Llega la hora de la decisión política

Llega la hora de la decisión política

20190422

Federico Rivas. Doctor en Derecho.

 

Hay alguno que ha dicho “hoy he querido estar junto a nuestros policías y guardias civiles defendiendo lo que es de justicia: que no cobren menos que mossos y ertzainas. Ha sido una manifestación histórica. La gran mayoría de españoles estamos con ellos. Muchas gracias por vuestro ejemplo”.

Otros, o los mismos, también están apoyando la manifestación de “La España vaciada”. Y no hablo de otras para no ser prolijo, pero reflexiono y me pregunto ¿quién no quiere más y mejor? ¿es, por tanto, correcto, que a un estado democrático de derecho lo convirtamos en un estado de pancarta y manifestación? ¿para qué están las urnas? ¿para qué están los programas electorales? Pero a los que verdaderamente critico son, precisamente, a los líderes y partidos que se apuntan a las mismas, para la foto, perjudicando a los manifestantes respecto de la seriedad y credibilidad del problema que están sacando a la luz con sus legítimas manifestaciones.

Y sobre todo, peor es hacerlo con los que se envuelven en la bandera de nuestra querida patria España; me refiero, claramente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que incluyen también las autonómicas.

Los manifestantes que se manifiesten, pero los políticos que hablen en el congreso y en el senado de los problemas que sacan a la luz las manifestaciones, y que legislen o dicten las correspondientes disposiciones legales para su resolución. Y si algún político quiere ir a una manifestación (no estoy por quitarles ese derecho) que lo haga a título absolutamente personal, escondido, como uno más, en la multitud y, si posible le es, que se camufle en lo posible.

Por otra parte, leemos de “El fin del derecho penal (réquiem por él)” respecto de la recentísima reforma del Código Penal en cuanto al régimen de la imprudencia en los delitos de lesiones y homicidios con independencia de que se hayan producido o no con motivo de accidentes de circulación, que según el respetado y admirado catedrático de derecho penal de la Universitat de València, Dr. D. Javier Boix, revienta el artículo 9-3 de nuestra Constitución, al desaparecer cualquier seguridad jurídica por vulneración del principio de legalidad, por una ausencia total de vacatio legis y por una remisión en bloque al derecho administrativo para determinar lo que sea imprudencia menos grave. Ello permite, según mi criterio, que por disposiciones administrativas el gobierno de turno decida, en cualquier momento, qué es y qué no es punible penalmente. Como dice el profesor no debería ser “que haya conductas amenazadas con penas que los ciudadanos desconozcan”. Me remito a su reflexión.

Estamos en campaña electoral, ahora es cuando deberían sernos dados a conocer los programas electorales, mejor por escrito, y peor “petando” auditorios que se escogen según los asistentes esperados, especialmente teniendo en cuenta los que siempre se desplazan en autobuses de una parte a otra de España, aunque lo que se diga en dichos actos y en los debates en televisión también puede servir para hacernos una idea de lo que pretende hacer el postulante.

Pero cosas como que la depuradora de Castellón huele a mierda y ese olor lo sentimos en la garganta casi sólido, quizás no lo diga nadie ni ahora ni para las elecciones municipales, y mucho menos cómo arreglarlo (obviamente exigiendo el cumplimiento a quien la gestiona). Y que un 25 % de los mayores de 30 años aún vive con sus padres tampoco. Menos hablarán de la endogamia en la universidad y cómo evitarla para que los talentos no se marchen afuera y hagan docencia e investigación aquí, que es dónde (entre ellos, sus padres y el estado) se ha pagado su excelente formación.

Y qué decir de la reforma constitucional, no por causa de la crisis del estado con Catalunya, sino por las muchas cosas que quedan pendientes de desarrollar. No es aceptable que después de 40 años haya tantas y tantas cosas en la Constitución que siendo mandamientos que impone dicha norma fundamental, no se hayan convertido en realidades y continúen siendo formulaciones de deseos. De los deseos no se vive.

Y ¿quién es responsable? Son responsables los sucesivos parlamentos constituidos desde su promulgación. Los políticos que los formaban y especialmente, por aquello de que los que se mueven no salen en la foto ni en las nuevas listas electorales (a causa de la falta de democracia interna de los partidos), los partidos que no han incluido en sus programas electorales, ni han intentado con coaliciones, acuerdos o ganas de mejorar el estado, su desarrollo.

Otra cosa. No está mal llegar a ser rico, pero el que el 1 % de los españoles más ricos posea el 25 % de la riqueza del país, habla mal de la redistribución de la riqueza que se hace vía sistema fiscal, prestación de servicios o inversiones. ¿Alguien hablará de ello? Me contestaréis que lo hará la izquierda, pero lo tendrían que hacer todos los partidos para dar credibilidad al problema y no permitir que sólo unos pocos alcen esa bandera reivindicativa. Se precisa una reforma fiscal que incentive la empresa, es decir al emprendedor, y que el tipo medio real aplicable en el Impuesto sobre Sociedades sea para todos igual. Digo el tipo medio real. También una ley que obligue al gobierno a financiar o realizar en todas las Comunidades autónomas los servicios y las inversiones en la misma proporción. Como algunos dicen ya está bien de “ofrendar nuevas glorias a España”. La solidaridad interterritorial debe tener un límite fija por ley para que ningún partido o gobierno la use para sacar provecho partidista y mantenerse en el poder usando la idea de que todos quieren más, pero se los doy a quienes me interesan.

En los partidos ha habido cambio de personas, nuevos equipos, pero el lastre del descrédito político por los múltiples y continuos casos de corrupción va a ser muy difícil de dejarlo. Los partidos nuevos que no han gobernado, falta saber qué harán sus miembros cuando gobiernen.

Lo que sí es cierto es que hay poca vocación de servicio a la comunidad y mucho egoísmo para ocupar puestos en la política personas sin experiencia, sin iniciativa, sin suficiente inteligencia, aunque ahora ya formados (incluso universitariamente), que no pueden convertirse en políticos que sean líderes genuinos de los que, los ciudadanos de la nación y el estado se enamoren y vayan tras el proyecto de éxito llamado España, con sus amadas naciones que también son Españas, en busca de un pasado y presente asumido, y un futuro mejor como miembros de la Unión Europea que nos apasiona.

Reflexionemos si nos interesa votar a los lejanos o a los cercanos, a los que tienen proyecto de estado o a los que tienen proyecto de Comunidad Autónoma, a la izquierda, a los que se dicen (demasiados) de centro o a la derecha, o incluso a los que se escapan del plano por ambas bandas.

Mucha suerte y que sean escogidos los mejores: los honestos, los más inteligentes, los menos egoístas, los más trabajadores. Esos pueden hacer mejores a nuestras Españas.

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Las finazas de los partidos políticos

Las finanzas de los partidos políticos

03.03.2019

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho

 

Ante la próxima campaña electoral en España los partidos tienen mucho que hacer: seminarios, congresos, primarias (algunos), cursos, mesas redondas… todo para chupar cámara y llenar titulares y páginas en los medios de comunicación. Todo eso conlleva muchos gastos. Ahora es el momento de la recaudación, ahora es el momento en que se precisa toda la ayuda económica posible. ¿Cómo la van a conseguir?

Allá por 2006 dije y está recogida en mi blog bajo el título ‘La financiación de los partidos políticos’ una frase larga y suficiente descriptiva. “¡Qué miedo tratarlo! nadie dice nada, y mientras tanto cada uno de los partidos se la monta como puede y, al cabo de los años, antes de prescribir, se descubren sus delitos y trampas, no sólo para financiar ilegalmente partidos sino porque algunos de los administradores del dinero de los mismos han “untado” también su personal y particular tostada.”

Ciertamente dichas palabras continúan siendo actuales. Los casos que en estos momentos están en los tribunales nos dan mucho en qué pensar, y es necesario que nos planteemos las alternativas a una correcta financiación de los partidos políticos, en lugar de aprovechar la ocasión (que no digo que no haya que hacerlo) sólo para lanzar dardos envenenados al contrincante político, aunque todos tengan, ciertamente, mucho que callar.

Veremos cómo sigue la cosa, y si, como siempre, el intercambio de acusaciones entre los partidos, sean el PP y el PSOE, Ciudadanos o Vox, Podemos o los soberanistas, será algo así como: ‘eso lo serás tú’, o ‘tú más que yo’, y ‘en tu partido pasó aquello’ y ‘en el tuyo lo otro’; o ‘quién esté libre de culpa que tire la primera piedra’; o ‘además de la civil o penal hay que exigir responsabilidades políticas’.

Aunque la mayor parte de los políticos actuales son personas que se han integrado en el “aparato” desde jóvenes, no han trabajado en la economía real y no han tenido responsabilidades salvo la de conseguir desde el partido un puesto en el “pesebre” en tanto en cuanto hacen de “clac” y corean a sus líderes difícilmente elegidos democráticamente en el partido, ciertamente NO puedo pensar que todos sean deshonestos, pero no comprendo cómo ningún partido entra a fondo en el meollo del problema: la financiación de los partidos políticos. No lo hacen el PP ni el PSOE, pero tampoco Ciudadanos, IU, Podemos ni los nacionalistas en sus diversas sensibilidades de izquierda o derecha. Todos quieren que las cosas continúen como hasta ahora, no quieren, creo, hacer nada porque, quizás los ciudadanos corrientes nos enteraríamos de cosas que, desde siempre del advenimiento de la democracia, les parece que son sólo para iniciados, por el escándalo moral que sería su pleno conocimiento por la ciudadanía. Oscurantismo, falta de transparencia que lleva a falta de honestidad, incluso a delincuencia. Pero son ellos los que lo quieren así, porque no se atreven a abrir la “caja de Pandora” que representa promulgar una legislación clara y transparente.

Si se cambiara la legislación y se permitiera la financiación casi libre de los partidos, me digo a mí mismo: ¿y qué si las empresas, algunas, o individuos poderosamente ricos, financiaran a los partidos?, ¿acaso no financia el Estado también a los mismos, y a los sindicatos, y a la Iglesia Católica? El problema no es la financiación, el problema es la falta de transparencia en cuanto al origen, o al importe de las aportaciones; el problema es no conocer quién les apoya, para poder estar ojo avizor para evitar el abuso, porque si el ejercicio que hacen los “grupos de presión” o “lobbies” en muchos países está perfectamente aceptado y es parte del funcionamiento de la democracia, el ejercicio de apoyar económicamente en las campañas electorales y en otro momento a los partidos también. Y está claro que tiene que ser así porque no hay institución de participación ciudadana que se financie con las cuotas de sus asociados; ni sindicatos, ni partidos políticos, ni asociaciones patronales, ni mucho menos la Iglesia Católica.

La cuestión es cómo ejercer el control financiero de esas aportaciones que debieran ser todas ellas transparentes, como sugiero. Una vía sencilla es la de permitir la deducción como gasto del importe donado en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otorgar algún tipo de desgravación, como cuando se aporta a Fundaciones. Sería una forma de controlar los ingresos de los partidos, y el incentivo de considerarlo gasto y además base de una desgravación, es tan poderoso que, probablemente, todos lo declararían. Pero, por si acaso, algún partido todavía aceptara donaciones no transparentes, legislar que cuando se probara que el mismo lo había hecho, el partido debería quedar suspendido o incluso disuelto, además de la inhabilitación, las penas o responsabilidades civiles, penales o fiscales, tanto para el propio partido como para los individuos que formaban la cúpula directiva del mismo. Con esto se arreglaría para siempre y de raíz el problema.

Esto también evitaría que pasara lo que ha estado pasando hasta ahora, que los importes que se entregan a los partidos los recojan personas, que, a menudo, recaudan para sí mismas total o parcialmente, en lugar de hacerlo para el partido que representan.

Claro está que, esto evitaría el enriquecimiento de los arribistas, que saben poco de la cosa pública, pero saben mucho de beneficiarse de militar en un partido, por las prebendas y oportunidades que les ofrece. Evitaría también que personas sin escrúpulos se dediquen a la política porque no tienen otra cosa mejor a la que dedicarse, puesto que en ella no se precisan dura ‘oposición técnica’, test de inteligencia, capacitación, experiencia ni ninguna otra cualidad de eficiencia, sino simplemente obediencia, para esperar con paciencia el momento de cada una de aprovechar las circunstancias para beneficiarse personalmente, legal o ilegalmente.

Si no se entra de lleno a legislar en este sentido, nos vemos abocados, probablemente, a una plena desafección del ciudadano respecto de la clase política que, desembocará, por necesidad, en una gran crisis que produzca una catarsis o limpieza de la clase política: ni incompetentes, ni sólo obedientes, sino personas de probada experiencia, capacitación y reconocido prestigio, serían el material del que se deberían nutrir los partidos y, en ese caso, sus retribuciones deberían estar a la altura adecuada, pero no más; como dicen los empresarios ‘a precio de mercado’.

Esa catarsis debiera venir también por el cambio de una nueva legislación electoral de modo que sean los ciudadanos los que elijan a las personas, militen o no en partidos. Que cualquier ciudadano pueda postularse como candidato, dentro o fuera de partidos, en cada circunscripción. Esas personas elegidas en cada circunscripción deberían ser las que debieran responder ante sus electores y no ante sus partidos. Es decir, listas abiertas. Lo que no quita la aplicación de algún tipo de ponderación para añadir estabilidad y evitar disgregación que impidiera la gobernanza, pero sin dejar de atender a las minorías.

Esa catarsis debería venir también por un cambio legislativo para que el Senado fuera un lugar excelente y mejorado, para tratar de que los territorios resulten verdaderamente representados, que sean personas y no siglas de un partido las que primen, y permitir aquí, en el Senado, el acceso de minorías por medio de rebajar techo electoral de porcentaje de voto. Un lugar útil en donde para evitar el “espectáculo” se pondere la representatividad de sus integrantes en la participación en los debates y en la decisión de aprobación o rechazo como “Cámara de segunda lectura”, mediante el estudio meditado, pero fácilmente copiado si se quiere de países de nuestro entorno, de en lo que resultaría el voto de minorías mayoritarias.

Pero me parece que todas estas cuestiones NO son de interés de los políticos, pues a la mayor parte de ellos les va mejor el “pitufeo”, la financiación irregular y llegar a ser un “corista” para decir sí a un líder cuya elección democrática deja mucho que desear.

Una ministra ha dicho la valentía que se tiene que tener para presentarse a gestionar la “res” pública. Tiene razón: valentía para los competentes, expertos, curtidos y suficientemente entrados en años que se atreven por vocación de servicio; pero de esos hay pocos, porque pocos tienen las circunstancias y se les ofrece la oportunidad. Pero muchos hay que desean entrar en la “carrera política” para vivir de ella y la mayor parte de esos ya sabemos, por estos 40 años de experiencia democrática, cómo son.

 

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Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal. Los artículo 6 y 7 de la Constitución

Los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Funcionamiento democrático de partidos, sindicatos y patronal

20181223

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

Quedamos saciados, en su día, de los comentarios de M. Rajoy sobre “diálogo sí, pero dentro de la constitución”, “hablar sí, pero dentro de la ley”. En las redes sociales y en los medios de comunicación también hablan unos y otros de transparencia, de derechos, de respeto a la norma fundamental, de libertad de expresión, del derecho humano de autodeterminación, poniendo en lo más alto del altar de la democracia al ejercicio del derecho de voto en un referéndum, o del derecho de huelga y su regulación para que no impida el derecho al trabajo de otros.

Muchas de estas cosas son tratadas en la Constitución vigente, pero, a falta de mayor regulación, el derecho o la obligación se convierten en una mera disposición de ánimo a hacer cosas mejores y mayores en el futuro, pero que en el presente no se pueden exigir, conseguir o disfrutar. Efectivamente no ha habido legislación que haya mejorado, de acuerdo con la Constitución, la inexistente ley de huelga, cuya regulación es preconstitucional.

Es importante la transparencia y la formación democrática de la opinión y de la voluntad. Por eso, la Constitución en su artículo 6, dice de los partidos políticos que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Tengo muchas dudas de que sea democrático el nombramiento por el “aparato” de un líder; también las tengo en cuanto a la formación o redacción por los partidos de las listas electorales; es evidente, por otra parte, que depender de subvenciones estatales y de créditos de la Banca (totalmente opacos, no hay información periódica de concesiones, mantenimiento del riesgo [algo así como un CIRBE de los partidos y sindicatos] y cancelaciones de los mismos) para el funcionamiento hace poco clara la condición democrática, que quedaría mejorada con la transparencia y permitiría decir que se cumple el artículo 9.2 de la Constitución que prevé que se facilite a todos los ciudadanos la participación en la vida política, cosa imposible, salvo que se interprete que la participación en dicha vida sólo sea la del voto gregario, como rebaño, y masivo, no la de la presentación de enfoques, pareceres o soluciones que plantean los que se postularan como candidatos.

Por otra parte, en el artículo 7, dice de los sindicatos y asociaciones empresariales exactamente las mismas palabras. Pero quién ha visto campañas entre afiliados (que paguen su cuota), de abajo hacia arriba, para la formación de una opinión democrática que lleve a la elección libre y democrática de un líder. Los problemas de condicionamientos económicos y financieros son los mismos que para los partidos políticos. Y unas palabras más. Las organizaciones empresariales representan a un número poco elevado de entes en comparación con los sindicatos que representan putativamente a un número muy elevado de personas, a todos los trabajadores. Por lo tanto, respecto de las primeras, lógicamente, es más aceptable la existencia de componendas entre sus afiliados para que las elecciones sean un cuadro sencillo de casi unanimidad; pero eso no se puede decir de los sindicatos, se supone que debe haber muchos afiliados y deben ser muchos los que participen en la formación de la voluntad democrática. Al contrario, no hay muchos afiliados, sino muy pocos, y las componendas se dan en la misma medida que en las patronales, a pesar de que se arrogan la representación de millones y millones de trabajadores cuando, en realidad, solo representan a sus afiliados; y ¿cuántos tienen?

De unos datos de población activa al 3T de 2018 según el INE

Trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de
actividad (en %)
Tasa
de paro (en %)
2T 2018 22.834,2 19.344,1 3.490,1 58,80 15,28

 

De 22,83 millones de personas activas los datos de afiliación en España, que es de las más bajas de Europa, no alcanzan al 10 % de los trabajadores de acuerdo con los siguientes datos de EFE referidos a 2017:

Sindicato       número de afiliados

UGT               960.000

CCOO            920.870

CSIF              192.655

USO               117.148

CGT                 85.000

Total           2.275.673

Quizás haya unos cuantos miles más que informen como afiliados otros sindicatos minoritarios que tienen pequeña o nula implantación. Pero, de todos modos, ¿qué representatividad tienen? Y son los que convocan huelgas que pueden llegar, gracias a los piquetes ‘informativos’, a paralizar un país.

El que tiene perspicacia y capacidad, puede entender que hay mucho que mejorar. Que no hemos recorrido en 40 años de Constitución ni una pequeña fracción del camino. A algunos les ha interesado que las cosas se queden a medio acabar.

Actuemos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no hemos sido cómplices a título lucrativos de EREs ilegales, sobres en B y otros tipos de corrupción; actuemos digo, para evitar que se nos hurte el placer de hacer el camino, de recorrerlo del todo. No nos conformemos.

Con una lectura sencilla de los siete primeros artículos de la Constitución de 1978 y la crítica y comentarios que hemos hecho entorno a ella, parecería que la situación es desilusionante para todos nosotros. Y lo es, si dejamos que nos roben el protagonismo. No culpemos a los políticos en los partidos que votamos por lo que hacen mal o por lo que no hacen, sino a nosotros mismos por sostenerlos.

Pero no nos conformemos. El futuro es nuestro y está por escribir. Exijamos leyes que regulen el derecho de huelga, acciones que exijan la representatividad, las prácticas democráticas que permitan que cualquiera tenga la capacidad de postularse como candidato en los partidos y en los sindicatos.

Pero lo que digo a los “aparatos” no les conviene, porque, obviamente, los van a arrinconar y jubilar, si no despedir. Pero sólo haciendo esto habrá una verdadera renovación, una ilusionante tarea y un futuro que se abra brillante para todos los que estamos bajo el amparo de la Constitución.

 

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Lenguas, banderas y capital

Lenguas, banderas y capital

Los artículos 2 al 5 de la Constitución

20181118

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Siguiendo nuestro comentario de la Constitución leemos en su

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y finalmente el artículo 5: La capital del Estado es la villa de Madrid.

De modo que “la indisoluble unidad de la Nación española” del artículo 2 depende de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español” del artículo 1, pero “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, de modo que las nacionalidades y regiones tienen derecho a ser autónomas. Pero ¿cómo pueden ser autónomas si no son autosuficientes financieramente? Sí estoy hablando del “tracte just” que la Comunitat Valenciana reclama. Y la solidaridad ¿tiene que ir hasta el último extremo, durante todos estos 40 años? ¿no debe, más bien, ser limitada a un porcentaje del PIB o de la recaudación de cada una, para ponerlo en común y de un modo organizado, por ley, distribuirlo entre las menos ricas como una estrategia para el desarrollo, no para un mantenimiento o sostenimiento de unos niveles de percepción social de riqueza? ¿no es más justo estimular el crecimiento, en lugar de sostener económicamente a las regiones deprimidas? Como dice el consejo “da un pescado al pobre y hoy no tendrá hambre, enséñale a pescar y no tendrá hambre nunca” o algo así.

En efecto, sostengo que la solidaridad entre las regiones y nacionalidades debe tener un techo, que debiera fijarse en un porcentaje de la recaudación impositiva, con un límite temporal; no puede ser indefinido. No es sostenible un estado “benefactor”, cuando a duras penas se sostiene un estado del bienestar. La distribución de la solidaridad no puede dejarse al gobierno de turno; y por el hecho de que así se ha hecho, así nos va.

El artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, de la Nación española, de las nacionalidades y de las regiones, que todo son España. Lengua que todos los españoles tienen el deber de conocerla. Me pregunto si a los extranjeros que se les otorga la nacionalidad española se les hace un examen de castellano y si acaso, de cuál, del castellano dialectal que enseñan en las escuelas de Andalucía, de Extremadura, del Archipiélago canario y de algún otro sitio más, o del castellano estándar. Y lo digo porque a mí, que empiezo a ser duro de oído, me cuesta mucho entender a los que se comen las s finales o las sustituyen por el sonido de j, cambian las r por l. Me parece, que todos los que van a la escuela, en toda España, en todo el Estado, deberían salir sabiendo pronunciar adecuadamente el castellano estándar como el de Ana Blanco del Telediario de TVE La 1, pero ¿cómo lo van a aprender si sus maestros no lo saben pronunciar bien? No estoy hablando del acento, el acento se nota en las vocales, más o menos vocales, más o menos abiertas o cerradas. Estoy hablando de casi otro lenguaje que se come consonantes, estoy hablando de nuevos dialectos que se comen a la lengua estándar. No hay más que atender cómo han hablado o hablan muchos líderes políticos. Parece pues que ese deber de conocer la lengua castellana no se cumple, al menos, completamente, y no es el caso, precisamente, en los lugares que tienen lengua propia.

No tengo ninguna duda del derecho que asiste a todo español de hablar en castellano y de ser atendido en castellano, en toda España, aunque, como dice a continuación el artículo 3.2 “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas” y si cada uno de nosotros, como españoles, nos creemos, sabemos, cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas… será objeto de especial respeto y protección”, lo que quiere decir que también debemos saber, conocer, entender y hacernos entender en la lengua de la Comunidad Autónoma en la que residimos, porque de otro modo ni hay respeto, ni protección. A una lengua se la respeta usándola y usándola bien.

En el preámbulo vimos que es voluntad proclamada de la Constitución “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo y repito, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

En el artículo 4 se define la bandera de España y el derecho a que los Estatutos de autonomía reconozcan banderas o enseñas propias a utilizar junto a la bandera de España. Cuando comencé a salir al extranjero, especialmente a USA y a los países nórdicos, me sorprendió el aprecio que tienen hacia su bandera, pues en las casas privadas, no en los balcones a modo de manifestantes, sino en un sitio exprofeso, especial, honroso, ondean la enseña de su patria. Me emociona. Pero lo cierto es que en la Constitución española no se habla de ella más que en este artículo (dos veces bandera, una, banderas [de las Comunidades Autónomas] y en el 149 ‘abanderamiento’ en la Marina Mercante. ¿Por qué será que no hablaron más? Quizás los padres de la Constitución se daban cuenta de que habrá que pasar mucho tiempo (mucho más que estos 40 años) antes de que la bandera, apropiada por la dictadura y por los partidos de derecha de corte centralista, llegue a sentirse como algo entrañable también por todos los demás.

Finalmente comentemos el artículo 5 que indica cuál es la capital del Estado: Madrid. Tampoco dicen nada más aquí, pero todos nos damos cuenta del plus económico en favor de la villa y corte que le da dicha capitalidad. Otros países han radicado en diferentes capitales por todo el Estado organismos como podrían ser el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos más. Pero aquí en España, después de 40 años, nadie se atreve. Pues bien, si se quiere integrar la vida de los que formamos todas las nacionalidades y regiones en el Estado, en la Nación española, en España, habrá que hacerlo.

De nuevo me pregunto, como en ocasiones anteriores, ¿soy negativo? No. Pienso que el egoísmo partidista ha tenido un mal papel. Los partidos se han aprovechado de lo que no está suficientemente claro, lo que no se ha desarrollado en leyes, de la Constitución, para mantener su statu quo, cada uno tirando hacia su propio lado, y, tal como están las cosas, no creo que haya nadie o surja en breve alguien que regenere la vida política, cambiando los partidos desde dentro, con prácticas democráticas, listas abiertas, cambiar la ley electoral y otras muchas cosas necesarias, por el terror que tienen a perder el sillón y el pesebre, cariñosamente dicho desde mi atalaya de la edad. Otra vez digo que los que no hemos hecho nuestro papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, no hemos escogido en cada momento a los mejores o a los que podían, actuando conforme a los principios de la Constitución, ilusionar a toda la ciudadanía de las diversas nacionalidades y regiones y a la siguiente generación.

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El artículo 1 de la Constitución española de 1978

El artículo 1 de la Constitución.

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181028

Frederic Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 

El artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 dice:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Esto es la constitución de un régimen político del que se afirma es un Estado social, también un Estado democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? No lo sé, porque es sólo a partir de la 5ª acepción y hasta la 8ª que el Diccionario de la RAE (DRAE) da definiciones de Estado que nos pueden interesar. Dando por supuesto que la 8ª no aplica a nuestro país, entiendo que aquí Estado significa país soberano, o forma de organización política, o el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano.

Pero ¿qué significa el adjetivo calificativo “social”, es decir al Estado se le califica como social, que según el DRAE tienes tres acepciones. Descartando las acepciones 2 y 3, nos queda que el Estado es social cuando pertenece o está relacionado con la sociedad. ¿Qué sociedad, la humana en general o la que forma la gente que vive en el territorio que se constituye como Estado social? Parece que esto último. Así que no sacamos como conclusión, de esa acción de constituirse, ningún “buenismo” hacia la sociedad, en el sentido de que el Estado esté principalmente enfocado a beneficiar a la sociedad (el estado benéfico), sino que interpretamos que es un Estado de personas que viven aquí. ¡Menuda afirmación filosófica!

La cosa no queda ahí porque la siguiente afirmación también se las trae. “… y democrático de Derecho”. Democrático tiene una sola acepción que dice “perteneciente a la democracia”, y todos tenemos claro que democracia significa “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos,” o “3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.” Pero “derecho” tiene 25 acepciones en el diccionario que usamos; podéis consultarlo. Dejando las que claramente no aplican, me quedo con la “2. adj. Justo, legítimo.”, la “12. m. Justicia, razón.”, y la “13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.”

Pero ¿puede haber un Estado democrático que no sea de Derecho, es decir que no sea justo y legítimo, que no ponga en vigor la justicia, el conjunto de normas o leyes? Parece, más bien, que lo que se quiere decir es que en el territorio en que vivimos sus habitantes nos hemos constituido en un Estado en el que las decisiones se toman por el pueblo, que ejerce el poder por medio de sus representantes, los cuales tienen que redactar principios y normas mediante leyes, que se pueden imponer coactivamente a los ciudadanos. Obvio. Pero notad que aquí la calidad de ese Estado democrático de Derecho radicará en la calidad de sus representantes, que se extenderá al trabajo que realizan de aprobar leyes, y a la calidad de los que pueden imponer coactivamente las normas emitidas, sean jueces o el poder ejecutivo.

De modo que, una vez más, el peso no recae en la letra o en el espíritu de la Constitución, sino en los ciudadanos que tienen que cumplirla y hacerla cumplir; recae en nosotros como votantes electores, elegibles o elegidos. Sí, de nuevo bonitas afirmaciones que no llevarán a nada si no escogemos a competentes gobernantes y a imparciales y justos jueces. La responsabilidad está en nosotros, en nuestra selección de candidatos. Si este Estado democrático de Derecho no funciona, tenemos nosotros la culpa, por llevar al poder a personas incompetentes, parciales o injustas.

La parte final del primer párrafo del artículo 1 aporta la idea de que el Estado “propugna” (presente), más bien, debería decir, que propugnará (futuro) o, quizás, sea este un presente continuo, es decir continuamente “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, lo que entendemos como una afirmación de que el principio que debe informar la actuación de todos los poderes, es permitir el mayor grado de libertad a sus ciudadanos, asegurar el funcionamiento adecuado, profesional e imparcial de los órganos jurisdiccionales para que la justicia sea una realidad en igualdad de condiciones para todos; y también la defensa del pluralismo, del funcionamiento de, y participación plural en, los órganos, para lo que se precisa debate, crítica, respeto, escuchar las propuestas y hacer contrapropuestas,  según creo, cosa que reduzco a parlamento, a parlamentarismo.

El segundo párrafo, que está siendo tan utilizado en la crisis catalana, afirma que la “soberanía nacional” (¿de la Nación española?) obviamente, “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Pero dichos poderes, emanan indirectamente, pues son los ciudadanos democráticamente elegidos los que los ejercen. Así que los ciudadanos de a pie, pintamos, pero poco. Sólo cada cuatro años, o menos, se nos consulta, en cada ámbito, y durante el resto del tiempo los elegidos campan por sus respetos, es decir, obran a su antojo o al de su partido, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida a sus electores.

En cuanto a que la soberanía reside en el pueblo español, me viene a la mente la Ley para la Reforma política del final de la dictadura con la que, formalmente, pasando de la ley a la ley, el antiguo régimen franquista se hizo el harakiri. Lo hizo porque quiso, pensando que haciéndolo hacía un servicio a España, y así fue. Por lo tanto, habría que pensar qué hubiese pasado si el diálogo entre los enviados del gobierno y los líderes del Partido Comunista y otros partidos ilegales, fuera de la ley, no se hubiera permitido, porque no estaba dentro de la ley. Si alguien me contesta que el régimen anterior no era democrático, le recuerdo las votaciones, los referéndums, la democracia orgánica y la parafernalia que la acompañaba. No lo estoy defendiendo. Lo que tampoco defiendo es que no haya manera de resolver el problema catalán porque se piense que es el pueblo español quien tiene que decidir. ¿Por qué no preguntamos a todos los españoles si quieren más impuestos o menos? Ningún gobierno responsable lo haría, porque el resultado sería desastroso, como el lector se imagina.

De modo que tenemos que reconocer que la soberanía está mediatizada, y el que no lo acepte, en realidad, no entiende las reglas del juego. No puede ser, no es lógico ni razonable que tengan que decidir los que son mayoría, que son los que se benefician del statu quo. Sí, me refiero a las balanzas fiscales. De modo que sólo hay una solución: diálogo, sincero, honesto, constructivo, respetuoso para con las posiciones del otro, con ganas de mejorar, de reconducir una relación entre iguales que se merecen mutuo respeto y, sobre todo, de acuerdo con lo que indica el último párrafo del artículo que estamos comentando, dado que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, hay que hacerlo con el debate, hablando, parlamentando, haciéndolo responsablemente en la sede, en el altar de la democracia, en el Parlamento.

Que el cumpleaños de nuestra querida Constitución de 1978 sea un periodo que nos ayude a reflexionar y a concitar todo lo mejor de nuestro pluralismo, para encontrar el modo de que, siendo plurales y manteniendo la unidad de la Nación española, consigamos respetar, valorar y amar las diferencias de nuestras diversas nacionalidades y regiones como una riqueza a cuidar y mantener.

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El Preámbulo de la Constitución española de 1978

Publicado en el Periódico Mediterráneo de 20181014

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

Nuestra Constitución de 1978 va a cumplir 40 años. Por respecto hacia ella, hacia los redactores, hacia los partidos políticos y sus líderes que en un excelente trabajo la sometieron al pueblo para su aprobación en referéndum, me gustaría hacer unas reflexiones a nivel conversacional de la misma.

Respeto, se merece, pero no tanto como para considerar que cualquier cambio en ella sea peligroso. Por eso con esa idea en mente, veremos que hay artículos que, lo único que son, es la expresión de un deseo, de una voluntad de que las cosas sean, como se describen en ellos, en lugar de una norma a la que acudir como ayuda para defenderse de las injusticias o arbitrar las discrepancias.

En efecto, comencemos por el

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

(Preámbulo de la Constitución española de 1978)

Lo primero que se predica es el motivo de la constitución que, afirma, es el deseo de establecer justicia, libertad y seguridad. ¿Acaso da por sentado que dicha justicia, libertad y seguridad no existía antes de ella? ¿o, incluso después de ella?

Además, indica que desea promover el bien de cuantos integran la Nación española. Promover el bien es una aspiración magnífica, pero huera de contenido porque “el bien” se puede entender como “objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana y responde a los intereses o anhelos de las personas” o se puede entender según el Diccionario de la lengua de la RAE en sus dos primeras acepciones como “1. aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. 2. m. Utilidad, beneficio. (El bien de la familia.)”.

En definitiva, para lo que estamos tratando, “humo”.

Entonces ¿qué bien quiere promover la Constitución que la “Nación española” todavía no tenga o disfrute?

Por otra parte, hay que pensar quiénes forman o qué es la Nación española. Así, Nación, en mayúscula. ¿Habrá naciones, en minúscula? Veremos. De momento digo que se habla de “Nación española”, pero en el artículo 1 se habla de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Entonces ¿la Nación en mayúscula es España? ¿el Estado del artículo 3.1 “El castellano es la lengua española oficial del Estado.”, también es España? Si es así, y así lo parece, se usa intercambiablemente Nación española, Estado y España con igual significado. De modo que nadie debe rasgarse las vestiduras cuando algunos usamos en lugar de España las palabras Estado o estatal, por el conjunto de los órganos que abarcan todo el territorio, más allá y por encima de las Comunidades Autónomas.

El que se proclame que todo el Estado, es decir la Nación española, o lo que es lo mismo España, quiere “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes” ¿acaso es una tautología (lo blanco es blanco porque es blanco)? ¿No puede haber convivencia democrática fuera o contra la Constitución, es decir, con la voluntad de cambiarla, en tanto no se haya cambiado todavía? ¿Es esa la idea de algunos cuando dicen diálogo sí, pero dentro de la Constitución?

Y todo ello “conforme a un orden económico y social justo”. Pues en esto último, la Constitución, el Estado y sus representantes elegidos han fracasado estrepitosamente pues ni el orden (más bien desorden) económico, ni el social son justos. ¿Tendré qué decir qué carencias hay? Las que permiten o producen políticos incompetentes, la mayoría, y corruptos muchos de ellos, que gestionan los recursos de todos, cuando no tienen (la mayor parte de ellos) capacidades, ni han sido competentes para haber gestionado con éxito los suyos personales, antes de dedicarse a la política.

En cuanto a “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sólo tengo que aportar que es una lástima la judicialización de la política por la incapacidad de los políticos, y también me duelo por la politización o ideologización de los órganos jurisdiccionales, por la forma de escoger a las personas que los componen, y por la respuesta que dan algunas de éstas.

Dentro de esa voluntad proclamada de la Constitución, sigue el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.

¿Acaso no es cierto que hay gente que no tiene trabajo, aunque quiere trabajar, o no tiene vivienda y está en riesgo de exclusión social? Y ¿no son estos derechos humanos? El Artículo 23.1 de la DUDH dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, y el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”. Otro fracaso de los políticos que pontifican sobre la Constitución, pero que no han conseguido, ni de lejos, esa protección de los derechos humanos.

También el “proteger…sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” es una voluntad declarada de la Constitución. Pero ¿la protección que se predica es guardar la cultura, lengua, tradiciones e instituciones en los anaqueles de la biblioteca de historia o del folclore, para que no se pierda su recuerdo? O, afirmo, ¿no es, más bien, el poner a todas ellas en nivel de igualdad, dentro de la Comunidad Autónoma, con la cultura, lengua, tradiciones e instituciones, comunes de todo el Estado, con la de la “Nación española”?

Ahora dice “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Bueno, como dice “promover”, algo o poco sí que se ha promovido. El problema radica que se ha promovido en algunos lugares más que en otros, respecto de unos españoles más que de otros y usando dineros de todos para cultivar clientelismo político en favor del gobernante y partido de turno. Injusto, muy injusto. Lo demuestran las balanzas fiscales históricas desde 1978.

Por otra parte, eso de “establecer una sociedad democrática avanzada” para que se llenen las bocas de quienes lo proclaman cuando se aprueban las leyes del divorcio o del matrimonio para personas del mismo sexo” diciendo que es de lo más avanzado de Europa o del mundo mundial, me da vergüenza ajena.

Y finalmente el “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra” salvo ser capaces de hacer seguidismo de otros países, decir “¿por qué no te callas?” o poner los pies encima de la mesa, en el contexto de una reunión en la que se habla de decidir invadir Irak por las “armas de destrucción masiva” que poseía, poco más hemos colaborado o empeorado las cosas. Otro fracaso, NO de la Constitución, sino de los políticos que han gobernado y de los que no han dejado gobernar, para ponerla en vigor.

¿Soy negativo? No. La Constitución tiene su papel, y es muy bueno. Los que no han hecho su papel hemos sido nosotros que, con nuestro voto, hemos dado el poder a personas y partidos, que se han casi olvidado de ella y han sido incapaces de ponerla en marcha, de actuar conforme a sus principios y de ilusionar a la siguiente generación.

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Las oenegés, la aventura y la corrupción

Las ONGs, la aventura y la corrupción

20180909

Federico Rivas García. Doctor en Derecho

 

El Aquarius que viene, y el Open Arms que se apunta; el trato a los migrantes del primero y el distinto trato a los migrantes del segundo. Y muchos vistiendo un chaleco rojo con un logo, con mascarilla o sin ella. ¡Qué aventura, dar de nosotros mismos en favor de los que sufren y están en riesgo! Gran satisfacción interna de cada uno de los participantes por hacer una gran labor. Los sitios web de uno y de otro. El apelar a la bondad, a la compasión, a la cooperación humanas, en definitiva, a las emociones.

Ya hace tiempo (ejemplo: 2012) que supimos (1ª persona plural del pretérito perfecto del verbo saber) la desagradable noticia de la detención de 14 personas por corrupción. Algunos responsables de ONGs, otros, asesores de éstas y una gran parte funcionarios o personas de confianza del Gobierno Valenciano que otorgaban las subvenciones en connivencia. Dinero que tendría que haber ido a cooperación internacional con países en desarrollo se quedó en el patrimonio personal de desaprensivos, más bien, ladrones. Es el caso Blasco del que hemos tenido cumplida información a lo largo de este tiempo.

Ya hace mucho tiempo que sabemos (1ª persona plural del presente de indicativo) de este tipo de problemas. Ahora con las ONGs “salvavidas” en el Mediterráneo, organizaciones que se constituyen para la actividad concreta de ir a navegar cerca de las costas de salida de las pateras, u otro tipo de embarcaciones, en las que las mafias suben a los que quieren un futuro económico mejor (también a los que huyen de guerras), a cambio de dinero o de deudas que las mafias les obligan a cumplir mediante coacción y fuerza; a las que los mafiosos comunican, o dejan que sepan, haber enviado o avistado la endeble embarcación para que vayan a salvarla. Esto es, absoluta y completa connivencia de los responsables de las ONGs o de los capitanes de los barcos, y de muchos más que, de ese modo, tienen actividad (económica) muy emotiva, con buena prensa entre los que practican el “buenismo”, porque están llevando a cabo bondad amorosa, obras de misericordia, salvando vidas.

Si lo vemos como “buenismo” erramos, pues el gobierno, o los gobiernos, o la UE, son los que tienen la competencia y responsabilidad de acudir y de realizar las acciones para impedir masacres, abusos, delitos, situaciones de riesgo, y lo deben hacer mediante Agencias oficiales. El dejar esas competencias, o parte de ellas, a la iniciativa privada da pie a la actividad económica privada con lucro o sin él, pero a vivir de ella.

¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia del Estado no hayan alertado (si lo han hecho, peor todavía) del abuso que representa la sincronización entre esos que practican el “buenismo ONG” y las mafias que trafican con seres humanos?

Por eso, el que sí que yerra es el Estado, el Gobierno de Sánchez, apuntándose al buenismo, y la Comunidad Autónoma, el Gobierno del bi(tri)-partito, que también quiere estar en el evento, y el Gobierno de las instituciones de Europa; pues son los que tienen responsabilidad por el posible uso incorrecto o fraudulento de fondos por parte de las ONGs y de quienes los asignan, sean públicos o privados, porque la tutela de las Fundaciones y Asociaciones con fines no lucrativos compete al Estado y a las Comunidades Autónomas. A la vista está que son imprescindibles auditorías profesionales bajo este punto de vista para las ONGs, pues hay muchas posibilidades y oportunidades para los corruptos que asignan o administran fondos, de que los usen para generar, simple y llanamente, actividad económica.

Es una lástima, pero, demasiados nos engañan con las ONGs, haciéndonos creer que son altruistas, cuando lo que hacen es aprovecharse para vivir, tener un trabajo, más bien una aventura, pues eso de viajar y quedar como bueno y fotografiarse con niños o mayores en estado de necesidad, desahuciados de la vida, da mucho caché. Demasiados nos engañan también con retribuciones que perciben de las organizaciones sin ánimo de lucro para ellas, pero sí para quienes las dirigen, para quienes trabajan en ellas (porque de algo tienen que vivir), o, incluso, como el caso Blasco, directamente robando fondos.

¿En qué deja a las personas verdaderamente altruistas y a las organizaciones que de verdad se preocupan por mejorar el mundo? En muy mala situación para poder discernir, pues injusta e incorrectamente, los donantes sinceros piensan que son todos iguales.

Otra cosa, ¿quiénes son los que pedían el 0,7 % para ayuda al desarrollo? Afirmo y contesto que eran y son: los que se apuntan al carro de la publicidad del altruismo, los que quieren tener dinero para administrarlo de mejor o peor manera, los que con eso consiguen trabajo retribuido, incapaces de conseguirlo de otro modo, o, incluso, consiguen poder. Y, obviamente, también algunos honestos que se desvelan por otros, a quienes hay que agradecer su buenísima disposición.

Pero dada la situación si alguien me habla del 0,7 % para ayuda al desarrollo, lamentablemente, pensaré que quiere aprovecharse mediante la corrupción, porque las prácticas que he descrito son corrupción. ¿Entonces es que quiero decir que no hay que ayudar a los desfavorecidos? Ciertamente no, sino que hay que hacerlo asegurándonos de que nadie se aproveche incorrectamente. Por eso la ayuda al desarrollo de países extranjeros hay que hacerla de un modo que asegure el buen uso de los fondos: intergubernamentalmente o a través de la ONU. Aun así, esto no es suficiente porque hay gobiernos corruptos o estados fracasados, cuyos ciudadanos precisan ayuda, pero parece que se puede conseguir más control, especialmente destacando a profesionales de Agencias gubernamentales a dichos lugares, en lugar de personas y organizaciones privadas.

Por otra parte, como he dicho, el Estado tiene responsabilidad por el uso fraudulento de fondos por parte de las ONGs. No debe dejar de asumir su responsabilidad. No podemos ser cómplices de las mafias, no podemos generar actividad económica y puestos de trabajo retribuido a causa de la actividad de trata o tráfico de seres humanos y en connivencia con delincuentes.

La corrupción al asignar o administrar fondos a, o en las ONGs, es como la pederastia en las confesiones religiosas. Nos desanima y desmoraliza profundamente. Habrá que hacer un esfuerzo para investigar, controlar y perseguir a los corruptos.

 

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