EL DERECHO DE ASISTENCIA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y HOSPITALARIA

El derecho de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

23.08.2015

 

Argumentaba recientemente que la Seguridad Social funciona porque se nutre de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera y porque también el asegurador, en este caso, el Estado, paga los siniestros.

Entre los siniestros, hoy vamos a ocuparnos de la asistencia hospitalaria, médica y farmacéutica; y uso esta terminología para que nos entendamos, porque alguien ha hecho estrategia desglosando de la cobertura “sanitaria” a la “farmacéutica”, como si no estuviera incluida, cosa que creo errónea, pero es la que utilizan políticos y periodistas.

La asistencia hospitalaria es un área muy concreta en la que difícilmente el enfermo incide con su voluntad de posible abuso; si acaso en los servicios de Urgencias, de los que hablaremos enseguida. La vocación de los involucrados, la buena gestión y el control, lo hacen todo para evitar hurtos, abusos o mala utilización de medios y material, al objeto de conseguir la eficiencia en el gasto. Por otra parte, hoy, nadie duda de la necesidad de que el Estado facilite el acceso a dicha asistencia hospitalaria (gestionada de una manera u otra, de la que se puede probar su mejor eficiencia) y no hago referencia a total o parcial, porque, aquí en España, damos por asumido el estado del bienestar y, por tanto, se exige total. La responsabilidad está totalmente en una gestión adecuada del centro hospitalario, por lo tanto en los gestores y nada, o casi nada, recae en el ámbito del paciente.

Respecto de la asistencia médica, es decir, los actos médicos de consulta al paciente, de primeras pruebas (auscultación, revisión etc.) y evaluación, hay que decir cosas tanto de los pacientes como de los profesionales médicos y sanitarios. Ciertamente el médico de cabecera es el consejero tranquilizador y el que puede parar, con la primera actuación médica, la pérdida de tiempo, en su caso, de una actuación especialista u hospitalaria, que son mucho más gravosas económicamente; también es el que añade calidad profesional y humana en el acto médico, pues conoce al paciente de mucho tiempo y, por tanto, tiene una visión de conjunto, del mismo. Hay que traer a colación el hecho de que las mujeres van mucho más al médico que los hombres, habrá por tanto que animar a evitar los excesos, en su caso, de las mujeres y también el defecto de no ir al médico de los hombres, pues retrasar la atención médica es hacer que la enfermedad progrese y sea de más difícil, o no exista ya, solución. Creo, por tanto, que también aquí la responsabilidad principal para evitar el abuso y ser eficientes en el gasto, está en el médico de cabecera.

Con relación a los servicios de Urgencias hay varios problemas totalmente distintos: acudir a Urgencias porque no hay servicios de cabecera; acudir porque se precisen de servicios especializados y pruebas de las que no se pueden disponer con urgencia en el centro de salud de cabecera; o acudir porque haya una urgencia vital. La detección de usos inadecuados del servicio que hacen los pacientes, es responsabilidad de los profesionales médicos y otros profesionales sanitarios. El dar solución para tener servicios adecuados de diversos tipos a fin de evitar que se usen los que no corresponden, es responsabilidad de los gestores de la Sanidad pública. Verdaderamente hay asegurados y pacientes que abusan: habrá que evitarlo no prestándoles el servicio que no es necesario y que puede esperar; con eso se correrá la voz y se corregirá el abuso. Como queda dicho, salvo una concienciación como pacientes de que no tenemos que abusar, la responsabilidad principal está, en este caso de los servicios de Urgencias, en los profesionales médicos que atienden el servicio y en los gestores y responsables del mismo.

Hablemos de la asistencia farmacéutica. Los pacientes, especialmente los mayores, por falta de conocimiento, de formación o por la propia pérdida de criterio a causa de la edad, piensan que lo caro es lo mejor, que (tener) más es mejor, que “es mejor que sobre que falte” y tienen la tendencia a abusar. Pero ahí están los médicos, especialmente de cabecera, que debieran evitarlo preguntando al paciente cuántas cajas tiene en casa, pensando que lo que se prescribe de más (tanto en el hecho de prescribir lo no necesario, como en la cantidad prescrita) lo pagamos todos y no le sacamos utilidad; debemos desechar el pensamiento de que “lo que es de todos (la Sanidad, el Estado) no es de nadie” para cuidar de evitar el abuso en la asistencia farmacéutica. De modo que más allá de la formación a la ciudadanía y de su concienciación respecto que no se puede malgastar en medicamentos que después se tiran a la basura o que, en exceso son dañinos, la responsabilidad está en la clase médica, de nuevo.

Quizás a los médicos no les parezcan adecuadas estas conclusiones, pero son las que se sacan desde el punto de vista de la gestión eficiente y de los pacientes, que reconocemos que precisamos se nos vaya, no sólo informando sino también formando. Sobre todo los gestores de la Sanidad, pública y privada (estos últimos lo saben bien porque afecta directamente a los resultados de su compañía) deben estar muy al tanto de la eficiencia en el gasto, de la corrección de excesos y de la calidad del servicio.

Dicho esto, queda claro que la responsabilidad es de los gestores de la Sanidad como controladores de los profesionales sanitarios y de la gestión eficiente con calidad; de los Protocolos de funcionamiento de los Centros Hospitalarios o Médicos, y de los Directores Médicos y de Gestión que los gobiernan, los cuales deberían ser cambiados si no tienen éxito.

¿Es la corrección de abusos, la evitación de excesos, el perseguir la meta de la eficiencia en el gasto, un recorte de derechos? No.

Con el enfoque del que inicialmente venimos, si los gestores de la Sanidad no consiguen pagar los costos con las primas que se pagan por el seguro, hay necesidad de tomar dinero de otras partes: del capital de las compañías privadas (eso son las pérdidas en el caso de la Sanidad privada), abocándolas a la quiebra, o de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de la Sanidad pública) para compensar el déficit que se produzca.

 

Continúa quedando pendiente de reflexión el enfoque de Estado Asistencial por la idea de que si la Seguridad Social la sostiene el Estado es una forma de redistribución de la renta. También tratar la prestación por desempleo, las subvenciones fraudulentas en temas de empleo, y la defraudación que cometen los que hacen chapuzas en la economía sumergida al mismo tiempo que cobrar la prestación.

Pero, estamos viendo hasta ahora que, en todo caso, son los gestores los que deben ser diligentes para evitar abusos que comprometen el sistema. Son los gestores lo que pueden probar otros sistemas de gestión (por ejemplo, el privado que aunque denostado por algunos partidos de izquierdas, es obvio que los servicio públicos no funcionan tan eficientemente en cuanto a gasto como las empresas privadas, en términos generales) para evitar los problemas de gestión en los que estamos inmersos, aunque en alguna parte también dependa, como hemos dicho, de los asegurados y pacientes.

 

De nuevo me pregunto si racionalizar el sistema, evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Lo que es un derecho de todos es que el gasto sea eficiente, que los gestores respondan ante la ciudadanía evitando el abuso.

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