes para evitar abusos que comprometen el sistema. Son los gestores lo que pueden probar otros sistemas de gestión (por ejemplo, el privado que aunque denostado por algunos partidos de izquierdas, es obvio que los servicio públicos no funcionan tan eficientemente en cuanto a gasto como las empresas privadas, en términos generales) para evitar los problemas de gestión en los que estamos inmersos, aunque en alguna parte también dependa, como hemos dicho, de los asegurados y pacientes.

 

De nuevo me pregunto si racionalizar el sistema, evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Lo que es un derecho de todos es que el gasto sea eficiente, que los gestores respondan ante la ciudadanía evitando el abuso.