Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

Lenguas, banderas y capital

Lenguas, banderas y capital

Los artículos 2 al 5 de la Constitución

20181118

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Siguiendo nuestro comentario de la Constitución leemos en su

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y finalmente el artículo 5: La capital del Estado es la villa de Madrid.

De modo que “la indisoluble unidad de la Nación española” del artículo 2 depende de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español” del artículo 1, pero “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, de modo que las nacionalidades y regiones tienen derecho a ser autónomas. Pero ¿cómo pueden ser autónomas si no son autosuficientes financieramente? Sí estoy hablando del “tracte just” que la Comunitat Valenciana reclama. Y la solidaridad ¿tiene que ir hasta el último extremo, durante todos estos 40 años? ¿no debe, más bien, ser limitada a un porcentaje del PIB o de la recaudación de cada una, para ponerlo en común y de un modo organizado, por ley, distribuirlo entre las menos ricas como una estrategia para el desarrollo, no para un mantenimiento o sostenimiento de unos niveles de percepción social de riqueza? ¿no es más justo estimular el crecimiento, en lugar de sostener económicamente a las regiones deprimidas? Como dice el consejo “da un pescado al pobre y hoy no tendrá hambre, enséñale a pescar y no tendrá hambre nunca” o algo así.

En efecto, sostengo que la solidaridad entre las regiones y nacionalidades debe tener un techo, que debiera fijarse en un porcentaje de la recaudación impositiva, con un límite temporal; no puede ser indefinido. No es sostenible un estado “benefactor”, cuando a duras penas se sostiene un estado del bienestar. La distribución de la solidaridad no puede dejarse al gobierno de turno; y por el hecho de que así se ha hecho, así nos va.

El artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, de la Nación española, de las nacionalidades y de las regiones, que todo son España. Lengua que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Me pregunto si a los extranjeros que se les otorga la nacionalidad española se les hace un examen de castellano y si acaso, de cuál, del castellano dialectal que enseñan en las escuelas de Andalucía, de Extremadura, del Archipiélago canario y de algún otro sitio más, o del castellano estándar. Y lo digo porque a mí, que empiezo a ser duro de oído, me cuesta mucho entender a los que se comen las s finales o las sustituyen por el sonido de j, cambian las r por l. Me parece, que todos los que van a la escuela, en toda España, en todo el Estado, deberían salir sabiendo pronunciar adecuadamente el castellano estándar como el de Ana Blanco del Telediario de TVE La 1, pero ¿cómo lo van a aprender si sus maestros no lo saben pronunciar bien? No estoy hablando del acento, el acento se nota en las vocales, más o menos vocales, más o menos abiertas o cerradas. Estoy hablando de casi otro lenguaje que se come consonantes, estoy hablando de nuevos dialectos que se comen a la lengua estándar. No hay más que atender cómo han hablado o hablan muchos líderes políticos. Parece pues que ese deber de conocer la lengua castellana no se cumple, al menos, completamente, y no es el caso, precisamente, en los lugares que tienen lengua propia.

No tengo ninguna duda del derecho que asiste a todo español de hablar en castellano y de ser atendido en castellano, en toda España, aunque, como dice a continuación el artículo 3.2 “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas” y si cada uno de nosotros, como españoles, nos creemos, sabemos, cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas… será objeto de especial respeto y protección”, lo que quiere decir que también debemos saber, conocer, entender y hacernos entender en la lengua de la Comunidad Autónoma en la que residimos, porque de otro modo ni hay respeto, ni protección. A una lengua se la respeta usándola y usándola bien.

En el preámbulo vimos que es voluntad proclamada de la Constitución “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo y repito, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

En el artículo 4 se define la bandera de España y el derecho a que los Estatutos de autonomía reconozcan banderas o enseñas propias a utilizar junto a la bandera de España. Cuando comencé a salir al extranjero, especialmente a USA y a los países nórdicos, me sorprendió el aprecio que tienen hacia su bandera, pues en las casas privadas, no en los balcones a modo de manifestantes, sino en un sitio exprofeso, especial, honroso, ondean la enseña de su patria. Me emociona. Pero lo cierto es que en la Constitución española no se habla de ella más que en este artículo (dos veces bandera, una, banderas [de las Comunidades Autónomas] y en el 149 ‘abanderamiento’ en la Marina Mercante. ¿Por qué será que no hablaron más? Quizás los padres de la Constitución se daban cuenta de que habrá que pasar mucho tiempo (mucho más que estos 40 años) antes de que la bandera, apropiada por la dictadura y por los partidos de derecha de corte centralista, llegue a sentirse como algo entrañable también por todos los demás.

Finalmente comentemos el artículo 5 que indica cuál es la capital del Estado: Madrid. Tampoco dicen nada más aquí, pero todos nos damos cuenta del plus económico en favor de la villa y corte que le da dicha capitalidad. Otros países han radicado en diferentes capitales por todo el Estado organismos como podrían ser el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos más. Pero aquí en España, después de 40 años, nadie se atreve. Pues bien, si se quiere integrar la vida de los que formamos todas las nacionalidades y regiones en el Estado, en la Nación española, en España, habrá que hacerlo.

De nuevo me pregunto, como en ocasiones anteriores, ¿soy negativo? No. Pienso que el egoísmo partidista ha tenido un mal papel. Los partidos se han aprovechado de lo que no está suficientemente claro, lo que no se ha desarrollado en leyes, de la Constitución, para mantener su statu quo, cada uno tirando hacia su propio lado, y, tal como están las cosas, no creo que haya nadie o surja en breve alguien que regenere la vida política, cambiando los partidos desde dentro, con prácticas democráticas, listas abiertas, cambiar la ley electoral y otras muchas cosas necesarias, por el terror que tienen a perder el sillón y el pesebre, cariñosamente dicho desde mi atalaya de la edad. Otra vez digo que los que no hemos hecho nuestro papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, no hemos escogido en cada momento a los mejores o a los que podían, actuando conforme a los principios de la Constitución, ilusionar a toda la ciudadanía de las diversas nacionalidades y regiones y a la siguiente generación.