Los PGE

LOS PGE

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

Publicado en el Periódico Mediterráneo del 22 de septiembre de 2019

Me supongo que a alguno le habrá tenido que pensar o buscar lo que quiero decir con los PGE, que aclaro diciendo que son, los Presupuestos Generales del Estado, el instrumento más importante para hacer política en favor (o no tanto, o en contra) de los ciudadanos.

Recuerdo que, durante la mayor parte de la dictadura de Franco, los ingresos tributarios (estatales o locales) servían para mantener a los que estaban en el poder en su statu quo y para pagar a quienes los mantenían y a quienes recaudaban. Esa era su única función, desgraciadamente.

De modo que vino la alegría cuando, llegado un determinado momento se vio que dichos ingresos tributarios también servían para mejorar las ciudades, no sólo mantener carreteras sino hacer nuevas y proyectar inversiones en infraestructuras que han ido cambiando el país. No olvidamos, no obstante, que algunas de dichas infraestructuras no se hicieron a cargo de los PGE sino mediante concesiones a largo plazo, algunas de las cuales, después de varias prórrogas están próximas a vencer; otras, ahí estaba la deuda pública para permitirnos disfrutar inmediatamente de inversiones que no podíamos permitirnos. Pero, de cualquier modo, han sido los impuestos los que han pagado el capital de la inversión y sus intereses; o han sido los algunos de los ciudadanos de algunas Comunidades Autónomas los que han pagado con el precio del uso de las mismas, el capital invertido, las reparaciones y mantenimiento, así como el beneficio que los grandes inversores han conseguido.

Pero, hablando de presupuestos, la importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva, obviamente a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para ir reduciendo la deuda soberana.

Esto es entendible.

Javier Lasarte, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario, recientemente ha escrito sobre la necesidad de “un nuevo pacto presupuestario entre los poderes ejecutivo y legislativo concebido y vigilado por el buen Derecho, como corresponde a una democracia”. Está hablando de una nueva Ley General Presupuestaria, que debería desarrollar el contenido del artículo 31.2 de la Constitución Española que contiene principios “indeterminados” -dice Lasarte- de asignación equitativa, eficiencia y economía, así como “las declaraciones de buena voluntad” de la Ley General Presupuestaria, haciendo hincapié en los artículos 26 y 27.

Ciertamente hace falta lo que indica el profesor y mucho más, porque, a pesar de haber tenido ocasiones ni el TC ni otros han dedicado excesivo esfuerzo en mejorar por la vía de la jurisprudencia el abuso de derecho que significa que los territorios en los que se articula la España de las Autonomías no tengan una financiación equitativa, o que las asignaciones de inversiones a los territorios no se hagan de acuerdo con los principios de eficiencia y economía; más bien al contrario, se hacen para disponer de graneros de votantes que puedan perpetuar a las familias políticas en el poder para continuar haciendo trizas las principios de nuestra Constitución.

Si los ingresos no pueden presupuestarse con exactitud porque su recaudación depende de la actividad económica esperada, que puede ser cambiante, ondulante, durante el ejercicio económico por la temporalidad de las propias actividades, además puede quedar incentivada o lastrada por elementos de inseguridad o de estímulo extraños al país, pues la economía internacional afecta a la nacional. Decía yo, que si los ingresos no pueden presupuestarse con exactitud los gastos sí. Los gastos son autorización de gasto al gobierno. Y el gobierno por incapacidad administrativa, por estrategia, por desidia, por interés partidista o por otras circunstancias no ejecuta el gasto; es decir, nos engaña diciendo que el dinero que recaude, más la deuda pública que emita, que tenía que ir al gasto autorizado (gasto necesario para el sostenimiento de los servicios, el estado del bienestar, la incentivación de la actividad económica, o la realización de necesarias inversiones) va en el grado que quiere y con el ritmo que quiere a lo que le interesa al Presidente de turno y a su partido.

Y una vez que podríamos haber disfrutado del debate de las prioridades del gasto y de las inversiones en un gobierno sostenido por un programa (no electoral) sino de gobierno, o por una negociación semana a semana y mes a mes, los acostumbrados a gobernar (demasiado por decreto) no admiten a socios en el gobierno, o son incapaces de concitar la cooperación de otros actores políticos para, día a día, hacer el camino de la democracia, que no significa otra cosa que escuchar la voz de otros.

En su día critiqué que Montoro y Rajoy hubieran usado de engaño con el incumplimiento presupuestario que es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución el presupuesto. Y claro, siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

  • que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado
  • que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales
  • que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material. En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres.

El profesor Lasarte quiere que las cosas estén mucho más claras en la ley, que sean más explícitas. Cualquiera de nosotros también, pero mientras tanto hay un consentimiento culpable de los órganos supervisores que permiten, consienten y no atajan, aunque estén más o menos conscientes de prácticas corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

¿Por qué ahora hablar de esto? Primero porque no tenemos presupuestos, sólo los prorrogados que no han tenido en cuenta la situación actual económica a nivel estatal o global; segundo porque la incapacidad de formar gobierno es muestra de la poca vocación de servicio a la cosa común, más bien del egoísmo para servir al interés personal y partidista; y tercero porque lo importante no es el presupuesto, sino los datos de su ejecución, y para controlar y asegurar esto último se precisa un cambio de legislación como muy bien el profesor Lasarte reclama.

La suma importancia del conocimiento

La suma importancia del conocimiento

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

20190729 Publicado en el Periódico Mediterráneo del 29 de julio de 2019

Casi no podemos ni imaginar cómo vamos a cambiar como especie, una especie que ha sido capaz de establecer una civilización en este planeta. Pero es curioso que todo aquello a lo que podemos llamar ciencia, en realidad tiene poco más de cuatro siglos de antigüedad, de los cuales han sido los dos últimos siglos los que han producido una aceleración tan grande del conocimiento científico que puede decirse sin temor a equivocarnos que, dependiendo de la disciplina, lo hemos ido doblando cada una o dos décadas.

Pero ¿es tan importante la ciencia que tenemos que dejar de lado las humanidades? No, porque éstas son la historia natural de la cultura (que incluye la ciencia) y nuestro patrimonio más preciado.

Pensemos por un momento en el proceso de extensión a todo el planeta de la ciencia y de la alta tecnología, muy beneficioso para todos por su generalización de modo que sea en Europa o en el país más remoto de África o Asia dispondrán, como ya se puede ver, de la misma ciencia y tecnología. El único inconveniente que retrasa dicha generalización es el costo. Pero como hemos visto dispositivos inteligentes los tiene cualquier persona en cualquier lugar. Esto hará que la ciencia y la tecnología llegarán a ser las mismas en cualquier parte de la Tierra.

En cambio, lo que seguirá evolucionando y diversificando casi infinitamente son las humanidades, porque los humanos somos únicos, los grupos somos únicos, la forma de enfrentarnos a la vida de cada uno es distinta porque nuestra identidad es única.

No obstante, estamos viviendo una homogeneización de las poblaciones del mundo debido a la creciente emigración y el matrimonio interracial. Hay y todavía aumentará la redistribución de genes de Homo sapiens. En efecto la variación genética entre poblaciones va en declive, mientras que la variación genética dentro de poblaciones está aumentando y, por ello, la variación genética de la especie en su integridad también va aumentando.

La ciencia podrá encauzar la evolución de la diversidad. ¿Queremos que se aumente la frecuencia entre la población de atributos apetecibles o deseamos mantener con vida y con éxito reproductivo individuos con atributos no deseables? ¿Dejaremos que las cosas sigan su curso y nos engañaremos, o no, pensando que todo va a salir bien, quizás confiando que los robots suplirán las incapacidades o discapacidades de los individuos de nuestras poblaciones?

Obviamente como dice Edward O. Wilson “nuestro deber sagrado” es “preservar la naturaleza humana biológica”.

Entre los elementos más necesarios para que surjan formas más complejas de organización social se halla la cooperación, quiero decir, niveles elevados de cooperación. Los actos altruistas fomentan la organización social. El grado de cooperación y altruismo más elevado, señala Wilson, es el de la eusocialidad, en la cual algunos miembros de la colonia renuncian a su reproducción personal, en parte o totalmente, con tal de incrementar la reproducción de la casta “real” o de los mejores miembros de la colonia.

Sabemos que los grupos compiten unos con otros, tanto entrando en conflicto, como en eficiencia relativa a la hora de conseguir los recursos necesarios. Los miembros egoístas prosperan dentro de sus grupos, pero los grupos formados por altruistas se sobreponen a los grupos formados por egoístas. Es fácil probar matemáticamente que es mejor que muchos tengan o consigan, algo más, que el que pocos tengan o consigan, muchísimo más.

Con estas reflexiones no puedo evitar que mi mente vaya a la situación política mundial y española. Así, para hacer un ejercicio de pensamiento, sustituyamos “grupos” por naciones o países y pensemos en los EEUU que quiere Donald Trump o en la Rusia de Putin. Ahora, sustituyamos “grupos” por partidos políticos y pensemos en el egoísmo manifiesto tanto entre ellos como entre los que los forman, sus afiliados que se postulan, el interés de la mayoría de los cuales no es el servicio público, sino el medrar en el beneficio propio (legal o ilegalmente). La profesión de político es deleznable, la vocación de político es admirable. Pero ¿cuántos hay de un tipo o del otro?

Una manera de evitarlo es ir mejorando la cooperación. Nada de luchas fratricidas para conseguir que el líder os ponga en la lista (para las próximas elecciones), nada de formar parte del coro de cantantes o de los que baten palmas, que aceptan, apoyan e, incluso, alaban los dictados (de dictador) del equipo líder. Mucho mejor es tener debate, confrontación, diálogo con respeto y toma de decisión mayoritaria y, sobre todo, cooperación y altruismo. No se trata de medrar el individuo, sino de conseguir lo mejor para el “grupo”.

¿Cómo hacerlo? SOLUCIÓN: listas abiertas; modificación de las circunscripciones electorales (distritos electorales) como subdivisión territorial para elegir miembros a los cuerpos legislativos nacionales o de Comunidad Autónoma; circunscripciones uninominales o plurinominales (según mi opinión mejor uninominales). Con eso se cumpliría el derecho constitucional tanto de elegir como de ser elegible, cosa esta última que en ningún caso se cumple por la dificultad del sistema partidista falto de democracia interna.

Esto funciona en países cuyo pedigrí democrático es, o debería ser, un ejemplo para España. Pero ¿se atreverá algún partido a promover un cambio en la dirección señalada?

Contesto con palabras de Wilson en el sentido de que la mejor forma de ilustrar el origen de la condición humana es a través de la interacción social producto de la selección natural: las tendencias hereditarias a comunicarnos, reconocer (a los individuos no cooperadores y extrañarlos), evaluar, cooperar, competir, establecer vínculos afectivos y, a partir de todas ellas, el inmenso y cálido placer de pertenecer a un grupo particular, que tendrá mayor éxito porque está compuesto de reciprocadores, es decir, cooperadores, con la mayor inteligencia social, mejorada gracias a la selección grupal. Eso es lo que hizo del Homo sapiens la primera especie totalmente dominante de la Tierra.

Todo esto es conocimiento, es ciencia.

¿Seremos capaces los españoles de planteárnoslo con seriedad? ¿Serán dignos de nosotros los políticos que pretenden gobernar, o ya gobiernan, en nuestro país, para bien de este grupo particular, de este proyecto de vida en común, denominado España?

Las humanidades

LAS HUMANIDADES

20190623

Federico Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en el Periódico Mediterráneo

Es obvio para todos nosotros que la mayor parte de la creatividad humana se produce en el natural conflicto entre el ámbito individual y el ámbito grupal, que afortunadamente ayuda a la selección natural; conflicto inevitable y necesario, como dice Edward O. Wilson.

En este sentido lo que se quiere indicar es la unidad de la misma base en que se asientan las ciencias y las humanidades y, en particular, al hecho de que las leyes físicas de causa y efecto son capaces de justificar ambas. Cuando la cultura occidental abrazó esta proposición hace 3 o 4 siglos la denominó Ilustración y se resumía en la idea de que los seres humanos podemos conocer por sí solos todo lo que hace falta conocer y que podemos comprender, y a partir de aquí, esa comprensión nos ayuda a gozar de la capacidad de decidir más sabiamente que nunca.

Pero, curiosamente, en cuanto a pensamiento creativo, las fases tempranas del mismo no surgen de la especialización, pues los científicos más competentes, como dice Wilson son los que piensan como poetas, a veces con sus fantasías, y trabajan como contables. Esto lleva a que los científicos, en realidad, usan escasas palabras de doble o más sentidos, tanto en la introducción como en la discusión subsiguiente de una proposición con datos, y lo hacen para aclarar algún concepto técnico, pero nunca para despertar emociones. Se trata de dar datos demostrables, una lógica estricta que contrasta con lo que sucede en la poesía u otras artes creativas que son, exactamente, lo contrario.

Los estudios humanísticos y estas artes, a veces estremecedoras, por lo inquisitivas, se fijan una y otra vez en los mismos temas, arquetipos y emociones. Pero a los lectores nos da igual pues somos adictos al antropocentrismo y víctimas de una fascinación hacia nosotros mismos sin cura. Novelas, películas, conciertos, obras de teatro, eventos deportivos o cotilleos, que se piensan para que se despierte en nosotros una o todas las emociones posibles del espectro pequeño del que gozamos como homo sapiens.

Y eso es muy distinto de la noción del continuo, o de los exoplanetas de la galaxia que forman un continuo. U otro continuo, la diversidad de la vida en la biosfera terrestre. O el continuo que la ciencia ha cartografiado más relevante para las humanidades: los sentidos.

En el homo sapiens la vista se fija en una porción de energía infinitesimal pues está entre cuatrocientos y setecientos nanómetros del espectro electromagnético; el resto del espectro que completa el universo comprende desde los rayos gamma (un trillón de veces más cortos que el segmento visual humano) hasta las ondas de radio (un trillón de veces más largas). Otros animales cuentas con sus propias porciones de continuo.

Aunque creemos instintivamente que podemos oír casi todos los sonidos (bueno, yo no tanto, ya estoy un poco sordo), en realidad nuestra especie está programada para detectar solamente entre 20.000 y 25.000 Hz, que son ciclos de aire comprimido por segundo. Pero por encima de esa gama los murciélagos lanzan pulsaciones al aire nocturnos y se sirven de los ecos para esquivar obstáculos y cazar insectos en vuelo; por debajo de la gama humana los elefantes murmullan mensajes complejos. En realidad, estamos de paseo por la naturaleza como un sordo por las calles de Barcelona, percibimos poquísimas vibraciones y somos incompetentes para interpretar casi nada.

En cuanto al olfato nuestro, es de los más pobres entre toda la población de organismos vivos de la tierra; menos mal que tenemos perros adiestrados que siguen pistas de personas individuales, detectan leves rastros de explosivos, drogas u otros productos peligrosos.

Cierto es que hemos inventado herramientas, aparatos que nos permiten detectar lo que nuestro cuerpo no detectaría en modo alguno. El empuje científico indica dónde buscar fenómenos previamente inesperados y cómo “percibir la totalidad de la realidad mediante una red mensurable de explicaciones de causa-efecto” en palabras de Wilson. Después de conocer la ubicación de cada fenómeno en los continuos relevantes, que son la variable de cada sistema, hemos descubierto la composición química de la superficie de Marte, podemos predecir condiciones en lo infinitesimal y lo casi infinito gracias a la teoría de la gran unificación, podemos ver cómo fluye la sangre y cómo se iluminan las neuronas y otras células del cerebro cuando piensa conscientemente. Probablemente en breve podremos explicar completamente la materia oscura del universo, el origen de la vida en la Tierra, la base física de la conciencia humana en los cambios de humor u opinión y muchas más cosas, porque lo invisible se ve, y lo extremadamente pequeño se pesa.

Entonces ¿desde dónde entran las humanidades en la visión? En todas partes, pues la ciencia y la tecnología ponen a las claras la condición humana con más precisión, tanto en la tierra como en la inmensidad del cosmos. Nuestra especie ha sido la ganadora en la lotería genética que nos permitió avanzar a trompicones a través del laberinto evolutivo, y no sabemos por qué, pues los pequeños fragmentos de continuos que conocemos, aunque los festejemos, tienen infinidad de combinaciones y por sí solos no indagan en los orígenes de nuestras características fundamentales: nuestros instintos autoritarios, nuestra inteligencia moderada, nuestra sabiduría peligrosamente limitada e, incluso, el orgullo de nuestra ciencia. Y personajes que no han podido, por su edad, o su falta de formación, o su falta de experiencia, gestionar, gobernar y enfocar su propia vida con éxito, ahora, tras unas elecciones tratan de gobernarnos y hacer lo mejor que pueden para la sociedad, aunque ese no sea el caso de todos.

Concluyo que, en este sentido, sólo vamos a tener éxito si copiamos lo que ha tenido éxito para otros, es decir lo que han hecho otros países. ¿Será tan grande el orgullo, el sentido supremacista o la ideología que no les deje hacerlo?

Examen de conciencia

Examen de conciencia

20190523

Federico Rivas. Doctor en Derecho

 

Después de los resultados de las elecciones generales no sé si alguien habrá dudado del por qué de los resultados en cuanto al partido principal derrotado, como tampoco sé si dudó del por qué respecto del principal partido derrotado en las últimas elecciones andaluzas. Por si acaso, me atrevo a decir, que la gente estamos hartos de que gobiernen partidos que han hecho de la falta de escrúpulos, la corrupción, el enchufismo, las puertas giratorias, el amiguismo o nepotismo, la financiación ilegal, el uso irregular o fraudulento de caudales públicos, el enriquecimiento de algunos de los capitostes, los sobres y la falta de ética, cuando no la expresa comisión de delitos, su forma de comportamiento.

Pero, aunque lo dicho se refiere a los políticos y a los partidos, es necesario tener presente que nuestra propia forma de vida como ciudadanos y de conseguir el sustento también debe estar bajo el escrutinio cuidadoso de la conciencia y ética de todos los ciudadanos. Aunque los que se dedican a la actividad política deberían ser dechados, ejemplos de honestidad y de servicio a la comunidad, no se puede esperar que los políticos no reflejen lo que la propia sociedad es, deficiente.

Me refiero a las muchas cosas en las que como ciudadanos tenemos que mejorar: la honestidad en la declaración y pago de nuestros impuestos, el trabajo sincero y el buen rendimiento que le debemos a quien nos contrata y paga, el conseguir nuestros ingresos mediante el trabajo duro y no el engaño y la trampa.

Y todo esto lo digo por lo que se ha dicho en los medios de comunicación del gran negocio que era para algunos el difundir el secesionismo. Aunque yo añado el gran negocio que ha sido para otros el difundir lo contrario. Unos y otros creando estado de opinión con informaciones sesgadas, exageradas, manipuladas y faltas de veracidad. Algún día estas prácticas podrían llegar a los tribunales. Son gastos necesarios sólo para quienes defienden la idea de quienes los pagan con dinero público.

También lo digo por el hecho de que he conocido por los datos del CIS que los valencianos somos los que mejor aguantamos, aceptamos o digerimos la corrupción, pues señalamos los casos de fraude o corrupción con un índice de los más bajos de España (Navarra 44,9 %, Comunidad Valenciana 28,7%).

Esta idea que desarrollo de la imperiosa necesidad de mejorar y acertar que tenemos, se manifiesta incluso en las más altas instancias, porque según Tom Burns, Isabel II nunca habría abroncado a los escoceses como el Rey a los independentistas. Burns es algo pesimista respecto a la realidad actual española.

Por otra parte, también da que pensar y acaso ¿no es de vergüenza la brecha salarial entre los mejor y los peor pagados? Según datos de los últimos años que manejo es de 10 veces, es decir un 1000 % en la Comunidad Valenciana, es un síntoma el que los ricos valencianos se hayan disparado un 30 % mientras los pobres han aumentado un 11,6 %.

Después del examen de conciencia debería venir la purificación, es decir, la catarsis. Pero ¿se ha hecho lo uno y lo otro, o al menos lo primero? Mis lectores pueden responderse.

Ese mismo examen de conciencia lo debe hacer la parte más débil de la sociedad, la que casi sólo cuenta con su trabajo, porque no es adecuado que vuelvan a dispararse las incapacidades temporales (IT) por enfermedad. La reducción de las mismas durante el tiempo duro de crisis manifestó que, hasta cierto grado, determinadas IT lo eran para conseguir mayor comodidad y se estuvo dispuesto a no tenerla a fin de evitar que las empresas no contaran con los trabajadores con los que ya no podían contar por su IT. Vuelve a darse la práctica de entrar a trabajar para a los pocos días darse de baja por IT. Eso daña a la colectividad entera de trabajadores, a los diligentes y a los negligentes y vagos, a los competentes y los no tan competentes.

Veremos si ahora después de la drástica reducción de ingresos legales que tendrá algún partido por los resultados electorales o de los gastos excesivos que pudieran haber tenido (ilegalmente) algunos partidos sin alcanzar la meta esperada de escaños en el Congreso que los cubriese llegan a alguna quiebra técnica como en el 2011 terminaron 17 partidos tras las elecciones. Y ni que decir tiene la importancia de que las entidades financieras que no están dando, o no está llegando, financiación suficiente para la economía real tengan que dotar deteriorando créditos, en su caso, que difícilmente van a cobrar. Y todo ello por la falta de iniciativa de todos los partidos de llegar a legislar una adecuada financiación para los mismos, como en otra ocasión me he extendido en explicar.

Sí, por todo esto y por mucho más que no cabe aquí, es preciso hacer un examen, un escrutinio cuidadoso que nos anime a detectar los fallos, las corruptelas, la corrupción y los delitos, para conseguir mejorar mediante una catarsis, en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. He dicho catarsis política porque vivimos en la ‘polis’, en la ciudad, en sociedad.

Que los nuevos legisladores revisen sus metas y se dediquen en cuerpo y alma a tomar iniciativas que deben someter a los más sabios en cada rama, de la sociedad, para que, finalmente, las conclusiones se debatan y se legisle más sabiamente. No se debe gobernar por Decreto ni plantear iniciativas legislativas con urgencia. La legislación se debe, previamente, someter a escrutinio público, no sólo del parlamento; dando tiempo suficiente para aportaciones, ideas, mejores redacciones pues un país con leyes sencillas y claras mejora su capacidad de desarrollo y crecimiento consiguiendo mayor competitividad en el mundo actual globalizado.

Llega la hora de la decisión política

Llega la hora de la decisión política

20190422

Federico Rivas. Doctor en Derecho.

 

Hay alguno que ha dicho “hoy he querido estar junto a nuestros policías y guardias civiles defendiendo lo que es de justicia: que no cobren menos que mossos y ertzainas. Ha sido una manifestación histórica. La gran mayoría de españoles estamos con ellos. Muchas gracias por vuestro ejemplo”.

Otros, o los mismos, también están apoyando la manifestación de “La España vaciada”. Y no hablo de otras para no ser prolijo, pero reflexiono y me pregunto ¿quién no quiere más y mejor? ¿es, por tanto, correcto, que a un estado democrático de derecho lo convirtamos en un estado de pancarta y manifestación? ¿para qué están las urnas? ¿para qué están los programas electorales? Pero a los que verdaderamente critico son, precisamente, a los líderes y partidos que se apuntan a las mismas, para la foto, perjudicando a los manifestantes respecto de la seriedad y credibilidad del problema que están sacando a la luz con sus legítimas manifestaciones.

Y sobre todo, peor es hacerlo con los que se envuelven en la bandera de nuestra querida patria España; me refiero, claramente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que incluyen también las autonómicas.

Los manifestantes que se manifiesten, pero los políticos que hablen en el congreso y en el senado de los problemas que sacan a la luz las manifestaciones, y que legislen o dicten las correspondientes disposiciones legales para su resolución. Y si algún político quiere ir a una manifestación (no estoy por quitarles ese derecho) que lo haga a título absolutamente personal, escondido, como uno más, en la multitud y, si posible le es, que se camufle en lo posible.

Por otra parte, leemos de “El fin del derecho penal (réquiem por él)” respecto de la recentísima reforma del Código Penal en cuanto al régimen de la imprudencia en los delitos de lesiones y homicidios con independencia de que se hayan producido o no con motivo de accidentes de circulación, que según el respetado y admirado catedrático de derecho penal de la Universitat de València, Dr. D. Javier Boix, revienta el artículo 9-3 de nuestra Constitución, al desaparecer cualquier seguridad jurídica por vulneración del principio de legalidad, por una ausencia total de vacatio legis y por una remisión en bloque al derecho administrativo para determinar lo que sea imprudencia menos grave. Ello permite, según mi criterio, que por disposiciones administrativas el gobierno de turno decida, en cualquier momento, qué es y qué no es punible penalmente. Como dice el profesor no debería ser “que haya conductas amenazadas con penas que los ciudadanos desconozcan”. Me remito a su reflexión.

Estamos en campaña electoral, ahora es cuando deberían sernos dados a conocer los programas electorales, mejor por escrito, y peor “petando” auditorios que se escogen según los asistentes esperados, especialmente teniendo en cuenta los que siempre se desplazan en autobuses de una parte a otra de España, aunque lo que se diga en dichos actos y en los debates en televisión también puede servir para hacernos una idea de lo que pretende hacer el postulante.

Pero cosas como que la depuradora de Castellón huele a mierda y ese olor lo sentimos en la garganta casi sólido, quizás no lo diga nadie ni ahora ni para las elecciones municipales, y mucho menos cómo arreglarlo (obviamente exigiendo el cumplimiento a quien la gestiona). Y que un 25 % de los mayores de 30 años aún vive con sus padres tampoco. Menos hablarán de la endogamia en la universidad y cómo evitarla para que los talentos no se marchen afuera y hagan docencia e investigación aquí, que es dónde (entre ellos, sus padres y el estado) se ha pagado su excelente formación.

Y qué decir de la reforma constitucional, no por causa de la crisis del estado con Catalunya, sino por las muchas cosas que quedan pendientes de desarrollar. No es aceptable que después de 40 años haya tantas y tantas cosas en la Constitución que siendo mandamientos que impone dicha norma fundamental, no se hayan convertido en realidades y continúen siendo formulaciones de deseos. De los deseos no se vive.

Y ¿quién es responsable? Son responsables los sucesivos parlamentos constituidos desde su promulgación. Los políticos que los formaban y especialmente, por aquello de que los que se mueven no salen en la foto ni en las nuevas listas electorales (a causa de la falta de democracia interna de los partidos), los partidos que no han incluido en sus programas electorales, ni han intentado con coaliciones, acuerdos o ganas de mejorar el estado, su desarrollo.

Otra cosa. No está mal llegar a ser rico, pero el que el 1 % de los españoles más ricos posea el 25 % de la riqueza del país, habla mal de la redistribución de la riqueza que se hace vía sistema fiscal, prestación de servicios o inversiones. ¿Alguien hablará de ello? Me contestaréis que lo hará la izquierda, pero lo tendrían que hacer todos los partidos para dar credibilidad al problema y no permitir que sólo unos pocos alcen esa bandera reivindicativa. Se precisa una reforma fiscal que incentive la empresa, es decir al emprendedor, y que el tipo medio real aplicable en el Impuesto sobre Sociedades sea para todos igual. Digo el tipo medio real. También una ley que obligue al gobierno a financiar o realizar en todas las Comunidades autónomas los servicios y las inversiones en la misma proporción. Como algunos dicen ya está bien de “ofrendar nuevas glorias a España”. La solidaridad interterritorial debe tener un límite fija por ley para que ningún partido o gobierno la use para sacar provecho partidista y mantenerse en el poder usando la idea de que todos quieren más, pero se los doy a quienes me interesan.

En los partidos ha habido cambio de personas, nuevos equipos, pero el lastre del descrédito político por los múltiples y continuos casos de corrupción va a ser muy difícil de dejarlo. Los partidos nuevos que no han gobernado, falta saber qué harán sus miembros cuando gobiernen.

Lo que sí es cierto es que hay poca vocación de servicio a la comunidad y mucho egoísmo para ocupar puestos en la política personas sin experiencia, sin iniciativa, sin suficiente inteligencia, aunque ahora ya formados (incluso universitariamente), que no pueden convertirse en políticos que sean líderes genuinos de los que, los ciudadanos de la nación y el estado se enamoren y vayan tras el proyecto de éxito llamado España, con sus amadas naciones que también son Españas, en busca de un pasado y presente asumido, y un futuro mejor como miembros de la Unión Europea que nos apasiona.

Reflexionemos si nos interesa votar a los lejanos o a los cercanos, a los que tienen proyecto de estado o a los que tienen proyecto de Comunidad Autónoma, a la izquierda, a los que se dicen (demasiados) de centro o a la derecha, o incluso a los que se escapan del plano por ambas bandas.

Mucha suerte y que sean escogidos los mejores: los honestos, los más inteligentes, los menos egoístas, los más trabajadores. Esos pueden hacer mejores a nuestras Españas.

Las finazas de los partidos políticos

Las finanzas de los partidos políticos

03.03.2019

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho

 

Ante la próxima campaña electoral en España los partidos tienen mucho que hacer: seminarios, congresos, primarias (algunos), cursos, mesas redondas… todo para chupar cámara y llenar titulares y páginas en los medios de comunicación. Todo eso conlleva muchos gastos. Ahora es el momento de la recaudación, ahora es el momento en que se precisa toda la ayuda económica posible. ¿Cómo la van a conseguir?

Allá por 2006 dije y está recogida en mi blog bajo el título ‘La financiación de los partidos políticos’ una frase larga y suficiente descriptiva. “¡Qué miedo tratarlo! nadie dice nada, y mientras tanto cada uno de los partidos se la monta como puede y, al cabo de los años, antes de prescribir, se descubren sus delitos y trampas, no sólo para financiar ilegalmente partidos sino porque algunos de los administradores del dinero de los mismos han “untado” también su personal y particular tostada.”

Ciertamente dichas palabras continúan siendo actuales. Los casos que en estos momentos están en los tribunales nos dan mucho en qué pensar, y es necesario que nos planteemos las alternativas a una correcta financiación de los partidos políticos, en lugar de aprovechar la ocasión (que no digo que no haya que hacerlo) sólo para lanzar dardos envenenados al contrincante político, aunque todos tengan, ciertamente, mucho que callar.

Veremos cómo sigue la cosa, y si, como siempre, el intercambio de acusaciones entre los partidos, sean el PP y el PSOE, Ciudadanos o Vox, Podemos o los soberanistas, será algo así como: ‘eso lo serás tú’, o ‘tú más que yo’, y ‘en tu partido pasó aquello’ y ‘en el tuyo lo otro’; o ‘quién esté libre de culpa que tire la primera piedra’; o ‘además de la civil o penal hay que exigir responsabilidades políticas’.

Aunque la mayor parte de los políticos actuales son personas que se han integrado en el “aparato” desde jóvenes, no han trabajado en la economía real y no han tenido responsabilidades salvo la de conseguir desde el partido un puesto en el “pesebre” en tanto en cuanto hacen de “clac” y corean a sus líderes difícilmente elegidos democráticamente en el partido, ciertamente NO puedo pensar que todos sean deshonestos, pero no comprendo cómo ningún partido entra a fondo en el meollo del problema: la financiación de los partidos políticos. No lo hacen el PP ni el PSOE, pero tampoco Ciudadanos, IU, Podemos ni los nacionalistas en sus diversas sensibilidades de izquierda o derecha. Todos quieren que las cosas continúen como hasta ahora, no quieren, creo, hacer nada porque, quizás los ciudadanos corrientes nos enteraríamos de cosas que, desde siempre del advenimiento de la democracia, les parece que son sólo para iniciados, por el escándalo moral que sería su pleno conocimiento por la ciudadanía. Oscurantismo, falta de transparencia que lleva a falta de honestidad, incluso a delincuencia. Pero son ellos los que lo quieren así, porque no se atreven a abrir la “caja de Pandora” que representa promulgar una legislación clara y transparente.

Si se cambiara la legislación y se permitiera la financiación casi libre de los partidos, me digo a mí mismo: ¿y qué si las empresas, algunas, o individuos poderosamente ricos, financiaran a los partidos?, ¿acaso no financia el Estado también a los mismos, y a los sindicatos, y a la Iglesia Católica? El problema no es la financiación, el problema es la falta de transparencia en cuanto al origen, o al importe de las aportaciones; el problema es no conocer quién les apoya, para poder estar ojo avizor para evitar el abuso, porque si el ejercicio que hacen los “grupos de presión” o “lobbies” en muchos países está perfectamente aceptado y es parte del funcionamiento de la democracia, el ejercicio de apoyar económicamente en las campañas electorales y en otro momento a los partidos también. Y está claro que tiene que ser así porque no hay institución de participación ciudadana que se financie con las cuotas de sus asociados; ni sindicatos, ni partidos políticos, ni asociaciones patronales, ni mucho menos la Iglesia Católica.

La cuestión es cómo ejercer el control financiero de esas aportaciones que debieran ser todas ellas transparentes, como sugiero. Una vía sencilla es la de permitir la deducción como gasto del importe donado en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otorgar algún tipo de desgravación, como cuando se aporta a Fundaciones. Sería una forma de controlar los ingresos de los partidos, y el incentivo de considerarlo gasto y además base de una desgravación, es tan poderoso que, probablemente, todos lo declararían. Pero, por si acaso, algún partido todavía aceptara donaciones no transparentes, legislar que cuando se probara que el mismo lo había hecho, el partido debería quedar suspendido o incluso disuelto, además de la inhabilitación, las penas o responsabilidades civiles, penales o fiscales, tanto para el propio partido como para los individuos que formaban la cúpula directiva del mismo. Con esto se arreglaría para siempre y de raíz el problema.

Esto también evitaría que pasara lo que ha estado pasando hasta ahora, que los importes que se entregan a los partidos los recojan personas, que, a menudo, recaudan para sí mismas total o parcialmente, en lugar de hacerlo para el partido que representan.

Claro está que, esto evitaría el enriquecimiento de los arribistas, que saben poco de la cosa pública, pero saben mucho de beneficiarse de militar en un partido, por las prebendas y oportunidades que les ofrece. Evitaría también que personas sin escrúpulos se dediquen a la política porque no tienen otra cosa mejor a la que dedicarse, puesto que en ella no se precisan dura ‘oposición técnica’, test de inteligencia, capacitación, experiencia ni ninguna otra cualidad de eficiencia, sino simplemente obediencia, para esperar con paciencia el momento de cada una de aprovechar las circunstancias para beneficiarse personalmente, legal o ilegalmente.

Si no se entra de lleno a legislar en este sentido, nos vemos abocados, probablemente, a una plena desafección del ciudadano respecto de la clase política que, desembocará, por necesidad, en una gran crisis que produzca una catarsis o limpieza de la clase política: ni incompetentes, ni sólo obedientes, sino personas de probada experiencia, capacitación y reconocido prestigio, serían el material del que se deberían nutrir los partidos y, en ese caso, sus retribuciones deberían estar a la altura adecuada, pero no más; como dicen los empresarios ‘a precio de mercado’.

Esa catarsis debiera venir también por el cambio de una nueva legislación electoral de modo que sean los ciudadanos los que elijan a las personas, militen o no en partidos. Que cualquier ciudadano pueda postularse como candidato, dentro o fuera de partidos, en cada circunscripción. Esas personas elegidas en cada circunscripción deberían ser las que debieran responder ante sus electores y no ante sus partidos. Es decir, listas abiertas. Lo que no quita la aplicación de algún tipo de ponderación para añadir estabilidad y evitar disgregación que impidiera la gobernanza, pero sin dejar de atender a las minorías.

Esa catarsis debería venir también por un cambio legislativo para que el Senado fuera un lugar excelente y mejorado, para tratar de que los territorios resulten verdaderamente representados, que sean personas y no siglas de un partido las que primen, y permitir aquí, en el Senado, el acceso de minorías por medio de rebajar techo electoral de porcentaje de voto. Un lugar útil en donde para evitar el “espectáculo” se pondere la representatividad de sus integrantes en la participación en los debates y en la decisión de aprobación o rechazo como “Cámara de segunda lectura”, mediante el estudio meditado, pero fácilmente copiado si se quiere de países de nuestro entorno, de en lo que resultaría el voto de minorías mayoritarias.

Pero me parece que todas estas cuestiones NO son de interés de los políticos, pues a la mayor parte de ellos les va mejor el “pitufeo”, la financiación irregular y llegar a ser un “corista” para decir sí a un líder cuya elección democrática deja mucho que desear.

Una ministra ha dicho la valentía que se tiene que tener para presentarse a gestionar la “res” pública. Tiene razón: valentía para los competentes, expertos, curtidos y suficientemente entrados en años que se atreven por vocación de servicio; pero de esos hay pocos, porque pocos tienen las circunstancias y se les ofrece la oportunidad. Pero muchos hay que desean entrar en la “carrera política” para vivir de ella y la mayor parte de esos ya sabemos, por estos 40 años de experiencia democrática, cómo son.

 

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

Lenguas, banderas y capital

Lenguas, banderas y capital

Los artículos 2 al 5 de la Constitución

20181118

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Siguiendo nuestro comentario de la Constitución leemos en su

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y finalmente el artículo 5: La capital del Estado es la villa de Madrid.

De modo que “la indisoluble unidad de la Nación española” del artículo 2 depende de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español” del artículo 1, pero “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, de modo que las nacionalidades y regiones tienen derecho a ser autónomas. Pero ¿cómo pueden ser autónomas si no son autosuficientes financieramente? Sí estoy hablando del “tracte just” que la Comunitat Valenciana reclama. Y la solidaridad ¿tiene que ir hasta el último extremo, durante todos estos 40 años? ¿no debe, más bien, ser limitada a un porcentaje del PIB o de la recaudación de cada una, para ponerlo en común y de un modo organizado, por ley, distribuirlo entre las menos ricas como una estrategia para el desarrollo, no para un mantenimiento o sostenimiento de unos niveles de percepción social de riqueza? ¿no es más justo estimular el crecimiento, en lugar de sostener económicamente a las regiones deprimidas? Como dice el consejo “da un pescado al pobre y hoy no tendrá hambre, enséñale a pescar y no tendrá hambre nunca” o algo así.

En efecto, sostengo que la solidaridad entre las regiones y nacionalidades debe tener un techo, que debiera fijarse en un porcentaje de la recaudación impositiva, con un límite temporal; no puede ser indefinido. No es sostenible un estado “benefactor”, cuando a duras penas se sostiene un estado del bienestar. La distribución de la solidaridad no puede dejarse al gobierno de turno; y por el hecho de que así se ha hecho, así nos va.

El artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, de la Nación española, de las nacionalidades y de las regiones, que todo son España. Lengua que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Me pregunto si a los extranjeros que se les otorga la nacionalidad española se les hace un examen de castellano y si acaso, de cuál, del castellano dialectal que enseñan en las escuelas de Andalucía, de Extremadura, del Archipiélago canario y de algún otro sitio más, o del castellano estándar. Y lo digo porque a mí, que empiezo a ser duro de oído, me cuesta mucho entender a los que se comen las s finales o las sustituyen por el sonido de j, cambian las r por l. Me parece, que todos los que van a la escuela, en toda España, en todo el Estado, deberían salir sabiendo pronunciar adecuadamente el castellano estándar como el de Ana Blanco del Telediario de TVE La 1, pero ¿cómo lo van a aprender si sus maestros no lo saben pronunciar bien? No estoy hablando del acento, el acento se nota en las vocales, más o menos vocales, más o menos abiertas o cerradas. Estoy hablando de casi otro lenguaje que se come consonantes, estoy hablando de nuevos dialectos que se comen a la lengua estándar. No hay más que atender cómo han hablado o hablan muchos líderes políticos. Parece pues que ese deber de conocer la lengua castellana no se cumple, al menos, completamente, y no es el caso, precisamente, en los lugares que tienen lengua propia.

No tengo ninguna duda del derecho que asiste a todo español de hablar en castellano y de ser atendido en castellano, en toda España, aunque, como dice a continuación el artículo 3.2 “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas” y si cada uno de nosotros, como españoles, nos creemos, sabemos, cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas… será objeto de especial respeto y protección”, lo que quiere decir que también debemos saber, conocer, entender y hacernos entender en la lengua de la Comunidad Autónoma en la que residimos, porque de otro modo ni hay respeto, ni protección. A una lengua se la respeta usándola y usándola bien.

En el preámbulo vimos que es voluntad proclamada de la Constitución “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo y repito, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

En el artículo 4 se define la bandera de España y el derecho a que los Estatutos de autonomía reconozcan banderas o enseñas propias a utilizar junto a la bandera de España. Cuando comencé a salir al extranjero, especialmente a USA y a los países nórdicos, me sorprendió el aprecio que tienen hacia su bandera, pues en las casas privadas, no en los balcones a modo de manifestantes, sino en un sitio exprofeso, especial, honroso, ondean la enseña de su patria. Me emociona. Pero lo cierto es que en la Constitución española no se habla de ella más que en este artículo (dos veces bandera, una, banderas [de las Comunidades Autónomas] y en el 149 ‘abanderamiento’ en la Marina Mercante. ¿Por qué será que no hablaron más? Quizás los padres de la Constitución se daban cuenta de que habrá que pasar mucho tiempo (mucho más que estos 40 años) antes de que la bandera, apropiada por la dictadura y por los partidos de derecha de corte centralista, llegue a sentirse como algo entrañable también por todos los demás.

Finalmente comentemos el artículo 5 que indica cuál es la capital del Estado: Madrid. Tampoco dicen nada más aquí, pero todos nos damos cuenta del plus económico en favor de la villa y corte que le da dicha capitalidad. Otros países han radicado en diferentes capitales por todo el Estado organismos como podrían ser el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos más. Pero aquí en España, después de 40 años, nadie se atreve. Pues bien, si se quiere integrar la vida de los que formamos todas las nacionalidades y regiones en el Estado, en la Nación española, en España, habrá que hacerlo.

De nuevo me pregunto, como en ocasiones anteriores, ¿soy negativo? No. Pienso que el egoísmo partidista ha tenido un mal papel. Los partidos se han aprovechado de lo que no está suficientemente claro, lo que no se ha desarrollado en leyes, de la Constitución, para mantener su statu quo, cada uno tirando hacia su propio lado, y, tal como están las cosas, no creo que haya nadie o surja en breve alguien que regenere la vida política, cambiando los partidos desde dentro, con prácticas democráticas, listas abiertas, cambiar la ley electoral y otras muchas cosas necesarias, por el terror que tienen a perder el sillón y el pesebre, cariñosamente dicho desde mi atalaya de la edad. Otra vez digo que los que no hemos hecho nuestro papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, no hemos escogido en cada momento a los mejores o a los que podían, actuando conforme a los principios de la Constitución, ilusionar a toda la ciudadanía de las diversas nacionalidades y regiones y a la siguiente generación.

El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.