Archivos para 26 julio 2015

EL ESTADO PROTECTOR

EL ESTADO PROTECTOR

Artículo 47 de la Constitución Española

 

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

2015.07.19

 

 

Con el cambio ideológico que se ha producido como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, cobra actualidad el debate sobre seguir con la estrategia de recortes, ahorro en gastos y consolidación fiscal o cambiar a un estímulo del crecimiento económico mediante el gasto y otras políticas expansivas.

Respecto de los derechos que componen el llamado “estado del bienestar”, mi director de tesis Don Benito de Castro Cid, en un estudio sobre la utopía y la realidad de los Derechos Humanos[1], señala las múltiples vías de protección de los mismos, entre las que señala la vía política, la social, la económica, la cultural y la jurídica.

No obstante todo el resto del artículo se dedica a explicar la protección jurídica, es decir la protección normativa y la protección jurisdiccional, incluida la tutela del Defensor del Pueblo.

Posteriormente en el artículo se extracta un coloquio entre 10 alumnos y los profesores de Castro Cid y Martínez Morán (Catedrático y Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la UNED respectivamente), los primeros de los cuales plantean el debate, desde un inicio, sobre derechos económicos, tales como el derecho constitucional a una vivienda digna que pasa por el abaratamiento del suelo o a aplicar un monopolio del suelo por parte del Estado como en Holanda en dónde se toma en arrendamiento y se edifica la vivienda y al cabo del tiempo o se renueva o cesa el contrato de cesión, según dicen, (sistema semejante al permitido para los propietarios señoriales de mucho suelo en ciudades y campo en el UK o en la República de Israel), pasan asimismo a hacer referencia a la normativa urbanística que limita la utilización del suelo para edificación, lo cual lo encarece.

 

Siguiendo en el coloquio, el profesor de Castro aludiendo a la Constitución Española de 1978 aclara que “este ‘derecho a la vivienda’ no está dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, sino de los principios programáticos, y, al situarlo en ese lugar, no tiene todos los resortes de defensa que tienen los otros derechos” a lo que contesta un alumno pidiendo la opinión del profesor de Castro sobre esta técnica de declaración programática que lleva a considerar algunos derechos como ‘secundarios, como de segundo orden’.

A esto, el profesor de Castro contesta, entre otras cosas que “lo que ocurre es que los Padres de la Constitución demostraron un sentido realista y no les dijeron a los ciudadanos que tienen ciertos derechos, que, luego, el Estado no podrá satisfacer”.

Y tanto el artículo como el coloquio me han llevado a recordar que el Título I de la Constitución se denomina ‘De los derechos y deberes fundamentales’ e incluye en sus Capítulos el Primero “De los españoles y los extranjeros’, el Segundo ‘Derechos y libertades’, el Tercero ‘De los principios rectores de la política social y económica’, el Cuarto ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, finalizando el Título con el Capítulo Quinto ‘De la suspensión de los derechos y libertades’. Pues bien es en el artículo 47, dentro del Capítulo Tercero, del Título I, donde se halla regulado el derecho de vivienda:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

“La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Como en el coloquio se planteó, Primero habrá que definir lo que es digno y adecuado desde el punto de vista de la Constitución, al referirse a un Derecho Fundamental (pues dentro del Título I está). No está definido. Indeterminación intencionada que, probablemente, nunca se aclarará pues, como todo derecho económico, debe, por necesidad económica, estar pendiente de la interpretación en el momento histórico económico en que se viva.

Segundo, tenemos que entender que para hacer efectivo este derecho, hay que regular la utilización del suelo, como efectivamente se ha hecho. Y una regulación comporta, sin duda, una limitación de libertad; por lo tanto, todo el suelo no se puede utilizar para satisfacer el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Salvo los esfuerzos por los planes de vivienda de protección oficial (VPO o VP), nadie ha incidido con interés por hacer efectivo este derecho.

Finalmente impedir la especulación es una pretensión loable porque con ella, el especulador, lo único que hace es acaparar suelo, esperando que dicho monopolio, más o menos grande en un determinado municipio, lleve los precios hacia arriba maximizando sus beneficios e impidiendo, precisamente con ello, hacer efectivo el derecho a una vivienda, por el encarecimiento de la misma.

Para que se diga que se vive en un Estado del Bienestar es imprescindible tener una vivienda, pero como hemos visto ese es un derecho que, siendo fundamental (según la Constitución española) no ha merecido una protección del Estado que verdaderamente haya sido efectiva.

Esta afirmación, demasiado explosiva, no pretende ni más ni menos que incidir en la idea de que todo derecho, incluso toda libertad pública, es dependiente de la situación económica en la que vive la sociedad que los promulga en su derecho positivo.

La historia de España, la de Europa, la de Occidente, muestra que los derechos se han ido estableciendo (algunos ‘creyentes’ políticos, erróneamente, dicen conquistando) cuando las circunstancias económicas lo han permitido. Por lo tanto, salvo el interés personal o grupal, contrario (razonablemente) al general, con lógica y raciocinio no podemos insistir, de forma cuasi religiosa o dogmática, en la exigencia de derechos, cuando éstos, la economía del Estado, no los puede sostener.

¿Deberán, por tanto, en palabras de Lagarde, los nuevos gobiernos ser “adultos”, realistas, haciendo ejercicios de posibilismo sin hacer trampas en la contabilidad nacional ni malabarismo en la negociación; o sería bueno que se rescaten a las personas, en lugar de instituciones, mediante políticas que giren en torno a los ciudadanos, aunque sean utópicas?

[1] De Castro Cid, Benito. El sistema español de protección de los derechos humanos, páginas 293 y ss, dentro de Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, UNED, Estudios de la UNED, Madrid, 1999.

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POLÍTICOS ENCHUFADOS

POLÍTICOS “ENCHUFADOS”

2015.07.12

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

En España nuevos políticos han entrado en gobiernos autonómicos y municipales, a los cuales hay que recordar que en el pasado se ha hablado mucho de “puertas giratorias” o de colocar de asesores a amigos y parientes, o en organismos públicos, nacionales o internacionales, y en grandes empresas a políticos que después de unas elecciones han quedado descolgados (no elegidos), dado que no hay sitio para ellos en el “aparato” o son molestos en puestos de primera línea y se les coloca en sitios tales como compañías eléctricas que dependen de las decisiones políticas, o como sucedía algunos años atrás en la Cajas de Ahorros, a las cuales llevaron a sus más altas cotas de eficiencia y de buenos resultados; lo digo por la confianza que han generado en que se las rescatara a todas ellas.

Eran personas que jamás han trabajado en la economía real ni financiera y, no obstante decidían dónde invertir los dineros de los millones de pequeños ahorradores, a los cuáles así les fue, y ahora se encuentran unos y otros en los tribunales: unos por sus pingües indemnizaciones que recibieron y otros porque no han podido disponer de sus ahorros.

Es comprensible que un Miquel Roca Junyent, abogado con un bufete de prestigio; que un Pedro Solbes, excelente economista; y otros muchos que tiene oficio, lo repito, oficio, no título, y que lo han ejercido antes y después de pasar por la política, puedan aportar su experiencia, sus conocimientos y su buen criterio a las compañías que los contratan.

Pero cosas distintas son, que sean los partidos los que pidan directa o indirectamente su “aparcamiento” en un consejo de administración, para tenerlos en el “pesebre”, contentos y callados, evitando los problemas de liderazgo internos de partido; y también cosa distinta es que, con mucha o poca complicidad partidista se “coloque” a gente no suficientemente competente, profesionalmente hablando, que no han ejercido oficio alguno distinto del militar en un partido (si a eso se le puede llamar oficio). En ambos casos, parece que las empresas están dispuestas, y muy a gusto, a pagar dicho “impuesto revolucionario”, a pesar de que sus “colocados” saben hacer poco más que hablar de sus experiencias políticas que los “negros” escriben como memorias para ellos.

Estas no son, en ningún caso, claramente, prácticas apropiadas de gobernanza de las compañías, y, quizás, en alguno de los casos, sí sean prácticas corruptas perseguibles penalmente. Habría que verlo.

Pero lo que sí es cierto es que al ciudadano común le repugnan estas prácticas y esa es una más, además de otras muchas, de las razones del desencanto respecto de la “casta” o “clase política”. Y esto tiene que cambiar.

Por otra parte también, los partidos políticos suelen “colocar” a sus “ex” en sus propias fundaciones, no financiadas de forma suficientemente transparente (otra ‘chinita’ más), pero que tienen como objeto debatir internamente sobre ideas, filosofía y praxis política. Estas instituciones y los que allí trabajan son los que debieran plantear un cambio radical para una regeneración política. Si no se hace rápida y diligentemente nos vamos a encontrar que el desencanto que arraiga más y más en la juventud lleve a ésta a posiciones anti sistema, revolucionarias, asamblearias, ácratas e incluso anarquistas. Nos lo jugamos todo. ¡Ya, ya está bien! señores. Si el cambio no viene ordenadamente, quizás venga desordenadamente para perjuicio de todos.

Y digo todo esto, porque ahora, después de las elecciones municipales y autonómicas y en el futuro casi inmediato de fin de año, con las elecciones generales que, probablemente, también cambiarán bastante las cosas, muchos que no han ido en las listas o no irán, o han quedado sin cargos políticos y otros que probablemente quedarán, se están afanando para que les “arreglen” lo suyo, lo de su ‘puchero’.

La solución se sugirió en el artículo publicado el 7 de junio ppdo. en este mismo medio titulado “El oficio de político” y a lo allí indicado, añado ahora la idea de que los políticos, todos los que no tienen oficio, o habiéndolo estudiado no lo han ejercido, deberían resolverse, como en el caso de la formación continua de los profesionales, a actualizarse y a hacer prácticas en las correspondientes escuelas o universidades para, que llegado el caso, que llegará, puedan ganarse la vida decentemente, no como asesores de lo que desconocen, o personal de confianza que para lo único que sirven es para hacer de “clac”, y no a costa de “impuestos revolucionaros” o “aparcamientos” que tienen muchos visos de convertirse en objeto de revisión por los tribunales.

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