LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ESTADO DEL BIENESTAR 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

09.08.2015

Cada semana vienen informaciones de decisiones del gobierno en torno a la reestructuración fiscal y financiera como consecuencia de la crisis económica, así como reformas que se postulan para hacer sostenible el Estado del Bienestar.

Unos se quejan amargamente y combaten todo recorte de derechos (así lo creen) conseguidos con la lucha (¿de clases?) de los últimos 50 años, que consideran inalienables. También dicen que a la altura en que estamos y si son ciertas las afirmaciones gubernamentales de estar venciendo, saliendo, de la crisis, ahora es el momento.

Otros consideran que hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades y, algunos, malgastando en sostener un Estado complejo, caro y, sobre todo, que ni sabe gastar eficientemente ni exige productividad a sus empleados; también que los ciudadanos que se beneficiaban de servicios públicos, en algunos casos, abusan por el mero hecho de nos costarles nada el servicio (sanidad universal, turismo sanitario, medicinas, servicios de urgencias); y lo más sensato es apretarnos el cinturón, adelgazar el gasto, repensar lo que verdaderamente es necesario, para poder hacer sostenible un Estado que preste unos servicios públicos adecuados.

Ciertamente da una sensación de humanismo y beatitud pensar que gracias a nuestro Estado del Bienestar, muchos, muchísimos inmigrantes, con o sin papeles, han podido ser atendidos de sus enfermedades e intervenidos, mejorando su salud o, incluso, salvándoles la vida. No tanto humanismo destila el pensamiento de que muchísimos europeos han estado haciendo turismo sanitario y conozco el caso de venir a dar a luz a España con dos ventajas: la atención sanitaria y la inscripción en el Registro Civil del nacido, como español.

Es evidente que la consecución de una situación de amparo para todos los ciudadanos de un país es un logro grandioso. Recuerdo respecto de mis padres el antiguo SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Pero eso, Seguro Obligatorio, es decir, era un “seguro”. Y un seguro, por mucho que pretenda cuidar del desamparo futuro, se basa en repartir el riesgo (matemática, estadística y actuarialmente) entre los que pagan el seguro y, además, conseguir beneficios para el asegurador. Y cuando la indemnización por los siniestros tiende a alcanzar el importe de las primas el asegurador está condenado a la quiebra. El éxito depende de unos cálculos bien hechos, basados en buenas estadísticas, y de un comportamiento sostenido en el tiempo por el asegurado (de manera que no incremente el riesgo), así como de un comportamiento honesto, no abusivo ni tramposo, del mismo.

Lo que fue el SOVI se convirtió a través del tiempo y de varios cambios legislativos en la actual Seguridad Social, que funciona, nutriéndose de primas pagadas por el asegurado y/o por el tomador del seguro (trabajador y empresario), como un seguro cualquiera, y también de que el asegurador, en este caso, el Estado, pague los siniestros. Efectivamente así es, pero si no los consigue pagar con las primas que se acumulan, tiene necesidad de tomar dinero de los Presupuestos Generales del Estado para compensar el déficit que se produzca. Es lo que se llama ser el Estado Asistencial, porque todas las pensiones o servicios que se pudieran pagar con las contribuciones o primas satisfechas por los trabajadores y empresarios, serían prestaciones contributivas, es decir que se había contribuido por ellas, mientras que cuando esas prestaciones superan las primas cobradas, el Estado Asegurador, Asistencial, se convierte en una compañía de seguros que tiene pérdidas anuales y si estas se mantienen, puede quebrar.

Aquí cabe la reflexión al decir que ya está en la propia idea de la Seguridad Social que el Estado la sostenga, que es una forma de redistribución de la renta. De acuerdo, pero el asegurador, el Estado en este caso, debe ser diligente en cuanto a los abusos, debe ser profesional en cuanto a la gestión, consiguiendo la máxima eficiencia y productividad del gasto. De otro modo se va a la quiebra del sistema.

Haciendo referencia a la financiación del sistema, en la propia web de la Seguridad Social de España de forma muy didáctica se dice:

Sistema de financiación. Por sistemas de financiación, se entienden las técnicas financieras utilizadas para planificar la cobertura de los costes de la acción protectora de la Seguridad Social. Fundamentalmente son: capitalización y reparto

Capitalización. Las técnicas de capitalización implican la formación de un capital integrado por las cuotas o primas más los intereses acumulativos, destinado a satisfacer las prestaciones futuras. Así concebido, el método capitalizador ha sido el principal vehículo financiero de los sistemas de previsión social, especialmente mientras éstos se han mantenido apegados a las técnicas actuariales y a los esquemas jurídicos del seguro privado. No en balde la técnica capitalizadora tiene en el seguro privado sus raíces.

Se ha explicado esta técnica como cuenta particular abierta a cada asegurado, en la que ingresan las cotizaciones y sus intereses. Sin embargo, son numerosos los inconvenientes que se desprenden de tal sistema (depreciación monetaria, largo periodo de tiempo, compleja administración gestora…).

Reparto. Las técnicas financieras de reparto suponen la distribución inmediata o a corto plazo de las cotizaciones e ingresos generales de la Seguridad Social que, sin tiempo para ser capitalizados, se convierten en prestaciones a percibir por los sujetos beneficiarios. Las técnicas de reparto son las que mejor se adecuan a un sistema de seguridad social, y permiten plasmar el principio de solidaridad financiera.

En la medida en que consigue corregir las deficiencias del sistema de capitalización, tales correcciones aparecen como ventajas del sistema de reparto.

El actual sistema de financiación de la Seguridad Social, si se piensa bien, se apoya en la idea de la solidaridad, solidaridad que, a su vez, opera en tres ejes diferentes:

solidaridad entre generaciones.

solidaridad de los activos respecto de los pasivos.

solidaridad entre los distintos territorios de la Nación.

Dicho esto, surge la pregunta ¿es sostenible el sistema? Nos dicen que sí, pero esta sostenibilidad depende de muchas variables (demografía, envejecimiento de la población, número de contribuyentes al sistema, es decir, trabajadores afiliados, que, a su vez, depende de la situación económica del país, etc.)

No quiero basar mis argumentos en los EREs falsos, en los trapicheos de los que cobran la prestación por desempleo y hacen chapuzas en la economía sumergida, tampoco en sostener la sanidad de los inmigrantes que no tienen trabajo, las intervenciones quirúrgicas de los europeos que hacen turismo sanitario, ni en el abuso o, mejor, en el exceso de medicación consumida por los jubilados. Pero los gestores deben ser diligentes para evitar abusos como estos que comprometen el sistema.

Después de todo esto me pregunto si racionalizar el sistema, hacerlo verdaderamente, evitar el abuso y hacer eficiente el gasto es recortar derechos, como algunos dicen. Es un tema al que habría que dedicar reflexión, así como a pensar si habría que cambiar de modelo de un sistema de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, pues ciertamente estamos imponiendo una pesada carga a las nuevas generaciones.

 

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