Archivos para 28 octubre 2018

El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

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El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

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