El “cuarto” poder que no lo es tanto

EL “CUARTO” PODER que no lo es tanto

20171015

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

 Publicado en el Periódico Mediterráneo del 15 de octubre de 2017

 

El título de este escrito, a pesar de las comillas, puede oscurecer el sentido que quiero comunicar. Lo que quiero decir no es que no tenga poder, sino que no es el cuarto, porque depende del “primero”. Por eso la denominación de “cuarto poder” para los medios de comunicación creo que está en entredicho. Esa es mi opinión y también mi preocupación.

 

Esta expresión para designar a los medios, en alusión a la influencia que tienen en la sociedad y la opinión pública, y en los gobiernos y sus representantes, colocándolos junto al (1º) poder ejecutivo, (2º) el poder legislativo y (3º) el poder judicial, se hizo popular cuando Thomas Carlyle atribuyó dicha expresión a Edmund Burke quien la pronunció en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del UK en 1787.

 

Lamentablemente, en estos tiempos, los medios no se limitan a dar información y a reflejar la opinión pública, sino que la crean por medio de proporcionar la casi totalidad de la información con la que se cuenta en cualquier momento, filtrándola, enfatizándola o, incluso, tergiversándola para dirigir esa opinión pública.

 

Es obvio que los derechos a la libertad de expresión, de información y de comunicación son fundamentales para una democracia. Se convierten en el contrapoder o el contrapeso que permite a los que no están en la carrera política (el ciudadano común) tomar verdadera conciencia de la situación y generar en ellos estado de opinión para cambiar la misma.

 

El problema viene cuando los medios son tributarios de alguien, porque no se sostienen económicamente por sí mismos y dependen de aquellos que les financian sus pérdidas o les compran sus espacios publicitarios.

 

Estoy escribiendo en un medio. Tengo un director del medio. ¿Acaso no podré hablar claro? Lo voy a intentar, porque no voy a hablar de este Periódico Mediterráneo que es muy nuestro y el que más lectores tiene en la provincia de Castellón.

 

Ciertamente habremos observado que, durante estos días de crisis catalana, si queríamos enterarnos desde varios puntos de vista, teníamos que leer varios diarios y ver varias cadenas de TV. La pública, a pesar de que se paga con el dinero de todos y, por lo tanto, no debería ser tributaria de ningún poder externo, resulta que era la voz de su amo, el gobierno del estado, dejando de dar importancia y no cubriendo eventos que sí la tenían, o dando opiniones como si fueran noticia, incluso comentarios de lo que iba a suceder, es decir futuribles. Esto cabe dentro de la opinión que formule una persona que se juega el crédito personal y profesional, pero no cabe dentro de un telediario que debe dar información. Así que teníamos que ir a la Sexta, la de sensibilidad absolutamente clara de izquierda y contra sistema. Teníamos que ponernos el filtro mental para llegar a nuestras propias conclusiones, pero, al menos teníamos la información de lo que estaba sucediendo.

 

Triste la situación de los medios que no pueden vivir de su propia actividad, triste la falta imparcialidad de algunos de los que hablan y escriben en ellos, y más triste todavía el que los medios públicos informen sesgados, filtrados y parciales, completa y absolutamente.

 

Triste también el lenguaje tan pobre de los periodistas, muletillas por doquier “como no podía ser de otra forma”, malos títulos, titulillos y encabezamientos en la prensa, que resumen lo contrario del contenido.

 

Es hora de que para evitar los problemas que he indicado, los ciudadanos nos pongamos al lado de los medios de comunicación, especialmente de los escritos sobre papel o digitalmente, nos hagamos suscriptores y paguemos por una información fidedigna, veraz, clara y escrita con calidad. Medios en los que también cabe la opinión, pero firmada por personas que se jueguen el tipo, es decir, su crédito profesional y personal. En los que no se debe consentir que la información se filtre, se exagere o se tergiverse para crear opinión. La opinión la deben dar los opinadores, no los informadores. Esa será la mejor labor que puedan hacer los directores y los jefes de redacción.

Por unos medios autosuficientes que de verdad puedan servir de contrapeso y descubrir y denunciar la basura de las redes digitales, la tergiversación, los fakes o las falsedades. Esos son los medios que se merecen ser sostenidos económicamente por nosotros, por el buen trabajo que hacen y porque sí pueden ser el CUARTO PODER

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Pensamientos entorno al 1 de octubre catalán

 

PENSAMIENTOS ENTORNO AL 1 DE OCTUBRE CATALÁN

10092017

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Artículo publicado en el Periódico Mediterráneo del 10/09/2017

 

Los sufridos ciudadanos que nos sentimos lo que somos por nuestro origen o adopción y, además, españoles, tenemos el corazón en un puño. ¿De qué hablo? Del 1 de octubre próximo en Cataluña.

Catedráticos de Derecho Constitucional o Administrativo comentan en los medios sobre las alternativas y la complejidad de aplicación de diversas medidas basadas en:

  • Constitución. Aplicación del artículo 155 aprobada por la mayoría del Senado con la que cuenta el PP, aunque no parece lo más adecuado salvo que se cuente con la cooperación de otros partidos que amplíen claramente dicha mayoría.
  • Constitución. Declaración de estado de excepción, sitio o alarma, que podría aprobar el Congreso de los Diputados.
  • Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Medidas administrativas que corrijan de inmediato las decisiones contra ley. Todos los servidores públicos, funcionarios y demás, están sujetos directa o indirectamente a llevar a cabo o impedir actividades concretas, con la sanción, en su caso, previo apercibimiento, de apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa y compulsión sobre las personas.
  • Código Penal. Delitos de rebelión, sedición, prevaricación, usurpación de atribuciones, que los pueden cometer los funcionarios contra lo establecido en las leyes y en la Constitución; o de resistencia a la autoridad, desobediencia a resoluciones judiciales.
  • Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual, actualmente, cuenta con la posibilidad de ordenar: hacer efectivas sus decisiones, con sanciones coercitivas económicas en forma de multas; suspender cautelarmente a autoridades de incumplan sus decisiones; requerir al Gobierno de España la ejecución sustitutoria de sus resoluciones.
  • Alguien también ha hablado de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (36/2015) por la que todas las autoridades y los particulares quedan sujetos a las medidas que puedan adoptarse por el Presidente del Gobierno mediante declaración previa de situación de interés para la seguridad nacional, con lo que puede tener el control completo y directo en cualquier situación que se catalogue de crisis, sin necesidad de hacer intervenir a otros órganos o llevar a cabo declaraciones de estados excepcionales.

Pero, además de lo dicho, generales de la reserva, publican artículos que advierten de graves consecuencias; las redes sociales se llenan de vídeos históricos de tiempos pasados de los que casi nadie queda para poderlos recordar en primera persona; o vídeos burlones tanto contra los que quieren llevar a cabo un referéndum como contra los que, especialmente el Presidente del Gobierno de España, dejan pudrir el problema y, de momento, no llevan a cabo acciones proactivas algunas para su resolución.

Ciertamente, después de haber dejado pasar el tiempo, ahora, esto, tiene difícil solución. Pero quien gobierna y quienes han sido elegidos para tener un papel en Las Cortes españolas, tienen la obligación de actuar y de explicar lo que se va a hacer. Ya basta de jugar al escondite: si lo hacen los gobernantes de Cataluña, que no lo hagan los gobernantes de España. Queremos saber cómo se va a arreglar el problema. No queremos ni que se piense que vaya a haber enfrentamientos violentos, de los que algunos catastrofistas nos advierten.

No quiero enfatizar, pero sí recordar, lo que ya he dicho otras veces: que la solidaridad debe tener un límite; que la unidad no está reñida con la diversidad y no tiene que ver con la uniformidad; que los sentimientos a veces no se pueden controlar con la razón; que la cooperación tiene recompensa; que uno no puede jugar el juego de la vida (en este caso, los territorios no pueden jugar ese juego) con los que siempre quieren ganar de un modo u otro (véase mi artículo acerca de la solidaridad entre los territorios de una nación en https://federicorivas.wordpress.com/2016/09/07/la-solidaridad-entre-los-territorios-de-una-nacion/) ; que reciprocando todos tenemos más; que siendo egoístas y estando solos todos tenemos menos porque el pastel a repartir es menor.

Por lo tanto, no abusemos unos de otros.

Y una cosa hay que decirla clara: queremos que nuestros hermanos catalanes queden dentro de una España amplia, respetuosa de las diferencias y acogedora para con sus hijos.

Creo que un mensaje de ilusión hacia España, desde esta orilla del mar y pidiendo amor por la diferencia en la que estamos algunos, nos tranquilizará. Son las palabras del poema Iberia de Joan Maragall, que dicen:

 

Sola, sola enmig dels camps,
terra endins, ampla és Castella.
I està trista, que sols ella
no pot veure els mars llunyans.
Parleu-li del mar, germans!

El mar és gran i es mou i brilla i canta,
dessota els vents bramant en fort combat,
és una immensa lluita ressonanta,
és un etern deler de llibertat.

Guaitant al mar els ulls més llum demanen,
bevent sos vents els pits se tornen braus;
anant al mar els homes s’agermanen,
venint del mar mai més seran esclaus.

Terra entre mars, Ibèria, mare aimada,
tots els teus fills te fem la gran cançó.
En cada platja fa son cant l’onada,
mes terra endins se sent un sol ressò,
que de l’un cap a l’altre a amor convida
i es va tornant un cant de germanor;


Ibèria! Ibèria! et ve dels mars la vida,
Ibèria! Ibèria! dóna als mars l’amor.

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Leer, escribir y no lamentarse

LEER, ESCRIBIR Y NO LAMENTARSE

Publicado en el Periódico Mediterráneo el 2017.08.27

Frederic Rivas. Doctor en Derecho

Disfruto mucho de leer. He leído SAPIENS, y en estos momentos estoy terminando con HOMO DEUS. También leo de la web, leo en Blinkist, cada día durante el trayecto en el TRAM, en un parpadeo de 15 minutos leo un libro condensado y tengo la esencia de todo un libro no de ficción, así he conseguido leer centenares de ellos (en inglés). Leo diversos blogs de autores cuyos escritos me son interesantes. Pero también escribo. Ya lo veis.

Razonando que los pensamientos y conceptos que otros comparten, a menudo, forman parte de nuestro propio bagaje mental me gustaría reflexionar con vosotros sobre “el leer”, “el escribir” y sobre “el lamentar” o arrepentirse de no haber tomado acción en ciertas circunstancias y respecto a asuntos que son importantes para uno individualmente considerado.

La lectura es la mejor forma de recibir la información que otros han procesado, porque con la lectura se obtienen conceptos, algoritmos y conclusiones para todos los aspectos de la vida. No son pensamientos que han salido como eructos mentales, sino ideas repensadas, que han sido puestas por escrito, probablemente, varias veces en un proceso de mejora para que queden del mejor modo expuestas y puedan ser captadas más fácilmente.

¿A dónde voy? A animar, a estimular, a la lectura, pero sobre todo a que de la lectura aprovechemos lo que hemos captado. Aunque hayamos disfrutado por el mero hecho de que las ideas fluyan y la imaginación saque a la luz las imágenes del relato, lo importante es llegar a captar lo que eso, esa idea, esa situación, significa para mí; cómo me ayuda; qué he aprendido. Esto es reflexionar, que puede proceder de la lectura, de la meditación propia o de escuchar a otros. Pues bien, es muy bueno que todo esto lo resumamos por escrito, que lo hagamos nuestro, que se convierta en pensamientos propios.

La vida es corta y la juventud finita. Las opciones que hoy tenemos determinarán el número de veces que tendremos que arrepentirnos en el futuro, en el próximo lustro. ¿De qué? De oportunidades perdidas, de malgastar el tiempo, de no haber logrado más, de no hacer trabajo significativo, de haber procrastinado una y otra vez acciones o decisiones, de no haber mejorado adquiriendo hábitos saludables, de no dominar otro idioma, de…

El tiempo es fugaz y aunque hayamos llegado a conclusiones en nuestros pensamientos, el llevar a cabo las decisiones y los actos que comportan dichas conclusiones se nos hace difícil. El procrastinar, algo así como postergar, es un poderoso enemigo.

No es sabio esperar al futuro para actuar, dejándolo para cuando tengamos más experiencia, o más dinero, o más tiempo; no es inteligente esperar a que se den todas las condiciones idóneas para llevar a cabo la decisión. Eso nunca ocurrirá. Hay que empezar ya, porque con cada paso que damos nos hacemos más y más fuertes y definimos mejor nuestro camino. Basta de excusas.

Las excusas nos mantienen en nuestra zona de confort, con consuelan de la situación actual, pero nunca nos animan a cambiarla.

Vosotros diréis y este qué está haciendo, ¿escribiendo sobre autoayuda?

Os contesto, NO. Más bien estoy haciendo un ejercicio, que os aconsejo, de poner por escrito mis propios fantasmas y de plasmar mis propias conclusiones, porque hacerlo así, me pone delante, negro sobre blanco, un documento, un compromiso, que me ayuda a avanzar, a actuar.

Así que, a leer, a escribir y a no lamentarse.

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Exceso de visibilidad

EXCESO DE VISIBILIDAD

2017.08.20

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en el Periódico Mediterráneo de esta fecha 

Sin ánimo ni deseo de ser impertinente y, al revés, con el máximo respeto hacia las minorías que son usadas por los “caballeros andantes” que “chupan” cámara, que dirigen las ONGs o las asociaciones que los representan o lo políticos que los usan, me pregunto si, como yo, la mayor parte de la gente no está saciada de la visibilidad de toda una tropa de gente, circunstancias, emociones, dolores, reclamaciones, exigencias, justas o excesivas, que en los medios de comunicación y en las actividades, “de cara a la galería”, de los partidos políticos, aparecen constantemente.

Inmigrantes y demandantes de refugio político, violencia de género que se ejerce, especialmente contra mujeres a las que se maltrata, minutos de silencio o manifestaciones de condena, sufrientes pacientes de enfermedades raras, niños con uno u otro síndrome, mujeres musulmanas que orgullosa y voluntariamente desean manifestar su fe mediante el uso de prendas que para ellas son una manifestación exterior de la misma.

Todo ello “carnaza” que se tira en el mar del día a día, en el que los medios y los políticos pescan noticias; estrategias egoístas de mayores ventas para unos, o de que les permita estar más en el “candelero” a otros.

Todavía recuerdo lo peyorativo que significaba tildar a un medio de comunicación como que era parecido a “El Caso” (antiguo periódico especializado en la información sobre delitos y desastres o accidentes). Pero es que ahora cualquier Noticiario de televisión es un “Caso” corregido y aumentado, y casi tanto sucede con los medios impresos o escritos.

Las noticias positivas o proactivas no merecen suficiente atención, sólo es llamativo lo negativo o reactivo y los medios están sometidos a lo que creen que es la ley de conseguir el mayor “share” posible, la mayor difusión.

No sé si somos muchos los que, como yo, ya no se interesan tanto como antaño por los noticiarios y suelen dejar de verlos. Es verdad que la noticia inmediata llega por las redes sociales y ya no necesitas esperar a ver el telediario o a leer el periódico para estar informado. Pero lo cierto es que estos se regodean más y más en ello, en el morbo (perdón, la noticia). Y curiosamente, la mayor parte de la información gráfica y escrita que se da no representa a la mayoría de los ciudadanos, porque son caucásicos y no son ni magrebíes, ni negros, ni hispanoamericanos; porque no tienen enfermedades raras, ni son LGTBs; no tienen disforia de género, no tienen necesidad de cambio legal ni quirúrgico de sexo, ni tampoco son mujeres maltratadas, o miembros de alguna minoría. Pero ahí va la noticia, por el… no me atrevo a repetirlo, pero sí, por el morbo.

Las estrategias políticas se convierten en cuestión de hablar de justicia, de maniobrar para que no se pueda olvidar, o no se pueda perdonar o no tener vivamente presentes, las acciones de los asesinos terroristas. Se trata de continuar con la ley del talión o, al menos, de evitar el perdón, de mantener viva la herida, porque así se tienen armas, legítimas y justas armas, lógicas y morales, para continuar las propias estrategias.

Esto no es correcto ni moralmente justo.

Esas minorías, victimas, están siendo usadas para beneficio de los que desacreditan el oficio de “caballero andante” que desface entuertos y venga agravios que tan bien describió Cervantes. Y lo hizo bien, muy bien, porque Don Quijote no se aprovechaba de aquellos a quienes ayudaba.

Ya sé y lo reconozco que el problema propio, aunque sólo sea mío, de una sola persona, es lo más importante para uno. Por eso, respeto las acciones que el gobierno haga, no las manifestaciones verbales o posturales. Respeto lo que cualquiera haga para conseguir la solución del problema que cada uno tenga, para resolver los problemas vitales y facilitar las cosas a esas minorías a las que me he referido y a otras que he preterido. Pero son una minoría.

Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos son personas caucásicas, nominalmente cristianos, culturalmente occidentales, con los problemas de cada día, del trabajo, de las relaciones personales, de amistad o familiares, de llegar a fin de mes y de cubrir las necesidades. Y son nacidos en España.

Esos son los que representan la mayoría y esos, tienen poca visibilidad. En resumen, sólo me quejo de la poca visibilidad de unos y del exceso de la de otros.

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El poder de la contabilidad

EL PODER DE LA CONTABILIDAD

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

2017.08.13

Publicado en el Periódico Mediterráneo de hoy

Con motivo del desencuentro del Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, relacionado con el uso de los dineros públicos para la preparación y celebración del referéndum catalán del 1 de octubre, los catedráticos de derecho administrativo, profesores Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner han llamado a nuestra atención el poder que tiene la contabilidad y concretamente la legislación que sobre ella tenemos vigente en España.

Hacen referencia tanto a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en su artículo 38.1 como a la propia Constitución en su artículo 136 que han sido las bases jurídicas, parece, que han usado Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes en su demanda mediante denuncia ante el Tribunal de Cuentas, después de la cual la Fiscalía de dicho Tribunal ha iniciado una investigación que podría llevar a responsabilidad económica de quienes se considere responsables de la ilegalidad consistente en el uso de dinero público para llevar a cabo algo contrario al mandato del Tribunal Constitucional.

Dichos artículos dicen:

Artículo 38 de la Ley Orgánica 271982 del Tribunal de Cuentas

  1. El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
  2. La responsabilidad podrá ser directa o subsidiaria.
  3. La responsabilidad directa será siempre solidaria y comprenderá todos los perjuicios causados.
  4. Respecto a los responsables subsidiarios, la cuantía de su responsabilidad se limitará a los perjuicios que sean consecuencia de sus actos y podrá moderarse en forma prudencial y equitativa.
  5. Las responsabilidades, tanto directas como subsidiarias, se transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma.

Artículo 136 de la Constitución Española de 1978

  1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

  1. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

  1. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
  2. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

 

Notando especialmente lo que dice el artículo 136.1, en su primer párrafo se señala que esta legislación aplica a ‘todo’ el sector público, y es sector público tanto el estatal, el de las comunidades autónomas, el provincial como el municipal. Y se incluye en ese ‘sector’ a funcionarios y a políticos que toman decisiones a nivel personal o colegiados en los órganos decisorios, así como a los que firman resoluciones.

Lo que me lleva a reflexionar y a acercarme más, en mis pensamientos, a nuestra tierra, por la falta de respeto que de forma inveterada han manifestado muchos equipos de gobierno municipal a los informes de la Intervención, de la Secretaría o de otros Departamentos, y a que ello da pie a que a alguien se le ocurra usar esta vía del artículo 136.1, directa o analógicamene, para accionar contra las decisiones que aquellos han adoptado, pues dichas decisiones siempre involucran gastos, de sí mismas o pagando a abogados que defiendan las decisiones de dichos equipos de gobierno en los tribunales por las reclamaciones que plantean los administrados; por lo tanto son disposiciones de caudales públicos que quedan menoscabados si las decisiones de los tribunales son contrarias y, de cualquier modo también, aun con decisiones favorables, cuando se hubiese podido resolver la controversia sin el gasto innecesario, por otros medios, entre ellos, el acuerdo o convenio.

Y lo mismo aplicaría a los funcionarios que adoptan decisiones con sus informes jurídicos o a los que lo hacen con sus informes técnicos que llevan, en base a todos ellos, a tomar otras decisiones por otros órganos, unipersonales o colegiados, técnicos o políticos, que posteriormente son recurridas y ganadas por los administrados. Procesos cuyos gastos e indemnizaciones menoscaban los caudales públicos y la propia credibilidad de los firmantes y de las instituciones que los acogen.

Si los munícipes no están conscientes de los riesgos personales económicos, incluso para sus causahabientes, que corren, toman decisiones que no están debidamente sopesadas y llevados por sus ideologías, ideales, ideas o rencores, actúan con falta de inteligencia.

Es verdad que los pasos para conseguir que los responsables, finalmente, paguen los perjuicios que han producido a los caudales o efectos públicos pudieran no ser rápidos, pero, obviamente, aquel que actúa incumpliendo convenios firmados, acuerdos adoptados y plantea, apoya o decide con sus votos situaciones anti jurídicas o de inseguridad jurídica, tiene las mayores probabilidades de quedar seriamente dañado en su patrimonio y en el de los que llevó junto con él a tomar su decisión.

No estoy diciendo que “viene el lobo” ni animando a la judicialización de las decisiones que resultan contenciosas, sino que estoy invitando a asegurar con un estudio concienzudo previo, que la decisión que adopta el munícipe no es arriesgada, y a que cuando surja una controversia en lugar de la vía de la imposición (poder que tiene la administración), la vía de la negociación, la concordia, el acuerdo o el convenio es la más segura y provechosa para todas las partes.

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Apellidos y Genealogía genética

Apellidos y genealogía genética

Frederic M. Rivas Garcia. Doctor en Derecho

Publicado en Castellón de la Plana, España, en el Periódico Mediterráneo el 2017.08.06

 

En las páginas de este Periódico Mediterráneo se ha hecho referencia con artículos como “L’ordre dels cognoms” y “El apellido continúa queriendo más al papá” a la entrada en vigor de lo que prevé la reforma de la Ley del Registro Civil en relación con el Artículo 109 del Código Civil que indica:

La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.

Artículo 109 redactado por el artículo 1 de la Ley 40/1999, 5 noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos («BOE.» 6 noviembre). Vigencia: 6 febrero 2000

En la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se indica en su Artículo 49. 2 Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos

  1. La filiación determina los apellidos.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente Ley.

El artículo 49.2 entró en vigor el día 30 de junio de 2017, conforme establece la disposición final décima de la presente Ley, en la redacción dada a la misma por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 29 junio).

Y por mi parte me refiero a este tema por la importancia que tiene para la genealogía histórica y genética, mantener una metodología común a lo largo de la historia en la imposición de apellidos en un determinado orden y que siempre sea el mismo.

Como ha quedado dicho el artículo 109 del CC indica que “el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley” que indica que, el primer apellido del recién nacido será el primer apellido del padre, y el segundo del recién nacido el primer apellido de la madre.

Por si esto no fuera poco, en el año 2015 se planteó ante la opinión pública la “grave problemática” de que en caso de no estar de acuerdo los padres[1], dado que tendría que decidir el Juez y este tendría que hacerlo de acuerdo con la ley, en el modo que ha quedado dicho antes…; y puesto que sería una “grave afrenta” a la igualdad de género por la prelación legal del apellido del varón sobre el de la hembra, nuestros sesudos legisladores cambiaron la legislación para evitar cualquier favoritismo al apellido paterno, para imponer al juez que lo haga en atendiendo al interés superior del menor ¿? (¿cuál será ese, respecto de los apellidos, el orden alfabético o incluso, algunos han dicho, lanzando una moneda al aire?).

Lamentablemente los legisladores son responsables de la actual redacción del artículo 109, ignorantes de cómo afectaba a la ciencia, dejando al arbitrio de los padres el desorden (porque en eso se podría convertir) de los apellidos, y actualmente demagogia de algunos políticos que se plantean adormecer el sentido común de los ciudadanos con debates inútiles, extemporáneos, contra la lógica y la ciencia, como intentaré explicar a continuación.

Felizmente la mayoría de las parejas que tiene hijos, a pesar de su libertad, asigna a sus hijos sus apellidos, en el orden tradicional; de modo que el posible desorden se ve corregido por el orden del sentido común. Pero con la entrada en vigor de pedir el acuerdo previo de los padres, ahora vuelven a la carga los que se quieren congraciar con la mitad del electorado, el femenino.

Pero no es una cuestión de igualdad de género el tener que repetir una y otra vez [2]la palabra en cada uno de los dos géneros, por no querer aceptar que uno de ellos, a veces en plural (el género gramatical, que no sexual, masculino) englobe omnímodamente a ambos géneros. Ni tampoco es una cuestión de igualdad, no consentir oportunidad mayor alguna al apellido paterno sobre el materno.

Pero del Derecho vayamos a la Ciencia.

El ser humano (hasta yo tengo miedo de decir el hombre, en sentido omnímodo) se genera como consecuencia de la recombinación del ADN de padre y de madre, de modo que heredamos aleatoriamente (se dice que ocurre por mitades, cosa no exacta) el ADN de ambos progenitores; así que somos una combinación no proporcional de madre y padre. Si esto fuera así respecto de todas las células de nuestro cuerpo, en todas las partes de dichas células, el descubrimiento de la genética no nos podría haber llevado más allá de lo que normalmente entendemos: la herencia de rasgos genéticos, la herencia de defectos genéticos y el estudio para que los genes recesivos no se manifiesten en sucesivas generaciones. Nos parecemos a nuestros padres y heredamos defectos y enfermedades de nuestros padres, feliz y desgraciadamente.

Pero hay dos partes en las células de nuestro cuerpo que no son el resultado de la recombinación aleatoria genética. En el caso de las hembras el ADN mitocondrial (el que se halla en las mitocondrias, las generadoras de la energía dentro de las células) y en el caso de los varones el ADN del cromosoma Y.

Efectivamente todos los varones heredamos (también) en las mitocondrias de nuestras células el ADN de, exclusivamente, las mitocondrias de nuestra madre, es decir matrilinealmente; y heredamos de nuestro padre el cromosoma Y, en el cual se halla el ADN del cromosoma Y de nuestro padre, de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo todos ellos patrilinealmente. El resto de cromosomas se recombina y son el resultado de porciones de padre y madre.

Gracias a esto, se puede, mediante la realización de un test genético, saber a qué Haplogrupo genético uno pertenece, la antigüedad del mismo, y cuál fue el viaje sobre la tierra a través del tiempo desde nuestros ancestros hasta el momento presente [3]. Se puede trazar la línea genealógico – genética patrilinealmente y matrilinealmente para los varones; pero solamente matrilinealmente para las hembras. Esto es así porque lo varones tienen ADN mitocondrial de sus madres y ADN del cromosoma Y de sus padres, del cual carecen las hembras, precisamente por eso, por ser hembras (pues el cromosoma Y es el que hace la diferenciación sexual).

Puestas las cosas encima de la mesa, vuelvo al inicio de la reflexión, un tanto más jurídica.

Si a lo largo de la historia hemos tenido una metodología de imposición de nombres y apellidos, en lógica no parecía oportuno cambiarla ahora, salvo el interés partidista de conseguir votos femeninos de mujeres no informadas, pues perderemos la posibilidad, o se hará muchísimo más dificultoso, el estudio genético histórico. Aquí lo importante no es si el varón está o debe estar privilegiado respecto a la hembra: no. Pero entre varias cosas siempre tiene que haber un orden pues los aleas o el desorden no ayudan; y dado que el orden adoptado desde hace siglos ha sido una tradición, continuemos con ella, sin perjuicio de reconocer que no hay razón más allá de la expuesta de continuidad para la investigación científica.

Eso quiere decir que aquellos países en donde la tradición ha primado la línea matrilineal en la imposición de apellidos, también debería quedarse como está.

Lo que sí es una aberración, es perder datos y medios para la ciencia y la historia, cosa que sucede cuando se pierden los apellidos propios por el matrimonio (como en algunos países ocurre), o cuando a alguien (porque lo permite la ley, sin fuerte razón para ello) cambia como a uno, o a ambos se les antoja el orden de los apellidos.

Si tuviera que hacer una propuesta diría que se debería restringir el cambio de los apellidos y el cambio de su orden a casos muy concretos que actualmente ya están previstos en las leyes. Pero anularía la posibilidad de que la pareja imponga según se le ocurra el orden de los apellidos, y también anularía la posibilidad de que uno mismo, tras su mayoría de edad, pueda cambiar dicho orden. Y si alguien me pidiera que me atreviera a más, diría que de conformidad con los hechos ciertos científicos de cómo estamos constituidos los humanos, deberíamos tener los apellidos del modo siguiente:

  • Los hijos varones deberían heredar y tomar para su primer apellido, el primer apellido de su padre, es decir de su línea paterna; y para su segundo apellido, el primer apellido de su madre [4].
  • Las hijas deberían heredar y tomar para su primer apellido, el apellido matrilineal, (en la primera generación de aplicación del cambio, el segundo apellido de la madre, aunque también este era un apellido de varón en la generación anterior); y para su segundo apellido el primer apellido de su padre.

Si se hiciera así, y a partir de aquí, se conservaría unido cada primer apellido a su correspondiente ADN, en el caso de los varones al ADN del cromosoma Y; y en el caso de las mujeres al ADN mitocondrial. [5]

Estoy seguro de que a ninguno de los legisladores les interesará mi opinión porque las decisiones de los mismos no se basaron ni en formación jurídica ni científica, sino sólo en el interés de obedecer la disciplina partidista de congraciarse, creen, con las mujeres. Sería pedir demasiado. Sería pedir que nuestros políticos y legisladores pensaran como piensan los científicos y lo hicieran en aras de la ciencia, cosa extraordinariamente difícil. Pero por si acaso, comienzo a predicar, aunque sea en el desierto, y por si alguien escucha, insisto en esto.

 

[1] Por no seguir la moda tan “progresista” de la que no se libra ni el legislador, uso la palabra “padres” en plural de acuerdo a lo indicado en el DRAE que dice para padre en su acepción “9. m. pl. El padre y la madre.”

[2] Los vascos cuando hablaban en castellano fueron los primeros en hacerlo, en ponerlo de moda, hablando de vascos y vascas; de ciudadanos y ciudadanas.

[3] Ver http://www.familytreedna.com y https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html

[4] Transcurrida una generación todas las mujeres que heredarían el mismo ADN mitocondrial tendrían el mismo primer apellido, el de sus madres, y en generaciones posteriores también el de sus abuelas, y así sucesivamente.

[5] Salvado, como queda dicho, que a partir de la puesta en vigor de la norma estamos dando un apellido de varón, el del abuelo materno, al ADN mitocondrial.

 

 

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La ejecución de los presupuestos

LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Federico M. Rivas García. Doctor en Derecho.

20170626

 

 

La importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva, obviamente a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para y reduciendo la deuda soberana.

Creo que hasta aquí todo esto es entendible, pero lo que no lo es para mí es el engaño en el que los gestores económicos de los Gobiernos (del Estado y de las CCAA o de otros entes provinciales o municipales) nos quieren hacer caer: me refiero a la falta de ejecución presupuestaria.

Me admiro que este tema escape a la crítica, que debiera ser furibunda, aunque, en efecto, he leído recientemente en diversos medios de comunicación las quejas de nuestro territorio por la falta de ejecución presupuestaria de parte del Estado. Lo mismo leí hace algo más de tiempo respecto de la Generalitat Valenciana. El asunto es que no se presupuesta con justicia para nuestra Comunitat y, para colmo, lo poco que se presupuesta no se ejecuta en su totalidad.

 

Montoro y Rajoy han usado de engaño, una vez más, con el incumplimiento presupuestario

Esta es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución el presupuesto, o hacerlo tarde, es decir, no licitar diligentemente o no llevar a cabo el gasto que debe servir para la activación económica y del mercado laboral. El gobernante queda bien poniendo partidas en los presupuestos que, luego, nunca se ejecutan. En una palabra, miente.

Siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

  • que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado
  • que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales
  • que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material.

En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres, o haya, en su caso, superávit que después sirve como un aval de buena gestión, cuando, en realidad, es todo lo contrario. Superávits ficticios que mediante el buen trato que el ente da a los medios de comunicación sirven para cualificar de buenos gestores a los políticos que hacen estas trampas.

 

Consentimiento culpable de los órganos supervisores

Estas no prácticas de buenos gestores, sino al contrario, corruptelas que los organismos supervisores permiten, consienten, no atajan, aunque estén más o menos conscientes de ellas (incluyo también a los organismos de la UE). Me atrevería a decir que son prácticas, incluso, corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

 

Lo importante no es el presupuesto sino los datos de su ejecución

¿Dónde estarían las empresas que inventaran (uso ex profeso la palabra inventar) presupuestos voluntariosos de vender mucho, de conseguir costos muy bajos y, con ello, conseguir buenos resultados, pero todo fuera un ejercicio de presuponer que las cosas iban a ser así? Pre (antes de), suponer (imaginación). Eso es un pre-supuesto, un supuesto, una imaginación puesta por escrito.

No, al contrario, las empresas se guían por las Cuentas Anuales, es decir por lo resultados efectivamente conseguidos. Y se felicita y se premia a directivos (y en pocos casos a otros trabajadores) por los buenos resultados, NO por las buenas IMAGINACIONES = presupuestos.

De ahí la extrañeza que no alcance a la opinión pública el debate del cierre de cuentas, que es lo importante.

Por otra parte, ya sabemos que la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente que difícilmente se puede evitar (pensiones, sanidad, educación, intereses de la deuda y algo más), mientras que las partidas que pueden representar un acicate o estímulo económico, una inversión sostenible y rentable, son las menores en los presupuestos. De ahí las quejas de los científicos españoles (y de otros sectores) a los que no se les dedican suficientes esfuerzos en fondos presupuestarios, a pesar de que son (casi siempre) muy rentables para el futuro.

 

Consecuencias de estas estrategias

Estas prácticas conllevan un engaño, en toda regla, al ciudadano. Pero, además, como quiera que la práctica de los analistas (sobre todos políticos, de los diversos partidos) es estudiar, comparar y hacer previsiones de los efectos del presupuesto, pero no conoce la verdadera intención de los que van a ejecutar los presupuestos, pierden completamente su tiempo, pues los estudios que han formulado, en base a datos irreales, dan resultados y efectos que se caen como castillos en el aire. Y además de todo ello están también los vaivenes económicos que se escapan al control de todos.

Debemos presionar a los gestores económicos en todos los ámbitos territoriales para que den cuentas de su gestión en base a la Contabilidad real, no a la presupuestaria. Y que el debate se centre en cómo distribuir entre los territorios de forma justa en el importe y en el tiempo, la parte de los presupuestos que corresponde a inversiones, así como al mismo nivel de servicios.

Si se hiciera así, aquí, en la Comunitat Valenciana estaríamos mucho mejor, tanto a nivel autonómico, como provincial y local.

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